La decisión del Monarca de abdicar en su hijo Felipe es, sin duda, uno de los hechos políticos más importantes de la historia democrática de España. No se puede dejar de reconocer el compromiso con la democracia y los derechos y libertades de ¿todos los españoles" que don Juan Carlos ha demostrado a lo largo de su reinado. Aunque la monarquía no es una institución democrática, los nuevos tiempos le obligan a responder a los cambios para sobrevivir y seguir ejerciendo el poder de estabilidad política. El impulso decisivo de la Corona en la reconciliación de los españoles en democracia debe completarse ahora con la eliminación de la prevalencia del varón sobre la mujer en el orden de sucesión, aplicándose de forma efectiva la igualdad de derechos que establece nuestro ordenamiento jurídico. La ley sálica contenida en la Constitución de 1978 -que no responde a la tradición histórica anterior a la dinastía borbónica ha quedado obsoleta y necesita de una reforma para poder hacer frente a la sucesión del príncipe Felipe. España es la única gran monarquía europea que mantiene la preferencia del varón para acceder al trono. Tras la reforma abordada el pasado año en el Reino Unido, solo los principados de Mónaco y Lichtenstein mantienen la discriminación de la mujer en la sucesión al trono.

En España se hace esperar una reforma, que ni los dos grandes partidos ni la Casa Real han estimado, hasta ahora, urgente. Ésta última recordaba que la infanta Leonor era, de momento, la primogénita de los Príncipes de Asturias, pero no la heredera. Proclamado rey don Felipe, la infanta será Princesa de Asturias.

El mecanismo para llevar a cabo el cambio en la tradición es todo menos sencillo. Frente a la supuesta facilidad con la que un acuerdo entre los partidos mayoritarios permitió en 2011 la reforma express de la Carta Magna para imponer un techo de gasto, el cambio en la sucesión tendría que hacerse bajo la figura del "procedimiento agravado", por afectar a la Corona o a la definición de Estado. El marco legal supondría un acuerdo de la mayoría de dos tercios del Congreso y del Senado, la disolución de las Cortes, la elección de otras nuevas que elaboren la reforma y la convocatoria de un referéndum de ratificación de la nueva norma. Los legisladores temen además que reformar la sucesión-un aspecto en el que todos estarían en principio de acuerdo-abra una batalla constitucional, sobre todo en cuestiones territoriales o de la organización del Estado. Todo este proceso de consulta podría terminar convirtiéndose en un plebiscito acerca de Monarquía sí o Monarquía no, una cuestión en la que de momento pocos querrían entrar. Con todo, la que será tercera reforma constitucional (la primera se refirió al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales, en 1992, para adaptar la Constitución a una exigencia del Tratado de Maastricht) para eliminar una excepción al principio de igualdad jurídica de los sexos contenido en el artículo 14 de la propia Constitución española actualmente en vigor, es algo urgente que la monarquía del siglo XXI no puede ignorar.