Desde hace algún tiempo, la llamada justicia o jurisdicción universal es cuestión recurrente en los medios de comunicación españoles. Y con razón. ¿Por qué este interés, ahora y de repente, por limitar a toda costa la jurisdicción universal que permite a cualquier Estado juzgar determinados delitos que claman a la humanidad con independencia de la nacionalidad del delincuente, la víctima, el lugar de comisión o cualquier otro vínculo que habitualmente determina la competencia de un tribunal?

La justicia universal había sido por décadas una cuestión pacífica, casi tanto como el hecho de que la compraventa es un contrato de cambio de cosa por precio. Desde el año 1985, España contaba con una regulación sobre jurisdicción universal bastante avanzada, considerada por muchos un referente mundial. Incluso había sido elogiada, y respaldada, por el propio Tribunal Constitucional, en su famosa sentencia al recurso interpuesto por la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchu en el caso de los crímenes de Guatemala. En 1998, el juez Baltasar Garzón, con la ley española en la mano, puso en jaque mate al mismísimo Augusto Pinochet cuando este se hallaba en Reino Unido, lo que revolucionó la justicia internacional: en nuestro planeta, este era el mensaje, no todo vale ni está justificado para los dictadores. Poco a poco, España se fue convirtiendo en un refugio jurisdiccional para tantas víctimas de conflictos injustamente olvidados por la comunidad internacional. Fue esto precisamente lo que comenzó a generar tensiones diplomáticas con tantos países como China, Israel, pero muy particularmente con los Estados Unidos. Aquí es donde se halla el quid de la cuestión.

Estados Unidos es un país serio, que protege a sus ciudadanos, máxime si han prestado servicios concretos a la nación. Era vox populi que el antiguo secretario de estado norteamericano Henry Kissinger, hombre poderoso como pocos y todavía en activo a pesar de haber sobrepasado los noventa años, se encontraba especialmente molesto desde que, en 2002, Baltasar Garzón, solicitara información a la Interpol sobre un próximo viaje suyo a Londres. Garzón tenía a Kissinger en el punto de mira como posible ideólogo y último responsable de los planes represivos de la famosa operación Cóndor. Esto impedía al político americano trotar por el mundo con la soltura y libertad con que lo hace un hombre de su relevancia internacional. Y empezó a moverse.

Un año después, en enero de 2003, Garzón criticó abiertamente al gobierno de Estados Unidos por la detención de sospechosos de Al Qaeda en la bahía de Guantánamo. Eran años en que las relaciones entre España y Estados Unidos funcionaban a la perfección gracias a la amistad trabada entre Aznar y Bush. Estados Unidos tenía entonces las espaldas bien cubiertas en España. El problema de la jurisdicción universal, por tanto, aunque importante, era un tema menor para la administración Bush. Las cosas cambiaron con la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones generales de 2004. Tras la retirada de las tropas españolas en el conflicto iraquí, las relaciones bilaterales entre España y los Estados Unidos se enfriaron. Bush y Zapatero, no olvidemos el affaire de la bandera el 12 de octubre de 2003 siendo jefe de la oposición, se distanciaron mutuamente. Por eso, la cuestión de la amplia regulación española de la jurisdicción universal comenzó a preocupar seriamente en USA.

Fue por entonces cuando, desde instancias norteamericanas, se ideó el plan de remover al juez Garzón de la Audiencia Nacional tratando de promover su candidatura a un puesto en un tribunal internacional, de competencias más limitadas (es decir, sin jurisdicción universal). Pero los ideólogos se toparon con el eterno problema hispano: la falta del conocimiento suficiente del inglés como para acceder a uno de estos puestos internacionales. Desde esta perspectiva, se entiende mejor la polémica estancia de Garzón en el Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York, durante el curso académico 2005-2006. La presencia de Garzón en la Gran Manzana facilitó a Kissinger la posibilidad de reunirse con él. Esto ocurrió en la famosa cena, que saltó a la prensa por distintos motivos, de 15 de diciembre de 2005 en el restaurante de tapas españolas llamado Solera, entre la calle 53 y la tercera avenida de Manhattan. Kissinger debió relajarse bastante tras compartir mantel amigablemente, entre otros, con el juez español que tantas veces le había quitado el sueño.

El 17 de marzo de 2009, a los dos meses de haber tomado posesión Barak Obama, se interpuso una querella ante la Audiencia Nacional contra el ex Fiscal General de Estados Unidos y otros asesores de la administración Bush por haber elaborado una normativa que permitía justificar la tortura en el limbo jurídico de Guantánamo. La querella no sentó bien en la administración Obama. Por eso, desde instancias próximas al Gobierno de los Estados Unidos se mantuvieron conversaciones con algunos políticos, tanto del PP como del PSOE, bien conectados internacionalmente, para forzar la modificación de la ley de jurisdicción universal. El resultado, debido al poder y al buen hacer de los contactos, fue rapidísimo. Al poco tiempo, en cumplimiento del mandato emanado del Congreso de los Diputados, llegó la reforma por ley 1/2009, de 3 de noviembre. Solo unos meses después, Kissinger, tranquilo y triunfante, visitaba España para asistir a la reunión del Club Bilderberg en Sitges.

Con la caída de Zapatero y la llegada de Rajoy al poder, las cosas se simplificaron bastante para la diplomacia norteamericana. En su primera visita a los Estados Unidos de enero de 2014, Mariano Rajoy fue tratado con los mejores honores. Pocos días después, se iniciaba la controvertida reforma de la justicia universal, tramitada de forma urgente, con la finalidad de aprobar cuanto antes nuevas restricciones. No sorprende, por tanto, que la reforma de 2014 haya provocado tantas tensiones en nuestro país. Con todo, poco habrán importado en los Estados Unidos.

Como jurista, se puede estar o no de acuerdo con el principio de universalidad de la justicia. Yo lo estoy, por supuesto, pero también considero que la jurisdicción universal, tal y como está planteada en nuestros días, ha quedado obsoleta. La nueva comunidad internacional nacida de la globalización, por naturaleza interdependiente, no puede ni debe funcionar con las mismas reglas de juego que la vieja comunidad internacional Westfaliana, basada en el principio de independencia soberana. Estamos ante un cambio de paradigma, que impone nuevos modelos y sistemas mucho más eficaces para la persecución de delitos que dañan bienes jurídicos globales.

Los Estados Unidos de América están dispuestos a liderar el proceso de paz en el mundo, a llevar sus tropas donde sea menester para defender los principios democráticos, pero no están dispuestos, en modo alguno, a que sus políticos y soldados corran el más mínimo peligro por el hecho de que un juez de un recóndito rincón del mundo, apelando al principio de jurisdicción universal, pueda perseguirlos criminalmente. Por eso, Estados Unidos tampoco ve con buenos ojos la Corte Penal Internacional ni nada que se le parezca. Esto puede gustar o no gustar, pero no sorprender. Los Estados Unidos han apostado, a mi modo de ver equivocadamente, por una globalización liderada por ellos, fundada en el principio de excepcionalidad, legitimado tras la segunda guerra mundial. Y están siendo coherentes con su política.

Rajoy, cauto y pensando en los intereses de España, ha tomado probablemente la mejor solución de las posibles: acercarse a los Estados Unidos y, para ello, entre otras medidas, restringir más todavía la justicia universal. Su argumento es razonable: que cada palo (léase Estado) aguante su vela. En caso de que en Estado la justicia no funcione, la carga debe repartirse subsidiariamente entre toda la comunidad internacional, y no solo recaer en un país concreto, a modo heroico, como tantas veces venía sucediendo hasta ahora. La Audiencia Nacional no puede convertirse en un tribunal nacional de causas internacionales. Por eso, la jurisdicción universal debe restringirse en nuestra era de la globalización, aunque parezca una paradoja. Pero no de cualquier manera.

Las dos recientes reformas de la jurisdicción universal en España han obedecido a criterios fundamentalmente políticos, a razonables presiones procedentes, principalmente, de los Estados Unidos. Ambas reformas han entrado en el ordenamiento jurídico por la puerta trasera. De tapadillo. Y, como ya nos tienen habituados los políticos, sin que el pueblo disponga de la información completa. En esta democracia vivimos.