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Decomiso de un buque cisterna con diésel de contrabando, en marzo de 2025 en el puerto de Tampico [SEDENA]
El mercado fraudulento de combustible en México representa uno de los mayores desafíos para el país, afectando al desarrollo del sector energético y financiando el crimen organizado. Al robo de gasolina o diésel —y también de gas licuado de petróleo—, actividad conocida en México con el término ‘huachicol’ (generalmente mediante perforación de oleoductos y gasoductos, pero también por robo en vagones cisterna), se ha unido el creciente negocio del ‘huachicol fiscal’: la importación ilegal de combustible con la complicidad de redes corruptas en aduanas. En la última década el problema general del huachicol se ha disparado y aunque ha habido algún momento de retroceso en las cifras, las medidas tomadas por las autoridades no han podido impedir el renovado impulso de esta actividad ilícita.
Los últimos años han marcado un nuevo récord en la magnitud del huachichol (a veces se reserva esa palabra para el combustible robado y se emplea la de huachicoleo para la actividad ilícita). Pemex, la petrolera nacional calcula que en 2024 perdió 17.000 barriles diarios de combustible debido a las tomas clandestinas, con un incremento del 10,4% respecto a 2023, cuando perdió 15.400 barriles diarios, con un coste estimado que en ambos años superó cada vez los 20.000 millones de pesos (unos 1.115 millones de dólares), según el último informe anual de la compañía [en su página 197]. Los datos preliminares apuntan que en 2025 se habrán superado las cifras de 2024, pues prácticamente se habían alcanzado ya en el mes de septiembre. En la última década, el huachicol ha costado al Estado mexicano más de 300.000 millones de pesos (cerca de 17.000 millones de dólares al cambio actual).
El problema viene de lejos, conocido como un delito local antes de convertirse en un desafío estructural con profundas implicaciones económicas, sociales y de seguridad. Comenzó con perforaciones ilegales esporádicas, realizadas en operaciones locales con fines de autoconsumo o pequeñas ventas informales. Sin embargo, el aumento del precio del petróleo y la poca supervisión de la empresa estatal facilitaron la extensión del delito. Esta pérdida de ingresos perjudica seriamente a Pemex, una de las petroleras más endeudadas del mundo.
A partir de 2010, el huachicol pasó a ser una fuente importante de financiación para grupos del crimen organizado, que sistematizaron las redes de extracción, transporte y distribución, pasando de operar en pequeñas comunidades de Puebla a escalar a dimensión nacional. Estados como Guanajuato, Veracruz y sobre todo Hidalgo se convirtieron en focos de actividad. En la última década el fenómeno ha experimentado tres etapas: auge, contención y diversificación del delito.
Evolución del problema
La etapa de auge arrancó en 2013, coincidiendo con el comienzo del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se aprobó la apertura energética que rompía el monopolio que Pemex tenía en el sector. Si bien después esa apertura tuvo poco desarrollo debido a las trabas puestas durante la siguiente presidencia (el sexenio de Andrés Manuel López Obrador), en los primeros momentos obligó a Pemex a poner cifras al problema, de forma que la compañía comenzó a cuantificar el número de tomas ilegales que detectaba. En este periodo se dio un crecimiento acelerado de las tomas de combustible clandestinas, impulsado por la gran debilidad institucional, la corrupción y la participación creciente del crimen organizado. El número de perforaciones ilegales descubiertas pasó de 2.600 en 2013 a casi 15.000 en 2018, alcanzándose unas pérdidas estimadas de 50.000 millones de pesos en el año de mayor precio del petróleo.
Vino después una etapa de contención, justo tras la tragedia de Tlahuelilpan de enero de 2019, en el estado de Hidalgo, cuando una explosión en un ducto de Pemex provocó la muerte de 91 personas y evidenció la gravedad del problema. En ese recién estrenado sexenio de López Obrador, el gobierno federal tomó elasunto con mayor rigor e implementó el Plan Conjunto para Combatir el Robo del Combustible, que supuso el cierre de algunos ductos, la protección de otros mediante el despliegue de las Fuerzas Armadas y la sustitución de algunas infraestructuras mediante el traslado del combustible por vía terrestre. Estas medidas contribuyeron a girar la tendencia y reducir el robo hasta 4.100 barriles diarios en 2021. Sin embargo, laestrategia tuvo costos logísticos elevados y generó escasez de petróleo temporal en varios estados.
Sin embargo, desde 2022 se está dando un nuevo aumento del problema. Por un lado, desde la mitad del mandato de López Obrador, se está dando un nuevo nuevo incremento de las tomas clandestinas: en 2022 habrían sido 13.946, 14.890 en 2023 y 10.396 en 2024, si bien los datos varían según las fuentes y además solo tienen en cuenta las perforaciones detectadas (algunas estimaciones sugieren que, incluyendo tomas menores de las que Pemex no es consciente, el número podría haber llegado en 2024 a 22.000). Esto incluye el robo de combustible de camiones cisterna y el más reciente fenómeno de la sustracción en trenes, los cuales han sustituido recorridos antes cubiertos por ductos ahora cerrados.
‘Huachicol fiscal’
Junto a ello ha surgido con fuerza el ‘huachicol fiscal’, expresión aplicada a la importación ilegal decombustibles sin pago de impuestos. Esta modalidad se da a través de manipulación de permisos de aduanas y usando documentos falsos para evadir impuestos, dando lugar al ingreso y a la venta en el mercado formal de gasolina de origen ilícito. El gran volumen del ‘huachicol fiscal’ ha quedado destapado en 2025: en marzo dos hermanos almirantes, sobrinos del titular de la Secretaría de Marina en el sexenio de López Obrador, fueron detenidos por haber montado una red importación fraudulenta de combustible desde Estados Unidos, con unas ganancias de al menos 150 millones de dólares entre 2023 y 2025; en diciembre fue cesado el director de Investigación Aduanera. Las pesquisas sugieren que entre 2021 y 2022 se habría producido un daño potencial a Hacienda de 120.000 millones de pesos (más de 6.000 millones de dólares).
La presidenta Claudia Sheinbaum ha promovido una reforma de la Ley de Aduanas para dificultar las operaciones ilícitas. Al mismo tiempo, se ha reformado la Ley Federal para clasificar el delito a tipo grave y se creó la Unidad de Inteligencia Financiera Energética para rastrear más precisamente los flujos ilícitos. El sector privado también se ha encargado de adoptar herramientas para rastrear digitalmente y crear un ‘blockchain’ para controlar inventarios y reducir desvíos. No obstante, los elevados índices de corrupción podrían limitar la efectividad de estas medidas.
En el ámbito social, el huachicol ha generado mercados y economías informales en comunidades rurales, donde la falta de empleo impulsa a familias a participar en esta extracción y venta ilegal. En términos de seguridad, este delito es clave para el financiamiento del crimen organizados y grandes carteles que generan terror y esparcen su influencia territorial con violencia, apoyados en la corrupción. Su presencia es responsable de debilitar la autoridad local y poco a poco deteriora la confianza cívica, reforzando la concentración de poder y sistemas corruptos sumamente dependientes y difíciles de romper.