Puerto Rico recobra valor estratégico para EEUU por el despliegue en el Caribe

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√ La gobernadora, Jennifer González, confía en que la utilidad de la isla impulse la aceptación de Washington de acomodar el deseo de ‘estadidad’ puertorriqueño.

√ El voto por convertirse en el estado 51 de EEUU sigue siendo mayoritario, pero la ‘Doctrina Donroe’ puede acentuar querer marcar cierta distancia o la independencia.

√ El poco aprecio previo de Trump a Puerto Rico y el sentimiento pacifista de parte de la población restan fuerza centrípeta al plan de dominio sobre la Gran Norteamérica.

El recobrado interés de Estados Unidos por su inmediato espacio geográfico, en aplicación del denominado Corolario Trump de la Doctrina Monroe (coloquialmente, la ‘Doctrina Donroe’), devuelve a Puerto Rico a la estrecha órbita estadounidense. Si hace dos décadas, EEUU cerró su base naval de Roosevelt Roads, en la punta oriental de la isla, al haberse acabado la Guerra Fría, la nueva rivalidad entre potencias y la hegemonía que la Administración Trump quiere ejercer sobre el Hemisferio Occidental otorgan a Puerto Rico un destacado papel estratégico: el de avanzadilla sobre el Caribe y el norte de Suramérica.

En su carrera política, Trump ha mostrado poca empatía hacia la isla. Sin embargo, esta se ha convertido en esencial para el despliegue ordenado por el Comando Sur en operaciones contra el narcotráfico, la presión sobre Venezuela y extracción de Nicolás Maduro y el bloqueo petrolero de Cuba.

Quienes en Puerto Rico vienen defendiendo desde hace décadas que este territorio, que tiene un estatus de Estado Libre Asociado, pase a ser un estado más de la Unión creen que la Doctrina Donroe puede empujar hacia un proceso de ‘estadidad’. Puerto Rico se encuentra bajo soberanía estadounidense, pero sin propiamente formar parte de ese país; los puertorriqueños comparten la nacionalidad, pero no pueden votar al presidente, salvo que vivan en EEUU. Washington ha sido siempre reacio a revisar esta situación y con el tiempo han crecido en la isla las voces en favor de mayor autonomía e incluso independencia. Una actitud ‘imperial’ por parte de Estados Unidos más bien podría incrementar esa tendencia.

Operación militar

Las enseñanzas del almirante Alfred T. Mahan, que fundamentan la conciencia geopolítica de Estados Unidos, apuntaron a la importancia estratégica de los pasos entre el océano Atlántico y el mar Caribe situados justo al este de Cuba y al este de Puerto Rico. La guerra contra España de 1898 permitió a EEUU situar en el primero de esos pasos la base militar de Guantánamo y en el segundo la base de Roosevelt Roads, desde la cual se usaron las cercanas islas de Vieques y Culebra como campo de tiro. Acabado el siglo XX, en la era unipolar de indiscutido liderazgo internacional de EEUU, esas instalaciones militares de Puerto Rico perdieron relevancia y desde 2004 quedaron del todo cerradas (el mayor interés por Guantánamo se debe a que está en la ruta que va de la costa este estadounidense al Canal de Panamá).

Los cambios en el orden mundial operados desde entonces tienen aquí una simbólica manifestación: en medio de la nueva invocación de la Doctrina Monroe, cuya original versión ya llevó a la toma de Puerto Rico, Estados Unidos ha reactivado la base de Roosevelt Roads. En el despliegue de la operación Lanza del Sur —llevada a cabo por el Comando Sur de EEUU, de lucha contra el narcotráfico y los regímenes que lo venían apoyando, como el dirigido por Maduro—, aviones F-35, P-8 Poseidón y C-17 Globemaster, entre otros, han utilizado esa base, cuyo perímetro ocupa 35 km2 y contiene un aeropuerto. La isla ha sido también plataforma para drones MQ-9 Reaper, mientras en el puerto de Ponce, ubicado en litoral sur, bañado por el Caribe, han atracado submarinos como el Wichita o el portaaviones Gerald R. Ford.

De pronto, Puerto Rico ha vuelto a ser útil para Estados Unidos. Cuando la Estrategia de Seguridad Nacional y la Estrategia de Defensa Nacional, publicadas en los últimos meses, reivindican garantizar el acceso de EEUU a los puntos estratégicos de la región y negárselo a otras potencias, para Washington cobra importancia retener a Puerto Rico.

Encaje político

El creciente desinterés político por la isla y el coste que supone para las arcas federales un territorio deficitario no habían alimentado aún en Estados Unidos ningún movimiento por abandonar Puerto Rico a su suerte. Pero desde luego caían en saco roto los esfuerzos realizados desde San Juan para intentar hacer valer los resultados de los plebiscitos que, cada cierto tiempo, se pronunciaban a favor de la estadidad.

Si bien la vigente fórmula de Estado Libre Asociado (ELA) contó con amplio apoyo en la consulta popular de 1967, en el de 1993 rivalizó con la de estadidad, que luego se ha abierto camino en los plebiscitos de 1998, 2012, 2017 y 2024. Ese último año, la estadidad logró el 58,6% de los votos; la opción de un ELA reforzado obtuvo el 29,5% y la independencia, el 11,8%.

El hecho de que haya habido tantos plebiscitos, que son consultivos y no vinculantes, muestra la división interna de los boricuas, así como la despreocupación de Washington por escuchar a la isla. Ni el Partido Demócrata ni el Partido Republicano de EEUU han alentado la estadidad y sus máximos representantes han apagado más bien las esperanzas.

Trump, en concreto, fue especialmente distante con los puertorriqueños en su primera presidencia. Cuando en 2017 el huracán María azotó la isla, su Administración fue criticada por su lentitud en atender las necesidades de los afectados; Trump luego acusó a las autoridades locales de desviar los fondos de ayuda entregados para pagar la endémica deuda pública. En octubre de 2024, en su segunda campaña presidencial, Trump acogió en un acto electoral a un humorista que se refirió a Puerto Rico como “una isla de basura en el océano”; el candidato mostró luego su disconformidad con esa afirmación, asegurando que “nadie ama más a los puertorriqueños que yo”.

Debate social

La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, del conservador Partido Nuevo Progresista (PNP), accedió al cargo en enero de 2025, al mismo tiempo que Trump, con cuyas políticas se ha identificado, aunque en el pasado le había criticado. González fue especialmente solícita con el despliegue militar del Comando Sur y la detención de Maduro y considera que la revalorización estratégica de la isla para Washington puede propiciar un proceso de estadidad, de la que es firme defensora.

La oposición, formada por el Partido Popular Democrático (PDP) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), e igualmente algunas asociaciones como ‘Madres contra la Guerra’ han expresado su desacuerdo con la ‘remilitarización’ de la isla y su uso como atalaya para lanzar operaciones bélicas —además cerca de la propia isla— sin autorización formal de las instituciones de Puerto Rico. Asimismo, se destaca que los puertorriqueños no intervienen en las decisiones del Congreso estadounidense, pues solo cuentan con un puesto (con voz y sin voto) en la Cámara de Representantes de Washington. En ese debate social también ha intervenido el alcalde de Ceiba, municipio donde se encuentra Roosevelt Roads, quien por el contrario valora positivamente el impacto económico de la reactivación de la base.

El estilo ‘neoimperial’ atribuido a la presidencia de Trump, manifestado muy singularmente en la exigencia que hace la revitalizada Doctrina Monroe de dominio sobre el hemisferio occidental –sobre todo en lo que la Administración Trump ha comenzado a llamar Gran América del Norte, que por el sur incluye hasta la línea del ecuador–, choca con una creciente aspiración de la sociedad puertorriqueña. Si bien es verdad que una porción importante de la población preferiría convertirse en un estado más de EEUU, otros sectores advierten de que la singularidad insular de Puerto Rico no está siendo atendida por Washington, ni tampoco lo estaría en ese supuesto. La centenaria Ley Jones determina que solo barcos estadounidenses pueden llevar mercancía y pasajeros de un puerto a otro del país, lo que tiene consecuencias negativas especialmente para Puerto Rico: se trata de un agravio frecuentemente expuesto, pero nunca resuelto.