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El líder de una banda criminal, Jimmy ‘Barbacoa’ Cherizier, patrulla una calle de Puerto Príncipe [Amnistía Internacional]
Haití intenta superar su condición de estado fallido en un doble esfuerzo: restituir la institucionalidad mediante elecciones —las primeras en más de una década— y recuperar el control territorial con una reformulación de la lucha contra las bandas criminales que se han adueñado del país. Sin una autoridad legitimada es difícil el segundo propósito, pero con extrema violencia en las calles no puede haber elecciones fiables que permitan el primero. A finales de 2025 la ONU aprobó una nueva misión internacional de seguridad, con mandato de un año durante el cual deberían celebrarse las elecciones de agosto (con segunda vuelta en diciembre) y formarse un nuevo gobierno. No hay garantía de éxito.
Haití entra en 2026 en una situación que trasciende una crisis política tradicional. El país enfrenta un debilitamiento prolongado de sus instituciones que ha puesto en duda su capacidad para ejercer soberanía efectiva sobre su territorio.Durante décadas, factores como la pobreza estructural, la dependencia económica externa, los desastres naturales y la inestabilidad política han eliminado el funcionamiento del Estado. Sin embargo, en los últimos años estos problemas sehan acumulado hasta generar una situación en la que Haití es considerado un estado fallido.
El vacío de autoridad se ha convertido hoy en parte de la normalidad. En amplias zonas, especialmente en el áreametropolitana de Puerto Príncipe, el gobierno no ejerce control real y el poder está en manos de grupos armados. El 90%de la capital se ve controlada por pandillas criminales. La población vive bajo un régimen marcado por la violencia, el desplazamiento interno y la falta de servicios básicos. En este sentido, la crisis haitiana no es solo un problema de gobernabilidad, sino una crisis de soberanía, en la que el Estado mantiene reconocimiento internacional, pero ha perdido capacidad efectiva para gobernar.
El asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 marcó un punto de no retorno. Aunque Haití ya era un Estadofrágil, su muerte incrementó la inestabilidad política y dejó al país sin una autoridad clara. Desde entonces, los gobiernos de transición han tenido dificultades para consolidar el poder, organizar elecciones creíbles o recuperar el control territorial. La falta de instituciones fuertes y la debilidad de las fuerzas de la policía nacional han impedido establecer un orden estable.
Los indicadores internacionales reflejan este deterioro. Haití se encuentra entre los Estados más frágiles del mundo y sueconomía lleva varios años en declive. El Producto Interno Bruto (PIB) se encuentra en evolución negativa desde los últimos diez años), mientras que gran parte de la actividad económica proviene de remesas y no del sistema interno.Desde el punto de vista teórico, el modelo de Estado moderno —basado en el monopolio legítimo de la fuerza y elcontrol del territorio— solo se cumple parcialmente en el caso haitiano.
Las bandas armadas
Uno de los elementos más visibles de la crisis es el aumento del poder de las bandas armadas. Aunque estos grupos han existido durante años, su influencia ha crecido significativamente en los últimos años. Controlan gran parte de la capital y varias rutas estratégicas, lo que les permite intervenir en la economía y en la vida cotidiana de la población. El dominio va más allá de la capital, ya que también tienen control en el departamento de Artibonito y el área de la comuna de Cabaret.
Algunas alianzas entre bandas han alcanzado un nivel de organización que supera el de simples grupos criminales. La alianza conocida como Viv Ansanm, liderada por Jimmy ‘Barbacoa’ Chérizier, refleja este cambio radical. Estos gruposcombinan actividades criminales con discursos políticos que apelan a la exclusión social y al abandono histórico delEstado. Han sabido manipular la narrativa a su favor. En barrios donde el gobierno nunca ha ofrecido servicios básicos, este tipo de discurso suele generar cierto apoyo.
En la práctica, las bandas han asumido funciones propias del Estado. Controlan el transporte de mercancías, regulan el acceso al combustible, cobran peajes ilegales y, en algunos casos, gestionan servicios esenciales de manera ilegal. El control completo de infraestructuras estratégicas, como puertos o centros de distribución, les permite influir directamente en la economía nacional.
Esta situación ha dado lugar a una soberanía fragmentada. Haití sigue siendo reconocido como Estado, pero el controlreal está dividido entre distintos actores. La Policía Nacional, debilitada por la falta de recursos y personal, apenas puede proteger algunos edificios oficiales. Para 2026, se estima que más de 1,1 millones de personas viven bajo administración directa de las bandas. Haití es un caso peculiar porque las bandas no evaden al Estado, sino más bien hay una sustituciónde soberanía donde reemplazan al Estado en seguridad y orden económico
Misiones Internacionales
Ante el aumento de la violencia, la comunidad internacional ha intentado intervenir para evitar un colapso total. En 2023en el marco de la ONU, se creó la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS), con el fin de respaldar la labor de la policía haitiana, pero sus resultados fueron limitados debido a la falta de recursos y a la debilidad de las instituciones locales.
Con un cambio de formulación, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una nueva iniciativa en septiembre de 2025, la Fuerza de Represión de las Bandas (GSF). A diferencia de la anterior, no es una «misión de paz» de la ONU, ya que no su cometido no es asegurar la paz del país sino combatir directamente las bandas. Con un mandato de 12meses y aprobada por impulso de Estados Unidos, esta fuerza de 5.550 efectivos tiene el propósito de colaborar con las autoridades haitianas para neutralizar a las pandillas, proteger las infraestructuras y facilitar el acceso humanitario.
Sin embargo, la intervención enfrenta grandes dificultades. Además, existe desconfianza hacia la presencia extranjera debido a experiencias anteriores que no lograron resolver los problemas de fondo. Por esta razón, la intervencióninternacional puede reducir la violencia en el corto plazo, pero no garantiza estabilidad a largo plazo sin reformas internas.
Elecciones y problema de legitimidad
Con la confianza en que al menos parte de la violencia pueda mitigarse en los próximos meses, el país avanza hacia la celebración de elecciones presidenciales, legislativas y locales. Fueron aprobadas por el consejo presidencial de transición (CPT) de Haití, órgano que ha dirigido el país en los últimos dos años y que el pasado mes de febrero, reconociendo su incapacidad para seguir gestionando la situación, resultó disuelto, pasando el poder al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, respaldado por Washington.
Las elecciones están previstas para el 30 de agosto, con una segunda vuelta el 6 de diciembre en el caso de las presidenciales. En las últimas semanas se ha inscrito unos 280 partidos políticos y coaliciones para esos comicios. La celebración de las elecciones —las primeras presidenciales desde 2016—, no está asegurada, sin embargo.
Haití no tiene un censo electoral confiable ya que existe más de medio millón de personas desplazadas y la participación en las últimas elecciones fue meramente de un 21%. Con el nivel de terror actual, cualquier elección corre el riesgo de sersaboteada por las bandas criminales. Además, celebrar elecciones en un territorio ocupado por paramilitares no restaura la legitimidad, solo creará un gobierno sin capacidad de mando real continuando su maldición de legitimidad sin soberanía. Todo dependerá de si el nuevo mandato de GSG logra controlar la violencia.
Dependencia económica
La crisis política se combina con una economía extremadamente frágil. Haití depende en gran medida de la ayuda internacional y de las remesas enviadas desde el extranjero, que suponen el 16% del PIB. Estos recursos son esencialespara la supervivencia de millones de personas y representan una parte importante del ingreso nacional.
Esta dependencia limita la autonomía del país y aumenta la influencia de actores externos en la toma de decisiones. En la práctica, Haití funciona como un Estado asistido, cuya estabilidad depende de recursos que no controla completamente.
¿Soberanía o protectorado permanente?
La cuestión de si Haití puede volver a ser una nación soberana es una de muchas dimensiones. Sin la ayuda de capital externo y la seguridad importada, el país caerá en una hambruna masiva; actualmente hay millones de personas en inseguridad alimentaria aguda.
La brecha de desigualdad es una de las más altas del mundo; la élite económica controla la importación de bienesbásicos, manteniendo una relación simbiótica y tensa con las pandillas. Haití se encamina a ser un estado tutelado de forma permanente. No es una crisis temporal, sino una condición crónica donde la soberanía es un lujo que el país no puede pagar. El éxito no se medirá en democracia, sino en si el sistema internacional logra evitar que Haití colapse por completo.