La libertad de expresión y los riesgos de la desinformación centran la última jornada del Aula de Derecho Parlamentario
El Parlamento de Navarra acogió una mesa redonda en la que participaron los profesores Ana Azurmendi (Universidad de Navarra), Rafael Rubio (Universidad Complutense de Madrid) y Abraham Barrero (Universidad de Sevilla)
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03 | 11 | 2025
La libertad de expresión, los riesgos a los que se expone y el peligro de la desinformación, centraron el debate de la mesa redonda del Aula de Derecho Parlamentario que se celebró recientemente en la Cámara foral, organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra y el Parlamento foral, fruto del convenio de colaboración entre las dos instituciones.
Con el título, “La libertad de expresión. Desafíos actuales”, la mesa redonda estuvo moderada por el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra y codirector del Aula de Derecho Parlamentario, Fernando Simón.
Intervino en primer lugar la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra y profesora de la Facultad de Comunicación, Ana Azurmendi, quien advirtió de dos peligros a los que está expuesta la libertad de expresión: de un lado, el riesgo de la cancelación; y, de otro, el uso de la libertad de palabra como pretexto para la ofensa. Azurmendi subrayó la necesidad de preservar espacios de diálogo abiertos a todas las opiniones. “La democracia se debilita cuando el miedo o la censura sustituyen al intercambio razonado de argumentos”, recordó. Ilustró su exposición con varios ejemplos del “efecto silenciador” que generan los intentos de intimidación o de exclusión en distintos contextos internacionales, advirtiendo de cómo tales dinámicas erosionan progresivamente la deliberación pública.
El catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Rubio Núñez, centró su intervención en los riesgos de la desinformación. Advirtió que esta práctica no solo distorsiona el debate público, sino que también mina la confianza ciudadana en los procesos electorales y en las propias instituciones democráticas. Rubio Núñez alertó, además, sobre el uso estratégico de la desinformación como herramienta de poder, tanto por actores políticos internos como por intereses externos, que buscan influir en la opinión pública o desestabilizar sistemas democráticos. Sin perjuicio de estos problemas, quiso llamar también la atención sobre los peligros que comporta confiar en instituciones el control de la verdad de las informaciones. Al hilo de su ponencia, expuso con cierto detalle la anulación electoral llevada a cabo en Rumanía, así como la condena del Tribunal Supremo de Brasil a varias personas por promover desinformación.
Finalmente, el catedrático de la Universidad de Sevilla, Abraham Barrero, impartió una ponencia dedicada a la libertad de expresión en el seno de las instituciones políticas, con especial atención a su manifestación en el ámbito parlamentario. El profesor Barrero subrayó que la libre expresión de los representantes públicos constituye un pilar esencial del sistema democrático, al garantizar que el debate político pueda desarrollarse sin interferencias ni coacciones externas. Asimismo, el catedrático abordó los conflictos que pueden surgir cuando el ejercicio de la libertad de expresión choca con la potestad disciplinaria de las cámaras. Barrero analizó distintos supuestos en los que la aplicación de sanciones disciplinarias ha generado controversia, invitando a reflexionar sobre los riesgos de limitar en exceso la libertad de expresión institucional y sobre el riesgo de que el poder disciplinario se utilice como instrumento de control político.
Clausuró la jornada el presidente del Parlamento, Unai Hualde, que se refirió a la libertad de expresión como un ingrediente «esencial» de la democracia y, por tanto, de sus instituciones representativas. Habló de las instituciones “como foros de encuentro y debate entre diferentes, siempre en aras al interés general y dentro de una lógica de respeto y cortesía”, hoy cada vez más cuestionada. El máximo representante de la Cámara hizo referencia también de la necesidad de actuar cuando esta prerrogativa constitucional deriva en carta blanca para “atacar o provocar odio, también a través de un mal uso de la inteligencia artificial”.