Juan Carlos Orenes Ruiz , Doctor en Derecho, Profesor Asociado de la Universidad de Navarra
Imputación y estigma
El Juez de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, mediante auto dictado en el asunto Palma Arena, ha desestimado la petición del sindicato "Manos Limpias" para que la Infanta Doña Cristina sea citada a comparecer ante el Juzgado a prestar declaración en calidad de imputada. Una vez más, una resolución judicial, mediante la aplicación del método de coger el rábano por las hojas, ha sido objeto de análisis cosechando un buen número de críticas. El titular más frecuentemente empleado, que ha generado el lógico revuelo en la opinión pública, es el de que la Infanta no ha sido citada a declarar como imputada para "no estigmatizarla". Dicho así las reacciones son comprensibles, si ese es el motivo cualquier ciudadano puede sentirse legitimado para no querer ir a declarar como imputado en ningún procedimiento penal para no sufrir tan negativa consecuencia en su consideración social.
Sin embargo, la lectura del auto nos muestra que algunas interpretaciones han pecado de cierta ligereza mientras que otras han caído directamente en la simple demagogia. Efectivamente, en la citada resolución el juez analiza si "con los datos con los que ahora se cuenta" procede o no la petición del sindicato. Aclara que la declaración en calidad de imputado exige la existencia previa de ciertos indicios de criminalidad de carácter objetivo y racional, el instructor realiza un análisis de los indicios que a juicio del peticionario existen contra la Infanta y concluye, como también sostuvo el Ministerio Fiscal, la Abogacía de la Comunidad Autónoma y la representación del Partido Popular de Baleares, que no hay documentos o testimonios en la causa que, por el momento, avalen la existencia de indicios de participación en los hechos investigados. La esencia de la decisión judicial se encuentra aquí, en el hecho de que el Juez considera que en estos momentos no existen indicios de criminalidad que justifiquen la citación de la Infanta en calidad de imputada; y esto es en lo que debiera centrarse el análisis o crítica: en los argumentos esgrimidos en el auto para considerar que tales indicios no existen.
Lo otro, la estigmatización gratuita, no es sino la consecuencia, por otro lado lógica, que para el Juez tendría la citación de la Infanta sin que existan esos indicios previos de criminalidad. Llama la atención, sobre todo viniendo de ciertos medios, que la imputación en un proceso penal, de las características y repercusión que tiene el caso Palma Arena, se nos presente como un acto totalmente aséptico, como el hecho de ir al dentista o a lavar el coche. Resulta evidente que la difusión de cualquier información referida a la posible autoría o participación en un hecho delictivo no es, desde la perspectiva de los derechos de la personalidad, inocua para quienes resultan objeto de la misma. Sobre todo en un país donde la presunción de inocencia suele tornarse en la conciencia colectiva en presunción de culpabilidad al ritmo al que van apareciendo noticias sobre la instrucción de los procedimientos penales.
En este sentido resulta significativo que en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado por el anterior Gobierno, dentro de las numerosas novedades que recoge, encomienda al Ministerio Fiscal la dirección de la investigación bajo control judicial. Considera que, con el actual sistema de imputación, la intervención judicial en la comunicación provisional de cargos, produce un lamentable efecto estigmatizante y contribuye a un importante detrimento del derecho a la presunción de inocencia. La reforma también prevé un cambio de nomenclatura: la sustitución del término imputado por el de investigado, aludiendo a este carácter estigmatizante que tiene la palabra imputado. Sin embargo, ¿cuánto tiempo tardaría la palabra investigado en tener idéntica connotación? El problema no se encuentra tanto en el término que se utilice sino en el tratamiento que se da a las noticias sobre la investigación de hechos delictivos y a la percepción de los ciudadanos sobre tales noticias, el peligro es que actuemos como el sheriff Little Bill (Gene Hackman) en la película Sin Perdón, que tras ser recriminado por darle una paliza a un hombre inocente responde: "¿Inocente?, ¿inocente de qué?".