"Retrasar la edad de jubilación va a producir rechazo social, pues significaría la entrada de menos personas en el mercado de trabajo, que afectaría fundamentalmente a los jóvenes", declaró Rafael Calvo Ortega, ex ministro de Trabajo (1978-1980), quien clausuró el curso de los máster en Derecho de Empresa y en Asesoría Fiscal de la Universidad de Navarra. "Será un debate muy delicado", subrayó, dada la clara oposición de los sindicatos en esta reforma.

Respecto al sistema de prejubilaciones, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense reconoció que "se ha abusado de una figura que nació con un carácter excepcional para solucionar situaciones de emergencia en las empresas. Produce una cierta sorpresa y un rechazo cada vez mayor que se soliciten prejubilaciones con ayuda del INEM y de los sistemas públicos para empresas cuya salud económica es muy buena".

El profesor Calvo Ortega no se mostró partidario, en cambio, de reformar las prestaciones por viudedad, ya que, "en la mayor parte de los casos, responde a una necesidad; eso sí, son pensiones muy bajas. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estas pensiones recae en las mujeres, y que en España no ha habido ninguna protección para el ama de casa, por lo que es una figura muy justa".

Rafael Calvo Ortega afirmó no estar muy de acuerdo con "entronizar el equilibrio presupuestario, porque siempre se hace a costa de un menor gasto social. España está necesitada de inversión en sectores como la educación, la sanidad, la protección al desempleo y las ayudas a la propia actividad económica. Es bueno caminar en una línea de déficit cero, pero no plantearse los ajustes a muy corto plazo, sobre todo en una país que viene de un déficit presupuestario importante, porque eso puede hacer que chirríen determinados gastos públicos".

En cuanto a las futuras negociaciones entre los agentes sociales para lograr un nuevo acuerdo laboral que tanto reclama el Gobierno, el ex ministro señaló que "el modelo actual no está agotado. El problema es que se ha abusado de la contratación temporal y hay un gran desequilibrio entre ésta y la indefinida, por lo que hay que lograr ese equilibrio".

En total, han sido 55 los licenciados inscritos en los dos master durante el curso 1999-2000 que este fin de semana recibieron el título en el acto de clausura: 31 en el de Derecho de Empresa y 24 en el de Asesoría Fiscal. La aragonesa Paloma Larroy Fernández, licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, recibió el premio extraordinario cum laude. Ocho de los 55 inscritos pertenecen a universidades iberoamericanas.

El Máster Universitario en Derecho de la Empresa contó con la siguiente participación por universidades españolas: Universidad de Navarra (7); Universidad de Deusto (5); Universidad del País Vasco (4); Universidad de Zaragoza (3); Universidad Pública de Navarra, Universidad de Barcelona, Universidad de San Pablo (CEU), Universidad Pompeu Fabra y Universidad de Salamanca (1). Los siete graduados iberoamericanos procedían de la Universidad Autónoma de México, Universidad Antenor Orrego (Perú), Universidad Nacional de La Plata (Argentina), Universidad Católica de Perú, Universidad Autónoma de Centro América (Costa Rica), Universidad Central (Chile) y Universidad Nacional de Lomas de Zamora (Argentina).

En cuanto al Máster Universitario en Asesoría Fiscal, 7 de los participantes habían estudiado en Universidad de Navarra; 4 en la Universidad de Deusto; 4 en la Universidad del País Vasco; 3 en la Universidad Pública de Navarra; 2 en la Universidad de Zaragoza; y uno en la Universidad de Oviedo, Universidad de Cantabria y Universidad de La Coruña. El único representante iberoamericano en este master pertenecía a la Universidad de Andrés Bello, de Venezuela.

Para el curso 2000-2001, el número de participantes es el mismo, 55, de los que 29 cursarán el Máster en Derecho de Empresa y 26 en el de Asesoría Fiscal. La representación de graduados iberoamericanos ha aumentado a diez.