La UE está creando un nuevo sistema que facilitará la repatriación de los migrantes en situación irregular a sus países de origen. La legislación, conocida como el reglamento de retornos, incluye medidas que permiten detener a más personas –incluidos niños y familias– durante períodos de tiempo más prolongados.

Esto supone un cambio importante en la política migratoria europea, ya que hasta ahora los Estados miembros de la UE solo podían detener a migrantes en situación irregular como último recurso y en circunstancias específicas. Ni siquiera todos los Estados contaban con políticas de detención y, cuando las tenían, los centros de detención se encontraban casi siempre dentro de la UE. Esto permitía supervisar de cerca las garantías jurídicas.

Sin embargo, una votación reciente ha allanado el camino para que el nuevo reglamento cree “centros de retorno” en terceros países fuera de la UE. La Comisión Europea presenta estos centros de detención extraterritoriales como una “solución innovadora” para la gestión de la migración, con garantías de que velarán por los “derechos fundamentales”.

En la práctica, será muy difícil supervisar posibles violaciones de los derechos humanos y hacer cumplir las normas europeas en los centros de retorno fuera de Europa. El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O'Flaherty, ha advertido de que podrían correr el riesgo de crear “agujeros negros de derechos humanos”.

El reglamento de retornos fue propuesto por la Comisión Europea en marzo de 2025. Su enfoque general fue acordado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2025, y fue respaldado por el Parlamento Europeo el 26 de marzo.

El proceso legislativo se encuentra ahora en las últimas fases de negociación. Se espera que el reglamento de retornos, incluidas las disposiciones legales relativas a los centros de retorno, se adopte antes del verano para sustituir a la directiva de retornos de 2008.

Los intentos de establecer centros de deportación se remontan a la década de 1980, aunque ninguno tuvo éxito. Uno de los más destacados fue la propuesta de 2003 del Reino Unido al Consejo Europeo para establecer centros regionales para la gestión de la migración irregular. Fue muy criticada y no obtuvo el apoyo de los otros 13 Estados miembros de la UE en aquel momento.

Más recientemente, en 2024, Italia estableció centros de detención de migrantes en Albania. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha citado estos centros como modelo para la gestión de la migración a escala de la UE.

El proyecto de reglamento de retornos, recientemente aprobado, permite establecer centros de retorno en terceros países con los que la UE haya celebrado un acuerdo.

Dichos acuerdos solo pueden establecerse con un “tercer país” designado en el que se respeten las leyes internacionales de los derechos humanos. Esto incluye el principio de no devolución, que impide que se envíe a personas a territorios donde su vida o su integridad física corran peligro.

Sin embargo, mis investigaciones sostienen que, para que un acuerdo con un tercer país cumpla plenamente con las obligaciones de los Estados en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, debe garantizar siempre la totalidad de los derechos de los refugiados. Entre ellos se incluyen el derecho de asilo, así como los derechos socioeconómicos garantizados por la Convención sobre los Refugiados. Esto también implica proporcionar acceso a la educación pública, el empleo, la vivienda, la seguridad social y los tribunales.

Ninguno de estos derechos está garantizado explícitamente en el proyecto de reglamento de retornos. El envío de refugiados a países fuera de la UE conlleva el riesgo de que nunca se les conceda la totalidad de los derechos que les corresponden en virtud de la Convención sobre los Refugiados.

Los centros de deportación son posibles gracias al efecto combinado del nuevo reglamento de retornos y otros instrumentos del Pacto sobre Migración y Asilo de 2024.

En particular, el concepto de “tercer país seguro” del Reglamento de Procedimientos de Asilo de 2024 se ha ampliado mediante un nuevo reglamento adoptado en febrero de 2026.

Este concepto permite a los Estados miembros rechazar de plano las solicitudes de asilo, sin examinar el fondo de la solicitud, basándose en que el solicitante estaría a salvo de peligro o persecución en un “tercer país seguro” fuera de la UE. Se trata de países que tienen un acuerdo con la UE (o con sus Estados miembros), en el que se comprometen a examinar las solicitudes de asilo presentadas por personas rechazadas por la UE.

Sin embargo, incluso cuando un solicitante no cumple los criterios para ser considerado refugiado o persona que, por otros motivos, necesita protección internacional, las leyes internacionales de los derechos humanos pueden seguir imponiendo obligaciones de no devolución a los Estados miembros de la UE.

Si bien las personas tienen derecho a recurrir la decisión de que un país es “seguro” para ellas, el nuevo reglamento implica que podrían no tener derecho a permanecer en el territorio del Estado miembro en cuestión mientras el tribunal examina dicho recurso.

Al enviar a los solicitantes al extranjero, a países no pertenecientes a la UE, las nuevas normas podrían hacer prácticamente imposible el ejercicio de los derechos garantizados por la UE. Esto incluye el derecho de asilo y el derecho a un recurso efectivo, que abarca expresamente la posibilidad de recibir asesoramiento, defensa y representación ante los tribunales.

El sistema diseñado por la UE dará lugar a que tanto personas individuales como familias con niños sean deportadas a países con los que no tienen vínculos. Serán objeto de detención fuera de la UE, en condiciones que serán difíciles de supervisar.

Los niños son motivo de especial preocupación. Los propios datos de la UE muestran que miles de menores, incluidos los que viajan con sus familias, desaparecen tras llegar a Europa. Se teme que muchos sean explotados y sufran abusos con fines sexuales o laborales.

Si estos problemas surgen dentro de las fronteras de Europa –donde la detención de inmigrantes se rige por las normas del Estado de derecho desarrolladas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la UE–, sin duda serán mucho más difíciles de controlar fuera de la UE.

Con este nuevo sistema, Europa se aleja de su papel histórico como defensora y artífice del régimen internacional de protección de los derechos humanos a principios del siglo XX. En un momento en que el mundo registra más víctimas de conflictos, violaciones de los derechos humanos y persecuciones que nunca, dicho régimen es ahora especialmente necesario.