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Vigilia en demanda de la liberación de todos los presos políticos
Se cumple un mes desde la salida forzada de Nicolás Maduro y Venezuela ha entrado, sin duda, en una etapa distinta. Es, ante todo, un cambio de ritmo. Los acontecimientos se suceden con una velocidad inusual incluso para un país acostumbrado a la volatilidad política. La pregunta central no es si Venezuela está cambiando, que es muy evidente, sino hacia dónde se dirige ese cambio. ¿Estamos ante una transición democrática o frente a una reconfiguración del poder que prioriza la apertura económica mientras mantiene libertades políticas limitadas?
Lo ocurrido hasta ahora apunta a transformaciones simultáneas en tres planos: económico, político y social. En el ámbito económico, la señal más contundente ha sido la rápida aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos, que rompe con el modelo estatista dominante desde la era de Hugo Chávez. La apertura al capital privado y extranjero sugiere una urgencia por reactivar una economía devastada y por enviar señales claras a los mercados internacionales. La velocidad del proceso, más que su contenido, revela que quienes hoy gobiernan perciben el tiempo como un recurso crítico.
En el plano social, el cambio es menos visible institucionalmente, pero posiblemente más profundo. Se observa una erosión progresiva del miedo que durante años condicionó el comportamiento ciudadano, especialmente tras la represión desatada después del robo electoral de Julio 2024. La sociedad venezolana muestra una clara demanda de democracia y comienza a recuperar la voz. Disminuye la autocensura en los medios, reaparece el debate público y se reconstruyen lazos sociales que habían sido quebrados por la represión. Estos procesos son esenciales: ninguna transición política es viable sin una ciudadanía capaz de expresarse y deliberar libremente.
A ello se suma un fenómeno estrechamente vinculado: el incipiente resurgimiento de la libre expresión en espacios sociales y mediáticos que durante años estuvieron dominados por la intimidación y la autocensura. Tras un prolongado periodo marcado por persecuciones, detenciones arbitrarias y silenciamiento sistemático, comienzan a aparecer señales, todavía frágiles, de reapropiación del espacio público. Una palabra explícitamente censurada en el discurso público vuelve a circular con fuerza: transición. Este deshielo del miedo constituye un indicador sociopolítico clave y una condición indispensable para que el cambio político no se limite a un simple reajuste del poder.
En paralelo, sectores organizados de la sociedad civil han comenzado a exhortar a la ciudadanía y a los actores políticos a actuar con mayor determinación para encaminar al país hacia una democracia plena. Estos llamados subrayan la necesidad de aprovechar el momento histórico para construir una agenda política inclusiva, centrada en la voluntad popular y no en intereses coyunturales.
Estamos, además, ante un auténtico punto de inflexión político. La intervención de Estados Unidos se ejecutó con gran precisión desde el punto de vista militar, pero dejó abiertas importantes incógnitas en el plano político. La ausencia de una hoja de ruta claramente definida para el día después ha generado un vacío que corre el riesgo de ser ocupado por inercias conocidas y estrategias dilatorias. La estabilidad inmediata parece haber primado sobre la definición explícita de un proceso de democratización, pero solo la democracia ofrece estabilidad sostenible a mediano plazo en Venezuela. El desenlace de este momento dependerá de cómo interactúen los actores internos y externos en esta fase crítica.
Desde el punto de vista institucional, el marco constitucional establece plazos claros que no deberían ser ignorados. La Constitución venezolana contempla un periodo máximo de siete meses para resolver una ausencia presidencial antes de convocar elecciones. Uno de esos meses ya ha transcurrido. Idealmente, el país debería estar en condiciones de celebrar elecciones antes de que concluya ese lapso. Si ello no fuera técnicamente posible, al menos deberían haberse producido avances inequívocos en la renovación de las autoridades electorales y en la presentación de un calendario electoral firme, público y creíble. Cualquier ambigüedad en este punto debilita seriamente la posibilidad de transición.
El tiempo, sin embargo, favorece a quienes ejercen el poder. La mejora gradual de las condiciones económicas puede reducir la presión social y facilitar una normalización política sin reformas de fondo. No se trata únicamente de la recuperación económica, sino de cuestiones de mayor alcance: alineamientos internacionales, cooperación en materia de seguridad y lucha contra el crimen transnacional, así como el lugar que Venezuela ocupará en el equilibrio regional.
Precisamente por ello, este momento debe ser aprovechado al máximo. La ventana de oportunidad es estrecha y no se repetirá fácilmente. Los próximos seis meses deberían estar guiados por una hoja de ruta con prioridades claras y verificables. Entre ellas, la restauración inmediata de derechos fundamentales, el fin de la persecución política, el desmontaje de los mecanismos de control social y el inicio de una reforma del sistema judicial que devuelva confianza tanto a la ciudadanía como a los actores económicos.
Todo ello debe ir acompañado de una apertura real del espacio público: libertad de medios, restitución del pluralismo político y creación de instancias inclusivas que permitan acordar un camino creíble hacia elecciones libres y competitivas, con participación de la oposición democrática y de la sociedad civil. Sin avances tangibles en estas áreas en el corto plazo, cualquier estabilización económica corre el riesgo de asentarse sobre bases autoritarias y convertirse en una transición meramente aparente.
El ritmo de los cambios se ha acelerado, cosa que puede ser una oportunidad o una amenaza. La velocidad, sin dirección, conduce al desgaste. Con una hoja de ruta democrática clara, en cambio, puede convertirse en el mayor activo del momento actual. Los próximos seis meses no serán un periodo más: marcarán si Venezuela inicia realmente la salida de una larga era autoritaria o si se limita a cambiar de forma sin cambiar de fondo, hacia una dictadura con apertura económica foránea.
Carmen Beatriz Fernández es profesora de Comunicación Política en la UNAV, el IESA y Pforzheim; es investigadora principal de GASS.