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Labores de rescate, incluyendo personal militar de Estados Unidos, en La Guaira (US Marines)
El 24 de junio de 2026, a las 18:04 hora local, un terremoto de 7,2 de magnitud azotó a la nación de Venezuela. 36 segundos después, le siguió un sismo principal de 7,5, en un fenómeno conocido como doblete. Ambos terremotos, con origen en San Felipe, Estado Yaracuy, devastaron el país: 6.500 personas murieron y 226.700 resultaron heridas, muchas presentes en sus casas debido al feridado de ese día; unas 25.000 viviendas quedaron destruidas o dañadas. El desescombro de cadáveres fue especialmente costoso en La Guaira, zona costera de Venezuela; también se vieron afectados los estados de Carabobo y Aragua, así como la capital, Caracas. Fue el terremoto más fuerte de Venezuela en 125 años.
Los daños fueron cuantiosos –algunas valoraciones superan los 30.000 millones de dólares– y el pesimismo se impuso de inmediato entre los expertos. Venezuela no solo tiene una economía muy empobrecida, tras años de las políticas negativas del chavismo, sino que el poder remanente de este, capitaneado ahora por Delcy Rodríguez tras la detención y encarlamiento de Nicolás Maduro en Estados Unidos, aporta pocas garantías al capital internacional para que invierta en el país.
No obstante, conforme han pasado los meses y Caracas ha mostrado cierta sumisión a las directrices que le llegan desde Washington acerca de una ruta de apertura económica y política, la esperanza sobre una progresiva recuperación de Venezuela se ha ido abriendo paso, aunque persistan muchas incertidumbres. Así, en el informe publicado en agosto por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de Naciones Unidas, se proyecta un crecimiento del PIB venezolano del 6,5% para este año y para el próximo. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional, en su actualización de cifras de octubre, estima un crecimiento del 7% en 2027, tras un aumento algo menor –del 5%– en 2026 debido al impacto de los terremotos. Se trata de porcentajes muy por encima del 2.2% y del 2,3% que Cepal y FMI, respectivamente, asignan al contexto latinoamericano, aunque ciertamente Venezuela parte de una situación peor.
Las consecuencias directas
Los costes de los terremotos han contado con diversas evaluaciones. Tempranamente los economistas Asdrúbal Oliveros y Jesús Palacios calcularon los daños físicos del país en 9.000 millones de dólares americanos, partiendo de los datos recolectados por el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (UNDP por sus siglas en inglés) tras los primeros días tras el terremoto. Cifras más pesimistas se incluyeron en el informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), según el cual el doble terremoto provocó daños por valor de 37.000 mil millones de dólares. Esta estimación distinguía entre daños en edificaciones (residenciales, comerciales, educativas, etc.), que ascendía a 24.000 millones de dólares, y daños causados en la infraestructura (agua, vías de comunicación, saneamiento, etc), alcanzando 13.000 millones de dólares. Esta suma no toma en cuenta las pérdidas económicas indirectas, interrupciones de productividad, efectos en las cadenas de suministros, entre otros aspectoss cosas.
Más detallado fue el estudio Global Rapid Post-Disaster Damage Estimation (GRADE) del Banco Mundial, con un estimación de daño a activos físicos de 19.600 millones de dólares: los edificios residenciales sufrieron la peor parte, con daños de 9.300 millones (47% de la cifra total), seguidos por los edificios comerciales o no residenciales, con 5.000 millones (26%) y la infraestructura, con 5.200 millones (27%). El daño se concentró en la zona de La Guaira y el Distrito Capital, representando ambas áreas el 47% del daño total provocado en el país, con estimaciones económicas equivalentes a 5.000 y 4.300 millones de dólares, respectivamente; seguieron los estados Miranda (3.800 millones) y Carabobo (3.700 millones).
Las consecuencias indirectas
Un terremoto como el que impactó a Venezuela el 24 de Junio devastaría cualquier país que lo padeciera, con costes de reconstrucción similares a los que el país caribeño enfrenta. Sin embargo es importante destacar la precaria situación institucional y económica venezolana antes de este catastrofe: en 2025, el 68,5% de hogares vivían en pobreza monetaria y el 55% en pobreza multidimensional, según la encuesta nacional de la UCAB.
Por su parte, la industria petrolera del país se vio poco afectada, en comparación con otros sectores. Las regiones principales de producción petrolera (Zulia, Anzoátegui, Monagas y Guárico) se encontraban lejos del epicentro de los terremotos, sufriendo muy pocos daños en la infraestructura (solo entre el 5% y el 8% del daño total en el país). Sin embargo, esto no significa que la industria saliera inmune, pues se vio afectada por el deterioro logístico general. De igual manera, la producción no vio interrumpida, con las expectativas de producción anuales manteniéndose en 1,3 millones de barriles por día, un 20% más alto que el promedio del último cuarto de 2025, como precisaron Oliveros y Palacios.
La catástrofe ha tenido un claro impacto en el costo de vida. Si a comienzos de año se preveía una reducción de la inflación de 2025, que fue del 252%, las previsiones del FMI son que este indicador se sitúe en el 467% en 2026, para luego descender al 174% en 2027. Los terremotos causaron escasez en ciertas localidades, incrementando los precios del transporte y la demanda de divisas para financiar importaciones de emergencia, impactando así en una población que lleva años sufriendo una hiperinflación casi crónica.
Además, el enorme costo de reconstrucción se suma a una voluminosa deuda nacional, de una cuantía que podría ser de entre 150.000 y 200.000 millones de dólares, pero que algunas estimaciones elevan hasta los 240.000 millones, más que doblando el PIB de Venezuela, que es de unos 100.000 millones. Ya antes del doble terremoto, el gobierno venezolano estaba haciendo esfuerzos por una refinanciación de la deuda.
Falta de traspariencia
Venezuela enfrenta un costo de reconstrucción gigantesco, junto al peso de la enorme deuda, y esto se suma a una montaña de desafíos que el país ya venía enfrentando desde 2013. Según el informe GRADE del Banco Mundial, si los niveles de inversión pública y privada siguen en el mismo nivel en el que están actualmente, el Estado Venezolano no tiene otra opción que reasignar sus limitados recursos a la reconstrucción, restando fondos a inversiones productivas, y haciendo que el proceso de recuperación se tome más de una década, y dejando todas las capacidades productivas en un nivel pre-terremoto hasta el 2036.
Entonces, ¿qué se puede hacer ante esta situación? Los expertos indican que para poder enfrentar estos desafíos y financiar la reconstrucción, la actuación de Venezuela tendrá que apoyarse en cuatro pilares: cooperación internacional, instituciones multilaterales, inversiones privadas, y una sociedad civil organizada.
Han habido esfuerzos de ayuda internacional, con Estados Unidos anunciando unos 300 millones de dólares en asistencia; sin embargo la opacidad con que Washington está tratando los ingresos que gestiona de la industria petrolera venezolana no ayuda a atraer aportaciones de otros países. Según Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica, un mes después de la catástrofe se había mapeado unos 720 millones de dólares en ayuda internacional para la reconstrucción, una cifra muy por debajo del gigantesco monto financiero requerido para la reconstrucción.
La inversión privada también se enfrenta a ese mismo problema de descofianza. Como se recuerda desde el think-tank WOLA de Washington, crítico con la Administración Trump, Venezuela no tiene siquiera un presupuesto nacional publicado, y es considerado como el tercer país más corrupto del mundo.
Una de las mayores incógnitas de las cuentas venezolanas es saber adónde se están dirigiéndose los ingresos petroleros, que en una situación completamente anómala está recogiendo Estados Unidos en una cuenta supervisada por el Tesoro estadounidense para luego entregarlos a Venezuela. La Administración Trump aún no ha revelado cuánto petróleo ha sido vendido, cuántos ingresos han sido recaudados, ni tampoco cómo han sido usados estos fondos. Según el think-tank estadounidense Consejo de Relaciones Exteriores, durante los cuatro meses en los que Estados Unidos tomó control del país, tras la captura de Maduro el 3 de enero, por este sistema había pasado petróleo por valor de 8.000 millones de dólares. Esta opacidad en cuanto a los ingresos contribuye a un ambiente de falta de transparencia, la cual se suma a la falta de confianza en el país en el uso de sus fondos, culminando en el ralentizamiento de los esfuerzos de reconstrucción.