Mª Cruz Díaz de Terán Velasco, Profesora de Filosofía del Derecho y Coordinadora del curso sobre Estudios de la Mujer de la Universidad
La otra parte de la Historia
En 1975 las Naciones Unidas (ONU) celebraron el Día Internacional de la Mujer por primera vez el 8 de marzo. En España, esa fecha tiene además un significado especial, pues en 1910 se aprobó una Real Orden por la cual la mujer pudo acceder a la Enseñanza Superior en igualdad de condiciones que el hombre.
Desde entonces, el número de mujeres en las universidades españolas ha aumentado rápidamente: representaban el 12,6% de los estudiantes en 1940, pasando al 54,8% en 2016. Su tasa de éxito es, además, mayor que la de los hombres: en el curso 2015-2016, el 58,5% de las personas egresadas fueron mujeres. Pero, al analizar si la presencia mayoritaria de mujeres en las universidades tiene su correlato en el ejercicio de las profesiones, vemos que los datos son dispares. Así, por ejemplo, en el campo del Derecho, la presencia de las mujeres en las aulas ha tenido un incremento constante, pasando del 0,6% en el curso 1927-1928, al 55,5% en el curso 2015-2016. En ese mismo año, los hombres abogados ejercientes ocupaban el 55,86% del censo frente al 44,14% de mujeres en ejercicio de la abogacía.
Sin embargo, en la última memoria presentada por el Consejo General de la Abogacía en 2017, de los 83 colegios de Abogados que hay en España, solo en 12 había decanas (el 14,4%), siendo el Colegio de Pamplona uno de ellos. La posición de las mujeres en los despachos también aporta datos variados: según un informe publicado por Iberian Lawyers en 2017, aunque prácticamente la mitad de la plantilla son mujeres y la mitad hombres, solo una de cada seis socios es mujer. La profesión se feminiza por abajo, pero aún queda mucho camino por recorrer por arriba. Con otras palabras, las mujeres llegan con esfuerzo y dedicación, pero se quedan en la base.
Junto con las medidas que introduzcan las empresas, tanto públicas como privadas, y las que introduzca la normativa, creo que un paso importante está en crear nuevos modelos educativos que traten la cuestión de la visibilidad de la aportación de la mujer desde abajo. Es decir, que desde los estudios de Grado se asuma el reto de educar en la idea de la necesidad de la representación estratégica de las mujeres. Para ello, en el caso del Grado en Derecho, puede ser muy enriquecedor explicar cómo las mujeres juristas han contribuido a hacer del ordenamiento jurídico un sistema más pleno y equilibrado gracias a sus aportaciones.
Algunos de los cambios normativos logrados gracias a los esfuerzos –en ocasiones titánicos- de mujeres juristas así lo certifican. Por citar algunos ejemplos: el principio de no discriminación por razón de sexo, la igualdad de derechos en el matrimonio o el sufragio femenino, se incluyeron en la Constitución de 1931 gracias a Clara Campoamor. Gracias a la reforma impulsada por Mercedes Formica, a partir de 1958 la mujer pudo ser tutora y testigo en los testamentos y, gracias a la entrada de mujeres en la Comisión General de Codificación, se aprobó la Ley 14/1975 de 2 de mayo, con la que se sustituyó el deber de obediencia que la mujer casada tenía con el marido, por el deber de los esposos a su respeto y protección recíprocos.
Pienso que uno de los retos está en la Educación, ya que es importante que desde las aulas se ayude a comprender que la aportación de las mujeres al ámbito profesional y a las esferas de gobierno es imprescindible para lograr una regulación y una práctica que contemple todas las perspectivas. Estoy convencida de que el resultado redundará en beneficio de toda la sociedad.