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Concentración en el patio de armas de las murallas reales de Ceuta, en septiembre de 2026 [Xemenendura]
Introducción
Pocas relaciones han marcado tanto la historia de España como la que une la península ibérica con la orilla sur del Mediterráneo. Desde el establecimiento de las primeras plazas norteafricanas de soberanía a comienzos de la edad moderna, hasta la salida del Sáhara en 1975, el norte de África ha sido para nuestro país frontera, escenario de guerra, espacio de influencia y, al mismo tiempo, fuente de preocupaciones recurrentes de seguridad. Nada de ello pertenece por completo al pasado; el regreso de la geopolítica ha devuelto a esta relación toda su crudeza. El Estrecho sigue siendo una de las grandes encrucijadas estratégicas del planeta y el mayor activo geopolítico con que cuenta España. Por su parte, Ceuta y Melilla constituyen las únicas fronteras africanas de la Unión Europea, una condición que, por sí misma, tiene valor geopolítico para España y para Europa.
En un mundo en el que la fuerza vuelve a ser un instrumento habitual para la defensa de los intereses nacionales, en el que los estrechos se han convertido en armas para alcanzar objetivos políticos y en el que nuestros aliados miran casi exclusivamente hacia el este, España se ve obligada a repensar su seguridad mirando hacia el sur con intensidad renovada, recuperando preocupaciones que creía superadas.
Esta cuestión de las relaciones de España con nuestros vecinos del norte de África, en particular con Marruecos, se debe abordar desde varias perspectivas con vistas a extraer algunas conclusiones que sirvan para definir los fundamentos de la arquitectura de seguridad y defensa de España en relación con sus vecinos norteafricanos. Se trata de analizar aspectos clave como son: el equilibrio de poder entre España, Marruecos y Argelia, las limitaciones de nuestra arquitectura de defensa, el valor estratégico del estrecho de Gibraltar, la naturaleza revisionista del Estado marroquí y su rearme, y la energía como ámbito de cooperación y de influencia.
Una ventaja de partida
A la hora de analizar la relación de España con el norte de África, conviene empezar por dejar las cosas claras, y nada las aclara tanto como los datos. En términos de riqueza, influencia y de poder militar, España es más rica y fuerte que sus vecinos del sur, aunque no lo sea tanto en el plano demográfico: con unos 49 millones de habitantes, supera a Marruecos, que ronda los 38, pero apenas a Argelia, que se encuentra en el entorno de los 47. Cualquier análisis comparativo debe partir, por tanto, de una premisa: a priori, nuestra situación es de ventaja. España es aproximadamente diez veces más rica que Marruecos en términos de producto interior bruto nominal y siete veces más rica que Argelia.
Y, según los datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), en 2025 España dedicó a la defensa unos 40.200 millones de dólares, frente a los 25.500 millones de Argelia y los menos de 7.000 millones de Marruecos; es decir, casi seis veces el gasto marroquí y algo más de una vez y media el argelino. Aunque en términos de poder adquisitivo estas diferencias se puedan matizar, ello no impide que podamos afirmar que disponemos de unas capacidades potenciales —las que nuestra condición como Estado nos permite movilizar— que nos sitúan, de partida, en una posición ventajosa para abordar las relaciones con nuestros vecinos norteafricanos.
El sur, una prioridad existencial
La segunda idea que conviene subrayar es que, desde el punto de vista de la seguridad, nuestras prioridades están, como dicta la geografía, en el sur. Mantenemos un contingente importante de tropas desplegadas en el este de Europa porque somos socios solidarios con nuestros aliados y vecinos europeos, pero las preocupaciones existenciales —aquellas por las que un país está dispuesto, llegado el caso, incluso a ir a la guerra— se encuentran para España al otro lado del Estrecho. Pero no podemos olvidar que apoyamos a nuestros socios, además de por solidaridad, también por reciprocidad. Ello quiere decir que, si algún día surgieran problemas en el sur, asumimos que ellos acudirán en nuestra ayuda, de la misma manera a como hoy estamos dispuestos a hacerlo nosotros en el flanco este de Europa. Sin embargo, la incertidumbre que existe actualmente sobre las garantías de seguridad aliadas hace que esta premisa, que para España es crítica, esté en entredicho, y son muchas las dudas que se nos plantean sobre si, llegado el momento, podríamos contar con una colaboración intensa y efectiva de nuestros socios europeos y transatlánticos en el caso de una crisis en el norte de África.
Ello nos conduce a analizar cómo se articula nuestra defensa. Tenemos, por un lado, responsabilidades colectivas en las organizaciones de las que formamos parte, la Alianza Atlántica y la Unión Europea; pero tenemos también responsabilidades estrictamente nacionales. La defensa de nuestros territorios del norte de África no está cubierta por el paraguas de la OTAN, cuyo Tratado, en su artículo 6, deja fuera del ámbito de la defensa colectiva a Ceuta y Melilla, de modo que somos nosotros quienes debemos garantizarla autónomamente. Sí le compete, en cambio, a la Unión Europea, cuyo ámbito alcanza a todo el territorio de los Estados miembros, en virtud de la cláusula de asistencia mutua del artículo 42.7 del Tratado de la Unión, pero la Unión dispone de escasas capacidades militares propias y será difícil lograr la unanimidad de los 27 socios que exige el Tratado para que esta ayuda se materialice más allá de declaraciones simbólicas.
El representante especial del secretario general de la OTAN para la vecindad sur, Javier Colomina, afirmaba recientemente que la OTAN apoyaría a España si surgiera algún problema. Lo dijo el 17 de septiembre de 2026 en el foro ‘Diálogos para la seguridad’ de Madrid, poco después de las entradas masivas en Ceuta, afirmando que no dudaba de que la OTAN respondería si España invocara el artículo 5 por un incidente en Ceuta o Melilla, y que “políticamente, la Alianza respondería si fuera necesario”.
Las cosas, sin embargo, no son tan sencillas. Habría que activar el procedimiento de consultas previsto en el artículo 4 del Tratado de Washington y, si los treinta y dos aliados estuvieran de acuerdo, quizá recibiéramos su apoyo. Pero cabe dudar seriamente de que pudiéramos contar con la solidaridad de todos ellos, y más aún en un momento en que las preocupaciones de la mayoría se concentran, casi en exclusiva, en el este de Europa. La realidad es que, a falta de certeza sobre la solidaridad aliada o europea, España debe prepararse para resolver en solitario y satisfactoriamente cualquier crisis de seguridad que se le plantee en el norte de África
Las limitaciones de nuestras capacidades
España dispone de un considerable poder blando —buena prueba de ello fue el apoyo que nuestra selección, a la postre campeona, cosechó en tantos rincones del mundo durante el último Mundial de fútbol— y de un poder económico nada desdeñable. Pero necesita también un poder militar equiparable a su condición de potencia media con intereses globales, porque en este mundo geopolítico en el que la geografía ha regresado para quedarse, los Estados defienden cada vez más sus intereses con el recurso a la fuerza. Y es ahí donde debemos ser conscientes de que ya no es posible, como afirmara el que fuera alto representante de la política de seguridad de defensa de la Unión Europea Josep Borrell, comportarse como herbívoro en un mundo de carnívoros.
Ello nos lleva a la cuestión de nuestro poder militar. Este se sustenta en nuestras capacidades militares, muy limitadas porque su diseño responde a un tiempo de ‘los dividendos de la paz’ que ya no existe. Durante las décadas pasadas, los instrumentos militares parecían innecesarios porque la propia arquitectura del sistema internacional bastaba para garantizar la seguridad del territorio nacional, por lo que España, al igual que la mayoría de sus socios europeos, decidió desarmarse priorizando ‘la mantequilla sobre los cañones’. Hoy esto ya no es posible.
Buena parte de las capacidades de que disponemos está, además, comprometida en el flanco este. Se trata de un escenario en el que la realidad de la guerra de Ucrania pone al descubierto nuestras carencias. En la guerra de Ucrania, las bajas que sufre cada día el ejército ruso —entre muertos y heridos, según las estimaciones ucranianas— rondan el millar; es decir, el equivalente a un batallón diario; España cuenta con un número muy limitado de batallones, lo que indica nuestra incapacidad de sostener una guerra industrial durante un periodo prolongado de tiempo. Pero, además, como renunciamos en su día a una reserva movilizable digna de tal nombre, esas mismas fuerzas han de atenderlo todo, desde los despliegues en los diversos lugares del mundo donde tenemos comprometidas fuerzas, hasta las capacidades necesarias para garantizar la seguridad de nuestro territorio nacional.
El estrecho de Gibraltar, un activo geopolítico
Entrando ya en la cuestión africana, lo primero que debe decirse es que España se asienta sobre uno de los estrechos más importantes del planeta. Los estrechos son cuellos de botella —‘chokepoints’ en denominación anglosajona— que han adquirido una importancia capital en la geopolítica global, como estamos aprendiendo en la guerra de Irán, donde todo gira en torno a los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb. En el caso de Gibraltar, España es el único Estado presente en ambas orillas, y buena parte del tráfico que pasa del Atlántico al Mediterráneo, o en sentido contrario, discurre por aguas bajo soberanía española. Ello no nos confiere el derecho ni la autoridad para cerrar el paso, como han pretendido hacer iraníes y hutíes, o como puede hacer Turquía con los buques de guerra de los países beligerantes, al amparo de la Convención de Montreux, en el Bósforo y los Dardanelos. Lo que sí tenemos es la capacidad de garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Gibraltar, y eso, en la geopolítica global, constituye por sí mismo un activo de primer orden. España debe hacer valer esta consideración como una aportación sustancial a la seguridad internacional, en unos momentos en los que algunas grandes potencias empiezan a mostrar su interés por que sean dos potencias, España y Marruecos, las que compartan el control del estrecho de Gibraltar, en vez de una sola.
La defensa de ambas orillas es una responsabilidad nacional, propia y exclusivamente española. Si por alguna circunstancia perdiéramos las ciudades autónomas del norte de África, perderíamos con ellas esa capacidad y, además del territorio, veríamos degradarse notablemente nuestra posición en la geopolítica global.
Los contenciosos con Marruecos
El siguiente aspecto que quisiera abordar es el de las relaciones con nuestro vecino del sur. Con Marruecos mantenemos diferencias con consecuencias geopolíticas, que se concentran fundamentalmente en cuatro ámbitos. El primero son los territorios de soberanía española en el norte de África: las ciudades de Ceuta y Melilla, las islas y los peñones, que nuestro vecino reclama. El segundo, la delimitación de los espacios marítimos, contenciosos que hoy permanecen en una suerte de limbo pero que aflorará a medida que cobren valor las tierras raras y los materiales críticos, como sucede con las aguas que rodean las islas Canarias. El tercero es la cuestión del Sáhara Occidental, y el cuarto, la gestión de los flujos migratorios.
Se trata, en suma, de un abultado conjunto de contenciosos que dificultan las relaciones bilaterales pero que debemos gestionar conjuntamente, si queremos evitar la confrontación, buscando soluciones que resulten mutuamente beneficiosas y, al mismo tiempo, atiendan a nuestras preocupaciones de seguridad, de manera que queden salvaguardados nuestros intereses nacionales.
Marruecos, una potencia revisionista
La mayor parte de estos problemas derivan de la naturaleza expansionista del Estado marroquí. Desde los primeros momentos en los que Marruecos accede a la independencia, en 1956, empieza a manifestar su disconformidad con unas fronteras que no considera acordes con sus aspiraciones nacionales. Se convierte así en una potencia revisionista, insatisfecha con el estatuto jurídico que el orden internacional le reconoce.
Esa pretensión revisionista, materializada en su visión del ‘Gran Marruecos’ enunciada por el que fuera fundador del Partido Nacionalista marroquí Istiqlal Allal el Fasi y asumida como ideario político fundamental de la monarquía alauita, le enfrenta directamente con sus vecinos, empezando por España, pero también con Argelia, a la que reclama territorios, e incluso con otros vecinos menores como Mali o Mauritania, país independiente desde 1960 al que Rabat no reconoció hasta 1969. El centro de gravedad de este enfrentamiento geopolítico por el control territorial se encuentra en el Sáhara Occidental, un territorio que, de acuerdo con la doctrina de Naciones Unidas, debería haber culminado su proceso de descolonización hace décadas.
Puede decirse, por tanto, que Marruecos es un Estado que lleva inscrita en su ADN, desde el momento mismo de su independencia, la aspiración de alcanzar unas fronteras que no le corresponden. Se trata de una aspiración territorial que responde a un mito y no a una realidad histórica, legal o política. El peligro de los mitos es que, como hemos visto en los Balcanes con la Gran Serbia o la Gran Croacia, conducen frecuentemente a la confrontación. Los ‘grandes’ países buscan engrandecerse a costa de sus vecinos, apoyándose en una mitología histórica que rara vez resiste un examen científico.
Marruecos se apoya en el mito almorávide, un imperio que se extendía desde las orillas del río Senegal hasta la península ibérica. Elige ese mito y no otro, como el almohade o el benimerín, cuyas configuraciones territoriales fueron distintas, simplemente porque es el que más le conviene. La equivalencia sería que España recuperara ahora el recuerdo de la Hispania romana para reivindicar los territorios norteafricanos que en su día dependieron de ella, alegando que alguien se los habría ‘arrebatado’.
El Sáhara Occidental: el derecho frente a los hechos
Uno de los elementos fundamentales de ese mito es el Sáhara Occidental, el eslabón que permite a Marruecos reivindicar, por la vía de los hechos, un territorio que la comunidad internacional no le reconoció en el momento de su independencia.
Desde la óptica del derecho internacional, la cuestión quedó dirimida hace ya medio siglo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, a la que la Asamblea General de Naciones Unidas, a instancias del propio reino alauita, solicitó en diciembre de 1974 una opinión consultiva. El 16 de octubre de 1975, la Corte emitió un dictamen que respondía a dos preguntas y que arroja mucha luz sobre la situación.
La primera era si, en el momento de la llegada de los españoles, el Sáhara Occidental era una tierra de nadie, como si se tratara de la Luna o de Marte; la respuesta fue negativa, pues el territorio estaba habitado por poblaciones organizadas. La segunda se refería a los vínculos jurídicos entre el territorio y el reino de Marruecos. La Corte reconoció la existencia de ciertos vínculos de lealtad entre el sultán y algunas de las tribus del territorio, así como de ciertos derechos sobre la tierra, estos últimos en relación con el llamado conjunto mauritano.
Marruecos suele omitir, sin embargo, el pasaje decisivo del dictamen, que afirma de manera taxativa que no existía ningún vínculo de soberanía territorial entre el Sáhara Occidental y Marruecos y que, por tanto, nada impide aplicar al territorio el proceso de descolonización previsto en la Carta de San Francisco y en la resolución 1514 de la Asamblea General, mediante la libre determinación de su población. Eso es, en esencia, lo que dice el derecho internacional, y sobre esa base ha descansado durante casi cincuenta años la política de seguridad, de defensa y de cooperación de España con el norte de África.
Hasta aquí el derecho; la realidad geopolítica, sin embargo, empieza a decir otra cosa. En diciembre de 2020, Marruecos se sumó a los Acuerdos de Abraham y obtuvo con ello tres ventajas que el derecho no le había concedido. La primera fue un avance decisivo de su posición sobre el Sáhara en el seno de Naciones Unidas, que se ha traducido en una evolución más favorable de las resoluciones del Consejo de Seguridad; la más reciente, la 2797, de octubre del año pasado, llegó a aceptar la propuesta marroquí de autonomía como base para decidir el futuro del territorio. Desde el punto de vista político, se trata de un logro de enorme alcance para los intereses marroquíes.
El segundo logro internacional fue el respaldo de Estados Unidos. La política norteamericana, que en tiempos del Plan Baker se había mantenido fiel a la legalidad internacional, dio un giro radical con Donald Trump, que en diciembre de 2020 reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara, una decisión que la administración Biden no revirtió y que el propio Trump reafirmó tras su regreso a la Casa Blanca.
El rearme marroquí y la credibilidad de la disuasión
El tercero, que nos preocupa a nosotros y también a su vecino Argelia, es la remilitarización gradual del Estado marroquí, sustentada en los importantes acuerdos de cooperación militar con Israel y Estados Unidos. Que un vecino del que conocemos sus intenciones sobre nuestros territorios se arme constituye un motivo de preocupación para nuestra seguridad. No podemos alegar ignorancia, ni mostrarnos indiferentes, cuando un país que aspira a ocupar territorios españoles se rearma de manera masiva, por débil que sea en el plano político, o económico.
Las garantías de seguridad de España sobre esos territorios han descansado, esencialmente, en la disuasión. Y la disuasión descansa, a su vez, en la credibilidad: el vecino al que se pretende disuadir ha de estar convencido de que, si emplea la fuerza para alcanzar un objetivo político, la respuesta —en este caso, la nuestra— será contundente. Si la disuasión se pierde, se pierde con ella el principio en el que descansa la seguridad del Estado. Y Marruecos, desde los Acuerdos de Abraham, se está rearmando de forma muy notable con material norteamericano e israelí, nivelando con ello la asimetría de capacidades militares que tradicionalmente había mantenido con España.
Resulta preocupante, en particular, la posibilidad de que adquiera capacidades de las que nosotros carecemos. Rabat ha adquirido dieciocho lanzacohetes HIMARS, cuya venta autorizó Washington en abril de 2023 por unos 524 millones de dólares y que empezará a recibir próximamente, mientras que nuestro Ejército de Tierra, que tiene en marcha su propio programa de lanzacohetes, todavía no dispone de un sistema equivalente en servicio. Cuenta, además, con una flota de drones armados —Bayraktar TB2 o Wing Loong, entre otros— muy superior a nuestros cuatro MQ-9 Predator B, para los que el Gobierno no aprobó la compra de misiles Hellfire hasta 2023.
Se le ha permitido también, sin contar con nosotros, acceder a sistemas de enlace de datos propios de la Alianza Atlántica; así, en febrero de 2026 probó con Estados Unidos el Link 16, para el que ya en 2022 había encargado terminales, y en abril de ese mismo año ambos países firmaron una hoja de ruta de cooperación en defensa hasta 2036. Ello le permite a Marruecos intercambiar información táctica en tiempo real con las fuerzas norteamericanas en condiciones cercanas a las de un aliado. Se trata de una ventaja de primer orden que, cuando se materialice, convertirá a Marruecos en una potencia capaz de desafiar militarmente a España.
También resulta preocupante el hecho de que países extrarregionales tan complejos y conflictivos como Israel hagan acto de presencia a la entrada del Estrecho. Desde el punto de vista de la seguridad, España no tiene ningún interés en que Israel se convierte en un proveedor de armamentos de un vecino potencialmente hostil, pero tampoco lo tiene en que se agudice la carrera de armamentos entre dos países, Marruecos y Argelia, que pugnan por la primacía regional en el norte de África. En la visión española, la cooperación y no la confrontación debe ser el fundamento de cualquier política de seguridad razonable en el Magreb, un espacio que actúa como vaso comunicante entre ambas orillas del Estrecho y como barrera frente a los problemas procedentes del Sahel. En la visión de seguridad española, interesa una región estable, pacífica y cooperativa, que aporte elementos que refuercen nuestra propia seguridad y no lo contrario.
No podemos obviar que la carrera de armamentos entre Marruecos y Argelia puede volverse el día de mañana contra nosotros, y por eso nos inquieta. Si países potencialmente hostiles se arman, España tendrá que hacer lo mismo, en la medida suficiente y con la velocidad adecuada para preservar la necesaria disuasión, con independencia de los compromisos de gasto que se fijen en la OTAN; sean estos el 2,1 % que España considera suficiente o el 5 % del PIB acordado por los aliados en la cumbre de La Haya de 2025.
Las migraciones masivas como herramienta de guerra híbrida
La migración masiva no es en sí misma una amenaza híbrida; lo es su instrumentalización por motivos políticos, que la OTAN sitúa al mismo nivel que la desinformación, las ciberoperaciones, o la coerción energética y económica. La instrumentalización se ha convertido hoy en día en el principal nexo entre migración y seguridad: el flujo migratorio deja de ser un fenómeno social para convertirse en un instrumento «coercitivamente diseñado» por un Estado para presionar a otro. Así lo reflejan el Concepto Estratégico de la OTAN de Madrid (2022) y la Estrategia de Seguridad Nacional española de 2021, que lo tratan como amenaza híbrida y citan como ejemplos Bielorrusia y Ceuta en 2021.
La instrumentalización encaja casi perfectamente en la lógica de la guerra híbrida que ejerce Marruecos contra España por cuatro razones. Primera, opera por debajo del umbral del artículo 5 del Tratado de Washington: empujar a miles de personas hacia una frontera no es un ataque armado, pero erosiona la soberanía y el control territorial. Segunda, favorece la ambigüedad y la negación plausible, pues el agresor puede presentar el fenómeno como espontáneo o humanitario. Tercera, convierte los valores democráticos en vulnerabilidades: el asilo, la no devolución y el escrutinio judicial y mediático colocan a España como Estado agredido ante un dilema, ya que si cierra la frontera vulnera sus propias normas y, si la abre, cede al chantaje e incentiva su repetición. Cuarta, persigue efectos políticos: polarizar a la opinión pública, alimentar el populismo, tensionar la solidaridad entre aliados y erosionar la confianza en el gobierno, normalmente en combinación con campañas de desinformación que trasladan la culpa al agredido. La gran ventaja que tiene el empleo de la guerra híbrida para Marruecos es su bajo coste frente a un beneficio potencialmente elevado, lo que la convierte en el arma idónea para un Marruecos más débil para compensar su asimetría de poder nacional frente a un Estado más fuerte como España.
Marruecos se ha convertido, así, en el caso paradigmático del empleo de esta estrategia. No es un fenómeno nuevo. Ya en noviembre de 1975, Hassan II convocó la Marcha Verde, que movilizó a unos 350.000 civiles marroquíes. Con un coste mínimo, Rabat obtuvo un enorme rédito político: la ocupación del Sáhara Occidental, un territorio sobre el que la Corte Internacional de Justicia acababa de negar, en su dictamen de octubre de 1975, cualquier vínculo de soberanía marroquí. Fue una operación híbrida de manual: presión demográfica, apariencia pacífica y hechos consumados.
La misma lógica reaparece en Ceuta en mayo de 2021, reconocida oficialmente como instrumentalización migratoria, y alcanza su máxima expresión en la crisis de julio de 2026, cuando unas 72.000 personas, según el Gobierno, entraron irregularmente en la ciudad entre el 30 y el 31 de julio, el episodio de migración masiva más grave registrado hasta la fecha en una frontera europea. Estos sucesos, unidos a la influencia rusa en el Sahel y el norte de África, refuerzan en España la convicción de que la presión migratoria se utiliza por parte de nuestro vecino del sur como palanca para alcanzar objetivos políticos. España queda así en una posición singular: es frontera exterior de la UE expuesta a presión instrumentalizada en Ceuta y Melilla y, al mismo tiempo, mantiene una política migratoria interna que va a contracorriente de la de sus socios europeos.
Más allá de la coerción estatal para compensar la asimetría de capacidades, la escala de los flujos multiplica otros riesgos para la seguridad española: favorece las redes de tráfico y trata de personas vinculadas al crimen organizado; dificulta la integración y alimenta sociedades paralelas propensas a la radicalización, como ilustra el caso de Suecia; y facilita la entrada de terroristas amparados en la llegada masiva, como mostraron los atentados de París (2015), Berlín (2016) o Solingen (2024). El factor decisivo no es tanto el volumen como la velocidad: lo masivo satura los mecanismos de identificación, asilo y retorno y reduce la capacidad de respuesta del Estado.
La energía, cooperación e influencia
No todo son, sin embargo, espacios de confrontación: existen también ámbitos de cooperación, siendo el económico, y en especial el energético, el más evidente. Uno de los países vecinos que España debe cuidar con especial esmero es Argelia, al tratarse de un socio estratégico crítico por su condición de proveedor energético de primer orden: en 2025, Argelia aportó el 34,5 % del gas natural que llegó a España, es decir, un tercio del total.
En un momento en que el acceso a las fuentes de energía se ha vuelto cada vez más difícil —con los estrechos cerrados y con el gas ruso, que todavía supuso en torno al 10 % de nuestras importaciones en 2025, llamado a desaparecer en 2027 de nuestro abastecimiento por decisión de la Unión Europea—, no podemos permitirnos prescindir de Argelia. Se trata de un proveedor natural al ser un país que tenemos enfrente, a escasa distancia, y que nos suministra gas a un precio muy competitivo gracias a un gasoducto, el MEDGAZ, que une directamente Argelia con España, lo que abarata extraordinariamente el precio y garantiza un suministro estable. Es una relación privilegiada que debemos preservar considerándola estratégica. Si la perdiéramos y Argelia cerrase el Medgaz —el otro gasoducto Magreb-Europa que atravesaba Marruecos dejó de operar el 31 de octubre de 202—, tendríamos que buscar ese gas en los mercados internacionales donde, con el mercado ruso cerrado y la guerra de Irán en pleno auge, hoy resultaría difícil encontrarlo.
Con Marruecos, en el terreno energético, sucede justo lo contrario, pues somos nosotros quienes le abastecemos de gas y electricidad, y ese es un factor que debe pesar en nuestras relaciones. Marruecos carece de terminales de regasificación —aunque proyecta una en Nador— y de un sistema gasista desarrollado, y su producción propia es muy reducida. El gasoducto Magreb-Europa, que transportaba gas argelino a través de territorio marroquí hasta cruzar el Estrecho, quedó cerrado por decisión de Argel, y en junio de 2022 España y Marruecos invirtieron su flujo. Hoy es España la que envía gas a Marruecos: el gas natural licuado que Rabat compra en los mercados internacionales se regasifica en nuestras plantas y le llega a través del gasoducto, de modo que prácticamente todo el gas que Marruecos importa pasa por nuestro país.
También en el ámbito eléctrico estamos interconectados con Marruecos, y con un amplio margen para reforzar esas conexiones. Si Marruecos aspira a convertirse en el futuro en una potencia energética gracias a las renovables, habrá de hacerlo necesariamente a través de España. Y ese es un elemento geopolítico, cuya importancia va más allá de los aspectos económicos que conviene poner sobre la mesa a la hora de definir el marco de nuestras relaciones futuras con nuestro vecino del sur.
Conclusiones
La primera conclusión es que España se encuentra, a priori, en una situación de ventaja. Su riqueza multiplica por diez la de Marruecos y su gasto en defensa supera con holgura el de sus dos grandes vecinos magrebíes. Pero una ventaja potencial no se traduce automáticamente en garantía de seguridad: solo se convierte en ella cuando va acompañada de voluntad política y de unas capacidades militares adaptadas a los riesgos reales, que, para España, hoy se encuentran principalmente en el sur.
La segunda es que, en el sur, España está esencialmente sola. Ceuta y Melilla quedan fuera de la defensa colectiva del artículo 5 del Tratado de Washington, la Unión Europea carece de capacidades militares suficientes para hacer efectiva su cláusula de asistencia mutua y la solidaridad de unos aliados volcados en el este de Europa resulta, cuando menos, incierta. La defensa de nuestras ciudades norteafricanas es, por tanto, una responsabilidad nacional que no admite delegación y que, muy probablemente, España tendrá que hacer frente en solitario.
La tercera es que la presencia española en ambas orillas del Estrecho constituye un activo geopolítico de primer orden. En un mundo en el que los estrechos se han convertido en instrumentos de presión, la capacidad de garantizar la libertad de navegación entre el Atlántico y el Mediterráneo otorga a España un peso que desaparecería, junto con buena parte de su relevancia estratégica, si llegara a perder Ceuta y Melilla.
La cuarta es que Marruecos se comporta como una potencia revisionista, impulsada por el mito del Gran Marruecos, y que la distancia entre el derecho y los hechos juega a su favor. Mientras el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de 1975 sigue negando cualquier vínculo de soberanía sobre el Sáhara Occidental, los Acuerdos de Abraham, el reconocimiento estadounidense y la resolución 2797 del Consejo de Seguridad han consolidado su posición por la vía de los hechos consumados.
La quinta es que el rearme marroquí, sostenido por Estados Unidos e Israel, erosiona la credibilidad de nuestra disuasión. Que Rabat disponga de lanzacohetes de largo alcance, de una flota de drones armados superior a la nuestra y de acceso a enlaces de datos aliados obliga a España a reforzar sus capacidades con criterio propio, en función de sus necesidades y no de los porcentajes de gasto que se negocien en la OTAN.
La sexta es la instrumentalización de las migraciones masivas por parte de Marruecos, se ha consolidado como una de las formas más eficaces de guerra híbrida, precisamente porque explota la zona gris entre la paz y la guerra, se ampara en la negación plausible y convierte los valores democráticos en vulnerabilidades. Marruecos, desde la Marcha Verde de 1975 hasta las crisis de Ceuta de 2021 y 2026 ha demostrado saber emplear la presión demográfica como instrumento de política exterior a muy bajo coste y con elevados réditos. España debe dejar de tratar estos episodios como simples crisis humanitarias o de gestión fronteriza y asumirlos como lo que son, actos de coerción estatal, frente a los que solo una combinación de disuasión creíble, control efectivo de la frontera, resiliencia social y solidaridad europea real puede restablecer el equilibrio.
La séptima y última es que la energía ofrece a España instrumentos que no debe desaprovechar. Argelia es un socio estratégico que conviene preservar como relación privilegiada, porque de ella depende una parte considerable de nuestro abastecimiento de gas. Marruecos, por su parte, depende de España para su abastecimiento gasista y dependerá de ella para dar salida a su futuro potencial renovable, lo que constituye una baza de negociación de primer orden.
En definitiva, la relación de España con su vecindad sur exige combinar la cooperación con la firmeza. Debemos gestionar los contenciosos con nuestros vecinos, y especialmente con Marruecos, desde el diálogo y la defensa de nuestros intereses nacionales, sin olvidar que, en un mundo en el que la geopolítica ha regresado y los contenciosos entre Estados se dirimen con frecuencia por la fuerza, solo se respeta a quien está en condiciones de hacerse respetar.
* Ignacio Fuente Cobo es coronel (R) del Ejército de Tierra y analista asociado al Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), del que ha sido analista principal durante doce años. El texto ha sido editado a partir de la intervención realizada en la mesa redonda “Seguridad en el Magreb: Relaciones España-Marruecos” que tuvo lugar en la Universidad de Navarra, Pamplona, el 22 de septiembre de 2026.