C.67a - Caso Zalba

El día 6 de marzo de 2004 diversos vecinos de la localidad de Zalba iniciaron una partida de caza, estando el paraje cubierto por la nieve, para cazar jabalíes en una zona boscosa a la altura del Km. 3 de la carretera NA-135. Previamente todos ellos habían decidido emplear como medio de caza escopetas con postas, procedimiento que tiene la peculiaridad de difuminar el campo de los disparos. José Manuel G., de 30 años de edad, avistó a un jabalí, al que disparó e hirió. Parte de las postas que disparó fue a impactar en Manuel G., padre del primero, de 68 años de edad, que resultó gravemente herido en cabeza y cuello. A la vista de lo cual, por temor a que se le atribuyera la muerte de su propio padre, José Manuel, echó a correr hacia la carretera, sin prestar asistencia sanitaria a Manuel. Aproximadamente 30 minutos después del disparo, Manuel fue encontrado tendido en el suelo por otros cazadores, que intentaron reanimarlo, sin conseguirlo. Manuel falleció unos minutos después, a unos 40 minutos tras el disparo. Según la legislación foral en materia de caza, se halla prohibido tanto abatir animales salvajes cuando ha nevado, como utilizar postas para cazar.

(Caso basado en la noticia de prensa de Diario de Navarra, 7 de marzo de 2005).

En los hechos que se nos presentan como probados podemos identificar la siguiente estructura: Un grupo de cazadores inicia una batida de jabalíes, en un paraje nevado, empleando para ello escopetas cargadas con postas. En el curso de esta cacería, José Manuel disparó a un jabalí al que alcanzó, e hirió a su vez, con el impacto de las postas, a su padre en la cabeza y en el cuello. Tras este episodio, José Manuel huyó del lugar de los hechos, sin prestar ayuda a su padre, el cual muere 40 minutos tras el disparo.

Nos centraremos en la conducta que despliega José Manuel: el resto de cazadores incurrirían, a lo sumo, en una infracción administrativa por cazar cuando ha nevado y por emplear escopetas cargadas con postas (ambas conductas están prohibidas por la legislación foral de caza). Los cazadores que intentan reanimar a Manuel cuando lo encuentran herido, tampoco serán objeto de nuestro análisis.

Debemos analizar, en primer lugar, si disparar en esas circunstancias constituye una conducta en sentido jurídico-penal o no. Puesto que no se trata de un acto puramente fisiológico (disparar no es un acto del hombre: en cuyo caso, el lenguaje vulgar hablaría de "se disparó el arma"), ha de conceptuarse como una conducta humana. Es además externa, dado que no se queda en el pensamiento del sujeto (en su fuero interno), sino que se manifiesta en el exterior. Además, es susceptible de autocontrol: goza de alternativas a la hora de actuar. No hay ningún elemento que nos haga pensar que hubo fuerza irresistible, movimientos reflejos o inconsciencia a la hora de actuar: antes bien, para cargar la escopeta, avistar la presa, apuntar y disparar se exige un grado de atención bastante considerable. Por todo ello, concluimos que el juicio de la conducta es positivo: hay conducta en sentido jurídico-penal.

En segundo lugar, dictaminaremos acerca de la imputación objetiva. Aplicando la fórmula heurística de la condicio sine qua non, observamos que, si suprimimos mentalmente la conducta del disparo, el resultado no se produciría. Es un primer paso, necesario, pero no suficiente: lo mismo se podría deducir si suprimimos mentalmente la conducta de ir a cazar, etc. Por ello, pasamos al análisis de los riesgos típicamente relevantes que se despliegan y de su realización (o no) en el resultado.
El hecho de que esté prohibido cazar con nieve nos hace preguntarnos si cabe relacionar en sentido jurídico (es decir, si constituye un riesgo típicamente relevante de homicidio, lesiones…) cazar cuando ha nevado y cazar con postas. ¿Qué pretende la norma administrativa que prohíbe cazar entonces? Nos planteamos, dicho de otro modo, cuál es el fin de protección de esa norma. Parece que no se trata con ello de proteger la vida humana, sino más bien, de respetar a las especies cinegéticas: como es lógico, se vuelven más vulnerables en dichas condiciones. Pero la norma que prohíbe cazar con postas sí pretende, aunque indirectamente, proteger la vida humana: se incrementan los riesgos relevantes para la vida e integridad de las personas al emplear este género de munición en una cacería. No obstante, nos hallamos ante normas administrativas (cuya infracción conllevaría una sanción en dicho orden, que no corresponde analizar en esta sede). Es decir, se trata de una protección periférica de bienes jurídicos personales, que se pretende alcanzar también mediante los tipos de homicidio, lesiones…
Con el disparo (además de infringir las normas administrativas mencionadas), se están creando los siguientes riesgos típicamente relevantes: de homicidio, pues disparar con una escopeta con postas puede generar este riesgo, si se encuentra cerca una persona (arts. 142 y 621.3 CP); de lesiones graves (en caso de que no se realice el riesgo de homicidio, se podría lesionar a alguien; arts. 152 y 621.3 CP); y de daños patrimoniales y vejaciones (subsidiariamente; arts. 267 y 620.2 CP).
Vemos que, en el resultado, se realizan los riesgos mencionados: en un primer momento se causan las lesiones graves y, más tarde, la muerte de Manuel. Ante la gravedad de esos delitos, podemos defender que los tipos subsidiarios (vejaciones y daños patrimoniales) quedarían absorbidos por el desvalor de las conductas más graves y no serán objeto de mayor análisis. Por lo tanto, en esta sede, observamos que, objetivamente, es imputable a José Manuel un delito de lesiones graves e, incluso, un delito de homicidio. El riesgo de homicidio, realizado en el resultado, absorbería también al de lesiones, que es una infracción progresiva en el conjunto del homicidio. Por eso, no sería precisa la sanción separada de las lesiones, sino que sería suficiente con la del homicidio.

Pasemos ahora, en tercer lugar, a analizar si procede la imputación subjetiva de esos delitos a José Manuel. En esta sede, vemos que parece aventurado afirmar que hay dolo por parte de José Manuel en la conducta de disparar contra su padre. Vemos que lo que el sujeto se representa es disparar a una pieza de caza (como, de hecho, se logra). Considerando, entonces, que hay una clara divergencia entre lo que el sujeto se representa ex ante (cazar un jabalí) y la realidad ex post (jabalí herido; padre herido en cabeza y cuello), podemos afirmar que nos encontramos ante un tipo incongruente. Habría que analizar, por tanto, ante qué clase de error nos encontramos. No se trata de un error in objecto: el sujeto pretende cazar un jabalí, que ha sido avistado, y se halla en el punto de mira, y así ocurre. Pero, por una desviación del tiro (debido a la munición que se ha empleado), se ha producido un error en el golpe o en la trayectoria del disparo (e.d., aberratio ictus). Con otras palabras: él no se equivoca en cuanto a la identificación del objeto, sino en cuanto a la trayectoria del disparo.
El disparo se efectúa sabiendo que se dispara a un jabalí (es, por tanto, doloso); no es, en cambio, doloso el disparo a una persona, a quien por defecto en la trayectoria, no ha considerado como eventual víctima del disparo. Respecto a que el disparo alcance a una persona, se halla en error. Para que la conducta realizada en error sea imputable, sabemos que éste debe ser de carácter vencible. Pasemos a estudiar la vencibilidad del error. Parece oportuno recordar en esta sede que nos hallamos ante un grupo de cazadores más o menos experimentados (de otra manera, no habrían empleado postas para cazar). Otro dato a tener en cuenta es la edad del sujeto activo (30 años) y, ante todo, la de la víctima (de casi 70 años, cazador experimentado). Con todo ello, vemos que José Manuel debería ser consciente de los riesgos que puede desplegar su conducta de emplear postas para cazar. El riesgo se crea de forma imprudente, pues hay una infracción de las normas de cuidado, unida a un error en el disparo. Así, vemos que, subjetivamente, le sería imputable un homicidio imprudente (art. 142 CP).
En definitiva, el disparo despliega los siguientes riesgos: los de las respectivas infracciones administrativas de caza (riesgo abarcado por el dolo del agente), el de homicidio (riesgo no abarcado por dolo, pero sí por imprudencia). Y es una sola acción (disparo) que despliega esos dos riesgos típicos, uno doloso consumado (infracción de caza) y otro imprudente también consumado (herir a una persona).

A continuación, José Manuel, ante lo acaecido, decide abandonar a su padre herido y echar a correr hacia la carretera. El análisis, en primer lugar, de la conducta no ofrece problemas: se trata de un acto humano (por lo tanto, no es un acto del hombre), externo (no se trata de un pensamiento, sino que se trata de una actuación que, teniendo su origen en el temor a que le imputaran la muerte de su padre, se manifiesta en un acaecer externo) y susceptible de autocontrol (podría haber actuado de otra manera, p.ej., ayudando a su padre a salir de la situación en la que le ha involucrado).

En segundo lugar, en lo referente a la tipicidad objetiva, al tratarse de un tipo omisivo, no corresponde hacer el análisis de la condicio sine qua non: no hay conducta alguna que suprimir mentalmente (dado que el no hacer no tiene causa). Si acaso, sería preciso recurrir a una condicio cum qua (una condición que aportada mentalmente hace desaparecer el resultado), si se me permite la expresión.
De lo que no podemos prescindir es del análisis de la imputación objetiva, que requiere: A) una situación típica de la que surge un deber de actuar: en principio, la conducta de dejar abandonada a una persona tras haber provocado un accidente, podría encajar en la redacción del tipo del art. 195.3 CP. Pero además hay que plantear si, más aún, se trata de una posición de garante que, en determinados casos, fundamenta una responsabilidad por el resultado producido, en comisión por omisión. En nuestro caso, puede justificarse que no nos hallamos ante una mera omisión pura, y ello porque el cazador ha creado un riesgo que se entromete en la esfera jurídica de la víctima, y está obligado, además de a interrumpirlo (cosa que aquí ya no tendría sentido), a actuar en amparo ajeno para disminuir el mal, socorrer, etc. Pero es dudoso que se trate de una posición de garante que fundamente responsabilidad por el resultado, en comisión por omisión. Obsérvese: "una posición de garante que fundamente responsabilidad por el resultado", pues o bien por la relación parental (padre-hijo), o bien por la comunidad de peligro (partida de caza), o bien por la injerencia (disparo con postas), puede afirmarse que existe una posición de garante, es decir, que el cazador se halla por encima del ciudadano ajeno al conflicto, se halla en posición privilegiada para socorrer. Pero eso no fundamenta responsabilidad en comisión por omisión por el resultado de muerte. La mera posición de garante no basta para esa identidad (que -no se olvide- permite castigar con la misma pena que si se hubiera causado activamente). La razón es que, para llegar a esta identidad (que da lugar a la pena de la comisión activa) se precisa una posición de garante más intensa: es lo que se quiere expresar con la idea del compromiso. En concreto: una posición de garante da lugar a responsabilidad por el resultado no evitado en comisión por omisión, cuando existía erga omnes un compromiso específico y efectivo por parte del garante de actuar, a modo de barrera de contención de riesgos, en amparo o aseguramiento de terceros. Y aquí parece difícil afirmar un compromiso de tal carácter. Lo cual no significa negar que existe posición de garante, sino que esta no es de tal intensidad: daría entonces lugar a un delito de omisión pura (en el que se hace responsable por la mera omisión, y no por el resultado) de garante, de gravedad intermedia entre las omisiones puras simples y la comisión por omisión.
Al requisito anterior se debe añadir, B) la omisión de la acción debida, de amparo o aseguramiento, cosa que en este caso no plantea dudas. Y C) la capacidad individual de realizar la acción omitida de amparo o aseguramiento, cosa que José Manuel podría perfectamente haber llevado a cabo (no es óbice que al hacerlo se estaría inculpando de haber disparado a su padre, pues podría haberse ausentado del lugar pero demandando antes socorro ajeno: art. 195.2).
En conclusión, puede defenderse que su huida del lugar de los hechos constituye una omisión pura de garante del deber de socorro (u omisión pura cualificada): art. 195.3 CP.

Respecto a si es imputable, en tercer lugar, subjetivamente dicha omisión, creo que ofrece pocas dificultades el entender que nos encontramos ante una omisión dolosa por parte del agente. No hay divergencia entre la representación que el sujeto tiene (no en vano, se plantea que su padre puede fallecer a causa del disparo) y lo que ocurre en realidad. La omisión es dolosa.

En suma, nos hallaríamos ante un concurso real (puesto que se trata de dos sucesos separados en el tiempo) entre los siguientes delitos: un delito de homicidio imprudente (art. 142 CP) que, a su vez, entraría en una suerte de concurso ideal con las infracciones administrativas derivadas del uso de postas y de la caza con nieve (pero obsérvese que esta solución es meramente estructural, pues no se sancionan delito e infracción administrativa en concurso). Además, un delito de omisión del deber de socorro (art. 195.3 CP), que podría agravarse por la concurrencia del parentesco (art. 23 CP).