El Ministro de Educación acaba de presentar su nueva ley sobre enseñanza. Falta conocer los detalles y cómo será su aplicación, pero parece ajustarse a lo anunciado y sus líneas maestras sensatas: refuerzo de las materias básicas, mejora del aprendizaje de idiomas, prudente diversificación de la Enseñaza Secundaria Obligatoria, impulso de la formación profesional, fomento de la autonomía de los centros, aunque sujeta a la rendición de cuentas, y mayor vinculación de las becas con los resultados académicos.

Sin embargo, conviene no olvidar que no son las normas legales las que cambian la educación, sino las actitudes y el proceder de quienes la realizan. También que nuestro sistema escolar lleva décadas caminando en la dirección equivocada. Las cosas sólo mejorarán si, tras un examen de conciencia, cambiamos nuestras prioridades.

Necesitamos niños y jóvenes que se planteen metas realistas, pero que les lleven a sacar el máximo partido de sus cualidades. Padres interesados por la formación de sus hijos, pero dispuestos a aceptar y transmitir que las notas, las plazas y los recursos deben de asignarse en función del mérito. Profesores con vocación, bien preparados y deseosos de mejorar, aun a pesar de la falta de estímulos económicos o laborales. Centros docentes con un proyecto educativo claro y compartido, pero adaptable a las características de los diversos alumnos. Directivos capaces de ilusionar, cohesionar, coordinar y orientar a sus integrantes. Herramientas de evaluación, que sirvan para detectar las deficiencias y tratar de corregirlas. También para saber qué escuelas obtienen los mejores resultados, pero sobre todo en cuáles se aprende más en menos tiempo.

Nada de esto se improvisa o es flor de un día, sino que es fruto de un largo y perseverante esfuerzo en el que todos deberíamos involucrarnos. Si lo hacemos, es muy posible que logremos obtener muchos más frutos con menos inversión.