La profesora María Teresa Gil Bazo ha sido nombrada presidenta del Grupo de Derechos Fundamentales del Instituto Europeo de Derecho, por invitación del presidente del Instituto Europeo de Derecho (ELI). Este cargo es ejercido de manera conjunta con Boštjan Zalar, juez ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y presidente del Capítulo Europeo de la Asociación Internacional de Jueces de Asilo y Migración. 

La profesora Gil Bazo y el juez Boštjan Zalar sustituyen en este puesto al profesor Sabino Cassese (catedrático en las universidades de Urbino, Nápoles y Roma, y durante nueve años juez del Tribunal Constitucional de Italia) y a Sir Jeffrey Jowell KCMG KC (director fundador del Bingham Centre for the Rule of Law del Reino Unido y catedrático emérito y ex-Decano de la Facultad de Derecho del University College London).

El Instituto Europeo de Derecho es una organización independiente que agrupa a juristas e instituciones y tiene como objetivo la mejora del Derecho europeo. Entre sus miembros institucionales se encuentran el Tribunal de Justicia de la UE, la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA), la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), y el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT), así como los tribunales supremos de varios países, entre ellos el Tribunal Supremo español; asociaciones profesionales de varios países, como el Consejo General de la Abogacía Española; y despachos jurídicos, como Uría Menéndez.

En esta nueva etapa el Grupo de Derechos Fundamentales ha decidido dar prioridad a las obligaciones internacionales y europeas de los Estados cuando utilizan la privación de libertad a efectos de controlar el ingreso de extranjeros en sus territorios o de ejecutar órdenes de expulsión. El Grupo va a actualizar el proyecto del ELI “Detention of Asylum Seekers and Irregular Migrants and the Rule of Law” realizado en 2017 a la luz de la reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la UE en esta materia. Este proyecto se engloba en la línea prioritaria del ELI relativa al Estado de Derecho.