José Manuel Muñoz, investigador del grupo ‘Mente - cerebro’ del Instituto Cultura y Sociedad (ICS) de la Universidad de Navarra, participa como asesor en un proyecto de ley para incorporar la protección a los neuroderechos en dos artículos del Código Procesal Penal de Argentina. Los asesores debaten sobre el límite del uso de las neurotecnologías o los datos obtenidos a través de ellas: deben tenerse en cuenta el derecho a la privacidad mental, a la libertad cognitiva y el derecho a la protección contra sesgos y discriminaciones. 

En el primero de los artículos se establece que, para la correcta resolución de un caso penal, se pueden usar datos obtenidos mediante técnicas de imagen cerebral y/o de cualquier otro tipo de tecnología sólo cuando haya una orden judicial y cuando la persona dé su consentimiento explícito, habiendo sido informada previamente sobre sus finalidades y alcances. 

En el segundo artículo, que establece que la pena privativa de libertad – que debe tener como finalidad la reinserción social – puede hacer uso de los medios de tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados siempre que no vulneren los derechos o garantías constitucionales y respetando también los neuroderechos de la persona.

También en este caso debe respetarse el derecho a la privacidad mental, no pudiéndose acceder a los datos cerebrales de la persona salvo con orden judicial y consentimiento explícito por su parte. Asimismo, habrá que asegurar que no se aplican sesgos discriminatorios, ni de carácter cognitivo ni de carácter algorítimico, en la interpretación de estos datos.