Noboa y Petro se acusan de la inseguridad en la frontera entre los dos países

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√ El presidente ecuatoriano acusa a su homólogo de desatender la seguridad fronteriza; el colombiano responde que el Ejército vecino ha bombardeado su territorio.

√ En respuesta, Noboa ha escalado los aranceles a los productos de Colombia hasta el 100%; Petro los ha igualado y además ha suspendido la exportación de electricidad.

√ Es la primera vez que desacuerdos sobre la gestión del crimen trasfronterizo han derivado en castigos económicos, contra las normas de la Comunidad Andina de Naciones.

Tras la llegada de Daniel Noboa a la presidencia de Ecuador, las discrepancias con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, han sido constantes. La más reciente —una tensión sostenida por la seguridad fronteriza y el crimen transnacional— ha derivado en una confrontación comercial sin precedentes entre los dos países. Aunque la relación entre Bogotá y Quito se ha caracterizado tradicionalmente por primar la cooperación y el desarrollo conjunto, no es la primera vez que la agenda de seguridad ha fracturado la relación. En esta ocasión, sin embargo, las medidas tomadas por ambos países amenazan no solo con destruir décadas de acuerdos comerciales, sino agravar la deficiencia energética de Ecuador.

La frontera entre los dos vecinos ha estado plagada de grupos armados a lo largo de los años; de hecho, los dos países llegaron a momentos de tensión militar durante las presidencias de Álvaro Uribe y Rafael Correa, cuando tropas colombianas atacaron un campamento de las FARC instalado en suelo ecuatoriano. Pasado aquel periodo, la relación tendió a normalizarse, pero el acuerdo de paz colombiano de 2016 hizo que disidentes de las FARC y otros grupos penetraran con más frecuencia en el otro país, especialmente cuando los transportes de droga comenzaron a buscar la salida por puertos ecuatorianos. Esto derivó en un contagio del problema del narcotráfico, con la potenciación de grupos criminales autóctonos y el rápido deterioro de la seguridad ciudadana en Ecuador.

Aumento de la violencia

En lo que va de esta década, Ecuador ha pasado de ser un lugar de tránsito a convertirse en un centro estratégico logístico para el acopio y exportación de narcóticos procedentes de Colombia. Según la organización de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED en inglés), la situación para Ecuador probablemente vaya a empeorar este año.

Ecuador se posiciona actualmente como el país con la mayor tasa de homicidios de Latinoamérica. Esa tasa pasó de 7,8 a 45,7 asesinatos por cada cien mil habitantes entre 2020 y 2023, una cifra que el informe de las Naciones Unidas de 2025 sobre homicidios atribuye a violencia vinculada al tráfico de cocaína y presencia de pandillas en regiones del país. En 2024 la tasa descendió ligeramente, a 38,8 asesinatos por cien mil habitantes, pero en 2025 se alcanzó un récord de 50,9. ACLED estima que el 71% de los habitantes se ha visto expuesto a la escalada de la violencia, llevando a un considerable aumento en desplazamiento interno y abandono del país.

Las cifras no dan tregua y eso que Noboa se ha embarcado en una guerra contra el crimen organizado, incluso con la estrecha cooperación militar de Estados Unidos. El presidente ecuatoriano acusó a Petro a finales de enero de “abandonar” la frontera, al haber retirado tropas colombianas destacadas allí. A mediados de marzo, Petro acusó a Noboa de haber autorizado un bombardeo de su Ejército en suelo colombiano, a raíz de la explosión de una bomba que, según se determinaría después, cayó de modo accidental, sin provocar heridos. A final de abril Noboa volvió a la carga, acusando a su contraparte de impulsar una supuesta incursión de guerrilleros en Ecuador. Se trata de un careo, sostenido básicamente en redes sociales, que no parece que vaya a terminar, al menos hasta que Petro deje la presidencia en agosto.

Repercusiones económicas y energéticas

Si esta discordia es verbal, sus consecuencias se han trasladado a la economía y a la energía y afectan directamente a los ciudadanos. Noboa fijó en enero aranceles del 30% para la importación de productos colombianos; subió el recargo al 50% en febrero y luego lo dobló para llegar al 100%. Se ha felicitado de que con ello la relación comercial entre ambos países haya pasado de déficit a superávit para Ecuador, pero eso obvia el efecto del encarecimiento de las compras.

Petro ha respondido cada vez igualando la apuesta, castigando de igual modo la llegada de insumos ecuatorianos a Colombia. Pero además ha aplicado otras dos medidas: llevar el caso a los órganos judiciales de la Comunidad Andina (CAN), esperando que se rechacen unas acciones que van contra el libre mercado en la región, y suspender la exportación de electricidad al vecino del sur.

Aunque la decisión desde Bogotá de suspender el suministro eléctrico se justificó en la necesidad de priorizar el abastecimiento interno debido a la variabilidad climática, la medida ha sido interpretada internacionalmente como una represalia política. La narrativa de ‘necesidad interna’ resulta inconsistente con el historial reciente; incluso durante las fuertes sequías por el fenómeno del Niño de 2023 y 2024, Colombia mantuvo la exportación de electricidad a Ecuador. Para el sector empresarial energético en Colombia, esta suspensión del suministro representa una gran pérdida económica, considerando que en 2024 se obtuvo un ingreso por US$ 329 millones en ventas de energía a Ecuador.

Es importante tener en cuenta que el sistema eléctrico de Ecuador ha mantenido un constante déficit en la producción energética, en especial en tiempos de sequía, por lo cual han sido considerablemente dependientes del suministro desde Colombia para aliviar la presión sobre el sistema ante un riesgo de apagones o racionamiento. La ministra de Ambiente y energía en Ecuador argumentaba, días antes de los aranceles, que el sistema estaba reduciendo el déficit y se alejaba del riesgo de desabastecimiento. Ahora, sin la compra de energía a Colombia, que representaba casi un 12% de la demandadel país, es muy probable que dificultades energéticas ecuatorianas se agudicen.

Es la primera vez en que estas medidas restrictivas económicas se han utilizado de manera coercitiva en la región y suponen un golpe considerable para los comerciantes en la zona fronteriza, en especial a los productores agrícolas e industrias dependientes del comercio binacional. Es indudable que la seguridad en la frontera y en ambos países requiere de una cooperación y alineación de políticas en la lucha contra las drogas y el crimen transnacional, pero no es del todo claro ni viable que las medidas tomadas desde Quito sean proporcionales ni coherentes a las necesidades.