Eduardo E. Riquelme Portilla defendió su tesis “El cohecho parlamentario” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, que estuvo co-dirigida por Jesús-María Silva Sánchez y Pablo Sánchez-Ostiz. Recibió la mención cum laude por unanimidad.

Riquelme Portilla obtuvo su título en Derecho por la UMAR en Viña del Mar, Chile en 2002 y cursó estudios avanzados en Derecho Penal y Ciencias Penales en la Universidad Pompeu Fabra en 2008. Ha ostentado cargos públicos, como la subsecretaría de Pesca del Gobierno de Chile (2018-2019), y ha ejercido la abogacía en cargos públicos y en despachos privados.

¿Por qué se decidió por este tema? ¿Fue una cuestión de interés o el resultado de experiencias personales?

Pertenezco a un partido político chileno, de nombre Renovación Nacional (RN), desde los 14 años. Fui vicepresidente nacional desde el 2014 al 2018. Hoy en día es el partido más votado de Chile (con más parlamentarios, más concejales y más alcaldes) y el Presidente de Chile, Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) fue presidente de RN. Además del interés en la política, desde mi tiempo universitario me he dedicado al estudio y ejercicio profesional en Derecho Penal. He intentado aportar con esta tesis en un tema sensible, de alto impacto para la sociedad, buscando, por una parte, destacar que no toda la política es corrupta y que se necesita un espacio de libertad para que ella se pueda desarrollar. Pero, por otra parte, debemos dotar a la persecución penal de herramientas eficaces para investigar y sancionar a quienes pervierten la actividad política, con el fin de enriquecimiento personal.  Es demasiado importante lo que está en juego.

Muchas veces las leyes se enfocan en castigar y no en prevenir, ¿cómo cree que pueda prevenirse el cohecho parlamentario? ¿Tiene alguna propuesta en concreto?

Lo primero es sancionarlo. En España, Chile y en la gran mayoría de países de América Latina, a diferencia de Alemania, no existe un delito especial de cohecho o corrupción parlamentaria. La sanción para esa conducta está contenida en un tipo penal común a todos los funcionarios públicos, que sanciona como delito el ofrecimiento (o solicitud), acuerdo o entrega de beneficios «de cualquier naturaleza», a cambio de realizar o no realizar un acto propio del cargo, en términos muy generales. Como los parlamentarios pueden votar libremente (no hay una pauta contra  la cual contrastar su acción: en una democracia todas valen igual) y, además, pueden solicitar donaciones, el delito de cohecho prácticamente no tiene aplicación. Al ser el tipo penal tan amplio, no se aplica. Si dos parlamentarios pactan, como ocurre a diario, votar recíprocamente a favor un proyecto de ley, se actúa en el ejercicio del cargo (se vota) a cambio de un beneficio (el voto de aquel con el cual se pacta), y sin embargo nadie piensa que hay un cohecho. «Son las reglas de la política», se diría. Y así es, la política necesita un espacio para desarrollarse, lo que implica que, en el caso de los parlamentarios, no está prohibida la recepción de «cualquier beneficio», pues no se pueden prohibir los beneficios políticos. Pero eso no implica que sea imposible que se comenta un delito de cohecho en el ámbito parlamentario. Se debe trazar la línea de lo prohibido y de lo permitido. En ese camino se entronca la tesis doctoral.

¿Cuáles son las principales consecuencias del cohecho parlamentario?

La principal consecuencia es la pérdida de legitimidad en las decisiones que se toman por el órgano colegiado. Aunque la acción del corrupto no sea decisoria, el solo hecho de saber que existen interferencias del poder corruptor afecta el prestigio e incluso la legitimidad del Parlamento. Por otra parte, también es una especie de traición hacia los que confiaron en ellos. Y es, además, una deslealtad hacia los pares, los otros parlamentarios, que de buena fe pudieren haber sido persuadidos por los argumentos de origen espúreo del corrupto. 

Durante su investigación, ¿ha descubierto algún patrón que vincule a un país o región con mayores o menores casos de corrupción?

No. La corrupción política es un fenómeno global. La hay en países con democracias consolidadas como España o Corea del Sur, en otros con democracias cuestionables como Rusia, e incluso en países donde no hay democracia como China. Se dice que en África es un «modo de vida». Hay crímenes asociados que son un escándalo nacional en Eslovaquia y en Francia; y veremos que también es un fenómeno extendido en América Latina. Hasta la realeza de Arabia Saudita –un reino teocrático– es investigada.

¿Cuál cree que es el principal incentivo de los corruptos? Es decir, ¿la corrupción nace por búsqueda del beneficio propio o por desdén hacia el cumplimiento de las leyes?

El principal incentivo, al menos en la corrupción política, es la impunidad. Dado que los partidos políticos pueden recibir donaciones, es muy difícil descubrir a cambio de qué se dona. Como los parlamentarios pueden votar libremente, sin necesidad de justificar satisfactoriamente su decisión, muchas veces se pretende incidir en el contendio de la decisión a cambio de beneficios económicos. Y ese hecho es muy difícil de pesquiSar. Como los parlamentario hacen constantemente gestiones, también se pretende por los corruptos que se usen las redes de influencia para su beneficio económico (contratos, créditos, permisos, etc.).

¿Es la corrupción un fenómeno puramente político o una faceta de la naturaleza humana?

Es un fenómeno propio de la frágil naturaleza humana. Pero es posible combatir las pulsiones de éxito, dinero y poder. Si todo el ejercicio del poder fuera inexorablemente corrupto, entonces los movimientos anarquistas tendrían la razón. La organización política sería perversa en sí.  Pero no la tienen. Es un deber actuar en la vida política con apego al bien común, honradez y responsabilidad. Y la gran mayoría de los políticos, cual más cual menos, orienta su acción en el sentido correcto.