Reinos de taifas, miniestados sin control, gremlins del poder, y más. Oyendo algunas opiniones parecería que nos hayamos levantado una mañana y de repente las comunidades nos estén esperando a la puerta de casa (sorpresa, sorpresa) con un saco de problemas a las espaldas y ni una sola cualidad para redimirlas.

Y no es que no haya errores claros de diseño: no tiene sentido plagar el mapa con distintas regulaciones administrativas que entorpecen los trámites más sencillos, ni crear diecisiete mercados laborales. Tampoco está claro que la pérdida de economías de escala en algunos ámbitos sea redimida por un mejor servicio. Señores, la descentralización no es esto. O al menos, no es sólo esto. Descentralizar no quiere decir repetir funciones, duplicar cargos y multiplicar el número de asesores y otros adláteres del poder. Ajustar preferencias no se traduce en multitud de gastos improductivos. Gobernar quiere decir gastar, pero también recaudar y gestionar, y hacerlo bien. En justicia, hay culpa para repartir. El déficit de responsabilidad es heredado de un sistema en el que el Estado guardaba, quizá demasiado celosamente, el poder de recaudar y repartir.

Y aunque hemos avanzado en corresponsabilidad fiscal, las maneras de hacer tardan en cambiar. No sería justo condenar ahora un modelo que, teniendo sus problemas, también ha generado cuantiosos beneficios sociales y económicos. El sistema tiene ventajas potenciales, entre las que destacan la posibilidad de favorecer la innovación, un mejor control ciudadano de lo público y un ajuste más preciso a las preferencias locales.  Las políticas de promoción cultural, histórica y lingüística, el asesoramiento cercano, la coordinación educativa, la priorización del gasto en infraestructuras… hay mucho que se puede hacer. Allá donde se pueda, la política y administración a nivel de suelo tienen ventajas incontestables, pero quizá sea hora de acercarse a un modelo más racional y equilibrado.