Todavía se escucha el eco de las palabras que León XIV ha pronunciado sobre el drama de las migraciones en su inolvidable visita a España. Resuenan también en nuestro corazón cada una de las personas que compartieron, en esos días, su historia de sufrimiento: en el puerto de Arguineguin en Gran Canarias, la joven madre nigeriana víctima de una red de explotación o en Madrid, Niur Capaz, cubana que pudo contar con la red de solidaridad de Cáritas Madrid cuando llegó a España. El Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales del 2025, Douglas S. Massey afirmó en una ocasión “No hay una crisis migratoria. Hay una crisis humanitaria y política.” Y precisamente estas dos perspectivas, la humanitaria y la política, son las que han vertebrado el mensaje de León XIV al hablar de las migraciones; especialmente en los discursos en el Congreso de los Diputados y en su visita al archipiélago canario. Hoy, el día del refugiado, es una ocasión de oro para recoger su testigo y visibilizar esta realidad que afrontan un número cada vez mayor de personas tanto en el mundo como en España.

Cuando hablamos de movilidad humana, en numerosas ocasiones pasa desapercibido el derecho a no migrar, que va de la mano de la obligación de garantizar una justicia social que luche contra el hambre, la violencia, la falta de oportunidades o la persecución que lleva a tantas personas a tener que abandonar su hogar, su tierra, su patria. El ACNUR y el UNRWA (la agencia para los refugiados palestinos por sus siglas en inglés) son los organismos de Naciones Unidas que tienen la misión de velar por los refugiados (aquellos que no están en sus países de origen) y por los desplazados internos (huyen sin cruzar la frontera en su país de origen) en el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que se deriva de los Convenios de Ginebra.

La gobernanza de esta movilidad humana, vinculada a las situaciones más dramáticas que se viven en el mundo, es cada vez más compleja y la dificultad de velar por el cumplimiento de estos tratados se complica al ser su principal guardián la Cruz Roja, una organización humanitaria y neutral. También es enrevesada por la dificultad de trazar una frontera entre la migración forzosa y voluntaria.

En España se ha producido un fuerte incremento del número de personas que solicitan asilo y que se suman a un alto crecimiento también de los migrantes, en situación regular o irregular, que llegan por otras razones (económicas, familiares, estudios…). Estas personas proceden mayoritariamente de América Latina (Venezuela, Colombia y Perú) y del África Occidental (Mali y Senegal). En el 2024 se presentaron 167.749 solicitudes de asilo, en 2025 144.396 solicitudes y en el tiempo transcurrido en 2026 (a fecha 31 de mayo) el número es de 50.285. Entre 2015 y 2026 se han presentado 1.036.986 solicitudes en España. España es el segundo país europeo, tras Alemania, en solicitantes de asilo y en ambos países aproximadamente un 45-46% son expedientes que se resuelven desfavorables.

Los datos publicados por el Ministerio del Interior muestran un problema en la gestión de estos procedimientos y una importante dilatación en los tiempos no solo de comienzo de los expedientes sino también de su resolución. Los datos publicados en la página web del Ministerio del Interior señalan junto con la categoría de solicitante otra denominada “pendiente de admisión”. Las personas que están pendientes de admisión, reciben un documento en el que se señala la fecha de la cita para comenzar el proceso de solicitud de asilo que puede dilatarse muchos meses. Una persona residente en España en una situación “pendiente de admisión” no pueden trabajar, alquilar una casa, abrir una cuenta corriente, entre otras muchas limitaciones. Al final del 2024 había 133.102 personas pendientes de admisión en el proceso y 108.954 pendientes de resolución y al final del 2025, 97.275 personas estaban pendientes de admisión y 121.456 pendientes de resolución. Algunas instituciones recomiendan a los migrantes no comenzar un proceso de solicitud de asilo, sino esperar y solicitar, tras un par de años, un proceso de regularización por arraigo establecido en la normativa española.

Ojalá estos datos ayuden a visibilizar la vulnerabilidad de la situación tanto de las personas pendientes de admisión en los procedimientos de protección internacional como las personas con una resolución negativa. La respuesta desde la política y la gobernanza implica una mayor agilidad en los procesos y la respuesta de la sociedad en general debe ir dirigida a un trato donde prime la humanidad y se tenga en cuenta la infinita dignidad de cada una de estas personas.