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Desenmascarar los discursos de odio en las redes sociales con ayuda de los lingüistas

El investigador del ICS Dámaso Izquierdo asegura que “no podemos crear una lista de expresiones que no se pueden usar nunca porque todo dependerá de cuál es la intención comunicativa al emplearlas”

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Dámaso Izquierdo desarrolla en el ICS un proyecto sobre la libertad de expresión y el derecho al honor.
FOTO: Isabel Solana
30/06/20 15:19 Isabel Solana

Las fronteras entre el discurso público y privado cada vez son más difusas. Muchos hablantes, cuando se expresan en ciertos medios como las redes sociales, no tienen plena consciencia de que sus opiniones o juicios pueden alcanzar una gran repercusión. 

En esta entrevista, Dámaso Izquierdo analiza algunas cuestiones relativas a la libertad de expresión y el derecho al honor en las redes. El investigador desarrolla un proyecto en el grupo ‘Discurso público’ del Instituto Cultura y Sociedad (ICS) en el que busca criterios sistemáticos que ayuden a entender cómo se materializan en mecanismos lingüísticos concretos los límites entre ambos

- Durante la gestión de la pandemia las redes sociales se han inundado de acusaciones contra los políticos y también numerosas críticas entre ellos. ¿Internet se ha convertido en el nuevo escenario para las protestas?
En los momentos de confinamiento ha habido una explosión en las redes sociales, pero en cuanto hemos podido salir a la calle hemos ido allí a expresarnos. Eso demuestra que aunque las redes tienen un papel fundamental, no parece que puedan sustituir la presencia física. Las protestas relacionadas con #BlackLivesMatter son una muestra muy clara. Seguimos dando más valor a manifestarnos en la calle que a escribir un tuit que pueden leer millones de personas. 

- En estas críticas que se han vertido en las redes, ¿dónde está el límite entre la libertad de expresión y el derecho al honor?
El problema fundamental es que en estas plataformas hay un equilibrio muy frágil. Asimismo, en ellas confluye una serie de factores que las convierten en un medio muy particular. Muchos de los comentarios que pueden aparecer en un tuit no difieren en gran medida de lo que podemos comentar con amigos o personas cercanas, pero no tienen la misma trascendencia, pues se trata de discurso público. Esto viene alimentado por el hecho de que no haya una cercanía física con el receptor. 

No obstante, creo que a diferencia de los ciudadanos, los políticos son perfectamente conscientes de la trascendencia que puede tener publicar un mensaje ahí y explotan conscientemente ese recurso. 

- ¿Qué indicadores del discurso muestran cuándo se han cruzado las líneas rojas?
Desde un punto de vista legal y lingüístico no existen realmente unos parámetros definidos. Al acudir a sentencias específicas, vemos que los criterios aún son muy tentativos, se va caso a caso. Se procura buscar argumentos lingüísticos, pero aún resultan bastante pobres. Con todo, hay ejemplos más claros de difamación, en los que se vulnera el derecho al honor. Un insulto tiene consecuencias legales que no podemos eludir y cuando imputamos a una persona un delito que aún no se ha demostrado, las consecuencias no difieren de lo que ocurre en otros canales, como los medios de comunicación. El problema es que no hay solo una línea roja, sino una gradación. 

- ¿Qué parámetros ayudan a arrojar luz en los casos menos claros?
Por ejemplo, contamos con la teoría de la valoración, que muestra de qué manera evaluamos desde distintos puntos de vista aquello que estamos relatando. Uno de los apartados es la gradación. Cuando imputo un delito a una persona y lo hago con apelativos de gran carácter intensificador, como “absoluto”, “verdadero”, puede que nos estemos acercando al discurso de odio o a la difamación. 

También hablamos de los mecanismos con los que relativizamos nuestra responsabilidad, como “supuestamente” o “presuntamente”. Cuando los encontramos discursos polémicos, en redes sociales o en cualquier otro ámbito, hay que determinar en qué medida el hablante está haciendo un uso legítimo de esta herramienta lingüística porque no está seguro de algo y cuándo la está usando para difamar cubriéndose las espaldas. Hay indicadores que lo revelan. Por ejemplo, si uso “supuestamente” y lo combino con “evidentemente” en el mismo fragmento discursivo, tenemos una clave.  

Pero no existe un libro de recetas que valgan para todos los casos; hay que adaptarse a cada uno. Cuando evaluamos un tuit estamos ante un determinado material lingüístico que hay que contextualizar en una situación comunicativa general. 

- Encontramos un caso reciente el ámbito de la cultura: el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de cárcel de nueve meses y un día al rapero Pablo Hasel, así como la multa de más de 29.000 euros por enaltecimiento del terrorismo e injurias y calumnias a la monarquía y a las fuerzas de seguridad en Twitter. ¿En qué se basan este tipo de sentencias para sostener que hay un delito de odio?
El discurso de odio ha adquirido más relevancia en los últimos años. Seguimos en el terreno de la vulneración del derecho al honor, pero con unas características concretas, pues atañe a determinados grupos sociales que se entiendan como vulnerables ante algunas circunstancias. En la bibliografía hay debate sobre qué marcadores permiten determinar que estamos ante un discurso de odio propiamente. El Derecho habla de la intencionalidad, si ha habido propósito de vulnerar el derecho al honor o esto ha sido un efecto no deseado. Luego también está la malignidad, pretender ocasionar un daño de manera efectiva, que se pueda materializar en acciones hostiles por parte de terceros hacia ese grupo. No siempre es fácil determinarlo. Como lingüistas, deberíamos ser capaces de ofrecer algunos parámetros a los profesionales del ámbito jurídico. Por ejemplo, si se utiliza “ojalá”, se está expresando un deseo claro. 

En este caso, cuando estamos en el ámbito de la creación artística se considera que hay un factor que puede eximirnos de la responsabilidad: la existencia de cierta disociación entre mi yo real y mi yo creador artista. Pero los lingüistas debemos ser conscientes de quién es el emisor realmente.

- También está candente la cuestión de la libertad de expresión en las redes sociales, tras la decisión de Trump de tomar medidas para denunciar la censura que sufre. ¿Regular la libertad de expresión es necesario? ¿Cómo se debería hacer?
No podemos crear una lista de expresiones que no se pueden usar nunca porque todo dependerá de cuál es la intención comunicativa al emplearlas. Los insultos, por ejemplo, no tienen por qué ser despectivos: puedo referirme con ellos a un amigo en un contexto cariñoso. Algunas expresiones pueden guiarnos a la hora de detectar tuits sospechosos porque pueden estar prototípicamente asociados al discurso de odio, pero hay que ver cada circunstancia. 

Creo que es beneficioso que exista cierto control para los casos más obvios, para las cuentas claramente delictivas, como las de los yihadistas. Por una cuestión de seguridad ciudadana es necesario que no se dé alas a quienes pueden suponer un peligro para toda la sociedad.

No obstante, si no están claros los criterios de censura, perdemos más de lo que ganamos. Ahí hay que apelar a la responsabilidad de cada usuario, que tiene que ser consciente de que está utilizando un medio público. La solución es trabajar socialmente para que la gente se dé cuenta de que hay unos límites, que no puedes expresar en esa plataforma lo que no dirías en una entrevista cara a cara.  

- ¿Cómo puede ayudar la Lingüística a que esa regulación sea más justa y menos partidista?
Tenemos que construir todo un aparato de parámetros claros que puedan aplicarse a casos específicos. Para eso también necesitamos que desde el ámbito del Derecho se pidan informes periciales a lingüistas especializados en esta área, con el fin de que analicen un tuit o un discurso y puedan demostrar el grado de responsabilidad que está asumiendo el hablante. El lingüista no puede juzgar, pero sí dar herramientas a los juristas para que vean en qué medida se vulnera la ley. Por algunos comentarios, en ciertas sentencias se observa la colaboración de un expeto, pero da la sensación de que es un lingüista forense especializado en otras áreas. Aunque la regulación varía en cada país, vemos que hay una lucha constante por desarrollar una disciplina propia.

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