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Laura Fernández en un acto de la campaña presidencial [PPSO]
Elegida en primera vuelta, rompiendo una tradición de ballotage de casi dos décadas, Laura Fernández comenzará a ejercer el cargo de presidenta de Costa Rica a partir del 8 de mayo con la prioridad de consolidar la buena marcha económica que atraviesa el país, así como de reducir la inseguridad incrementada los últimos años. Afrontará el reto de seguir cultivando la sintonía de su predecesor y jefe de partido, Rodrigo Chaves, con la Administración Trump, al tiempo que evita turbulencias con China. La nueva Doctrina Monroe de Washington puede empujar a los vecinos hemisféricos a roces con Pekín, lo que podría poner en peligro la bonanza —al menos macroeconómica— costarricense.
La conservadora Laura Fernández ganó el 1 de febrero la presidencia Costa Rica con el 48,3% de los votos, en unas elecciones en las que los costarricenses votaron con la cuestión económica como principal prioridad. Ministra primero de Planificación Nacional y Política Económica y luego de Presidencia con Rodrigo Chaves, Fernández se benefició de la apuesta ciudadana por una continuidad en las políticas públicas de su predecesor, quien sin posibilidad de un segundo mandato ha llegado al final de su presidencia con una alta aprobación, del 58%.
Además de las cuestiones económicas, en la campaña electoral estuvo muy presente el debate sobre la inseguridad, en un país que ha visto crecer preocupantemente la tasa de homicidios, debido a una mayor penetración del narcotráfico y el crimen organizado. En 2021, antes del acceso al poder de Chaves, se registraron 11,5 homicidios por 100.000 habitantes; en 2023 se llegó a un récord de 17,7. El Gobierno de Chaves pudo reaccionar; en 2024 la tasa descendió a 17 y en 2025 a 16,8.
El avance económico y la percepción de que se ha puesto freno al incremento de la criminalidad contribuyeron tanto a la elección de Fernández como al apoyo al partido oficialista, el Partido Pueblo Soberano (PPSO), en la votación para la Asamblea Legislativa, en la que obtuvo 31 de los 57 escaños, frente a los 8 logrados hace cuatro años.
El Corolario Trump
En la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicada el pasado mes de noviembre, la Administración Trump pone su primer foco de atención en el propio hemisferio occidental, priorizando las cuestiones de seguridad y reafirmando los intereses comerciales y económicos de EEUU en la región, y planteando un fuerte contrapeso de la creciente influencia China en Latinoamérica. El documento llama a este nuevo interés por el ‘patio trasero’ estadounidense como Corolario Trump de la Doctrina Monroe. Los objetivos de este corolario ser resumidos como “enlistar y expandir”.
“Enlistar” se refiere a fortalecer lazos con los países aliados del vecindario hemisférico con el fin de combatir flujos irregulares migratorios, neutralizar el narcotráfico e incentivar el crecimiento de una fuerte económica privada, entre otros aspectos. Cualquier gobierno o movimiento político alineado en la región con los objetivos de EEUU se vería premiado. “Expandir” se enfoca más en ganar influencia en países que en las últimas décadas se han alejado de Washington y se han acercado a potencias externas, específicamente China. La Administración Trump quiere reducir esas influencias exteriores y lograr un entorno “tolerablemente estable” en la región, protegiendo de esa forma los intereses de seguridad estadounidenses y eliminando la competencia a su dominio hemisférico.
Durante los últimos meses, esta estrategia se ha visto en acción en numerosas ocasiones, como en el caso del uso de fuerza militar contra embarcaciones ligadas al narcotráfico en el Caribe y en el Pacífico, la captura de Nicolas Maduro en un ataque a Caracas y la operación que acabo con la vida del capo de la droga Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, que contó con el apoyo de la inteligencia estadounidense.
Costa Rica ante la nueva realidad
En este contexto, Laura Fernández pretende seguir con la política de seguridad de su predecesor, promoviendo una lucha frontal contra el crimen organizado, incluso con la aprobación de reformas judiciales que agilicen las condenas y con la construcción de una mega-prision, inspirada en el CECOT de El Salvador. Además, la presidenta electa asegura estar comprometida con la apertura comercial, la innovación tecnológica y la reducción de impuestos. Ambas líneas de gobierno se ajustan a la visión estratégica de Trump.
Desde esta perspectiva, cabe esperar una acentuación de las ya buenas relaciones entre la Administración Trump y Costa Rica. La relativa estabilidad de Costa Rica frente a sus vecinos centroamericanos hace del país un aliado atractivo y confiable, convirtiéndose en un posible punto de anclaje democrático frente a Nicaragua, y uniéndose a la red de aliados en Centroamérica que la administración Trump ha ido construyendo. Costa Rica podría convertirse en una plataforma para la lucha contra el narcotráfico y servir incluso como una válvula de escape frente a los flujos migratorios centroamericanos.
Costa Rica también podría potencialmente presentarse como un fuerte aliado en el proceso de ‘friendshoring’ o ‘nearshoring’ de Estados Unidos, país que busca reducir su dependencia manufacturera de China. Costa Rica ya tiene las capacidades técnicas para operar como un centro de manufacturas aliado y próximo: forma parte del acuerdo de libre comercio entre EEUU y Centroamérica (CAFTA-DR) y a través de sus zonas francas de exportación se ha convertido en un exportador clave de dispositivos médicos, consolidándose como el exportador número 10 del mundo en ese sector.
Si Fernández prioriza su plan de modernización de infraestructura digital y mantiene los incentivos fiscales aplicados por Chaves, Costa Rica podría ganar peso como centro de producción estadounidense en Centroamérica. Sin embargo, una mayor vinculación económica con Estados Unidos tendría que suponer, de acuerdo con las exigencias de Trump, un distanciamiento de China y eso puede poner en cuestión el buen momento económico que atraviesa el país.
