20000324-El derecho penal debe actuar contra los explotadores laborales de inmigrantes

El ex letrado del Tribunal Constitucional José Antonio Lascuráin opinó en la Universidad de Navarra que, ante la creciente contratación ilegal de inmigrantes, "el derecho penal debe actuar contra los explotadores que expolian a esas personas y les incitan a poner en grave peligro su vida. Sus necesidades extremas les hacen trabajar de cualquier forma, en cualquier trabajo y a cualquier precio". Lascuráin participó en las IX jornadas de Derecho Penal organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra.

En unas declaraciones, el ex letrado del TC sugirió que los penalistas no deben actuar contra quienes contratan inmigrantes "de manera ilegal, pero con unas condiciones dignas de salud, sueldo y ocupación. Ese es el terreno para sanciones administrativas, no penales". Lascuráin insistió en "concentrar la actuación del derecho penal para que no crezca la explotación laboral en España".

José Antonio Lascuráin centró su intervención en "La protección penal de la seguridad en el trabajo: delitos e infracciones laborales. Contratación abusiva". Explicó que la principal responsabilidad recae sobre el empresario, ya que "la víctima de la inseguridad está muy condicionada para denunciarla. La seguridad es costosa y ralentiza el tiempo de trabajo. El trabajador suele percibir que su denuncia es inoportuna y puede perjudicarle".

Habituarse al riesgo

Aunque muchos trabajadores arriesgan o se muestran pasivos ante las medidas de seguridad, "esta actitud suele ser fruto de su desinformación, ya que no tienen un conocimiento global de las actividades de la empresa. Además, está demostrado que cuando uno se habitúa al riesgo, lo minusvalora; otros están condicionados por la necesidad de ser productivos, de no quejarse, de asumir riesgos..."

En este sentido, recalcó la importancia de contar con un tercer actor que asegure el cumplimiento de la ley: "En materia de seguridad es importantísima la heteroprotección por parte de los sindicatos, los inspectores de trabajo o la fiscalía". Lascuráin alabó la iniciativa de UGT en Madrid por la que un fiscal se encargará de penalizar a las empresas que no cumplan con las normas de prevención.

En cuanto a la aplicación de Ley de prevención de riesgos laborales en las empresas, Lascuráin dijo que "se tiene miedo a intervenir demasiado o a reprimir en el campo económico lo que es irregular o ilícito. Esto sucede por los posibles costes en puestos de trabajo y el deterioro del desarrollo económico y de la actividad productiva. No obstante, creo que cuando se trata de la vida y la salud de la gente, cualquier cesión es innegociable. No es de recibo que siga habiendo en España tres muertes diarias, aparte de las bajas, mutilaciones, enfermedades..."