Durante décadas, la globalización de los mercados financieros hizo que la nacionalidad de los accionistas pareciera una cuestión cada vez menos relevante. Una empresa española podía financiarse en Nueva York o Frankfurt, contar con grandes fondos internacionales entre sus principales inversores y desarrollar buena parte de su actividad fuera de España sin que ello cuestionara su identidad empresarial.

La geopolítica está cambiando esa percepción. La energía, las telecomunicaciones, el sistema financiero, las infraestructuras de transporte, la defensa o las redes digitales han dejado de analizarse exclusivamente en términos de rentabilidad y eficiencia. Son también instrumentos de autonomía estratégica. España reconoce esta realidad en el artículo 7 bis de la Ley 19/2003, que somete a especial vigilancia determinadas inversiones extranjeras en infraestructuras críticas, tecnologías críticas, energía, transporte, comunicaciones e infraestructura financiera, entre otras actividades. El Real Decreto 571/2023 desarrolla este marco por el cual España continúa abierta a la inversión extranjera, pero reserva al Estado la capacidad de controlar quién adquiere participaciones significativas o el control de empresas y activos considerados estratégicos.

La pregunta, por tanto, adquiere una dimensión que va más allá de los mercados financieros: ¿quién posee realmente las grandes empresas estratégicas españolas?

Entre las compañías del IBEX 35 pueden identificarse 19 con un encaje especialmente claro en sectores estratégicos: Aena, Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Redeia, Enagás, Acciona Energía, Solaria, Telefónica, Cellnex, Indra, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Unicaja y Mapfre.

El análisis de sus principales accionistas muestra una fotografía muy heterogénea. En algunos casos persisten núcleos españoles de control muy fuertes. En otros, la estructura de propiedad está profundamente internacionalizada.

La Tabla 1 recoge la estimación de capital español en las empresas estratégicas del IBEX 35 a partir de los datos contenidos en la base de datos Capital IQ.

Tabla 1.

Mapfre constituye uno de los ejemplos más claros de control doméstico, con Cartera Mapfre en torno al 69,9%. En Acciona Energía, los vehículos vinculados a la familia Entrecanales concentran aproximadamente el 57,6%. ENAIRE mantiene el 51% de Aena. En Indra, la combinación de SEPI, Escribano y SAPA supera ligeramente el 50%. Solaria presenta igualmente un potente núcleo accionarial español, próximo al 60%.

En CaixaBank, las posiciones de Criteria Caixa y BFA sitúan el capital español identificable cerca del 50%, mientras que Unicaja presenta un anclaje doméstico todavía mayor. Bankinter conserva asimismo un núcleo español relevante a través de Cartival y Corporación Masaveu.

Frente a este primer grupo aparece otro conjunto de grandes compañías en las que la propiedad bursátil está mucho más globalizada.

El sector energético ofrece probablemente la fotografía más reveladora. Acciona Energía y Solaria mantienen accionistas españoles claramente identificables. Naturgy conserva igualmente un importante anclaje doméstico a través de Criteria Caixa. En el extremo opuesto se encuentra Endesa, controlada en un 71,33% por la italiana Enel.

Iberdrola y Repsol representan un modelo diferente. Entre sus principales accionistas aparecen grandes inversores institucionales internacionales como BlackRock, Vanguard o Norges Bank. No existe en ellas un accionista español de referencia comparable al existente en Acciona Energía o Naturgy.

La paradoja es interesante: algunas de las empresas que mejor representan internacionalmente a la economía española son, precisamente, algunas de las que presentan un capital más internacionalizado.

En las infraestructuras de red, el Estado mantiene posiciones especialmente significativas. La SEPI posee aproximadamente el 20% de Redeia y algo más del 5% de Enagás. En sectores de esta naturaleza, no es necesario alcanzar el 51% para disponer de una posición con relevancia estratégica.

Telefónica constituye otro caso particularmente ilustrativo. SEPI y Criteria Caixa poseen cada una aproximadamente un 10%, mientras BBVA mantiene algo más del 5%. En paralelo, Saudi Telecom Company aparece con una participación cercana al 10%. La entrada del Estado en el accionariado puede interpretarse, por ello, no sólo como una decisión financiera, sino también como una respuesta a la creciente dimensión estratégica de las telecomunicaciones.

Cellnex ofrece la imagen contraria. Su propiedad se encuentra ampliamente repartida entre inversores internacionales. Y esa circunstancia tiene especial relevancia porque Cellnex no vende simplemente servicios: gestiona infraestructura física esencial para las comunicaciones.

El sector bancario refleja con especial claridad esta transformación. CaixaBank y Unicaja mantienen fuertes núcleos domésticos. Bankinter conserva asimismo una presencia familiar española significativa. Santander, BBVA y Sabadell, en cambio, presentan accionariados mucho más internacionalizados, dominados entre sus posiciones visibles por grandes gestores y fondos institucionales.

Esto no significa que su capital español sea inexistente. Significa algo más relevante: no aparece un accionista español de referencia comparable al existente en CaixaBank, Bankinter o Unicaja. Santander, BBVA y Sabadell son bancos inequívocamente españoles desde el punto de vista jurídico, supervisor, fiscal y operativo, pero su propiedad es global.

La fotografía conjunta permite distinguir tres grandes grupos. Un primer bloque, formado por compañías con fuerte anclaje nacional, como Acciona Energía, Mapfre, Aena, Indra, Solaria, Unicaja o CaixaBank. Un segundo grupo, donde siguen existiendo posiciones españolas importantes pero conviven con una propiedad mucho más internacional, como Telefónica, Naturgy, Bankinter, Redeia o Enagás. Y, finalmente, un tercer grupo en el que no existe un accionista español de referencia claramente visible, como Iberdrola, Repsol, Santander, BBVA, Sabadell o Cellnex. Endesa constituye un caso singular porque sí posee un accionista de control, pero es extranjero.

La conclusión, sin embargo, no debería ser que la internacionalización del accionariado constituye necesariamente una vulnerabilidad.

Es también una consecuencia del éxito de las compañías españolas en los mercados internacionales. Tener acceso a una base global de inversores amplía enormemente la capacidad de financiación, incrementa la liquidez de las acciones, reduce potencialmente el coste de capital y permite acometer inversiones y adquisiciones que difícilmente podrían financiarse recurriendo exclusivamente al ahorro nacional. La presencia de grandes inversores institucionales puede aportar además exigencia en materia de rentabilidad, gobierno corporativo, transparencia y disciplina financiera.

En otras palabras, el capital internacional no sólo compra empresas españolas, también contribuye a que esas empresas puedan convertirse en compañías globales. Pero existe una segunda dimensión, menos evidente y quizá más interesante desde el punto de vista geopolítico.

Cuando una gran compañía no dispone de un accionista español de referencia, su vinculación con España descansa principalmente en otros elementos: su domicilio social, su historia, su equipo directivo, su fiscalidad, su regulación y su centro de decisión. Todos ellos son importantes, pero ninguno es necesariamente inmutable.

Un accionariado predominantemente internacional puede valorar en algún momento si el domicilio social, la sede corporativa o determinadas funciones estratégicas deberían situarse en otra jurisdicción que ofrezca mayor estabilidad regulatoria, mejor fiscalidad, mayor seguridad jurídica o un entorno más favorable para la actividad empresarial.

Y aquí aparece una paradoja especialmente relevante. La internacionalización del capital puede reducir la capacidad de influencia directa de un país sobre sus grandes empresas, pero al mismo tiempo puede actuar como mecanismo de disciplina sobre sus gobiernos.

Si el capital es móvil, también lo son, al menos potencialmente, las sedes, las inversiones y determinadas funciones corporativas. El Gobierno sabe que las decisiones regulatorias, fiscales o institucionales que deterioren de manera persistente la competitividad del país pueden terminar teniendo consecuencias. Una gran compañía sin accionista doméstico de control dispone, en principio, de mayor capacidad para replantearse dónde quiere localizar su centro de gravedad.

Por ello, la cuestión relevante no consiste en elegir entre capital español o capital extranjero. El verdadero desafío es más sofisticado: conseguir que las grandes compañías estratégicas sigan queriendo ser españolas incluso cuando sus accionistas no necesariamente lo sean.

En un mundo caracterizado por mercados globales y por espacios económicos profundamente integrados, como la Unión Europea, la soberanía empresarial de un país ya no puede medirse únicamente por la nacionalidad de quienes poseen el capital de sus grandes compañías. Depende también de algo mucho más difícil de conseguir y de conservar: ser el país en el que esas compañías consideren que merece la pena permanecer, invertir y tomar sus decisiones.