El catedrático de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Manuel Aragón Reyes, protagonizó la última conferencia del Aula de Derecho Parlamentario, un foro impulsado por la Facultad de Derecho y el Parlamento de Navarra. El magistrado ofreció un análisis de la gestión de la pandemia desde el punto de vista constitucional, a través de la declaración de los dos estados de alama. Valoró el comportamiento ejemplar de los ciudadanos y la colaboración de las Comunidades Autónomas a la vez que criticóla actuación del Gobierno y su dejación de funciones. “El Estado, de acuerdo con las reglas constitucionales, tiene unas competencias irrenunciables, de ejercicio obligatorio, que no puede endosar a las Comunidades Autónomas”, afirmó. “El Estado, en materia de salud pública, tiene competencias para dictar medidas sustantivas a todos los territorios; lo mismo para el desarrollo del derecho a la educación, en todos sus extremos”.

Manuel Aragón añadió que esta delegación de funciones en las Comunidades Autónomas, derivó en una variedad de actuaciones caracterizadas por la descoordinación, la confusión e, incluso, el enfrentamiento territorial en algunos casos, que no contribuyen a la eficacia de las decisiones autonómicas que se han ido tomando. “Cuando el Derecho se tuerce, el Derecho se venga. ¿Cómo? Con la ineficacia y desorganización”, destacó. “Uno de los problemas que están en la raíz de esta situación es, me parece, la inadecuación de combatir un mal general, que se extiende en todo el territorio nacional, con medidas territorialmente limitadas al ámbito de cada comunidad autónoma”.

Aragón aludió después a la exigencia de autorización judicial previa a la adopción de normas que establezcan limitaciones por parte del legislador autonómico: “Convertimos el poder judicial en legislador. Un auténtico dislate”.

Manuel Aragón analizó el contexto de las declaraciones de los dos estados de alarma. Consideró el magistrado que la declaración del primer estado de alarma (14 de marzo de 2020) fue una medida cuya legitimidad es clara. Sin embargo, y en consonancia con la sentencia 148/2021 del Tribunal Constitucional, el catedrático opinó que con aquella decisión no solo se limitaron derechos, sino que se suspendieron derechos como la libertad de circulación. Añadió que con la declaración del segundo Estado de Alarma, el 25 de octubre, se adoptaron dos decisiones que no están permitidas por la Constitución. En primer lugar, la prórroga de 6 meses, cuando la ley únicamente permite las prórrogas de 15 días. Y en segundo lugar, la delegación en las Comunidades Autónomas la adopción de medidas excepcionales.

Aragón lamentó el presidencialismo mostrado por el presidente Pedro Sánchez y cómo la Constitución viene siendo incumplida en algunas de sus partes. “Se equivocan los que creen que la eficacia justifica la inobservancia de la Constitución. La no observancia del Derecho crea climas de desconfianza y no se acaba consiguiendo realidades eficaces y permanentes”, insistió.  

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, fue el encargado de presentar la ponencia, acompañado de la profesora de Derecho Constitucional y directora del Aula de Derecho Parlamentario, Asunción de la Iglesia. Hualde afirmó que debido a la crisis sanitaria los gobiernos han tenido que tomar decisiones que, en ocasiones, no han contado con el respaldo judicial, “situación que no contribuye a la confianza de la ciudadanía en las instituciones, ni en las y los políticos ni en las y los jueces, por lo que toda reflexión sobre estos aspectos viene bien para tratar de entender mejor la situación que se ha dado”, valoró.