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Visita de parlamentarios al complejo industrial de Yacimientos de Litio Bolivianos situado en el salar de Uyuni, Potosí [YLB]
La paralización a que ha sido sometida Bolivia en los dos últimos meses, por las acciones de organizaciones que protestan por la mala situación económica y en parte obedecen a intereses del expresidente Evo Morales, está aplazando y complicando la reestructuración extractiva prometida por Rodrigo Paz, quien llegó a la presidencia del país en noviembre de 2025 con la promesa de superar la crisis generada por el anterior Movimiento al Socialismo. El conflicto social perjudica la llegada de inversiones extranjeras, necesarias para relanzar el sector del gas e impulsar la extracción de litio; al mismo tiempo, la agenda política no encuentra sitio ni herramientas para proceder a algunos cambios legislativos sin los cuales los hidrocarburos y la minería no podrán aportar los ingresos que requiere el Estado.
En los últimos años, Bolivia pasó de ser productor a importador de hidrocarburos y a ver malogrado su intento de comenzar a explotar las importantes reservas de litio que posee. La extracción tanto de petróleo como de gas ha estado en descenso en la última década, mientras que la producción de litio, con una sola planta en funcionamiento, aporta menos del 1% de la producción mundial a pesar de que Bolivia cuenta con una de las mayores concentraciones mundiales de este metal estratégico.
Desde su toma de posesión como presidente del país en noviembre de 2025, Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ha debido afrontar las consecuencias de dos décadas de políticas soberanistas impulsadas por el gobierno anterior del Movimiento Al Socialismo (MAS), liderado primero por Evo Morales y posteriormente por Luis Arce. Este soberanismo, inicialmente concebido para proteger la riqueza nacional, terminó siendo uno de los principales obstáculos para explotarla. Ante este escenario, Paz prometió una reconfiguración extractiva, abriendo los sectores del litio y de los hidrocarburos a inversores privados externos para capitalizar las reservas del país y mejorar la situación económica boliviana.
Cuando Paz llegó al poder, se encontró con un país en condiciones económicas críticas: alta inflación, escasez de dólares y un sector de hidrocarburos en mínimos históricos. Sus esfuerzos para dar la vuelta a esta situación no han dado fruto de momento, pues la paralización del país a raíz de los cortes de vías llevados a cabo por algunos sindicatos y movimientos indigenistas han complicado la recuperación económica. El capital exterior que debía llegar para superar el aislamiento del financiamiento internacional y del sector privado que existió durante la era del MAS se ha visto detenido a la espera de ver evolucionar la situación.
Nacionalizaciones del MAS
Las reticencias hacia Bolivia por parte del capital extranjero se remontan a la nacionalización del gas impulsada por Evo Morales en 2006. El gobierno de Morales se caracterizó por ser altamente proteccionista, alineándose con otros gobiernos de izquierda de la región y limitando la apertura comercial a inversores extranjeros, rechazando el occidentalismo estadounidense y europeo.
La nacionalización impulsada por Morales se caracterizó por la búsqueda de ‘socios, no de dueños’, enfatizando que el Gobierno no buscaba expulsar a las empresas sino subordinarlas al Estado, manteniendo el control estatal sobre la producción y comercialización a través de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos). El discurso mediático del expresidente estuvo siempre fuertemente vinculado a la importancia de la participación ciudadana o “participación del pueblo”, en una retórica que ensalzaba a la población indígena, de la que él procede (fue el primer presidente de origen indígena).
En sus inicios, esta narrativa de “recuperar lo nuestro” y de que la riqueza del país debía beneficiar a la población fue electoralmente eficaz, cosechando un amplio apoyo a la nacionalización. Gracias al boom de los precios internacionales de las materias primas que por entonces se produjo (entre 2003 y 2014), Bolivia experimentó un flujo de ingresos sin precedentes. Sin embargo, estos beneficios se vieron limitados a medida que pasaron los años, ya que las empresas internacionales dejaron de invertir en Bolivia, llevando a una reducción de la producción por la escasa exploración de nuevos campos y el declive natural de los que estaban en funcionamiento. Los intentos de YPFB fueron infructíferos en descubrir nuevos yacimientos e incrementar las reservas certificadas.
Reservas de litio
Esta lógica de estatalización no se limitó al sector energético. En 2014 se extendió al sector minero con la promulgación de la Ley 535 de Minería y Metalurgia, declarando el litio y el potasio como elementos estratégicos y reservando sus derechos de explotación únicamente para el Estado a través de YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos), entidad creada específicamente para gestionar los recursos evaporíticos (el litio boliviano se halla en los salares andinos, a cielo abierto). Asimismo, esta ley prohíbe a las cooperativas mineras firmar contratos de asociación con empresas privadas. Como consecuencia, Bolivia quedó legalmente imposibilitada de atraer socios privados para el desarrollo del litio.
Bolivia forma parte del denominado Triángulo del Litio, junto con Argentina y Chile, donde se concentra el 62% de los recursos mundiales de este metal. Según un reporte realizado en 2025 por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, las reservas estimadas de estos tres países suman 57 millones de toneladas de litio, monto al que Bolivia y Argentina aportan cada uno 23 millones y Chile 11 millones. Sin embargo, Bolivia apenas ha llevado a cabo prospecciones por lo que no ha determinado el tamaño probado de sus reservas, frente a las reservas oficiales de 9,6 millones de toneladas de Chile y 4 millones de Argentina.
Al asumir la presidencia, Rodrigo Paz se encontró con una herencia que él mismo no tardó en caracterizar como de fracaso sistemático. En repetidas ocasiones ha criticado los gobiernos previos de Morales y Arce, recordando las promesas incumplidas en relación al gas y en torno al litio, como es el caso de la perforación del pozo Boyuy X-2 en 2017, la planta industrial iniciada en 2023 que nunca alcanzó su capacidad y los contratos con empresas chinas y rusas por valor de 2.000 millones de dólares cuyos resultados nunca se materializaron.
Acciones de Paz
El presidente Paz quiere transparentar los principales contratos vigentes con Rusia y China y ha anunciado su intención de impulsar una nueva ley de evaporíticos con reglas claras para atraer inversión privada sin renunciar a los intereses nacionales. El presidente mostró su compromiso de establecer contratos beneficiosos para todos, tanto para inversores como para la población boliviana. En la misma línea, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, enfatizó que es crucial recuperar la confianza de los mercados para reconstruir la energía, el gas y el petróleo y convertir el litio en reservas, así como eliminar las regulaciones excesivas.
Para llevar adelante esa agenda, el gobierno de Paz tendría que actuar en tres frentes: el legislativo, el geopolítico y el social. Actualmente, la ley boliviana dicta que solamente el Estado puede explotar el litio, lo que implica que la ley minera y la ley de Yacimientos de Litio Bolivianos deberán ser modificadas, requiriendo una mayoría legislativa aún no obtenida.
En cuanto a las tensiones geopolíticas, Paz ha dado señales claras de reorientación del país, habiendo firmado un memorando de entendimiento en abril de 2026 con Estados Unidos sobre minerales críticos que contempla cooperación tecnológica para la industrialización del litio. Sin embargo, los contratos previos con China y Rusia siguen técnicamente vigentes. Paz se comprometió a transparentarlos, pero no anunció su terminación, generando incertidumbre para todos los actores involucrados.
Por su parte, los problemas sociales radican en que el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) ya ha advertidoque no permitirá que cargas de litio salgan si no benefician directamente a la población local, demandando participación ciudadana en las decisiones sobre los recursos naturales.