Fintan O'Toole señaló acertadamente en su reciente serie ‘TheState of Us’ de Irish Times que las narrativas tradicionales de la identidad irlandesa y la nacionalidad son patentemente inadecuadas como descripciones del paisaje social irlandés, que es cultural, moral y económicamente y lingüísticamente fragmentado.

Esta fragmentación social crea evidentemente un serio problema si el Estado pretende gobernar en nombre de todos: como las prioridades y valores de los diferentes segmentos de la comunidad empiezan a divergir, cada vez hay más ciudadanos que se sienten no representados y alejados de sus gobernantes nacionales. En este escenario, si los ciudadanos principales pretenden actuar en nombre del “pueblo,”la respuesta natural sería "¿qué pueblo?".

Guste o no, Irlanda es católicos de iglesia y católicos decaídos; protestantes, judíos, musulmanes y ateos; es los bien comunicados y los socialmente marginados; ricos y pobres; viviendas urbanas desarrolladas y comunidades agrícolas; parejas gays y defensores del matrimonio tradicional; asociaciones de enseñanza en el hogar, escuelas públicas y escuelas privadas; personas de habla inglesa, de habla irlandesa y/o de comunidades de habla polaca; y muchas otras cosas además.

¿Cómo puede estructurarse políticamente nuestra República para satisfacer las necesidades y demandas de todos estos individuos y grupos diversos, y para evitar la marginación política de una parte sustancial de la población, con todos sus peligros asociados para la estabilidad política y social?

Es poco probable que un solo gobierno nacional único y centralizado pueda proporcionar un solo tipo de soluciones capaz de armonizar las necesidades e intereses de todos. Las soluciones personalizadas y negociadas en el terreno con los grupos implicados, deben ser una pieza central de cualquier respuesta viable al reto de gobernar en una sociedad compleja y pluralista

Sin embargo, un aspecto central de nuestra narrativa nacional (compartida por otras naciones modernas, como Gran Bretaña, Estados Unidos o Francia) impide la negociación local de las políticas públicas, a saber, la noción de que somos un “pueblo soberano” que confiere su poder colectivo en un solo gobierno para gobernar todo en el nombre de todos.

Este mito raramente cuestionado esconde el hecho incómodo de la pluralidad y el conflicto bajo una capa artificial de unidad cívica. En las últimas décadas,  los altos niveles de inmigración, secularización y diferenciación religiosa y cultural han hecho que este encubrimiento sea aún menos sostenible.

En la medida en que promueve un modelo de gobierno inflexible y monista, el mito del pueblo soberano se interpone en el camino de una armonización política razonable de la diversidad de comunidades y regiones. Todo el aparato del gobierno es visto como inalienable, unitario y soberano, situado por encima y por detrás de todas las otras realidades sociales, al estilo de los reyes absolutistas de antes. Así, cualquier auténtica concesión de poder a las comunidades locales es vista con desconfianza y sospecha, como una renuncia a soberanía. En la misma línea, una auténtica diversidad social se teme como una amenaza para el orden público. Pero si aceptamos que la nación irlandesa contiene una amplia gama de comunidades y asociaciones con prioridades y objetivos muy diversos, entonces el mito del pueblo soberano y autónomo sólo puede servir como herramienta ideológica para la legitimación de una autoridad política arbitraria, ya sea por parte de una mayoría inconstante o de una élite remota e interesada.

Si este patrón continuase, nos pondría seguramente en un camino hacia la deslegitimización de la República; por ejemplo, comunidades y asociaciones que se ven perjudicadas por el poder “soberano”, podrían abandonar el proceso político en masa, o, peor aún, dedicarse a rebatirlo por completo.

Solo renunciando a la ideología de la soberanía popular podemos afrontar de lleno el hecho de que Irlanda es una comunidad de comunidades, cada una de las cuáles legítimamentepersigue distintos propósitos propios y reconoce el derecho de las comunidades locales a negociar sus propias soluciones en los problemas de la educación, la salud, la religión, el uso del espacio público, etc. Esta respuesta matizada y ajustada a los problemas políticos puede resistirse en nombre de la igualdad, pero un enfoque local es a menudo mucho más eficaz y sostenible que las soluciones de arriba hacia abajo diseñadas por burócratas distantes.

Si realmente queremos ser una República genuinamente plural, necesitamos abandonar las pretensiones monistas y excluyentes de la soberanía nacional y encontrar un acuerdo constitucional y político que respete los derechos de las asociaciones y comunidades locales para avanzar en sus propósitos distintivos y gobernar sus propios asuntos, dentro del orden público, sin requerir la autorización especial de un Estado “soberano”.

Conseguir una solución constitucional postsoberana exigiría una amplia gama de reformas institucionales, incluida la devolución de una serie de poderes de gobernanza a autoridades locales, derechos más sólidos de autoorganización y autogobierno para asociaciones voluntarias y la reestructuración de los impuestos para que los ciudadanos  vean que sus contribuciones benefician a sus comunidades y asociaciones locales en lugar de subvencionar principalmente el gobierno nacional.

El resultado sería algo así como una República federada de soberanía dividida y ampliamente dispersa, con ciudades y localidades más fuertes, cargas fiscales nacionales menos onerosas, una ciudadanía más comprometida y un mayor reconocimiento y reputación para las organizaciones de la sociedad civil en todo el país.

Pero es improbable que el impulso para tal transformación en nuestro orden social y político provenga del Estado, que tiene un interés natural en proteger y expandir su monopolio sobre el poder económico y político. Es más probable que proceda del nivel de las comunidades de base, las ciudades, las universidades, las iglesias y otras asociaciones, cuando lleguen a darse cuenta de que solo fortaleciendo sus propias estructuras de autogobierno y liberando los recursos locales podrán avanzar efectivamente hacia sus fines distintivos y reafirmar algún control significativo sobre su propio destino.