El presidente francés, Emmanuel Macron, ha presentado recientemente un conjunto de medidas destinadas a frenar el desplome de la natalidad en Francia. El plan no es sólo informativo: prevé crear y expandir servicios sanitarios nuevos, incluidos diagnósticos, centros de tratamiento y unidades de fertilidad, con el objetivo explícito de incrementar la capacidad asistencial en todo el país y facilitar el acceso a tratamientos antes menos disponibles. El enfoque ha sido recibido como moderno y pragmático. Sin embargo, conviene preguntarse si estas políticas responden realmente a la evidencia científica disponible o si, por el contrario, simplifican de forma peligrosa un problema complejo en beneficio de una industria que, particularmente en Francia, se veía con las manos atadas.

El plan parte de una premisa discutible: tratar la reproducción asistida y la preservación de la fertilidad como herramientas neutras, seguras y capaces de compensar, mediante tecnología, el retraso estructural de la maternidad. Presentar estas técnicas como una solución demográfica ignora aspectos fundamentales desde el punto de vista de la salud pública y del derecho de las familias a una información veraz.

Uno de los pilares del discurso institucional es la promoción de la congelación de óvulos como una especie de “seguro reproductivo”. Sin embargo, esta narrativa transmite una falsa sensación de control sobre la fertilidad. La congelación de óvulos puede tener sentido en contextos médicos muy concretos, como determinados tratamientos oncológicos, pero convertirla en una recomendación generalizada para mujeres no sigue una lógica médica defendible. La congelación de ovocitos no garantiza un embarazo futuro ni compensa la caída natural de la fertilidad asociada a la edad. El uso de óvulos de mujeres más jóvenes mejora, sin duda, las tasas de éxito de estas técnicas frente al uso de óvulos de mujeres de edades más avanzadas, pero el resultado final sigue siendo bajo cuando se mide en términos de niños nacidos vivos.

Más preocupante aún es el silencio sistemático sobre los riesgos para la salud asociados a las niñas y niños concebidos mediante fecundación in vitro. Tal y como expongo en El último in vitro (Amazon 2025), la literatura científica internacional recoge un aumento del riesgo de malformaciones congénitas, prematuridad, bajo peso al nacer, mortalidad perinatal y parálisis cerebral. A medio y largo plazo, diversos estudios apuntan también a una mayor incidencia de determinados tipos de cáncer (melanomas, leucemias y linfomas, por ejemplo), trastornos del espectro autista, trastornos del lenguaje, alergias o diabetes. Estos datos rara vez forman parte del debate público cuando la reproducción asistida se presenta como política de Estado. En mi opinión, y tal y como ya está aconteciendo con los nacidos de donante, llegará el día en el que las familias de enfermos concebidos in vitro se asociarán para exigir una reparación por las patologías padecidas de cuyo aumento de riesgo no fueron informadas.

Impulsar estas técnicas como eje de una estrategia pronatalista sin advertir de forma explícita de dichos riesgos supone una grave irresponsabilidad. Se está construyendo una política de natalidad apoyada en una industria con enormes intereses económicos, cuya lógica no es informar sino vender. En el caso francés, en mi opinión, las medidas anunciadas parecen responder a un problema estructural específico: la escasez de óvulos para donación, consecuencia de un sistema de fuertes restricciones que, al menos hasta ahora, velaba por la no mercantilización del cuerpo.  La promoción masiva de la congelación de óvulos permitirá crear un auténtico “almacén” de ovocitos, condición necesaria para la expansión del sector que veía, hasta este anuncio de Macron, importantes limitaciones. Este crecimiento no beneficiará solo a las clínicas —en Francia integradas en el sistema público—, sino, sobre todo, a las empresas tecnológicas y biofarmacéuticas privadas que las abastecen.

Desde el punto de vista de las políticas públicas, el balance es cuestionable. Aunque el uso de óvulos congelados de mujeres más jóvenes incrementa ligeramente las tasas de éxito, estas siguen siendo globalmente bajas, lo que se traduce en una eficacia limitada y en una inversión pública con un retorno más que discutible. Además, el análisis no puede reducirse al número de nacimientos logrados. Parte del gasto actual está contribuyendo a generar una población infantil con mayores riesgos para la salud, con un incremento de la prematuridad, de los ingresos en unidades de cuidados intensivos neonatales y de patologías graves. Todo ello anticipa costes sanitarios y sostenidos en el tiempo para los sistemas públicos de salud nada desdeñables.

La crisis demográfica europea es un fenómeno complejo, vinculado a factores estructurales como la precariedad laboral, el acceso a la vivienda, la inestabilidad económica y la debilidad de las políticas familiares. Pretender resolverla medicalizando la reproducción es una huida hacia adelante. No se puede afrontar un problema social profundo sustituyendo la reproducción natural por procedimientos biomédicos que no son inocuos, ni hacerlo a costa de la salud de los niños o del derecho de las familias a una información completa y transparente.

Europa no necesita marketing reproductivo ni soluciones tecnológicas presentadas como panaceas. Necesita condiciones reales que permitan formar una familia en edades biológicamente más favorables y un debate público basado en evidencia científica, no en eslóganes. La tecnología no puede corregir por decreto los límites de la biología, y ignorarlo tiene consecuencias sanitarias, económicas y sociales que no deberían minimizarse.