Un informe elaborado por la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Navarra ha analizado el terrorismo de ETA y la kale borroka contra miembros y cargos públicos de partidos democráticos en Navarra. El trabajo ha sido realizado por investigadores Instituto de Investigación Social Avanzada (I-Communitas) y del Instituto Cultura y Sociedad (ICS), coordinados por el Colegio de Sociología y Politología de Navarra, en cumplimiento del convenio suscrito por este con la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra.

El proyecto se ha desarrollado en dos fases. En la primera, a cargo del ICS, se ha elaborado el marco histórico que ciñe temporalmente la referencia de la investigación. “Contexto sociopolítico de la persecución a personas que ocupan cargos electos en Navarra (1958-2010)” ha sido desarrollado por Pablo Pérez López y Leyre Santos Vidal; y “Violencia de persecución. Una aproximación comparativa”, por María Jiménez Ramos. 

Asimismo, en esa fase I-Communitas ha realizado la conceptualización e identificación de la violencia de persecución que se produjo en el País Vasco y en Navarra, a través del trabajo de Marta Rodríguez Fouz “Memoria cívica y reconocimiento. El compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

En cuanto a la segunda fase, se han llevado a cabo entrevistas a 57 cargos políticos que sufrieron la violencia de persecución: 26 a miembros del Partido Socialista de Navarra (PSN); 26 de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y 5 del Partido Popular (PP). También se ha organizado un grupo focal con la participación de 3 miembros del PSN y 3 de UPN. Para esta fase se han incorporado Lohitzune Zuloaga Lojo y Sergio García Magariño, ambos miembros de I-Communitas. Marta Rodríguez Fouz y María Jiménez Ramos han analizado el material recabado.

Reconocimiento hacia miembros y cargos públicos de partidos democráticos

De acuerdo con los investigadores, el informe se enmarca en el propósito de reconocimiento hacia miembros y cargos públicos de partidos democráticos, con particular atención a la Comunidad Foral de Navarra, buscando mostrar la vivencia de quienes sufrieron ese acoso y esa violencia de persecución como consecuencia de su compromiso con la política. Pretende evidenciar las consecuencias personales que tuvo esa entrega generosa a la vida política de su comunidad. 

Según explican, el relato que se puede construir con esos testimonios contribuirá a conocer mejor el pasado y a hacer justicia a la memoria de estas víctimas, cuyas experiencias, de lo contrario, acabarían perdiéndose en los relatos íntimos como si no hubiesen ocurrido.

De acuerdo con el informe, la mayoría de cargos políticos que fueron amenazados y perseguidos por ETA recuerdan con dolor el sufrimiento vivido pero aseguran que “lo volverían a hacer”. Asimismo, concluye que la defensa de la democracia, la resistencia ante el terrorismo o la conformación de listas electorales en pueblos con mayoría abertzale fueron determinantes para que los entrevistados se involucraran en política, pese a que ello supusiera convertirse en objetivo de la violencia de persecución.

En la presentación durante rueda de prensa, Pablo Pérez aseguró que estos cargos públicos desempeñaban una actividad peligrosa “precisamente porque lo era” y porque eran conscientes del riesgo de que la democracia “fuera clausurada”.

Tal y como se indica en el documento, la izquierda abertzale “apoyó y puso en práctica la violencia de persecución contra sus adversarios políticos” y la intimidación era especialmente grave en aquellos casos en que se les notificaba la aparición en documentación de ETA o la inminencia de un atentado contra ellos que se había logrado frustrar.

Compromiso con la defensa de la democracia

Agrega que el miedo impregnaba las vivencias de los amenazados y constituyó un elemento determinante en el desarrollo de la vida política, algo que resultaba sumamente complicado cuando afectaba a la familia y, en especial, a los hijos.

El acoso a los cargos públicos era más acentuado en los pueblos del norte de Navarra y en la comarca de Pamplona, señala el estudio, que resalta que ese hostigamiento “se desarrollaba impunemente”, incluso durante los plenos municipales y en contextos festivos.

Todos los entrevistados mantuvieron su compromiso con la defensa de la democracia y del pluralismo político pese a la presión de la violencia, y el recuerdo de compañeros asesinados les ayudaba a continuar.

El asesinato de Tomás Caballero en 1998 inició la asignación de escoltas a miembros de UPN, PP, CDN y PSN, que se sistematizó tras el asesinato de José Javier Múgica, en 2001. Entre 2001 y 2015, revela el estudio, un total de 659 personas han vivido escoltadas en Navarra, de las que 523 eran políticos.

El estudio concluye que los cargos públicos amenazados “se debaten entre el recuerdo de los daños irreparables causados por el terrorismo y la convicción de que la defensa de la democracia mereció su sacrificio”.