Adicionalmente, existe una dependencia blanda en materia de combustibles líquidos y de GLP (el conocido popularmente como butano). Desde el cierre de la única refinería en Marruecos en 2015, España ha incrementado sus exportaciones de productos derivados del petróleo, garantizando el suministro de combustible del país africano. Estas ventas supusieron en 2024 cerca del 12% de las exportaciones españolas a Marruecos, con un valor cercano a los 1.700 millones de euros anuales, concentradas en diésel, GLP, fuelóleo y gasolina. Dado que el comercio de combustibles se da en su totalidad por vía marítima, para Marruecos sería fácil encontrar un suministrador alternativo de estos productos en el mercado internacional. Suspender estas exportaciones carecería de ventaja asimétrica ya que dañaría la posición exportadora de España sin comprometer la seguridad de suministro de Marruecos.
La energía como parte de la disuasión española frente a Marruecos
La cooperación energética entre España y Marruecos ha generado grandes beneficios compartidos que se suman al argumento del colchón de intereses en materia cultural, migratoria, humana, contraterrorista o comercial. La característica distintiva de la cooperación energética bilateral es su naturaleza asimétrica. Para España, las exportaciones de gas o electricidad a Marruecos suponen un beneficio económico exiguo, mientras que para Marruecos son una parte fundamental de su seguridad energética. Además, a diferencia de otras dependencias asimétricas de Marruecos hacia España de naturaleza difusa, como la comercial, en materia energética estas se concentran en dos infraestructuras: el gasoducto Magreb-Europa y los cables eléctricos submarinos. Ambas infraestructuras están controladas y operadas por sociedades semipúblicas, una rareza dentro del privatizado ecosistema energético empresarial español. Los cables submarinos son propiedad conjunta de Redeia (Red Eléctrica Española) y de la marroquí ONEE. Redeia cuenta con una participación de la SEPI del 20% y es considerada y operada como una empresa estratégica. El gasoducto Magreb-Europa tiene una estructura accionarial algo más compleja, pero está operado, en su parte española, por Enagás, cuyo principal accionista es la SEPI y que, de nuevo, opera como una empresa estratégica.
Se trata de una dependencia asimétrica y concentrada en dos infraestructuras que además están controladas por el Estado español. Los principios básicos de disuasión hablan de una amenaza real, creíble y bien comunicada. En este análisis se ha descrito la existencia de una amenaza real; a partir de ahora se propone cómo España podría proyectarla de forma creíble y los mecanismos para tratar de sostenerla en el tiempo.
Una hoja de ruta para la disuasión energética
La primera pregunta que surge es cómo instrumentalizar esta dependencia asimétrica y convertirla en un mecanismo de disuasión frente al irredentismo marroquí. Ambas infraestructuras, el gasoducto y los cables eléctricos, ofrecen dos vías de estrangulamiento energético que encajarían dentro de estrategias híbridas o de zona gris.
La primera vía es la económica: imponer, en las negociaciones bilaterales, un precio elevado por la operatividad de ambas infraestructuras, de forma similar a como ha actuado Rusia con sus vecinos europeos. La simple amenaza de encarecer el uso del GME o de los cables podría emplearse como moneda de cambio frente a Marruecos en otros terrenos, como la cooperación migratoria o policial. Esta amenaza debe circunscribirse siempre a los contratos existentes, manteniendo la normalidad comercial, pero presionando en los momentos clave de negociación o renovación contractual.
La segunda vía es la de la indisponibilidad, que también se inspira en el comportamiento ruso. Antes de las voladuras del Nord Stream, en 2022 Gazprom había reducido de forma intermitente e imprevisible sus flujos de gas alegando problemas de mantenimiento en una turbina. Era una excusa poco creíble, pero bastó para frenar el suministro y disparar los precios del gas en toda Europa, sin que los países importadores pudieran hacer nada al respecto.
En el caso español, tanto el gasoducto como los cables eléctricos tienen periodos de mantenimiento programado y sufren averías periódicas que requieren reparación. Estas interrupciones podrían prolongarse más de lo habitual, o hacerse coincidir con momentos de especial necesidad para Marruecos, como una sequía o una ola de calor. Si ambas infraestructuras fallaran de forma simultánea, aunque el fallo pareciera fortuito, la presión sobre la seguridad de suministro marroquí sería considerable.
De forma similar, un fallo técnico podría provocar el corte súbito de uno de los cables eléctricos justo en un momento de alta vulnerabilidad para la red marroquí: baja generación eólica y solar, una noche de Ramadán con demanda elevada, o alguna planta térmica de carbón fuera de servicio por mantenimiento. La caída de ese cable podría causar un apagón parcial o total en Marruecos, y España podría entonces mostrar su disposición a cooperar ayudando a restablecer la red, en un gesto que recordaría a su respuesta tras el asalto de 50.000 personas a Ceuta.
Cómo integrar la disuasión energética en la política exterior hacia Marruecos
La siguiente pregunta es cómo integrar la disuasión energética en la política exterior hacia Marruecos para tratar de hacerla sostenible en el tiempo. El primer elemento a tener en cuenta es el de los rendimientos marginalmente decrecientes de la instrumentalización de la interdependencia. Es decir, cada vez que un actor con posición dominante ejecuta una acción híbrida que instrumentaliza su posición, la respuesta racional del actor que la padece es tomar medidas para evitar que se repita, o al menos, que tenga la misma intensidad o asimetría. Por ello, el empleo del ‘arma energética’ suele ser un camino de no retorno que daña, por un periodo indefinido, una confianza mutua difícilmente restituible. Es el caso de las relaciones energéticas entre Rusia y Alemania, hoy prácticamente inexistentes, o de la dependencia de tierras raras de Japón hacia China tras el incidente de 2010, hoy fuertemente mitigada. Por lo tanto, y en el marco de la coexistencia pacífica con Rabat, España debe mostrar siempre su genuina preferencia por la integración energética como una de las grandes palancas de prosperidad compartida.
Ahora bien, dentro de esa integración energética existen algunas preferencias que España debería tratar de imponer en la relación bilateral.
La primera es mantener la posición dominante de España sobre Marruecos en materia de interconexiones eléctricas. Esto implica asegurar el monopolio de las interconexiones eléctricas entre Europa y Marruecos, procurando que el tercer cable de Marruecos con la Península Ibérica sea con España y no con Portugal, y evitando la, ya de por sí escasa, viabilidad de cualquier cable submarino con Italia o Francia. La forma más efectiva de lograrlo es acelerar la construcción del tercer cable con España y absorber los recursos marroquíes disponibles para nuevas infraestructuras en esta conexión. La segunda vía sería cuestionar la construcción de cualquier otro cable a su paso por aguas territoriales españolas, aduciendo preferentemente motivos de tipo medioambiental. España juega aquí con la ventaja de la geografía, ya que los cables España-Marruecos serán siempre mucho menos costosos que los que se tendieran con cualquier otro vecino, que tendrían que pasar por aguas territoriales o la zona económica exclusiva de España.
En materia de gas natural, resulta esencial retrasar la construcción de cualquier nueva infraestructura importadora que permita a Marruecos diversificar su suministro. Para ello, España cuenta con una palanca evidente: ofrecer el suministro del GME a un precio competitivo y a largo plazo, garantizando que la dependencia se prolongue en el tiempo y se intensifique con mayores volúmenes. El GME tiene una capacidad de intercambio de 12 bcm anuales frente a una demanda marroquí de entre 1 y 2 bcm de gas, lo que deja un margen amplio para incrementar las exportaciones de gas de España a Marruecos y, con ello, la dependencia. La segunda palanca consistiría en lograr que las empresas españolas no participen en la construcción de la terminal de GNL en Marruecos y, en concreto, que la banca española y las instituciones financieras multilaterales donde España tiene influencia (Banco Europeo de Inversiones, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo -BERD-, la Plataforma de Inversión de la Vecindad -NIP- o el Global Gateway) eviten financiarla, aduciendo la existencia de una infraestructura disponible, el GME, y el impacto medioambiental negativo de invertir en combustibles fósiles. Alternativamente, España puede apoyar retóricamente el Gasoducto de África Occidental, también conocido como el Gasoducto Nigeria-Marruecos, ya que las posibilidades de que se materialice son mínimas y serviría para generar incertidumbre sobre la viabilidad de una inversión privada en una planta de GNL.
Adicionalmente, España debe presionar para que Marruecos aumente su ambición climática y se comprometa firmemente con el cierre de sus centrales de carbón. Marruecos se comprometió en la COP31 de Brasil de 2025 a poner fin al uso del carbón para 2040 si obtenía la financiación internacional necesaria. Se trata de la primera vez que el país fija una fecha para la eliminación gradual de este combustible fósil en una Contribución Determinada a Nivel Nacional, y España debería insistir en que la financiación y ayuda europea en materia energética pase por el cierre de alguna de sus centrales de carbón. El carbón ofrece a Marruecos una fuente de energía estable y a precio competitivo: aunque el país importa el 100% del carbón que consume, se trata de una materia prima que llega fácilmente por barco, se descarga sin complicaciones en una terminal portuaria y cuenta con un mercado bien diversificado, con Estados Unidos como primer proveedor. España debe insistir en la incoherencia marroquí de presentarse como una potencia verde y renovable mientras mantiene operativas sus contaminantes centrales de carbón. Además, debe insistir en Bruselas en la aplicación estricta del Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM, por sus siglas en inglés) a las exportaciones de electricidad marroquíes. De esta forma, si Marruecos quiere aspirar a ser un exportador de ‘electricidad verde’ hacia Europa en el futuro, ambición repetida por Rabat pese a ser poco realista en el corto plazo, deberá cerrar sus centrales de carbón y apostar por las renovables y el gas natural como respaldo.
Por último, es necesario destacar públicamente la creciente importancia de Israel como inversor en el sector energético marroquí. La presencia israelí, enmarcada en los Acuerdos de Abraham, abarca desde la exploración de hidrocarburos hasta la desalación, pasando por la inversión en energías renovables. Muchas de estas actividades se producen en el Sáhara Occidental y forman parte del acercamiento de Rabat con Tel Aviv desde 2021. Haría bien España en trabajar los flujos de información en redes sociales al respecto, haciendo que la población marroquí sea consciente de que su gobierno permite la entrada de capital israelí en su sector energético, mientras los ciudadanos de Gaza carecen de los servicios más básicos de agua, electricidad o combustible. Debilitar la legitimidad del eje Israel-Marruecos entre la población marroquí, históricamente sensible a la causa palestina, permitiría mantener la asimetría en la relación energética bilateral de España con Marruecos.
En los días posteriores al incidente migratorio de Ceuta, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla para la desinformación y la defensa del relato marroquí. España, como democracia, no debería entrar en el juego de la desinformación, pero sí puede articular un relato veraz y basado en hechos objetivos a través de redes sociales como X, TikTok, Facebook o Instagram, aprovechando la diversidad de las Ciudades Autónomas para difundir este mensaje con mayor eficacia en distintas lenguas y canales.
Algunas conclusiones y el camino por recorrer
España goza de una posición dominante en la relación energética con Marruecos. Se trata de una relación bilateral construida bajo el paradigma de la integración euromediterránea, la prosperidad compartida y el “colchón de intereses”. Resultaría absurdo renegar de la proyección española como poder blando, lograda gracias a una política exterior genuinamente constructiva y anclada en los ideales de la paz liberal.
Sin embargo, es necesario fomentar un debate estratégico que permita emplear esta dependencia asimétrica en energía como una herramienta de disuasión y, si es necesario, como una verdadera palanca accionable en la zona gris y en un contexto de guerra híbrida.
Los acontecimientos en la frontera de Ceuta no son el resultado espontáneo de los flujos migratorios de Marruecos hacia Europa, sino de una estrategia de presión hacia España, siguiendo los precedentes de la Marcha Verde de 1975 y, más recientemente, el incidente migratorio de Ceuta de 2021.
España debe tomar nota y prepararse frente al irredentismo marroquí sobre Ceuta, Melilla y las plazas de soberanía española en el norte de África con más herramientas que un apaciguamiento que ha demostrado ser muy limitado en la contención a corto plazo, y pésimo a largo plazo.
Debemos hablar más de la amenaza marroquí, enfatizando que la cooperación, la integración y la prosperidad compartida son el camino preferente para España, pero marcando los límites aceptables de las reclamaciones marroquíes sobre territorios de soberanía española. Aquí la energía se presenta como una verdadera oportunidad para subrayar la preferencia española por la cooperación, pero también sus capacidades en la confrontación.
En cualquier caso, el paso previo para cualquier estrategia de disuasión es ser capaz de identificar la amenaza. Esta es una tarea pendiente del actual Gobierno de España, y también de los principales partidos de la oposición. Sin embargo, y aunque previsiblemente derivada del silencio gubernamental al respecto, la ausencia de un debate serio sobre el irredentismo marroquí también permea los principales medios de comunicación y ‘think tanks’ en España, en lo que constituye una derrota rotunda de su sociedad civil, que atenta, en última instancia, contra los intereses de la sociedad que dice defender, representar y proteger.
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