Se podría pensar que en las actuales circunstancias, el gobierno español –el actual o el próximo- no tiene margen de maniobra alguno para crear empleo. En comparación con las dos últimas décadas, los tipos de interés están ya cercanos a cero, las condiciones financieras son claramente peores, la demanda internacional está en un momento de incertidumbre y el sector privado está mucho más endeudado. Y, evidentemente, el ajuste fiscal es más necesario que nunca en aras a solucionar el embrollo de la deuda pública en Europa, que está afectando muy negativamente al flujo de crédito. A esta coyuntura se añade un principio fundamental que Obama acaba de recordar al presentar su plan de empleo: son las empresas las que han de crear empleo, no los gobiernos.

Sin duda, nuestro talón de Aquiles es el modelo productivo, y desde todas las instancias se ha de fomentar la competitividad. Dicho esto, a corto plazo, una nueva profundización en la reforma del mercado laboral podría empezar a ser efectiva.

Desde el comienzo de la crisis, el empleo ha caído con mayor rapidez que el PIB. Esto se ha debido a la gran cantidad de contratos temporales existentes en nuestra economía, que ha configurado un dualismo en nuestro mercado laboral. A pesar de que la temporalidad incrementa el número de contrataciones, también incentiva los despidos. Para que el efecto neto sea positivo, parece necesario igualar los costes de despido entre fijos y eventuales; es decir, reducir los costes de despido de los fijos. Esto incentivaría los contratos fijos y más cambios de puestos eventuales a fijos. Más importante todavía se antoja la flexibilización de salarios reales. Desde la crisis, hemos contemplado atónitos como la media de los salarios reales ha subido a la par que se destruía empleo masivamente. Es decir, el mercado laboral se ha ajustado vía cantidades justo en la dirección errónea. Una futura bajada de los salarios reales se podría compensar con más empleo, de modo que el efecto neto podría ser estimulante en el consumo, partida clave del PIB, lo que induciría un ciclo virtuoso de renta, empleo y recaudación fiscal. Finalmente, habría que proporcionar más incentivos a trabajar a la población activa, por ejemplo a través de la penalización de ofertas de trabajo rechazadas. En definitiva, no podemos desaprovechar el capital más importante de nuestra economía, las personas.

Todo esto requiere que los agentes sociales remen en la misma dirección: gobierno, llevando la iniciativa, sindicatos con altura de miras y empresarios –técnicamente mejor formados que nunca- con la vista puesta en el bien común.