Si la realidad de España como país descentralizado, con diecisiete poderes regionales en lid con un nivel central de gobierno, siempre es un tema actual, en las últimas semanas ha subido varios enteros en la discusión política y económica.

¿Por qué? Básicamente, porque estamos en época de recortes y la tijera no entiende de niveles de gobierno, sino de euros.

La grave crisis económica que atravesamos está obligando a revisar numerosos parámetros de nuestro llamado Estado de Bienestar, básicamente porque los ingresos actuales ya no dan para financiar una mentalidad asistencialista a la que nos hemos acostumbrado en las últimas décadas.

Uno de esos parámetros son las comunidades autónomas, que han pasado de manejar un exiguo 11,28% de los gastos totales de las Administraciones Públicas en 1976, a casi un 37%, según las últimas estadísticas oficiales. Probablemente, se podría decir que no hay país en el mundo que, en un período relativamente corto de tiempo, haya cambiado de una manera tan radical su vertebración institucional.

Gastos apropiados

La justificación académica de semejante cambio se fundamenta en el denominado teorema de la descentralización, que elaboró en 1972 el profesor Oates, de la Universidad de Maryland. Según este teorema, los gobiernos autonómicos deben tener en sus manos los gastos públicos más apropiados para su jurisdicción, al estar más cercanos al ciudadano que el Gobierno central.

¿Pero cuáles son los gastos más apropiados? La teoría del federalismo fiscal aboga porque esos gastos no sean de carácter distributivo para evitar agravios interregionales, pero en España sí que lo han sido. Es más, las competencias más redistributivas y cuantiosas, como son la sanidad y la educación, hace ya unos años que están en manos de todas las autonomías.

A pesar de esto, en mi opinión, el problema no radica tanto en las competencias transferidas, sino en el modo en que se ha llevado a cabo la descentralización. En primer lugar, en España los criterios de descentralización han sido en muchas ocasiones más políticos que de eficiencia económica.

En segundo lugar, y a excepción de los regímenes forales, el ritmo en que el nivel central de gobierno ha cedido a las comunidades autónomas la capacidad de desarrollar su propia financiación ha sido lento. Lo cual ha generado un endeudamiento autonómico que ronda ya el 10% del PIB y déficits en continuo crecimiento. Por último, el nivel central de gobierno ha seguido gastando en exceso en partidas ya descentralizadas y aumentando el número de sus funcionarios al tiempo que lo hacían las autonomías. Conclusión: exceso de gastos.

¿Centralicemos, pues? No, el bienestar y la cercanía del poder político al ciudadano ha aumentado, sin duda, con el proceso descentralizador. En las últimas semanas, numerosos líderes políticos a nivel nacional y regional han salido en defensa de las autonomías y pienso que llevan razón, siempre y cuando consigamos varios objetivos.

Que el nivel central racionalice el número de funcionarios. Que gastos como el de sanidad y educación a nivel central tengan como objetivo final compensar de verdad la posible falta de redistribución que pudiera implicar su descentralización. Que las propias autonomías recapaciten si es posible y necesario contar con servicios propios como el del defensor del pueblo, televisiones públicas autonómicas, consejos audiovisuales, legislaciones mercantiles propias que ahogan el tejido empresarial y la atracción de capital, etc.

En resumen, creo que no hay que destruir lo conseguido, pues no tiene parangón ni siquiera en países de corte federal, pero todos los niveles de gobierno deben concienciarse de que la duplicidad nunca es buena y menos aún cuando estamos en crisis. Pero acabo como empecé, pues, gracias a los recortes impuestos por la crisis, nuestro sistema autonómico puede llegar a su verdadera consolidación y racionalización.