La abdicación de Juan Carlos I el pasado 2 de junio ha abierto -para no pocos por sorpresa- un proceso novedoso en nuestra traumática historia política, un cambio de rey dentro de una normalidad constitucional y en un contexto democrático: el primer cambio en la jefatura del Estado en los 35 años de vigencia del texto constitucional. Debería ser un síntoma de normalidad, similar a lo ocurrido en fechas recientes en Bélgica y Holanda.

Aprovechando el momento, se habla y con ligereza, del papel y del sentido de la Monarquía parlamentaria que la Constitución Española de 1978 recoge como elemento de la forma de gobierno en el artículo 1.3,  conectando constitucionalmente legitimidad histórica, jurídica y democrática. Es una simplificación que admite más de un matiz decir que Jefatura del Estado concebida como Monarquía parlamentaria  es un retal de pasado contrario a la modernidad. Es una forma de gobierno posible que puede funcionar bien, presente en países de indiscutible trayectoria constitucional y democrática. Configura una posición constitucional de Jefe de Estado débil, simbólica, representativa y de arbitraje y moderación a la que no corresponde quitar protagonismo al depositario de la soberanía -el pueblo- y sus representantes: principalmente la institución parlamentaria. El Rey tiene un papel fundamental en política exterior y en el interior, árbitro casi siempre en la sombra, reductor de fricciones y alentador de soluciones en etapas críticas. El monarca ha desempeñado ese papel comprendiendo su posición arbitral: velar a distancia por el normal funcionamiento del sistema institucional. Esto ha de valorarse también a la luz de sus orígenes en una jefatura del Estado fuerte que se transforma -con respaldo democrático en la ratificación popular de Ley para la Reforma Política y después con la aprobación en referéndum de la Constitución Española- para articular el sistema político democrático moderno, con las cotas más altas de libertad que ha conocido España hasta ahora- Por eso, conviene acertar en el juicio sobre el modelo y no precipitarse, que en estas cuestiones no es lo prudente. Las sombras se proyectan - sobre este y otros pilares del sistema- en los últimos años, pero sepárese bien el trigo de la paja, no sea que para atacar lo que no funciona hagamos como Atila y dejemos un páramo agostado, creando un problema mayor.

Con normalidad y con esperanza, España debe afrontar el comienzo de reinado de Felipe VI, al que le tocará demostrar  toda la preparación específica adquirida a lo largo de toda su vida para las funciones que le corresponden. En este punto, lo que toca es trasladar los mejores deseos de éxito y acierto por el bien de todos.