El ICO nació en 1971. Su creación tuvo su origen mediato en el conocido por entonces como escándalo MATESA. Sin entrar ahora a relatar ni a valorar los detalles relativos a las personas y sucesos que protagonizaron aquel acontecimiento, creo que sería bueno recordar algunas cuestiones.

A partir de 1962 –impulsado por la apertura económica de 1959- se había puesto en marcha en España una política de apoyo público a ciertas actividades –industriales y de exportación-. Este apoyo se materializó a través de la concesión de líneas de crédito públicas otorgadas por entonces, entre otros, por el Banco de Crédito Industrial y el Banco Exterior de España y avaladas –también con apoyo público- a través de la aseguradora Crédito y Caución.

Aquel sistema adoleció de una excesiva burocracia. Se pusieron en marcha mecanismos automáticos para la concesión de créditos con el solo cumplimiento de ciertos requisitos reglamentariamente previstos. El resultado fue el debilitamiento de los criterios de prudencia bancaria en el otorgamiento de muchos de aquellos créditos. Esta circunstancia, unida a los pocos escrúpulos o a la osadía de algunos, explica que en 1969 el sistema saltará por los aires con el citado asunto MATESA.

La respuesta llegó en 1971, como he dicho, con una reforma de la entonces existente banca pública o banca oficial, que vino a reforzar las exigencias de prudencia bancaria –léase, análisis de riesgos asociados a las operaciones de crédito según criterios de mercado- en las actividades desarrolladas por la banca oficial.

Entre las medidas anticrisis adoptadas por el Real Decreto-Ley aprobado el pasado 9 de abril (el de la frustrada foto de Zurbano) destaca la autorización al ICO para conceder créditos directamente a las PYMEs. Se trata de una medida que busca dar respuesta a la demanda insatisfecha de crédito y a la necesidad de financiación de tantas y tantas pequeñas y medianas empresas españolas. Sin duda la falta de crédito está acogotando a muchas empresas y amenaza con llevar al paro a más trabajadores.

Se nos anuncia que la tramitación de estos créditos directos del ICO va a poder hacerse de forma semiautomática y online. Parece interesante y eficaz.

No obstante, conviene no olvidar las enseñanzas de la historia. Lo que ahora se quiere hacer –con correcta intención- recuerda quizá en exceso a aquel sistema que se puso en marcha en la década de los 60 del siglo pasado. No olvidemos cómo terminó.

Por otro lado, recordemos que relegar a un segundo plano los requerimientos de la prudencia bancaria ha sido, en parte, origen de la crisis financiera que sufrimos.

¿Está acaso la banca pública eximida de dichos requerimientos?

No lo estaría si los fondos de los que dispusiera fuesen propios; pero es que la banca pública otorga crédito con el dinero de los ciudadanos que pagamos impuestos. Qué menos que pedirle, por tanto, que ponga todos los medios que la prudencia bancaria exige para dar crédito. Lo demanda la justicia pero también la eficacia en la gestión de lo que es de todos.