Pierpaolo dal Corso considera imprescindible una intervención legislativa que reforme en profundidad el procedimiento penal extrajudicial

“Es imprescindible una intervención legislativa que reforme en profundidad el procedimiento penal extrajudicial”, así lo ha afirmado el profesor Pierpaolo dal Corso, de la Facultad de Derecho Canónico San Pío X de Venecia, en la conferencia del Día del Patrón de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra. Durante la misma ha subrayado la necesidad de garantizar el respeto del justo proceso y el derecho fundamental de los fieles a un juicio equitativo, tal como establece el c. 221 §2.

Titulada ‘Justo proceso y procedimiento penal extrajudicial en la Iglesia’, Dal Corso ha explicado en su conferencia que, aunque la reciente reforma del derecho penal canónico ha introducido avances en el plano sustantivo, “la disciplina actualmente vigente no asegura de manera adecuada y vinculante la celebración de un proceso justo”, dejando vacíos normativos que afectan la tutela de los derechos de los fieles y la aplicación uniforme del derecho penal.

El profesor recordó que el c. 221 §2 reconoce el derecho de los fieles a un proceso equitativo, que requiere garantías como la legalidad penal, la defensa técnica, la imparcialidad del juez y la posibilidad de impugnación de las decisiones. Asimismo, ha señalado que estas garantías se cumplen en el proceso judicial, pero no en el procedimiento extrajudicial, a pesar de ser la vía más utilizada.

Dal Corso también ha destacado que el procedimiento extrajudicial ha ganado protagonismo en la práctica por su carácter administrativo y por la rapidez en la tramitación de casos reservados, aunque esto conlleva riesgos de discrecionalidad y de desigualdad en la aplicación de la ley. Según explicó, su uso frecuente no debería sustituir el proceso judicial cuando se trata de garantizar los derechos fundamentales de los fieles.

 
De izqda. a dcha., los profesores Álvaro González Alonso, Pierpaolo dal Corso, Joaquín Sedano y Jorge Otaduy.

Una apuesta por la formación rigurosa de los operadores

El profesor ha subrayado además la importancia de contar con personal debidamente formado y capacitado para aplicar estos procedimientos, advirtiendo que la falta de preparación puede derivar en decisiones parciales o mal fundamentadas. A su juicio, la formación rigurosa de los operadores es clave para asegurar que la discrecionalidad administrativa no comprometa el principio del justo proceso.

Ha calificado este procedimiento como “híbrido”, al confiar a autoridades con potestad ejecutiva funciones propias de un juez, y advirtió del riesgo de actuar “conforme a lógicas administrativas, formulando valoraciones según criterios de oportunidad y no aplicando el derecho en sentido estricto, con el consiguiente peligro para la imparcialidad del veredicto”.

Dal Corso ha concluido haciendo hincapié en que la reforma legislativa es necesaria para cerrar la brecha entre proceso judicial y extrajudicial, asegurando que las garantías fundamentales no queden a la discrecionalidad administrativa y que los fieles puedan ejercer plenamente su derecho a un proceso justo.