Judith Kanakuze nunca quiso recordar lo que pasó en 1994: “Dios me salvó, pero no a mi familia”. Aloisea Inyumba no conoció a su padre y tuvo que escapar con su madre y cuatro hermanos y creció en un campo de refugiados de la vecina Uganda. Ambas se unieron poco más tarde al Frente Patriótico de Ruanda (RPF). Como muchas mujeres del país africano, Judith y Aloisea dieron un paso al frente para reconstruir una nación que quedó desgarrada, triturada y desangrada tras un terrible genocidio que dejó más de 800.000 muertos y trajo consigo una dura guerra civil de tres años.

El genocidio dejó una sociedad diezmada con un 70% de mujeres que nunca había trabajado ni ocupado puestos de poder. Además, 250.000 fueron violadas e infectadas del virus del VIH y 35.000 se quedaron embarazadas, según datos de Human Rights Watch. La sociedad debía reconstruirse necesariamente con las mujeres. Judith y Aloisea lo sabían. En el primer parlamento de 1994 tan solo había ocho mujeres entre los 70 diputados (un 11,4%), pero con su trabajo la perspectiva cambió radicalmente.

Aloisea se convirtió en 1994 en ministra de Género y Familia y creó un programa de mujeres por todo el país para que ellas tomaran las riendas en las comunidades locales. Judith fue una de las tres mujeres que formó parte de la comisión que redactó la nueva Constitución del país en 2003, la cual incluía una cuota mínima de un 30% de mujeres en el Parlamento nacional. Años más tarde, consiguió legislar contra la violencia de género y tipificar la violación como delito.

Ambas ya han fallecido debido a largas enfermedades, pero gracias a mujeres como Judith y Aloisea, Ruanda es hoy el país con más mujeres parlamentarias del mundo. Ellas ocupan un 62% de los asientos de la Cámara de los Diputados, 49 de los 80 sitios. Además, las ruandesas representan el 55% de los empleos del país y son propietarias del 40% de los negocios.

El ejemplo de Ruanda muestra que, para desarrollar políticas que vayan dirigidas a promover directamente el bienestar y los derechos de las mujeres, se debe contar con ellas en política. Desde 1990, un total de 22 países —15 de ellos en África subsahariana— han implementado por ley un mínimo de parlamentarias. La implementación de cuotas de género en política es controvertida, pero una investigación pionera muestra que tiene grandes efectos para la salud y el desarrollo de la población femenina.

El estudio, titulado Maternal Mortality and Women’s Political Participation (Mortalidad materna y la participación de mujeres en política) y publicado en la Universidad de Naciones Unidas (UNU-WIDER), descubre que la implementación de cuotas parlamentarias reduce directamente entre un nueve y un 12% la mortalidad materna. Esta investigación, liderada por Joseph Gomes, investigador del Navarra Center for International Development, junto con Sonia Bhalotra (Essex), Damian Clarke (Universidad de Santiago de Chile) y Atheendar Venkataramani (Universidad de Pensilvania) muestra además mejoras en la atención médica durante el embarazo.

Los resultados revelan que, sin invertir más dinero en cuidados, la introducción de cuotas de género en los parlamentos incrementa entre un 8% y un 11% la atención durante el parto y entre un 6% y un 11% la implementación de cuidados prenatales.

Entre 1990 y 2015, unos 10,5 millones de mujeres, un 99% de ellas en países en desarrollo, han muerto por complicaciones prevenibles durante el embarazo, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, la tendencia ha mejorado conforme más poder acumulaban las mujeres. En ese periodo de 25 años, el número de parlamentarias se ha duplicado, pasando de un 10% a un 20%, y a su vez la tasa de mortalidad maternal ha decrecido un 44% alrededor del planeta. Cada día de 1990 morían 1.458 mujeres intentando ser madres, hoy son 830. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas se incluye el propósito de reducir el ratio de mortalidad maternal de los 216 fallecimientos por cada 100.000 nacimientos de la actualidad a tan solo 70 muertes en 2030.

Esta investigación pionera muestra que con mujeres en el poder se promueven políticas dirigidas a la inclusión y los derechos de la población femenina. El progreso económico y social de los países en desarrollo no puede ni debe ocurrir sin una participación activa de las mujeres. La política debe ser un ejemplo de igualdad para promover una sociedad feminista, justa y progresista.