Una legislatura, puede que incluso todo un ciclo, parece llegar a su fin, y en la escena política se registran los clásicos movimientos: seleccionar candidatos, actualizar programas, calentar la precampaña. Las encuestas pintan mal para el Gobierno de Zapatero, y aunque en un año pueden pasar muchas cosas, los avispados empiezan a buscar una salida digna. Se ve a altos cargos de la Administración, de empresas públicas o de los Cuerpos de Seguridad, soltar las amarras de sus puestos y buscar acomodo en el sector privado o en otros destinos más seguros (y, en ocasiones, mejor retribuidos: un comisario de la Policía Nacional, destacado en alguna de nuestras embajadas, cobra más de 20.000 euros al mes). Nadie en sus cabales quiere permanecer quieto en un barco que se hunde.

En las filas de los partidos de oposición, que confían en acceder al poder, se observan maniobras de signo contrario. Se elaboran quinielas para la asignación de esos puestos a afiliados y simpatizantes. Hay excitación y nervios, pues todos quieren estar bien situados cuando llegue el momento de repartir el botín. En pasillos y despachos resuena el viejo '¿Qué hay de lo mío?'.

Me llega en estos días la noticia del cumpleaños del periodista alemán Dieter Vogel. Por tratarse de una edad redonda, ochenta, lo han celebrado por todo lo alto. Resulta aleccionador echar un vistazo a su trayectoria profesional. Después de brillar en la prensa, dio el salto a la política y trabajó como portavoz de diversos ministros de sucesivos gobiernos alemanes, con una peculiaridad: pertenecían a todos los partidos políticos -democristianos, socialistas, liberales-. Esta segunda carrera culminó con su nombramiento como portavoz del Gobierno, durante el mandato de Kohl.

Una trayectoria así sería impensable en nuestro país. Por el contrario, el caso de Vogel ni siquiera constituye una excepción en Alemania, donde los cambios en el Ejecutivo no afectan a la Administración, ni siquiera a los altos cargos: directores generales o incluso secretarios de Estado siguen en sus puestos sea cual sea el resultado electoral. Se entiende que la Administración es técnica, no política, y así puede trabajar con eficacia y sin sobresaltos.

En España seguimos confundiendo soberanía con propiedad, al estilo feudal: los organismos públicos como finca particular o como un cortijo privado, larguísimos pesebres para dar de comer a parientes, amistades, compinches y militantes. El Estatuto de la Función Pública todavía impone algo de respeto, y las plantillas no son flexibles de modo ilimitado, por lo que si no hay hueco legal, se nombran cientos o miles de asesores personales. Cuando termina la legislatura y se intuye un cambio de Gobierno, hay que convertirlos en funcionarios a toda prisa, aunque sea en plan ilegal.

Así va creciendo de forma desmesurada el sector público, hasta convertirse en una especie de cáncer. Tanto el régimen autonómico como el sistema municipal favorecen esta dinámica, al duplicar o incluso triplicar algunos servicios. La complicación burocrática se convierte en un freno añadido a nuestra (ya de por sí) bajísima productividad. Urge poner fin a este proceso. Tal vez un efecto positivo de esta crisis pueda ser que se acepte una cirugía inimaginable en tiempos de bonanza. Aun así, se requerirá fortaleza y altura de miras por parte de la clase política, y está por ver que nuestros gobernantes vayan a ser capaces de aplicar esos remedios tan necesarios como impopulares.