Expertos de distintas disciplinas analizan en la Universidad los retos de la gobernanza y la legitimidad democrática en sociedades fragmentadas

La incertidumbre, la desconfianza en las instituciones y la creciente fragmentación social plantean nuevos desafíos para la gobernanza democrática. Estas cuestiones centraron el coloquio “¿Quién decide y cómo? Gobernanza y legitimidad en sociedades fragmentadas”, organizado por Jakiunde en la Universidad de Navarra, en el que participaron expertos en ética pública, criminología, filosofía política y análisis político. Al encuentro asistieron numerosos estudiantes del Grado en Filosofía, Política y Economía (PPE) de la Facultad de Filosofía y Letras.

La mesa redonda, moderada por Alfonso Sánchez-Tabernero, presidente de la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra y antiguo rector del centro académico, reunió a Txetxu Ausín, investigador científico y director del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); Gemma Varona, directora del Instituto Vasco de Criminología y presidenta de la Sociedad Mundial de Victimología; Alfredo Cruz, profesor de Filosofía Política e Historia del Pensamiento Político de la Universidad de Navarra; y Eva Silván, politóloga especializada en análisis político y cooperación internacional y directora de Silván & Miracle.

Desde sus respectivas disciplinas, los ponentes reflexionaron sobre las condiciones que permiten legitimar el ejercicio del poder en sociedades plurales, así como sobre las dificultades de las democracias actuales para responder a problemas cada vez más complejos.

Txetxu Ausín situó el debate en un contexto marcado por la incertidumbre, la desconfianza y las malas prácticas en el ámbito público. El investigador advirtió que, frente a los desafíos contemporáneos, las sociedades deben gestionar situaciones en las que confluyen la falta de certezas, los conflictos entre valores y la necesidad de tomar decisiones urgentes. En este escenario, señaló que la pérdida de confianza en los responsables políticos y las instituciones constituye un problema para el funcionamiento democrático. También vinculó ese deterioro con las malas prácticas profesionales y de gobierno, que pueden perjudicar el interés general tanto mediante actuaciones indebidas como por negligencia, incompetencia o incumplimiento de los deberes públicos. “Quizás sería más correcto hablar de la sociedad del desconocimiento”, afirmó al referirse a las limitaciones del conocimiento disponible para afrontar los problemas colectivos.

El investigador defendió asimismo la importancia de la ética pública para prevenir las malas prácticas y fortalecer la confianza de los ciudadanos. En este sentido, subrayó que “las sociedades donde la confianza pública es más fuerte son las sociedades que son más resilientes” ante situaciones de incertidumbre y complejidad.

Por su parte, Gemma Varona abordó la cuestión desde la criminología, la victimología y la justicia restaurativa. Su intervención se centró en cómo el miedo puede influir en las decisiones políticas y en la construcción de la legitimidad, especialmente cuando determinados grupos son presentados como una amenaza para la sociedad. La investigadora señaló que, en contextos de fragmentación, la legitimidad no se juega únicamente en las urnas o los tribunales, sino también en la manera en que se gestionan los temores colectivos y se identifica a quienes se responsabiliza de ellos.

Frente a esta dinámica, defendió la necesidad de crear espacios de diálogo que permitan convivir con el desacuerdo: “La legitimidad en contextos de fractura depende menos de alcanzar consensos que de institucionalizar formas de diálogo con el disenso que no requieran chivos expiatorios”. Varona también destacó la utilidad de la justicia restaurativa, entendida en un sentido amplio, como una vía para abordar conversaciones difíciles y favorecer el diálogo entre personas diferentes. A su juicio, una gobernanza democrática madura debe transformar los miedos en medidas de precaución ante riesgos reales, en lugar de amplificarlos hasta convertirlos en motivos de enfrentamiento identitario.

Alfredo Cruz centró su intervención en la relación entre la legitimidad política y la diversidad social. El profesor explicó que el poder necesita legitimación porque las decisiones colectivas requieren una autoridad reconocida, pero también porque la relación entre quienes mandan y quienes obedecen introduce una desigualdad que debe poder justificarse. En este sentido, sostuvo que la legitimidad requiere que los ciudadanos puedan reconocerse en quienes ejercen el poder. Para ello, consideró necesaria una identidad política compartida que permita articular la diversidad y hacer posible la deliberación pública.

Cruz advirtió de que la ausencia de un marco común dificulta el diálogo y favorece que las relaciones políticas se conviertan en una negociación entre posiciones enfrentadas: “Cuando no hay ese fondo común, ese sensus communis, lo que hay no es deliberación, sino negociación”. El profesor defendió también el papel de la Constitución en una democracia constitucional, al establecer los principios compartidos que hacen posible el funcionamiento del método democrático.

En su intervención, Eva Silván analizó los cambios que experimentan las democracias liberales y la capacidad de sus instituciones para responder a sociedades globalizadas, interdependientes y cada vez más fragmentadas. La politóloga apuntó que los procedimientos tradicionales de representación, entre ellos el voto, deben examinarse a la luz de las transformaciones sociales y tecnológicas. También destacó la crisis de confianza y representatividad de los partidos políticos y de los medios de comunicación tradicionales, así como el peso creciente de las redes sociales y de los nuevos canales digitales en la formación de la opinión pública.

Silván cuestionó si los mecanismos de participación actuales son suficientes para afrontar los desafíos contemporáneos y planteó la necesidad de explorar formas de democracia más cercanas a los ciudadanos. “Yo creo que deberemos empezar a hablar más de democracias de proximidad”, señaló, al referirse a la posibilidad de encontrar en estos entornos formas de representación legítima y cuidado. La politóloga también alertó sobre la distancia entre la magnitud de los problemas colectivos y la capacidad de respuesta de las instituciones. A su juicio, esa brecha alimenta la desconfianza y el miedo, por lo que consideró necesario “regenerar en lo posible la vida pública y el servicio público” para afrontar los desafíos de las sociedades actuales.