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Imagen creada con IA: Ojivas nucleares con las banderas de los nueve países que cuentan con la bomba atómica
La ONU fue creada con el propósito de fomentar la cooperación entre países y mantener la estabilidad en el orden mundial que se gestó tras la II Guerra Mundial. Hoy los estados no son los únicos sujetos importantes en la comunidad internacional: las empresas multinacionales y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han tenido un creciente rol en el diálogo político y la creación de normas. Algunas ONG, como la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés), han ejercido una influencia notable en la creación de tratados que han inspirado un cambio, así como un serio diálogo en la comunidad internacional, y especialmente en los esfuerzos destinados al desarme nuclear. Tanto es así que, en 2017, ICAN recibió el Premio Nobel de la Paz.
La Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN) es una coalición de ONG que trabaja con el objetivo de abolir las armas nucleares a nivel global. Su labor es muestra del impulso y las oportunidades que las ONG pueden suponer, especialmente por su contribución a la creación del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares (TPAN).
Todo empezó en 2013 durante las Conferencias Internacionales de Oslo, donde la ICAN dio a conocer su intención de reevaluar las medidas existentes de prohibición de las armas nucleares. La ICAN intervino después en numerosas conversaciones sobre desarme y en 2016 fue invitada por la Asamblea General de la ONU para participar en negociaciones oficiales. Desde entonces, la ICAN ha trabajado para que cada vez un mayor número de estados apoyen esta causa; sus esfuerzos culminaron en 2017 en la creación del TPAN. Por aquel entonces, 50 países llegaron a un acuerdo para adoptar el texto, que finalmente entró en vigor en 2021.
Este proceso refleja cómo la ICAN pasó de ser una iniciativa de la sociedad civil a un actor con influencia normativa dentro del sistema internacional, utilizando las plataformas ofrecidas por las Naciones Unidas para transformar la presión política y la movilización social en un instrumento jurídico multilateral. Sin embargo, su impacto efectivo sigue dependiendo del respaldo de los estados, lo que evidencia tanto el potencial como las limitaciones de la participación de las ONG en la gobernanza global.
El principal objetivo del TPAN es la prohibición completa de las armas nucleares, esto es, su uso, desarrollo, producción, almacenamiento e incluso la propia amenaza de su uso. Es el primer acuerdo jurídicamente vinculante y multilateral que establece una prohibición completa de este tipo de armas. Para facilitar la consecución de un objetivo tan ambicioso, el tratado también permite que aquellos Estados poseedores de armas nucleares puedan firmarlo y ser parte, siempre y cuando se comprometan a una desnuclearización planificada, con fechas establecidas y jurídicamente vinculante para deshacerse de sus arsenales nucleares de forma gradual y paulatina.
El Nobel de la Paz: ¿Un cambio de paradigma?
El ejemplo de la ICAN es muestra de la importancia del espacio que la ONU concede a la sociedad civil para alcanzar sus objetivos. Como resultado de su labor activista y sus logros, el Comité Noruego del Premio Nobel concedió a la ICAN el Premio Nobel de la Paz en 2017. El secretario general de Naciones Unidas,António Guterres, felicitó a la ICAN por este reconocimiento a través de las redes sociales, señalando que “ahora más que nunca necesitamos un mundo sin armas nucleares”. Su mensaje reflejó el claro reconocimiento institucional a la labor de la ONG, y reafirmó la urgencia de garantizar la paz y evitar el uso de la fuerza, especialmente mediante el uso de armas tan destructivas como las nucleares.
El activismo y los logros de la ICAN son esenciales para concienciar a la población civil de la amenaza que supone la mera existencia de armas nucleares. Sin embargo, en última instancia, los estados son los encargados de negociar y adoptar, en virtud de su libertad soberana, los tratados internacionales. De modo que, a pesar de ejercer de foro de debate y negociación, la capacidad de la ONU para crear normas jurídicamente vinculantes para los estados es muy limitada. Cabe entonces la posibilidad de que, a pesar del reconocimiento de su relevancia e influencia, su labor quede relegada a un segundo plano, restando importancia y credibilidad a los esfuerzos de la ONU por incluirlos.
Limitaciones prácticas del TPAN
A finales de 2025, 95 países han firmado el TPAN y, de estos, 74 lo han ratificado, quedando por tanto obligados a actuar conforme a sus disposiciones. Sin embargo, a pesar de la importancia simbólica, el TPAN no ha supuesto grandes cambios en el orden nuclear internacional. Esto se debe en gran parte al rechazo de los Estados nucleares a formar parte de este acuerdo.
Ningún país con capacidad armamentística nuclear, así como ningún estado miembro de la OTAN, bajo el paraguas nuclear de EEUU, asistió a la votación del TPAN, a excepción de Países Bajos, que votó en contra. En esta misma línea, el representante de Japón ante la Asamblea General afirmó que “el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares es un tratado importante que podría considerarse como un paso decisivo hacia un mundo sin armas nucleares; sin embargo, para cambiar la realidad es necesario el diálogo con los Estados poseedores de armas nucleares”. Por este motivo, Japón también votó en contra.
Ninguno de los estados nucleares, o protegidos por un paraguas nuclear, ha ratificado el tratado y, por lo tanto, no están obligados a cumplir con sus obligaciones de no uso y progresivo desarme nuclear. Esta realidad reduce los logros de la ICAN a un valor principalmente simbólico, que difícilmente generará cambios significativos.
Trasparencia y rendición de cuentas
Aunque el papel de la sociedad civil se ha reforzado en el orden internacional de las últimas décadas, la realidad es que los Estados siguen siendo los principales sujetos del Derecho y la geopolítica internacionales. En última instancia, son estos, los estados, los que deciden en virtud de su libertad soberana.
Aun así, es importante que las ONG y la sociedad civil participen en el diálogo político, ya que aportan perspectivas independientes y representan las necesidades de distintos sectores sociales. Su participación también fortalece la transparencia, la rendición de cuentas y la legitimidad de las decisiones públicas, incluso cuando su capacidad de influencia se ve limitada por la estructura estatal del sistema internacional, actuando como un objetivo compartido más allá de las agendas nacionales y reforzando la idea de que los logros humanitarios más duraderos suelen surgir cuando la política se pone al servicio del bien común.