España y las armas de destrucción masiva: Por primera vez, una estrategia propia

Por primera vez en su historia, España tiene una postura oficial, documentada y aprobada al más alto nivel, sobre uno de los asuntos más delicados de la seguridad global: la proliferación de armas de destrucción masiva. El Consejo de Seguridad Nacional aprobó la Estrategia Nacional contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva el 16 de diciembre de 2025, publicada posteriormente en el BOE el 16 de febrero de 2026. No es un gesto simbólico ni una declaración de intenciones: es un documento político-estratégico de primer nivel que define amenazas, fija objetivos y traza líneas de acción concretas. El hecho de que haya tardado décadas en llegar dice tanto sobre la complejidad del asunto como sobre la madurez institucional que requería abordarlo.

I. Qué es y qué no es la Estrategia Nacional contra las Proliferación de ADM

Para entender el alcance de la Estrategia hay que empezar por lo que el propio texto distingue como sus dos grandes ejes: la no proliferación y la contraproliferación. La primera apunta al trabajo diplomático y multilateral, es decir, a fortalecer los tratados internacionales, participar activamente en los foros globales y presionar para que el régimen de no proliferación aguante la tensión geopolítica actual. La segunda mira hacia adentro: qué hace España para que ningún actor no estatal, ya sea terrorista, criminal o simplemente imprudente, consiga en su territorio los materiales, el conocimiento o la financiación necesarios para fabricar este tipo de armas.

Lo que no es, y conviene dejarlo claro, es una estrategia ofensiva; tampoco es una declaración de capacidades militares propias en este ámbito. España no tiene armas nucleares, no está desarrollando armamento biológico ni químico y su posición es inequívocamente la de un Estado que apuesta por el multilateralismo y el desarme. El Consejo de Seguridad Nacional lo repite en varias formas a lo largo de sus páginas: la novedad no está en la Estrategia en sí misma, sino en que aporta un marco coherente que la articula, la operativiza y la conecta con el resto del sistema de seguridad nacional.

II. El momento en que se publica, y por qué importa

El contexto en el que aparece esta Estrategia Nacional no es precisamente tranquilizador. La arquitectura internacional de no proliferación lleva años mostrando grietas, pero los últimos acontecimientos en la geopolítica internacional han convertido esas grietas en fracturas visibles. Rusia no sólo ha invadido Ucrania, sino que se ha retirado del Tratado New START, acuerdo el cual ni siquiera el presidente de los EEUU, Donald Trump, quiso renovar. Putin también ha retirado la ratificación rusa del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y ha bloqueado en solitario, o con muy pocos aliados, múltiples conferencias de revisión de los acuerdos internacionales, como la Convención para la Prohibición de las Armas Químicas (CAQ). No lo ha hecho por descuido, sino con la intención política de desestabilizar un sistema que limitaba sus opciones.

China, por su parte, no ha dudado en gestar secretamente la ampliación y modernización de su arsenal nuclear. A esto se suma la situación de Corea del Norte, que ha acelerado su programa nuclear y balístico con múltiples pruebas de misiles recientes, incluyendo misiles intercontinentales o nuevos tipos de lanza-misiles capaces de disparar ojivas nucleares, en patente violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el caso iraní, destacan los ataques contra sus instalaciones nucleares por parte de los Estados Unidos e Israel, que han abierto un escenario de gran incertidumbre sobre el futuro del programa y sobre la disposición de Teherán a cooperar con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Por su parte, la transición política en Siria que se inició en 2025 abre una ventana de oportunidad histórica para avanzar en la eliminación de sus capacidades químicas, aunque todavía con muchos interrogantes.

España no puede ser un mero observador, puesto que, como miembro de la OTAN, de la Unión Europea y de la ONU tiene tanto voz como responsabilidades en estos foros. Una estrategia propia es el requisito mínimo para poder ejercer dichas responsabilidades con coherencia.

III. Lo nuclear: cuando la energía y la bomba comparten la misma física

El capítulo nuclear es, en cierta medida, el más complejo de toda la Estrategia, y no solo por la naturaleza de las armas en cuestión, sino por una razón que tiene mucho de paradójica: la tecnología nuclear es, en buena medida, de doble uso, y puede destinarse a fines tanto civiles como militares. El uranio que alimenta un reactor de una central eléctrica y el que se necesita para desarrollar una bomba nuclear son el mismo material; la diferencia está en el grado de enriquecimiento y en la ingeniería que lo rodea. Esto convierte a cualquier país con capacidades nucleares civiles en un país con posibles ambiciones nucleares de carácter militar, y requiere de sistemas de control precisos y exhaustivos.

España no es un país ajeno a esta realidad: posee siete reactores nucleares en operación, una fábrica de combustible nuclear en Juzbado (Salamanca), un centro de almacenamiento de residuos radiactivos en El Cabril (Córdoba) y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), todo ello bajo un sistema de salvaguardias internacionales que incluye la supervisión del OIEA y la aplicación del conocido como Protocolo Adicional. A eso se suman más de 1.250 instalaciones radiactivas distribuidas por el territorio, de las cuales dos son de primera categoría, es decir, las de mayor riesgo. Son instalaciones médicas, industriales y de investigación completamente legítimas, pero que, desde el punto de vista de la proliferación, son puntos que requieren una protección especial.

La postura española dedica una atención significativa al estado del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), la llamada ‘piedra angular’ del régimen internacional, que cuenta con 189 estados parte y lleva décadas siendo el principal dique contra la expansión del armamento nuclear. El problema es que, actualmente, ese dique tiene fisuras considerables, ya que las dos últimas conferencias de revisión —de 2015 y 2022— fracasaron sin acuerdo, y tampoco hay grandes esperanzas puestas en la que está por venir en 2026. Algunas voces proponen el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares (TPAN) como alternativa al TNP; sin embargo, tal y como señala la Estrategia española, ningún estado poseedor de armas nucleares ha firmado el TPAN que, además, tampoco cuenta con un protocolo de verificación claro, es decir, es un instrumento con buenas intenciones y escasa operatividad.

La naturaleza de doble uso de la energía nuclear tiene además una dimensión energética que, en el contexto actual, resulta imposible ignorar. El debate sobre el destino de las centrales nucleares en España —que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima prevé cerrar entre 2025 y 2035— está estrechamente relacionado con la Estrategia Nacional. Mientras las centrales nucleares están operativas, generan combustible gastado que requiere almacenamiento seguro, producen residuos de media y baja actividad que hay que gestionar durante décadas, y mantienen en el territorio una infraestructura que exige protección física robusta frente a sabotaje o robo de material. La Estrategia no aborda el debate energético, pues queda al margen de su cometido, pero sí establece con claridad que la protección física de estas instalaciones, incluyendo la ciberseguridad, es una prioridad. Por eso, considera necesario revisar los planes de protección y actualizar la llamada Amenaza Base de Diseño, que sirve de referencia para el diseño de los sistemas de seguridad de cada central.

Otro flanco que la Estrategia Nacional aborda y que merece especial atención es la tecnología aeroespacial. Cada vez son más los países que desarrollan —o tienen interés en desarrollar— capacidades para lanzar satélites. Dicha tecnología, cuya naturaleza es también de doble uso, puede contribuir al desarrollo de un misil intercontinental, si se utiliza con fines militares y no civiles. De forma similar, los vehículos aéreos no tripulados (UAVs) también forman parte del problema, ya que se fabrican con componentes comerciales difícilmente controlables. Además, dado su bajo coste, son fácilmente accesibles por parte de actores no estatales, y pueden servir de vectores de dispersión de agentes químicos, biológicos o incluso radiológicos. Es una de las áreas donde los regímenes internacionales de control de exportaciones están más rezagados respecto a la realidad tecnológica, y la estrategia lo reconoce sin ningún reparo.

IV. El doble uso: la amenaza que convive con la industria química y los laboratorios biológicos

Uno de los aspectos más interesantes de la Estrategia Nacional es su referencia a los materiales y tecnologías de doble uso más allá del ámbito nuclear. Al margen de las películas hollywoodienses, el desarrollo de armas de destrucción masiva, especialmente las biológicas y las químicas, no requiere necesariamente instalaciones secretas o materiales ‘exóticos’. Muchas de las sustancias que se utilizan en la industria química ordinaria, en los laboratorios de investigación biológica o en las plantas de tratamiento de agua son también, en distintas proporciones y configuraciones, precursores o componentes de armas químicas o biológicas.

España, siendo una de las economías industriales más potentes del sur de Europa, cuenta con un sector químico exportador de primer orden: son 131 las instalaciones sometidas a declaración obligatoria por sus actividades con sustancias controladas, y 53 operadores comerciales realizan transferencias internacionales de sustancias listadas por la CAQ. Eso no convierte al sector químico en una amenaza en sí mismo, pero sí requiere un refuerzo en los mecanismos de control y supervisión. El reto que señala la Estrategia Nacional es que muchos de estos operadores simplemente desconocen que trabajan con materiales de doble uso; lejos de la mala voluntad, existe una falta de concienciación, cuyo resultado es igualmente peligroso.

En el ámbito biológico, la complejidad es todavía mayor. España cuenta con 89 laboratorios de nivel de bioseguridad 3, es decir, instalaciones que trabajan con agentes capaces de causar enfermedades graves o potencialmente letales. Son laboratorios de investigación legítima, de sanidad pública y de veterinaria. Pero, en un escenario de proliferación, son instalaciones que un actor malintencionado querría comprometer. El hecho de que España no tenga todavía ningún laboratorio de nivel 4, el más seguro, y que estén previstos al menos tres, no hace sino subrayar la urgencia de tener un marco regulatorio y de custodia a la altura.

El concepto de doble uso también se extiende, de forma creciente, al ámbito tecnológico. La inteligencia artificial, la computación cuántica, los semiconductores avanzados o la biotecnología de síntesis genética tienen aplicaciones civiles beneficiosas y legítimas, pero también capacidad para facilitar el diseño, la síntesis o el despliegue de un arma biológica. Los regímenes de control de exportaciones existentes no están actualizando sus listas con la velocidad a la que avanza dicha tecnología, y eso genera una brecha que la Estrategia reconoce abiertamente como una vulnerabilidad estructural del sistema internacional.

V. La amenaza terrorista: baja probabilidad, consecuencias catastróficas

La Estrategia Nacional hace una lectura poco alarmista de la amenaza que representan los grupos terroristas en este ámbito. En España, los mapas de riesgo sitúan esta posibilidad con un nivel de impacto considerable, pero una probabilidad baja. La utilización de elementos nucleares, radiológicos, biológicos o químicos por un grupo terrorista requiere la coincidencia de varios factores: voluntad, capacidad técnica, acceso a los materiales y oportunidad de dispersión, por lo que, no es imposible, pero tampoco parece el escenario más probable.

El riesgo más realista según la Estrategia no es un ataque nuclear ni una epidemia biológica provocada, sino el uso de químicos industriales tóxicos que están en el mercado, en camiones cisterna o en instalaciones fijas accesibles. También los llamados artefactos de dispersión radiológica, que tan sólo requieren una fuente radiactiva y un explosivo convencional. Son amenazas de baja tecnología, pero que generan una gran alarma social; generar pánico es, precisamente, uno de los objetivos habituales de aquellos dispuestos a usarlas. El OIEA registró 168 incidentes relacionados con material nuclear o radiactivo solo en 2023, de los cuales seis estaban relacionados con tráfico o uso doloso. Aunque no es una cifra de primeras cuantiosa, tampoco es precisamente tranquilizadora.

La Estrategia también aborda, con notable lucidez, la amenaza del agroterrorismo, pues la posibilidad de un ataque biológico dirigido no contra personas, sino contra la cabaña ganadera o la producción agrícola, tiene consecuencias económicas y sociales potencialmente devastadoras. España, con un sector agroalimentario de enorme relevancia, no está exenta de ese riesgo. La gripe aviar o la peste porcina africana están en la lista de escenarios a considerar, sobre todo viendo los recientes casos de peste porcina en jabalíes de Cataluña.

VI. Lo que España se compromete a hacer: entre el multilateralismo y la coordinación interna

La parte propositiva de la Estrategia Nacional se articula en torno a dos objetivos. El primero es proyectar los intereses de España en el escenario internacional: participar más activamente en los ciclos de revisión de los tratados, asumir presidencias en foros clave, fortalecer financieramente a organismos como el OIEA o la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), garante de la CAQ, y trabajar con países en desarrollo para ayudarles a construir sus propios sistemas de control.

El segundo objetivo apunta hacia dentro: mejorar la coordinación entre ministerios, reforzar el Comité Especializado de No Proliferación, fortalecer los controles de exportación de tecnología intangible, y crear órganos nuevos como la Comisión Nacional de Biocustodia o una Red de Laboratorios de Alertas Químicas.Entre las medidas más concretas está la modificación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales para incluir la financiación del terrorismo como delito específico y la revisión de la Ley de Contrabando, con posibles aumentos de penas. Son cambios legislativos que llevan tiempo sobre la mesa y que, ahora con el impulso de la Estrategia Nacional, tienen más posibilidades de materializarse.

VII. Una estrategia necesaria, con el reto de la implementación por delante

La existencia de esta Estrategia es, en sí misma, una noticia a celebrar, puesto que España se suma con notable retraso, pero con solidez, al grupo de países que han decidido articular una política coherente en uno de los ámbitos más complejos para la seguridad nacional e internacional. El régimen internacional de no proliferación de armas de destrucción masiva se ha enfrentado —y se está enfrentando— a retos recientes de gran consideración: el uso de armas químicas en la guerra en Siria, las amenazas nucleares que resurgen, las dudas sobre los orígenes del COVID-19, el rápido desarrollo científico y tecnológico. Por eso resulta de lo más oportuna y necesaria la aprobación de dicha Estrategia.

El reto que España tiene por delante es implementar la Estrategia Nacional de forma coherente y eficaz para que no quede en papel mojado. Bien conocidas son las buenas intenciones de las posturas de seguridad nacional de los países; ahora bien, fácilmente cogen polvo en los cajones cuando llega el momento de asignar presupuestos, crear unidades, contratar expertos y coordinar ministerios que tienen otras prioridades. España ya cuenta con la arquitectura conceptual necesaria; será también necesaria la voluntad política y la capacidad institucional para convertirla en realidad operativa. Y eso, en un contexto geopolítico que no da tregua, no puede esperar.