Sostener una convivencia política próspera e inclusiva exige atender a muchos frentes muy distintos; salvados unos mínimos, la importancia relativa que los ciudadanos concedemos a cada uno esos frentes varía en función de nuestra situación socioeconómica y nuestras prioridades éticas; de las expectativas que abrigamos y las responsabilidades que asumimos en cada momento de nuestra vida. Presumimos que una ciudadanía informada, tanto de los hechos, como de los programas de los distintos partidos, orientará su voto conforme a lo que, ponderadas todas las cosas, estima más importante en ese momento. Sin embargo, actualmente padecemos una saturación de información irrelevante y anecdótica que oscurece el panorama general, distorsiona las dimensiones reales de algunos problemas, e impide apreciar las causas y la complejidad de muchos otros.

Es el caso de la inmigración, una realidad compleja que obliga a ampliar el foco más allá de las fronteras nacionales y tomar conciencia de que los países desarrollados no somos enteramente ajenos a las dinámicas que fuerzan esas migraciones masivas. En 2025, aproximadamente 117 millones de personas se desplazaron de su lugar de residencia a causa de conflictos armados; de esos 117 millones, 73 son desplazados internos; 8,4 buscan asilo político; 36 son refugiados; otros 6 necesitan protección internacional. Muchos de esos conflictos, por ejemplo, en el Sahel, tienen raíces locales que arrancan de una artificial definición de fronteras durante el periodo colonial; conflictos que la precaria estructura estatal conformada desde entonces, no ha permitido superar.  Se trata de un escenario propicio a la corrupción, al terrorismo yihadista y a la presencia del crimen organizado internacional, que se lucra con el tráfico de armas, drogas y personas: un escenario sumamente complejo que, dada la debilidad de los estados de esa región, requiere una respuesta coordinada internacionalmente, que, obviamente, no puede limitarse a levantar muros en los países de destino.

Por otra parte, desde 2008, aproximadamente 21,5 millones de personas se han visto obligadas a migrar debido a fenómenos climáticos que han alterado sus condiciones de vida. Según estimaciones del Banco Mundial, hasta 2050 otros 216 millones de personas deberán desplazarse por análogas razones. De hecho, los patrones migratorios contemporáneos aparecen ligados a los desafíos ambientales que plantea el cambio climático. Ahora bien, mientras que los 46 países menos desarrollados contribuyen el 1% de las emisiones globales de CO₂, las naciones del G20 contribuyen el 80%. Una ciudadanía éticamente responsable no puede ignorar estos datos. Sabemos que no faltan negacionistas del cambio climático incluso entre quienes se verán afectados por él. La inercia es poderosa: no es fácil modificar juicios y prácticas socialmente asentados. Pero, cualquier persona que se beneficia de la ciencia en tantos otros aspectos de su vida, no debería despreciar lo que dice la ciencia en esta materia. Ciertamente, los ciudadanos de a pie, que en el día a día experimentan otro tipo de presiones, no están en condiciones de procurar una respuesta articulada a la magnitud del problema: tienen suficiente con los que experimentan a diario. Sin embargo, esos mismos ciudadanos tienen derecho a esperar que los partidos políticos no sucumban a mensajes populistas que simplifican los problemas, y, en cambio, cumplan su función de mediación, ofreciendo respuestas articuladas a estos desafíos. 

Es hora de pedir a los políticos que hablen a la inteligencia de los ciudadanos; que remplacen los eslóganes fáciles con propuestas informadas, ética y técnicamente convincentes que, de una parte, expliquen cómo asegurar una integración adecuada de los migrantes que llegan a nuestro país –a la Unión Europea, en realidad– respetando la naturaleza de nuestro estado de derecho; y, de otra, contribuyan a resolver las causas que están en el origen de esos fenómenos migratorios, consensuando políticas responsables en materia de adaptación climática y de ayuda al desarrollo, que pongan freno también a la carrera armamentística.

Desde la guerra del Peloponeso sabemos cómo es interpretada la fortificación de un pueblo por parte de sus vecinos. La “paz armada” de entreguerras debería constituir un recordatorio de lo que viene después de que un bien tan precioso como la paz se confía a estrategias disuasorias. En abril, en el marco de una vigilia de oración por la paz, León XIV se pronunciaba con palabras claras, que no por ser espirituales deberíamos despachar como idealistas, porque se hacen eco del sentir de una muchedumbre silenciosa: “Sin duda –decía– los gobernantes de las naciones tienen responsabilidades ineludibles. A ellos les gritamos: ¡deténganse! ¡Es tiempo de paz! ¡Siéntense en mesas de diálogo y de mediación!, no en mesas donde se planea el rearme y se deliberan acciones de muerte”. El Pontífice continuaba subrayando la responsabilidad, no menos importante, que incumbe a todos, “hombres y mujeres de tantos países diferentes: una inmensa multitud que repudia la guerra, con hechos, no sólo con palabras”, y exhortaba a quienes participaban de esa vigilia, a construir la paz “en los hogares, en las escuelas, en los barrios, en las comunidades civiles y religiosas, quitándole terreno a la polémica y a la resignación con la amistad y la cultura del encuentro”. Así resumía esta doble exhortación: “Volvamos a creer en el amor, en la moderación, en la buena política”.

La próxima visita del Papa a nuestro país, señalada por una visita a Canarias, al Congreso de los Diputados, y al templo de la Sagrada Familia en Barcelona, puede ser una ocasión para reflexionar sobre estas palabras, que interpelan a la conciencia y precisamente por eso deberían encontrar eco en nuestra convivencia civil y política.