Además de proporcionar un escenario inmejorable para el ejercicio de la hipocresía colectiva, según la cual los mismos que pagan el espionaje se escandalizan de que salga a la luz, el caso Snowden ha puesto sobre la mesa, con hiriente claridad, una evolución preocupante de las democracias "liberales" del siglo XXI: cada vez con mayor intensidad, los poderes estatales controlan a la ciudadanía, en lugar de ser controlados por ella.  De este modo resulta que, precisamente en los países que en otro tiempo se presentaron como paladines de la libertad, llega a realizarse aquella máxima de acción de origen supuestamente leninista, según la cual el verdadero control ha de ser siempre total, puesto que un control supone, en definitiva, todos los controles.

Hablando de espionaje nos movemos en las zonas oscuras del estado de derecho: ahí donde, al amparo de la más importante "razón de estado" -garantizar la seguridad ciudadana- se combate a los enemigos del estado.  Es obvio, sin embargo, que solamente una clara delimitación de lo que constituye "seguridad ciudadana", sujeta a estricto control parlamentario, permite evitar que la apelación a la seguridad se constituya paulatinamente en una coartada para violentar los derechos más elementales, discrecionalmente y en nombre de intereses espurios, que pasan por alto toda presunción de inocencia, y abren las puertas a otra clase de delitos.

Pues lo que en definitiva Snowden ha descubierto es que las actividades de espionaje patrocinadas por el gobierno norteamericano no se dirigían exclusivamente a combatir a los enemigos potenciales de la ciudadanía americana, sino a sus supuestos aliados; no se dirigían únicamente a abortar planes terroristas, sino a explorar las actividades de organismos financieros; no se dirigían a prevenir actividades criminales, sino a vigilar conversaciones de ciudadanos corrientes, que además de pagar abnegadamente sus impuestos bajo la escrupulosa supervisión de hacienda, descubren ahora que han sido objeto de vigilancia por parte de poderes extranjeros, a los que, al parecer, nadie supervisa como es debido.    

En esta línea, Tim Berners-Lee, el creador de la world wide web, ha pedido un debate público sobre las actividades que han llevado a cabo los servicios de seguridad americanos y británico - NSA y GCHQ - porque, al quebrar los sistemas de encriptado de la web,  la han hecho también más vulnerable a los ataques de los criminales que ellos mismos tratan de combatir.  Aun reconociendo que se precisan agencias de seguridad para combatir el crimen en Internet, Berners-Lee apunta la necesidad de que sus actividades estén sujetas a control.  Ahora bien: conviene subrayar que ese control no es necesario únicamente para que la web pueda efectivamente ser un "lugar seguro" para los ciudadanos honrados, sino también con el fin de evitar que el concepto de "seguridad" se convierta en algo tan elástico que desdibuje para siempre la frontera entre "estado normal" y "estado de excepción".

Ciertamente, desde el punto de vista de los derechos es como si desde el 11 de septiembre 2001 todo el mundo occidental hubiera entrado en "estado de excepción". Pero esto es precisamente lo que se trata de revisar.  Para muchos resulta plausible que los ciudadanos, bajo los efectos del miedo, quieran sacrificar sus libertades y privacidad a esta clase de seguridad. Pero los ciudadanos no han sido preguntados al respecto. En todo caso, si esa fuera la actitud ciudadana, tendríamos razones para preocuparnos, pues la razón de un sistema político, y en mayor medida la razón de ser de un sistema supuestamente liberal, no es garantizar cualquier clase de vida, sino garantizar una vida en libertad.  

Ignoramos por qué Snowden filtró la información sobre las irregularidades del programa Prisma a la prensa internacional, en lugar de dirigirse al comité encargado del seguimiento de la inteligencia en el Congreso, que es lo que, según la senadora Dianne Feinstein, debía haber hecho. Sin embargo, teniendo en cuenta que dos miembros de aquel comité -los senadores Ron Wyden y  Mark Udall- llevaban varios años apuntando a las posibles irregularidades del programa Prisma, sin que dieran lugar a ninguna acción conocida, ¿no resultaba razonable suponer que el camino sugerido por la senadora era completamente inútil? ¿Hubiera alcanzado el caso la repercusión pública que ahora tiene? Más aún: ¿se hubiera cumplido con el objetivo fundamental de alertar a la ciudadanía de la amenaza que se cierne sobre ella misma? Vista desde el ángulo de lo que exige la protección de los derechos ciudadanos, y a falta de toda información sobre otras posibles motivaciones, la actuación de Snowden parece constituir un caso de resistencia civil ante un poder que se extralimita, olvidando su sentido original: Snowden se habría negado a cooperar con un sistema que, a todas luces, o al menos ante su conciencia, habría perdido de vista su razón de ser original. Y lo ha hecho arriesgando mucho.

Desde esta perspectiva, lejos de juzgarle un enemigo de la patria, se le debería considerar un exponente de los valores liberales que tradicionalmente han constituido el orgullo de los Estados Unidos. Algo semejante cabría decir de Alan Rusbridger, editor de The Guardian, quien ha sido llamado a comparecer ante el Parlamento Británico en diciembre. Ambos se han enfrentado a los gobiernos en nombre de la libertad de sus ciudadanos. Está por ver si estos -y, en general, la sociedad civil de los demás países occidentales- recogemos el guante, siquiera simbólicamente, o, por el contrario, seguimos instalados en una tranquila servidumbre, salpicada solo de libertades aparentes.