Modernización naval y disenso presupuestario en España

El 30 de septiembre de 2026, Rusia advirtió a la Alianza Atlántica, a través de una nota diplomática difundida por su embajada en Irlanda, de que estaría preparada para utilizar todo su arsenal, incluidas las armas nucleares, si los países de la OTAN intentaban aislar Kaliningrado del resto de su territorio. Moscú sostenía que la Alianza preparaba un bloqueo aéreo y marítimo del enclave, una acusación que la OTAN no ha confirmado. La respuesta del secretario general, Mark Rutte, fue que la OTAN es una alianza defensiva y que Rusia debía cesar en sus amenazas nucleares. Más allá de su alcance real, el episodio ilustra el deterioro del entorno de seguridad euroatlántica y devuelve al primer plano una cuestión que la Alianza arrastra desde su fundación: cómo se reparte entre sus miembros el coste de la defensa común.

Este debate, conocido como ‘burden-sharing’, ha adquirido una intensidad inédita tras la cumbre de La Haya de 2025, en la que los aliados se comprometieron a invertir el 5% del PIB anual en defensa para 2035. España ha sido la nota discordante. Su Gobierno se negó a asumir ese objetivo y defendió que bastaba con cumplir los objetivos de capacidades acordados, mientras que en 2026 se mantiene en el umbral mínimo del 2%. A esta discrepancia exterior se suma una interior: España carece de nuevos presupuestos generales desde 2023, lo que obliga a financiar el gasto en defensa mediante modificaciones de crédito aprobadas por el propio Ejecutivo.

Este análisis introduce la importancia del poder marítimo para España, y con ello el de su Armada, para después ilustrar los problemas asociados al renovado esfuerzo euroatlántico por aumentar el gasto en defensa y el Plan Armada 2050 en el que se plasman esas ambiciones en el ámbito marítimo.

España y la Importancia del Poder Marítimo

Los orígenes del desarrollo del poder marítimo y el poder naval como elemento estratégico e influyente en el auge y la decadencia de las civilizaciones se remontan hasta alrededor del siglo V a.C, cuando civilizaciones como la griega y la fenicia entendieron que el control de los mares era vital para proteger sus territorios y rutas comerciales. Si bien su estudio sistemático no se empieza a consolidar hasta bien entrado el siglo XIX, a partir de entonces encontramos una larga lista de autores, procedentes del mundo militar pero también del ámbito civil, que durante décadas han utilizado la experiencia histórica de siglos como fuente de lecciones estratégicas para el presente. Uno de los ejemplos más arraigados es el del estadounidense Alfred T. Mahan, que establecía que el control del mar a través del comercio y una fuerza naval sólida era el factor decisivo para que una nación llegará a ser potencia mundial. Su estudio de la historia le llevó a concluir que el auge y la caída de los imperios dependían, en gran medida, de la capacidad para mantener en funcionamiento un ‘círculo virtuoso’ mediante el cual el comercio marítimo como fuente de prosperidad económica sirve para financiar la marina de guerra que lo protege, manteniendo un flujo constante de ingresos económicos.

En este contexto, España es un país que depende profundamente del mar. Su territorio, que engloba las ciudades de Ceuta y Melilla y dos archipiélagos, junto con su posición sobre el estrecho de Gibraltar, uno de los cuellos de botella con mayor volumen de tráfico marítimo del mundo, convierte a España en un país cuya seguridad y prosperidad están inseparablemente ligadas al control de sus aguas. Esa posición privilegiada proporciona una ventaja estratégica natural, pero debe ser correspondida con una inversión suficiente en los elementos fundacionales del poder marítimo: una marina mercante de tamaño suficiente, unas infraestructuras portuarias adecuadas, y una marina de guerra para proteger el comercio propio y las rutas marítimas que transitan por las inmediaciones del territorio nacional. Ese es precisamente uno de los grandes problemas que arrastra España, con una inversión en su fuerza naval insuficiente que no sólo limita la capacidad de la Armada para vigilar y proteger estos espacios, sino que hace al país dependiente de terceros para garantizar su propia seguridad, y con ello, un actor sin la suficiente autonomía estratégica para hacer valer sus intereses nacionales y de seguridad.

El último esfuerzo nacional por aumentar los recursos en este ámbito lo encontramos en el Plan Armada 2050, un plan que, pese a sus grandes promesas, choca con la realidad presupuestaria de España, la cual dificulta sus perspectivas a medio y largo plazo.

Armada 2050

En diciembre de 2024, la Armada Española presentó el documento ‘Armada 2050’, que establece la visión a largo plazo para adaptar la fuerza naval española a los retos geopolíticos de mediados de siglo. El plan contempla una evolución progresiva dividida en tres etapas.

En primer lugar, encontramos una fase de recuperación, diseñada para corregir el déficit estructural de recursos que arrastra la institución. Su objetivo es dotar al conjunto de la Armada de un nivel mínimo de capacidades antes de dar el salto a tecnologías más avanzadas. La segunda es la fase de modernización, centrada en una actualización profunda de los sistemas, las flotas y las infraestructuras ya existentes. La tercera y última es la fase de evolución, en la que se incorporarán nuevos conceptos operativos y plataformas de última generación.

Para garantizar la viabilidad del proyecto, resultan imprescindibles tres condiciones: un presupuesto estable, una industria nacional de defensa consolidada y un firme respaldo social e institucional, sustentado en una sólida cultura de defensa. Precisamente son estos tres ámbitos en los que nuestro país muestra hoy sus mayores carencias.

El disenso exterior: España frente a la OTAN

El 12 de febrero de 2026, en la reunión de ministros de Defensa de la Alianza celebrada en Bruselas, el subsecretario de Defensa (de Guerra) para Política de Estados Unidos, Elbridge Colby, presentó la llamada ‘OTAN 3.0’, un concepto con el que Washington aspira a transformar en profundidad la Alianza Atlántica. Colby la planteó como una ruptura con la ‘OTAN 2.0’, es decir, con el modelo de las décadas posteriores a la Guerra Fría, y como un regreso a la lógica de aquella época, la ‘OTAN 1.0’. En ese esquema, los aliados europeos tendrían que reconstruir sus capacidades militares y asumir la responsabilidad principal de su propia defensa convencional. Según el Centre for Eastern Studies (OSW), la OTAN 3.0 contempla «una reducción sustancial de las fuerzas y medios estadounidenses asignados a la defensa de Europa, de modo que los miembros europeos asuman la responsabilidad principal de la disuasión y la defensa convencionales, mientras se mantiene el paraguas nuclear estadounidense». El 18 de junio, en una reunión posterior de ministros de Defensa de la OTAN, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, confirmó que los aliados ya conocían la magnitud del recorte previsto en la contribución de Washington al Modelo de Fuerzas de la OTAN.

España, sin embargo, llegó a este nuevo escenario con una posición de disenso ya consolidada. En junio de 2025, en vísperas de la cumbre de La Haya, el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, comunicó por carta al secretario general de la Alianza, Mark Rutte, que España no se comprometería con el objetivo del 5% del PIB, porque lo consideraba poco razonable y potencialmente contraproducente. Al final, España suscribió la Declaración de La Haya, aunque entendía que su compromiso consistía en cumplir los objetivos de capacidades fijados por la Alianza, con independencia del porcentaje del PIB que eso exigiera. Rutte negó que existiera una cláusula de exclusión y sostuvo que España tendría que destinar el 3,5% del PIB para cumplir esos requisitos.

La visión de Colby, que ha orientado las nuevas estrategias de Seguridad Nacional y Defensa Nacional de Estados Unidos, ha jugado un papel decisivo en la visión estadounidense del ‘global shifting’ y ‘burden sharing’. Ambos conceptos ilustran que la posición de EEUU ya no es lo dominante, y subrayan la necesidad de evitar que cualquier otra potencia consolide una hegemonía regional en otra región. Dado que China es a día de hoy el único actor con capacidad de hacerlo en Asia Pacífico, EEUU considera la contención de Pekín como su principal prioridad estratégica más allá de la protección de su territorio nacional. En consecuencia, Washington ha empujado cada vez más para que sus aliados regionales en Europa y Oriente Medio asuman una mayor carga del esfuerzo militar en sus respectivas regiones.

El disenso interior: España sin presupuestos

El desacuerdo de España con la OTAN tiene también una dimensión interna: el país carece de unas cuentas públicas aprobadas por el Parlamento. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) vigentes son los de 2023, que en 2026 se han prorrogado por tercer año consecutivo. El Gobierno no ha presentado en toda la legislatura un proyecto de presupuestos al Congreso, ni para 2024, ni para 2025, ni para 2026.

Al no haber nuevas cuentas, el Ejecutivo ajusta el presupuesto prorrogado mediante modificaciones de crédito, sobre todo ampliaciones y transferencias que autoriza el propio Gobierno y que, en muchos casos, no se votan en el Congreso. La defensa forma parte de esta dinámica. En el primer trimestre de 2026, el Ministerio de Defensa fue el cuarto departamento con más modificaciones, con 2.280 millones de euros, vinculados al compromiso con la OTAN de alcanzar el 2% del PIB. De hecho, ese mismo objetivo del 2% se había alcanzado en 2025 con un plan de 10.471 millones de euros aprobado en Consejo de Ministros, sin que el Congreso llegara a votarlo.

Aquí el disenso interior se cruza con el exterior. La modernización naval es, por naturaleza, plurianual. El programa de las cinco fragatas F-110, por un valor de 4.325 millones de euros, tiene un calendario de pagos que va de 2019 a 2032. En el caso de los submarinos S-80, quedaban por abonar unos 2.000 millones en el sexenio 2027-2032. Un horizonte como el de la Armada 2050, con programas que abarcan un cuarto de siglo, necesita compromisos de gasto estables y respaldados por el Parlamento. No puede sostenerse con modificaciones de crédito decididas año a año por el Ejecutivo sobre unos presupuestos de 2023. Sin presupuestos, España no puede ofrecer a sus aliados la previsibilidad que la OTAN 3.0 le exige, ni a sí misma la planificación que su propia Armada necesita.

Pasar del papel a la realidad

El caso español revela que el reparto de cargas en la OTAN no es solo una cuestión de cuánto se gasta, sino de cómo se mide y de quién decide ese gasto. España suscribió en La Haya un compromiso que interpreta en términos de capacidades, mientras la Alianza lo mide en porcentaje del PIB. Ese desacuerdo era tolerable cuando Estados Unidos sostenía el grueso de la defensa europea. Con la OTAN 3.0 ya no lo es, porque cada aliado que se queda en el 2% deja un vacío que nadie garantiza cubrir. El caso muestra además que el compromiso exterior depende del interior: un país sin presupuestos aprobados no puede ofrecer a sus aliados una contribución estable.

En estas condiciones, el Plan Armada 2050 acusa de algunas carencias que dificultan su viabilidad como proyecto, aunque sus objetivos sean atractivos. Su diseño es coherente, pero su primera condición, un presupuesto estable, no se cumple. Programas como el de las fragatas F-110 o los submarinos S-80 comprometen pagos durante más de una década, y un horizonte de veinticinco años no puede financiarse con modificaciones de crédito anuales sobre unas cuentas de 2023. Para que la Armada 2050 pase del papel a la realidad, la defensa tiene que convertirse en una política de Estado, con presupuestos aprobados en las Cortes y un consenso sostenido que se mantenga más allá de cada legislatura sin importar quién esté en el gobierno.