Desde que llegara Nayib Bukele a la presidencia de El Salvador prometiendo devolver la seguridad al país centroamericano, la popularidad de sus propuestas no hace más que crecer como la espuma entre los ciudadanos y los políticos de la región.

Para países con democracias jóvenes y economías endebles, la propuesta de seguridad vía la aplicación de “mano dura” promete resultados rápidos en cuestión de control del crimen organizado. Este planteamiento presenta un gran peligro al contraponer la seguridad y los principios democráticos, tales como el estado de derecho y el respeto al debido proceso. La experiencia de muchos países latinoamericanos con las dictaduras del siglo XX debería representar una seria advertencia para estas sociedades.

Las transiciones democráticas de finales del siglo pasado abrieron la puerta para que países que habían sido azotados a partes iguales por guerrillas marxistas y dictaduras ofrecieran seguridad y prosperidad a sus gentes. La precaria cultura democrática de la clase política y de los ciudadanos permitió la aparición de figuras mesiánicas que conseguían votos a golpe de promesas de desarrollo, prosperidad y seguridad. El tiempo ha demostrado que no hay vía rápida para la construcción de estados prósperos, antes bien, los procesos exprés parecen tener fuertes retrocesos al cabo de los años.

Cuando a principios del enero pasado se escapó el líder de la pandilla Los Choneros de la cárcel, los ojos del mundo se volvieron sobre Ecuador, un país que dentro de su vecindario había permanecido aparentemente distanciado de las dinámicas de violencia. El contraste con sus vecinos Colombia y Perú parecían señalarle como una excepción. Sin embargo, la existencia de profundas desigualdades y unas políticas sociales insuficientes llevaron a la conformación de bandas criminales que en los primeros años del siglo empezaban a operar.

La elección de Rafael Correa en 2007 parecía significar una mayor atención a los problemas sociales del país. Sin embargo, para solucionar el tema de las pandillas acabó por legalizarlas, maquillando así un problema mucho más profundo.

Miradas hacia El Salvador
En este contexto de creciente inseguridad, en América Latina muchos políticos miran hacia El Salvador. Este país, allá por 2015, tenía la triste fama de ser uno de los países más peligrosos del mundo, llegando a haber más de 100 asesinatos por cada 100 000 habitantes.

La llegada de Bukele parece haber traído un cambio en este sentido. Las maras Salvatrucha y M-18 llevaron al país a una situación límite, que pareció acabarse con la llegada de Nayib Bukele, un outsider, un rockstar de la política, joven y atrevido, al menos en apariencia.

Sin embargo, el presidente ha usado incluso el ejército para presionar a la Asamblea y conseguir así la aprobación de un préstamo que financiaría sus políticas de seguridad. Bukele y su partido también han aprobado en la Asamblea los juicios colectivos, pasando por encima de los derechos individuales y la seguridad jurídica.

La imagen que el gobierno salvadoreño intenta presentar en el exterior muestra al país como un lugar seguro, además de como una meca del surf y las criptomonedas. No obstante, si se evalúan a fondo los factores subyacentes a la violencia de hace unos años, comprobamos que siguen presentes.

En medio de la campaña electoral actual han salido a la luz las negociaciones del gobierno de Bukele con el cártel Jalisco Nueva Generación buscando su colaboración para recapturar a un líder pandillero que había sido puesto en libertad tras el alto al fuego pactado entre el gobierno y los Salvatruchas. Las políticas de mano dura del mandatario salvadoreño pueden ser efectivas en el corto plazo, sin embargo, para ofrecer resultados más rápidos, ha traspasado una línea roja al negociar con los criminales.

Una imagen efectiva ante la opinión pública
Los casos de Ecuador y El Salvador ilustran la urgencia con la que los políticos suelen actuar para ofrecer una imagen efectiva ante la opinión pública. No obstante, estas políticas no son sostenibles a la larga. Para consolidar las instituciones de un Estado se necesita tiempo, recursos y visión de largo plazo y estos ingredientes no se pueden sustituir.

Son muy pocos los casos de países que han conseguido cambiar radicalmente su rumbo en plazos cortos de tiempo, como Chile o Costa Rica. Sin embargo, la situación actual de ambas naciones muestra también que esos precoces éxitos pueden sufrir también grandes retrocesos si no se mantiene la línea.

Es realmente peligroso que las únicas soluciones que se plantean para los problemas de inseguridad en América Latina pasen por la mano dura. En situaciones desesperadas como la que vive hoy Ecuador, pensar en el largo plazo puede ser desesperante, pero las lecciones que la historia nos da no deberían ser echadas en saco roto.

La aplicación de medidas exprés que centren sus esfuerzos en la seguridad mientras olvidan los principios democráticos puede acabar hundiendo países en el lodazal de la criminalidad y la inseguridad.

Haríamos bien en centrarnos en construir una cultura que asegure la libertad, la seguridad y la prosperidad de forma duradera. Estos anhelados objetivos no se conseguirán jamás a través de políticas que sean solo un parche para los problemas que afectan a la región.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.