La avalancha de fondos destinados a la rehabilitación y mejora energética de nuestros edificios y ciudades, a través del Plan de Recuperación Europea denominado “Next Generation”, plantea un problema cultural de primera magnitud para la conservación del patrimonio ambiental y arquitectónico de nuestras ciudades. Ya se han percibido algunos indicios preocupantes a los que se refería en una reciente entrevista el presidente de la Delegación Navarra del Colegio de Arquitectos al decir que “si el único objetivo es forrar los edificios con un alicatado para meterles bien de aislante y que consuman poca energía…. en 10 años vamos a estar en una ciudad que no vamos a conocer. Vas a estar en pleno II Ensanche de Pamplona y no sabrás si estás en el centro de Palencia o de Cuenca”.

Unas frases que explican de manera muy expresiva tal amenaza y que me hizo recordar una conversación veraniega, con el propio Josecho Vélaz, en la primera línea del Paseo de la Zurriola de San Sebastián donde puede observarse cómo un edificio racionalista ha sido totalmente desfigurado por un revestimiento insensible a sus valores arquitectónicos. Ciertamente la epidemia del rechapado, como la pandemia del coronavirus, es una amenaza que tampoco entiende de límites geográficos o políticos.

Esta realidad visible que, por ahora, aparece puntualmente en nuestros barrios, es el resultado de la traducción simplista del amplio concepto de regeneración energética como la simple sustitución del material de fachada por una capa aislante y un material impermeable y homogéneo, lo menos natural posible. Este hecho, en un horizonte de inversión subvencionada y acuciados por la necesidad de gastar a todo trance los fondos europeos, puede producir un efecto netamente contrario al de otra normativa también regeneradora y socialmente positiva, la de accesibilidad. Una normativa que ha producido una mejora del acabado y prestaciones de los portales de nuestra ciudad que son una muestra del buen hacer de tantos arquitectos en los años de la crisis.

El efecto pernicioso sería lograr, en unos pocos años, la desaparición de una imagen reconocible de la ciudad, de una gran tradición de arquitectura construida en ladrillo, principalmente, aunque también en aplacados de piedra u hormigón, que domina el paisaje de nuestros ensanches del siglo XX. Una cualidad matérica que habla de la tradicional calidad constructiva de la arquitectura navarra, la cual quedaría restringida únicamente al Casco Antiguo y a los pocos edificios catalogados de Pamplona y su comarca.

Porque el problema no es revestir para mejorar las prestaciones energéticas: el problema es hacerlo sin adecuarse a la composición geométrica original, ni al material o textura del edificio preexistente. Aplicar de manera ciega y estandarizada un sistema técnico con dimensiones de recinto privado a una fachada pública, ya que, en estas cuestiones, el tamaño y disposición de las piezas importa y mucho. O hacerlo sin evaluar, en tantos casos, que la gran pérdida de energía se produce en carpinterías, vidrios y cajas de persianas que no se sustituyen o en cubiertas que no se tratan.

Esta destrucción sorda del tejido constructivo de la ciudad, que es patrimonio común de todos nosotros gracias al legado de unos magníficos artesanos del ladrillo llamado caravista, bajo la coartada de lograr una mejora energética, ha dejado ya algunos ejemplos lastimosos en el Segundo Ensanche y en el Barrio de San Juan. Asimismo, amenaza con propagarse a toda la comarca sin que, teóricamente, las normas urbanísticas u ordenanzas municipales puedan poner coto a unas intervenciones tan demandadas por los objetivos de reducción de consumos energéticos que, necesariamente, han de ser específicas y adecuadas a cada objeto arquitectónico que define la trama de la ciudad de Pamplona.

Por todo ello, además de hacer un llamamiento a nuestro propio colectivo, pidiendo que utilicemos la lógica y no la receta para ser fieles al arte de la construcción que siempre ha supuesto una manipulación creativa de los fríos sistemas técnicos o de las meras prescripciones comerciales; conviene señalar a los ciudadanos que las fachadas de los edificios privados son también un elemento de común disfrute de la ciudadanía, un bien compartido por todos que, a través de la condición histórica y la personalidad diferencial del espacio público, nos identifica y nos regala señas de identidad.

Una herencia compartida cuya custodia corresponde a los poderes públicos, especialmente a los técnicos municipales sobrados de criterio y preparación para demandar una buena respuesta. Su responsabilidad no es negar las intervenciones de mejora, ni paralizar la inversión de los fondos europeos, sino exigir que se hagan con criterios de calidad, no sólo material y técnica, sino arquitectónica, en el sentido pleno del término. Unos criterios que deben atender a la escala y posición urbana de cada edificio, al trazado y ritmo de sus llenos y vacíos, a la textura y composición de sus fábricas constructivas, a su color, etc., a los valores arquitectónicos que hacen únicos a tantos edificios humildes de nuestro paisaje urbano y, por supuesto, a todos aquellos que han adquirido una condición de edificios singulares de la ciudad.