El volcán Cumbre Vieja -cuya erupción continúa desde el pasado 19 de septiembre- fue el causante de otros dos eventos similares el pasado siglo. Entre ellos, la erupción del Teneguía, en 1971, que originó 200 hectáreas de nuevo terreno para la isla. Hoy, con la lava ya en el mar, la catástrofe natural ha dejado tras de sí más de 1.000 construcciones dañadas en una superficie de unas a 300 Ha. Aunque todavía queda en el aire cuándo y cómo terminará el evento, hay cuestiones muy relevantes que ya se están abordando, como el régimen de propiedad y la recalificación de terrenos, el  realojamiento de las personas cuyas viviendas han sido arrasadas por la corriente de lava o el nuevo paisaje que generado la erupción.

A tenor del régimen de propiedad, el terreno que la lava del volcán gane al mar será de forma automática “dominio público marítimo terrestre”. Mientras tanto, las propiedades sepultadas en tierra firme por la colada magmática seguirán siendo privadas. No obstante, los dueños ya no podrán volver a construir sobre ellos, a no ser que se modifique el patrimonio geológico o histórico. De hecho, lo más probable es que estas hectáreas engullidas por el volcán sean declaradas zona protegida, ya que el Estado está obligado a proteger este nuevo bien, que forma parte del patrimonio geológico y, por lo tanto, está sujeto a la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Al hacerlo, el Estado podrá, o no, expropiar las propiedades afectadas.

En concreto, la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad reconoce el valor patrimonial de toda una variedad de elementos geológicos, incluidos rocas, minerales, fósiles, suelos, formas del relieve y unidades geológicas y paisajes que sean producto y registro de la evolución de la Tierra. En este sentido, José Barrera -experto vulcanólogo del Ilustre Colegio de Geólogos- señala que queda en manos de las administraciones “cómo proceder con estas propiedades: si intercambian los terrenos a sus propietarios por otros nuevos o si construir una nueva aldea o pueblo para reubicar a los afectados”.

De forma paralela, la oferta inmobiliaria de La Palma resulta escasa, lo que hace aconsejable valorar la construcción de un nuevo asentamiento con nuevas edificaciones y viviendas de tamaño similar a las que poseían previamente. La cuestión pendiente, si se optara por esta solución, sería determinar el emplazamiento del nuevo poblado. 

La Palma se regula urbanísticamente mediante un Plan Insular de carácter supramunicipal que atiende a las previsiones normales de asentamientos, entre otras cuestiones. También trata los riesgos eventuales de carácter sísmico debido a la elevada actividad en la isla. A raíz de los sucedido, parece pertinente redefinir los riesgos para evaluar después la ubicación de los posibles asentamientos y, por tanto, la recalificación de terrenos; así como dónde ubicar la construcción de aquellas viviendas que se han derruido. Todo ello requiere de la colaboración de los científicos, quienes podrían identificar las áreas vulnerables en el medio plazo. Si bien es cierto que la erupción ha surgido donde no estaba previsto, la valoración se debería acoger a un estudio científico.

Lo deseable sería cuidar que los asentamientos -turísticos, residenciales o agrícolas- se puedan desarrollar en lugares donde se reduzca la probabilidad de riesgo. Es decir: la recalificación debería darse en aquellos terrenos que garanticen la precaución, basada en los informes de expertos geólogos, de modo que se tenga mayor certeza de que estos terrenos no ser verán afectados por fenómenos semejantes en los próximos años. Asimismo, otro de los elementos a tener en cuenta a la hora de definir un plan territorial, atendiendo a este tipo de acontecimiento natural, deben ser las infraestructuras, como recurso de evacuación y protección civil.

Por otro lado, los terrenos que han quedado inundados por la lava van a dar lugar a la creación de un nuevo paisaje, como sucedió en Timanfaya (Lanzarote). Otro caso que puede servir de referencia para vislumbrar el futuro de la zona de Las Manchas tras la erupción puede ser la realidad que dejó tras de sí la erupción del volcán Eldfell, en Islandia. Este volcán entró en erupción el 22 de enero de 1973. Se mantuvo activo durante casi seis meses y estuvo a punto de arrasar el puerto de Heimaey: un asentamiento urbano con casi 5.000 habitantes y 11 mk2. El lugar fue evacuado pero quedó un grupo reducido de personas que lucharon contra la lava y la destrucción del puerto, que era el principal medio de subsistencia de un pueblo que vivía de la pesca. 

El grupo consiguió frenar el desastre gracias a un sistema de cañerías que trasladaba agua del mar hasta la lava, una técnica que ya se había experimentado en Hawai en 1960, y que en Islandia no solo se usó para frenar los márgenes de la colada de lava y acotar su expansión, sino para alcanzar la mayor superficie posible de la lengua de lava. El resultado de aquel episodio natural dejó un nuevo volcán en la montaña con una altura de 225 metros, una superficie de 3.3 km² cubierta de lava y 13 km² más de isla.

Pasada la catástrofe, Heymaey experimentó un boom turístico que ayudó a recuperar su economía. Los habitantes regresaron poco a poco y se construyeron varias plantas para abastecerse de energía la isla aprovechando el calor de los flujos de lava bajo la superficie solidificada. En la actualidad Heymaey es una comunidad con una importante actividad pesquera y turística, y el pueblo ha recuperado por completo su población.