La crisis por la pandemia empuja a unas reformas económicas pendientes desde hace años, pero pueden ser poco efectivas por miedo a una apertura fuera de control 

El Gobierno cubano lleva años queriendo emprender reformas económicas, pero la distracción que supuso el auxilio de la Venezuela chavista y las dudas internas sobre el modelo de aperturismo económico retrasaron decisiones en firme. El colapso venezolano, primero, y muy especialmente la pandemia, después, han llevado a la economía cubana a un punto de quiebre que están obligando ya a tomar medidas, porque además la población de la isla está empezando a mostrar cierta inquietud. La salida de escena de Raúl Castro constituye un marco de oportunidad para los cambios, pero las incertidumbres de futuro pueden agarrotar cualquier transición por modesta que sea.

ARTÍCULO / María Victoria Andarcia

Tras un 2020 especialmente complicado, en los primeros meses de 2021 Cuba dio pasos significativos. En febrero, el Gobierno anunció una ampliación masiva de permisos para la iniciativa privada en diferentes rubros económicos. La ministra de Trabajo, Marta Elena Feito, anunció que la lista de sectores en los que se autorizaba a operar de manera privada crecería de 127 a más de 2.000 y que el Estado se reservaría la exclusividad solo en 124 rubros que no detalló. 

Con el desarrollo del “cuestapropismo”, en Cuba venían ocupándose aproximadamente 600.000 trabajadores en actividades privadas, un 13% de la fuerza laboral. La gran mayoría de estas iniciativas están vinculadas a la industria turística, la cual se ha visto afectada por el endurecimiento de las sanciones que llevó a cabo Donald Trump y especialmente por la pandemia de Covid-19, que prácticamente anuló el turismo en el Caribe. Según la Cepal, en el momento más crítico de la pandemia 250.000 trabajadores por cuenta propia habían suspendido su licencia de trabajo. Ese desempleo está impidiendo que el sector por cuenta propia pueda acoger a los trabajadores del sector público de los que el Estado quiere ir desprendiéndose para adelgazar actividades deficitarias.

El Ministerio de Economía cubano cifra la caída económica sufrida por la isla en 2020 en el 11% del PIB, la peor desde la disolución de la Unión Soviética, que dejó a Cuba sin el apoyo de su sostenedor económico y dio lugar al tiempo de extrema penuria conocido como el “periodo especial”. Ya en 2019 apenas se registró crecimiento. En 2020 hubo una reducción del 30% de las importaciones, lo que ha agudizado la creciente escasez de productos básicos y la inflación de precios en la isla, también empujada después por el reajuste cambiario.

Reforma monetaria

El 1 de enero de 2021 fue el “día cero” de la reforma monetaria y cambiaria, cuando se cumplían 62 años del triunfo de la revolución liderada por Fidel Castro. Se trata de la reforma económica más compleja emprendida por el país en las últimas tres décadas, después de años de espera. Desde el “periodo especial” en Cuba circulaban dos monedas: el peso cubano (CUP) y el convertible (CUC), equivalente al dólar y que se ha eliminado con la fusión de las dos monedas. Las monedas se canjeaban a diferentes tarifas: para las empresas del Estado, 1 dólar o CUC era equivalente a un peso cubano, mientras que, para la población, la tasa de cambio era de 24 pesos el dólar. La unificación ha ido acompañada de la fijación de una tasa de cambio única de 24 pesos cubanos por dólar, la primera devaluación oficial del peso desde 1959.

El alza inflacionaria ha afectado al precio de muchos productos y servicios. Si bien ha habido un aumento de salarios en el sector estatal, el precio de la electricidad se ha multiplicado por tres, el del agua por seis y el del pan con harina por veinte.

La desaparición del CUC se ha compensado con la apertura de tiendas donde puede comprarse con “monedas libremente convertibles”, amparando la libre circulación del dólar y suponiendo, en definitiva, una dolarización encubierta (además sigue operando un mercado negro de divisas, donde el dólar vale casi el doble del cambio oficial). Se trata de establecimientos para turistas, pero donde también la nomenclatura puede adquirir productos que no están al alcance del resto de la población. Eso ha contribuido incluso a críticas internas sobre una situación de desigualdad, como reconoció en abril el propio Raúl Castro en su discurso ante el VIII Congreso de Partido Comunista de Cuba (PCC).

El alza de precios y la creciente desigualdad está contribuyendo a un malestar social que da pie a quejas públicas cada vez menos tímidas. Esto ocurre en un contexto de protestas puntuales, como la del gremio de artistas, que hablan de una creciente inquietud que las reformas económicas debieran satisfacer a medio plazo pero que, de aplicarse sin decisión o no ser efectivas, pueden llevar a una frustración de expectativas.

De hecho, la convicción del Gobierno a la hora de impulsar reformas económicas ha sido hasta la fecha más bien deficiente. En 2011, en el VI Congreso del PCC, en el que Raúl Castro consolidaba su liderazgo tras suceder a su hermano en 2008, se aprobó una senda de reformas en la actividad económica que solo se aplicaron en parte. El auxilio que entonces suponía la Venezuela chavista de las vacas gordas llevó a aplazar las medidas más urgentes, en lo que en realidad vino a suponer una década perdida.

La isla tiene una economía muy dependiente del exterior, a pesar de no ser una economía de mercado. Los bienes que exporta se encuentran limitados a sus recursos naturales y a productos tradicionales de escasa elaboración: níquel, zinc, azúcar, tabaco y ron. Los servicios son el principal rubro de las exportaciones cubanas, especialmente los servicios de salud enviados a Venezuela y otros países de orientación ideológica próxima. La necesidad de importar materias primas, petróleo y alimentos condiciona el crecimiento de la economía de la isla. La URSS fue tabla de salvación sobre todo por las aportaciones de petróleo, como luego ocurrió con Venezuela, cuyo crudo prácticamente regalado Cuba refinaba y exportaba, logrando mejorar el flujo de divisas.

Relaciones con Estados Unidos

Al colapso venezolano vino a sumarse seguidamente una mayor presión de la Administración Trump. Si bien Estados Unidos sostiene un embargo a la isla desde en 1962, Barack Obama buscó un acercamiento mutuo que condujo en 2015 al restablecimiento de relaciones diplomáticas. El embargo se mantuvo, pues su levantamiento depende del Congreso, pero Obama propició su relajamiento mediante decretos presidenciales que aumentaron los contactos entre los dos países, con la reanudación de vuelos comerciales, la autorización a mayores compras en las visitas a la isla y la promoción del turismo. Además, permitió los viajes familiares a Cuba y facilitó los envíos de remesas, las cuales constituyen una importante fuente de divisas de este país, después de los ingresos por la prestación de servicios profesionales al extranjero y el turismo. Así, las remesas aumentaron un 143% entre 2008 y 2017 (de 1.447 millones a 3.515 millones de dólares). 

Trump mantuvo el reconocimiento diplomático (aunque ni Obama ni él nombraron embajador) y el envío de remesas, pero revirtió la mayor parte de los decretos aprobados por Obama y además aplicó varias rondas de sanciones. Estas incluyeron, entre otras, la suspensión del otorgamiento de visas para los cubanos y la ampliación de la lista de empresas cubanas manejadas por las Fuerzas Armadas con las que los estadounidenses no pueden relacionarse (ni como turistas). 

Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca se esperaba que las relaciones entre los históricos enemigos mejorasen de nuevo, pero meses después aún no se vislumbran señales de cambio y quien fuera vicepresidente de Obama no ha regresado a la estrategia de este hacia Cuba, sino que mantiene la presión sancionadora de su inmediato predecesor.

China y Rusia

Si en las relaciones con la Administración Obama, Raúl Castro buscaba un nuevo patrocinador que de alguna manera sustituyera a Venezuela, como esta había reemplazado a la URSS (de hecho, las negociaciones secretas con Obama comenzaron cuando la muerte de Hugo Chávez abría incertidumbres sobre el futuro venezolano), el portazo de Washington puede propiciar un mayor acercamiento a Rusia o a China. Esa aproximación se ha ido produciendo los últimos años, pero de momento no hay una definida dependencia de Moscú o Pekín.

Si el regreso de Rusia al Caribe cabe circunscribirlo a la disponibilidad de acceso militar (en Nicaragua, Cuba y Venezuela), en el caso de China existe una clara apuesta de comercio. China ha devenido en el segundo socio comercial más importante de la isla. Varias empresas chinas como Huawei y Haier han ayudado al desarrollo del sistema de telecomunicaciones cubano. Pekín reconoce la importancia estratégica de Cuba, por su inmediatez geográfica a Estados Unidos, y puede aprovechar esa relación para desafiar a su enemigo americano.

Tanto la profundización en esa vinculación como un paso firme en las reformas económicas, tal vez imitando a Vietnam en la apertura de mercado sin dejar el comunismo (el vietnamita, no obstante, es un modelo con lastres), dependerá de la nueva generación de dirigentes. Raúl Castro, más proclive a las reformas que su hermano Fidel, no acabó de impulsar de modo decidido el proceso porque el boom del precio de las materias primas, del que Cuba se benefició muy directamente a través del petróleo venezolano, relativizó su urgencia. Esta se plantea ahora, pero el nuevo presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, a quien Raúl Castro pasó en abril también su último cargo –primer secretario del PCC–, no tiene la autoridad interna ni la ascendencia sobre el Ejército, que controla buena parte de la economía, que gozaban los Castro.

El agravamiento de la crisis venezolana reduce la vigilancia en el mar, aumenta la corrupción oficial y empuja a pueblos costeros a buscar modos de subsistencia

• En abril de 2018 se registró el ataque con mayor número de muertos de los últimos años: 15 pescadores guyaneses fallecieron en aguas de Surinam

• El incremento de los ataques llevó a las autoridades de Trinidad y Tobago a crear una unidad aérea de élite para luchar contra la piratería

• Alerta en todo el litoral al conocerse en 2018 que el año anterior los incidentes habían pasado de 27 a 71, con un incremento del 167%

▲ Costa de Guyana, cuyos pescadores se han visto afectados por el incremento de la piratería

Informe SRA 2019 / Manuel Lamela [Versión en PDF]

El significativo aumento de la piratería en las aguas del Atlántico entre Colombia y Surinam, con Venezuela en el centro de esa actividad criminal, ha alimentado titulares en los medios acerca de “los nuevos piratas del Caribe”.

Aunque lejos de la envergadura de la piratería registrada en el Golfo de Adén y sus inmediaciones entre 2008 y 2012, y luego en el Golfo de Guinea, el número de ataques en estas otras aguas se incrementó notablemente en 2017, y en 2018 se registró el ataque con mayor número de víctimas.

El deterioro de la seguridad marítima, que sobre todo perjudica a pescadores locales y algunos barcos de recreo, a los que los piratas roban gasolina, motores, pescado y cuantos objetos de valor encuentren abordo, ha ido parejo al agravamiento de la situación venezolana y afecta también a países vecinos.

Surinam y Guyana

El ataque a cuatro embarcaciones en las que faenaban veinte pescadores de Guyana, ocurrido entre el 27 y 28 de abril de 2018, resultó ser el incidente de piratería con mayor número de muertos de los últimos años. Las autoridades de Surinam recobraron cinco cadáveres y dieron por desaparecidos a diez pescadores, cuyos cuerpos posiblemente quedaron en el fondo del mar, ya que los autores del ataque forzaron a los miembros de las tripulaciones a arrojarse al agua con el ancla u otros pesos ligados a los pies, de acuerdo con el reporte oficial. Solo cinco ocupantes de los botes pesqueros pudieron salvarse, liberándose al menos uno de ellos del lastre al que fue atado, según su propio testimonio. Posteriormente, un grupo de treinta hombres fue detenido por esos hechos.

Pese a que la situación no es desconocida para Guyana o Surinam el incremento tanto en número como en violencia de este tipo de incidentes en el último año es remarcable. A comienzos de 2018, un informe publicado por la ONG One Earth Future, dentro de su programa Oceans Beyond Piracy, indicó que el número de ataques registrado en las aguas de América Latina pasó en 2017 de los 27 del año anterior a 71, lo que supone un aumento del 167%. La mayor parte de ellos (64) ocurrió en aguas territoriales, sin afectar a rutas internacionales como ocurría con los piratas somalíes o sucede en el Golfo de Guinea. Si en estas rutas los principales objetivos eran buques mercantes o grandes armadores pesqueros, produciéndose incluso secuestros de naves y tripulaciones, en el caso de lo que ocurre sobre todo en las aguas de Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana y Surinam afecta a pequeños propietarios de embarcaciones.

Golfo de Paria, Trinidad y Tobago

Especialmente espinosa es la situación del Golfo de Paria, ubicado entre las costas del estado venezolano de Sucre y de la isla Trinidad, separadas solamente por unas 10 millas marinas en su punto más próximo. La peculiaridad geográfica de la zona supone un escenario perfecto para actividades ilícitas. El área ya era conocida por la existencia de diversas bandas dedicadas al contrabando y al tráfico de productos de primera necesidad, como los pañales y otros artículos altamente demandados entre la población venezolana. Dado el desabastecimiento que sufre Venezuela, esto supone un alivio para la demanda de ciertos productos e inyecta dólares a la ya amplia economía sumergida. A la ineficacia y la pasividad de los gobiernos de ambos países a la hora de combatir la piratería, como se reflejó en su fracasadas negociaciones bilaterales de 2017, se une una más que presumible relación de cooperación entre funcionarios y bandas criminales, como ha apuntado la ONG venezolana Asociación civil de Gente de Mar.

Otras zonas de las aguas territoriales de Trinidad y Tobago, además de las del Golfo de Paria, se ven afectadas por la piratería, a la que contribuyen bandas locales alimentadas con la llegada de venezolanos que tienen difícil encontrar un empleo. En los últimos pocos años unos 40.000 venezolanos han emigrado al vecino país, desestabilizando las ya precarias condiciones laborales de la sociedad trinitense. Con una población de apenas 1,3 millones de habitantes, el archipiélago tiene una tasa de criminalidad relativamente elevada, que en 2018 se manifestó en la comisión de cerca de 500 asesinatos. Estas cifras están empezando a perjudicar el turismo, que es uno de los principales activos económicos. Trinidad y Tobago corre el riesgo de que se la perciba como sucesora de la infame isla Tortuga, refugio de los piratas del Caribe del siglo XVII.

Ante esta situación, las autoridades isleñas anunciaron a final de enero de 2019 la creación de una unidad de élite aérea en el seno de la Policía para actuar frente a migración ilegal, la piratería, el secuestro y el contrabando de armas y de drogas. El anuncio ocurría inmediatamente después de que seis pescadores de Trinidad fueran secuestrados y llevados a Venezuela por sus raptores, quienes reclamaron un rescate de 200.000 dólares.

Venezuela: Sucre y Anzoátegui

La crisis tanto económica como social que sufre Venezuela es una de las principales causas del aumento de la piratería. Esta se lleva a cabo especialmente desde el estado de Sucre, que ya se ha mencionado, y desde el también estado costero de Anzoátegui.

Los criminales que operan en la zona pueden dividirse en dos tipos. Por un lado, hay atacantes bien entrenados, con buen armamento, encuadrados dentro de una organización criminal y relacionados con el narcotráfico que controla la península de Paria (el extremo oriental de Sucre). Concretamente, existen dos bandas criminales diferentes que se enfrentan por el control de la zona. Estos grupos de narcotraficantes están asentados en las localidades de San Juan de Unare y San Juan de las Galdonas, en el municipio de Arismendi. Mediante la violencia y la extorsión se han conseguido adueñar de las rutas marítimas de mayor importancia, ahuyentando a todos los pescadores que pudieran ser testigos de sus actos. Su actividad se centra mayoritariamente en el tráfico de drogas y de armas. Respecto de las primeras, la mercancía se obtiene de Colombia y tras atravesar Venezuela se embarca hacia las costas de Trinidad y Tobago para en última instancia ser transportada hacia el mercado europeo, en ocasiones con escala en África Occidental. En cuanto a las armas, los cargamentos se obtienen en la misma Venezuela, procedentes de robos y contrabando (la corrupción y falta de seguridad afecta también a las fábricas nacionales que producen armamento; en 2019 está prevista la entrada en funcionamiento de una factoría con capacidad para producir 25.000 fusiles AK 103 al año).

Por otro lado, la actividad de piratería la desarrollan también simples maleantes, de un perfil criminal menor y con peor equipamiento y recursos. Pese a esto, son los que crean mayor alarma, dada su proliferación entre una población sin apenas fuentes de ingresos y unas coordenadas de actuación que son menos específicas que las del crimen organizado, lo que hace más imprevisibles sus ataques.

La mala administración chavista en la industria pesquera es otro de los principales factores que han generado este incremento de criminales procedentes de la población local, dedicada en su mayoría a la pesca. Con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 se llevó a cabo un gran proceso de nacionalización de este sector, con la expropiación de astilleros, barcos, puertos… Tras este proceso de reformas y reforzando más su relación con Cuba, en 2008 se creó una empresa pública binacional denominada Empresa Socialista Conjunta de Pesca Industrial de la Alianza Bolivariana (PESCALBA) con el objetivo de hacer más accesible el producto a los estratos sociales con menor poder adquisitivo. Todo ello contribuyó a que entre el ascenso de Chávez a la presidencia y 2017 la captura descendiera en un 60%, con una fuga de barcos a otros países, como Panamá o Ecuador, la cesación de actividad de procesadoras, el amarraje de barcos por falta de mantenimiento y el aumento del desempleo. En consecuencia, el estado de Sucre ha resultado con una sociedad quebrantada, sin medios de subsistencia, que encuentra en la delincuencia su única manera de sobrevivir.

Moscú estrecha su relación con Venezuela, Cuba y Nicaragua, en el ‘near abroad’ de Estados Unidos

• Exhibición militar de Putin en Caracas: envío de bombarderos (diciembre de 2018), de fuerzas especiales (enero de 2019) y de un centenar de militares (marzo 2019)

• El jefe del Comando Sur estadounidense denuncia propósitos “no benignos” de la Escuela de Policías abierta por Rusia en Managua para la formación agentes centroamericanos

• El acuerdo para instalar en Cuba una estación de Glonass reaviva las sospechas de que los rusos pueden volver a usar la isla para el espionaje sobre EEUU como en la Guerra Fría

▲ Recibimiento del ministro de Defensa venezolano a dos bombarderos rusos en el aeropuerto de Maiquetía, en diciembre de 2018 [Emisión de RT]

Informe SRA 2019 / Irene Isabel Maspons [Versión en PDF]

En los últimos años Latinoamérica se ha convertido en un escenario cada vez más estratégico para la Rusia de Vladimir Putin. Aunque no es la principal área de atención del Kremlin, sus calculados movimientos en la zona le permiten ganar influencia en el flanco sur de Estados Unidos. Desde 2006 Rusia ha aumentado sus intereses en la región, tomando como incentivo la menor atención de EEUU hacia el resto del continente por el cambio de prioridades que en 2001 supuso el 11-S y aprovechando la aparición desde entonces de gobiernos populistas de izquierda, en un ciclo político inaugurado con la llegada Hugo Chávez al poder.

La relación de Rusia ha sido especial con los países del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) –Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia–, singularmente con los tres primeros, pues eso le permite confrontar geopolíticamente a Estados Unidos en el Caribe, como en su día hizo la URSS. Siendo uno de los principales países productores de armamento, Rusia ha vendido también armas a otros países latinoamericanos, pero además de un trato comercial, en el caso de Venezuela, Nicaragua y Cuba se ha establecido una relación estratégica.

La vinculación se ha estrechado en el último año con esas tres naciones: la última gran crisis abierta en Venezuela ha hecho a este país aún más dependiente de Moscú; el cambio presidencial y constitucional operado en Cuba ha llevado a La Habana a asegurarse el patrocinio ruso en este tiempo de complicada transición, mientras que la actividad de Rusia en Nicaragua ha suscitado la alerta pública del Pentágono.

El hecho que desde otoño pasado Estados Unidos se refiera a Venezuela, Cuba y Nicaragua como “eje del mal” en el Hemisferio Occidental obedece precisamente a la percepción en Washington de una mayor actuación de Rusia en la región. Si el último decenio marcó el “regreso” de Rusia al Caribe, en 2018 se registró el “regreso” de Estados Unidos a una política de prioritaria atención a lo que ocurre en esa zona geográfica, precisamente por la mayor actividad de Rusia, y también de China. Moscú está demostrando a EEUU (y a sus aliados) que puede ser recíproco ante la presión que está recibiendo en su propio near abroad, como destaca un reciente informe del Instituto Elcano, y Washington ha comenzado a contestar esos movimientos.

Por otra parte, 2018 fue un año electoral en un buen número de países. La Casa Blanca alertó de la posibilidad de que Moscú quisiera interferir especialmente en México, para propiciar la elección de Andrés Manuel López Obrador, por considerarle incómodo para EEUU. Aunque en volúmenes poco considerables, México es el segundo socio comercial de Rusia en Latinoamérica, tras Brasil, y el segundo comprador de armas rusas, a mucha distancia de Venezuela (el tercer país es Perú). No obstante, no hubo pruebas de que en esas u otras elecciones latinoamericanas se produjera especial actividad rusa. Sí que hay evidencias, no obstante, de que las capacidades rusas para la diseminación de fake news en la globosfera hispanohablante han contado con la ayuda de redes venezolanas.

Venezuela

La influencia de Rusia en Venezuela en el último año ha sido visible en diversos aspectos. Por seguir un orden temporal, cabe mencionar la puesta en marcha de la criptomoneda Petro, presentada en febrero de 2018 como una forma de efectivo digital supuestamente vinculado al valor de las reservas petroleras de Venezuela. Una investigación realizada por la revista Time reveló que empresarios rusos habían actuado de asesores del Gobierno de Nicolás Maduro para el lanzamiento del Petro, si bien el Ministerio de Finanzas ruso negó que las autoridades de Moscú estuvieran involucradas en la iniciativa. Con la creación de esta moneda virtual, Maduro esperaba tener un mecanismo para evadir las sanciones decretadas por Estados Unidos contra los bonos venezolanos y PDVSA. De existir un interés ruso, este podría haber sido aprovechar el Petro para evadir alguna de las sanciones impuestas a Rusia por parte de EEUU y de la Unión Europea, aunque el Petro demostró pronto su poca utilidad como vehículo financiero.

Con el agravamiento de la situación en Venezuela –desde las elecciones presidenciales avanzadas al mes de mayo de 2018, cuyo resultado no fue reconocido por un gran número de países, a las consecuencias de la juramentación de Juan Guairó en enero de 2019 como presidente legítimo del país–, elementos militares rusos han protagonizado una exhibición de apoyo a Maduro. En diciembre dos bombarderos estratégicos Tupolev-160 aterrizaron en el aeropuerto de Maiquetía, como parte de unas supuestas maniobras conjuntas entre ambos países. Al mes siguiente, Reuters reportó la presencia en Venezuela de contratistas militares privados llegados de Rusia, pertenecientes a la compañía privada Wagner, la cual ha prestado diversos servicios al Kremlin. En marzo de 2019 dos aviones de carga del Ministerio de Defensa ruso descargaron en Maiquetía un centenar de militares, con el general Vasily Tonkoshkurov, jefe de personal del Ejército, al frente y 35 toneladas de diverso material militar no especificado, que supuestamente pudo estar destinado a la implementación de la protección antiaérea del área de Caracas.

En 2018 Rusia prosiguió, con su política de créditos, la toma de posiciones en los sectores petrolero y minero venezolanos. Si bien los 17.000 millones de dólares que Rusia ha dado en crédito a Venezuela desde 2006 –la mayoría para la compra de armamento ruso– quedan muy por detrás de los 67,2 millones de dólares otorgados por China desde 2007 a cambio de petróleo a futuro, lo cierto es que el Kremlin se ha convertido en el último par de años en un sostén mayor del régimen de Maduro: en 2016 China bajó a 2.200 millones de dólares sus préstamos a Venezuela y no otorgó ninguno en 2017; solo a finales de 2018 volvió a volúmenes previos, con un crédito de 5.000 millones de dólares. En cambio Rusia ha estado auxiliando muy activamente el sector energético venezolano a través de Rosneft, que en 2016 se hizo como garantía de un préstamo con el 49% de las acciones de Citgo, la filial de PDVSA y uno de los grandes activos de la estatal venezolana. En 2017 Rusia aceptó refinanciar 3.150 millones de dólares de la deuda contraída por Venezuela, atrasando casi todos los pagos hasta 2023.

El último compromiso tuvo lugar en la reunión que Putin y Maduro mantuvieron en diciembre en Novo Ogaryovo, la residencia presidencial rusa a las afueras de Moscú. A su término, Maduro anunció que en el encuentro se había “garantizando” una inversión petrolera por superior a los 5.000 millones de dólares y contratos por más de 1.000 millones de dólares para la explotación de oro”, ampliando así también a ese metal precioso la cartera de intereses rusos en el país caribeño.

Por otra parte, en marzo de 2019 Maduro ordenó el traslado de la oficina de PDVSA para Europa desde Lisboa a Moscú, con el objetivo de evitar su confiscación ante el reconocimiento progresivamente obtenido por Juan Guaidó como presidente en los países europeos.

Nicaragua

Parte de la alerta de Estados Unidos expresada en el último año acerca de la creciente actividad de Rusia en la región corrió a cargo del Pentágono. En su comparecencia ante el Congreso de febrero de 2018, el entonces jefe del Comando Sur, el almirante Kurt W. Tidd, ya trasladó la preocupación estadounidense por la mayor presencia de Rusia y China en zonas de las Américas de interés estratégico para Washington. Esa denuncia adquirió una mayor concreción en la siguiente comparecencia anual en el Capitolio de su sucesor, el almirante Craig S. Faller, quien en su intervención de febrero de 2019 indicó que Rusia está usando la región “para diseminar información, recoger inteligencia sobre Estados Unidos y proyectar poder”. En una entrevista concedida entonces a la Voz de América, Faller se refirió, entre otros aspectos concretos, a varias iniciativas de Rusia en Nicaragua.

El jefe del Comando Sur puso especial énfasis en el Centro de Capacitación Profesional de la Policía que Rusia ha construido y dirige en Nicaragua, inaugurado en octubre de 2017 y destinado a la formación de policías centroamericanos en la lucha contra la droga y el crimen organizado. “No se qué otros propósitos podría tener ese centro, pero estoy seguro que no todos son ingenuos y benignos”, dijo Faller.

Ya en 2017 fue reportado que alrededor de doscientos militares rusos rotan su presencia en Nicaragua, acuartelados la mayor parte de ellos en las instalaciones militares de Puerto Sandino, en la costa pacífica, que a efectos prácticos funciona como una base rusa.

Las advertencias de Faller sobre recolección de inteligencia en la región por parte de Rusia tienen que ver en alguna medida con una estación satelital instalada por Rusia en Managua, a poca distancia de la Embajada de Estados Unidos. Desde 2013, Rusia ha emplazado en Latinoamérica cuatro estaciones de su sistema de posicionamiento Glonass: cuatro estaciones se encuentran en Brasil y en 2017 se instaló una Nicaragua. A diferencia de las estaciones en Brasil, las cuales son manejadas con transparencia y fácil acceso, la construida en Managua está rodeada de secretismo y esto ha generado dudas sobre su verdadero uso, pudiendo tratarse de una instalación destinada a escuchas.

En mayo de 2018, la corporación científica industrial Sistemas de Fabricación de Equipos de Alta Precisión (SPP, por sus siglas en ruso) comunicó haber firmado un contrato para emplazar en Cuba una estación de mediciones para el sistema de navegación Glonass.

Cuba

Ese último anuncio dio pie a nuevos rumores sobre la posibilidad de que Rusia reactivara en Cuba la base Lourdes, que durante la Guerra Fría contó con grandes medios como centro de inteligencia de señales para el espionaje de EEUU. Moscú ha negado hasta el momento que existan proyectos en ese sentido. En cambio, sí ha expresado el deseo de contar con una base militar en Cuba, Venezuela o Nicaragua, como en alguna ocasión ha sugerido el propio Ministerio de Defensa ruso, sin que después esos planes se hayan concretado oficialmente.

En 2018 las relaciones entre La Habana y Moscú se estrecharon institucionalmente, con la primera visita de un presidente cubano a Rusia en casi una década. La sustitución de Raúl Castro por Miguel Díaz-Canel llevó a ambos países a escenificar su mutuo compromiso frente las expectativas occidentales sobre cambios políticos en la isla. Unos meses antes de esa visita, ambos países firmaron diversos acuerdos para la colaboración en áreas como la industria del acero, el deporte y los servicios aduaneros, al tiempo que apostaron por fortalecer la colaboración bilateral, el comercio y las inversiones del país euroasiático en la isla.

A raíz de la grave crisis venezolana, en mayo de 2017 Rusia retomó la entrega de importantes cantidades de petróleo a Cuba, como había hecho décadas atrás, con el fin ahora de compensar la reducción de crudo enviado por Venezuela. En un primer acuerdo, Rosneft se comprometió a suministrar 250.000 toneladas de petróleo y productos refinados, aunque no consta por cuánto tiempo y posiblemente se trató de un auxilio temporal o intermitente.

Avanza la iniciativa de Washington para la diversificación energética de las Antillas

Ante el éxito de la diplomacia petrolera de Venezuela en los países del Caribe (las islas suman 13 de los 35 votos de la OEA), Estados Unidos lanzó en 2014 su propia inciativa para que esos pequeños estados tengan una mayor diversidad energética y no dependan del crudo venezolano. Las dificultades financieras del régimen de Maduro han restado influencia chavista en el Caribe, pero también Trump está aplicando recortes a las ayudas estadounidenses. La diversificación de fuentes de energía, no obstante, avanza porque es una necesidad real de las islas.

▲El boom turístico eleva el consumo eléctrico de las islas caribeñas, donde apenas hay fuentes propias de energía

ARTÍCULO / María F. Zambrano

En las islas del Caribe, la seguridad energética está en el centro de la preocupación  estratégica nacional, debido a su alta dependencia de combustibles fósiles, en su mayoría de importación. La seguridad energética es el foco donde convergen los intereses geopolíticos, diplomáticos y económicos de esos pequeños estados, y no solo de ellos: la gran vulnerabilidad por falta de fuentes de energía propias fue tenida en cuenta por Venezuela para impulsar en 2005 el acuerdo de cooperación de Petrocaribe, que le otorgó gran influencia en las Antillas; desde 2014, Estados Unidos intenta contrarrestar ese programa con la Iniciativa de Seguridad Energética para el Caribe (CESI en sus siglas en inglés), puesta en marcha por la Administración Obama.

La rivalidad entre las dos iniciativas de diplomacia energética no se dirimirá en realidad por un pulso político entre Caracas y Washington, sino por la necesidad real que tienen las islas del Caribe de diversificar sus fuentes de energía. Eso restará influencia venezolana en la región, y abrirá paso a la oferta estadounidense, centrada precisamente en fomentar fuentes alternativas.

El principal riesgo para la seguridad nacional en las Antillas se encuentra en los altos costos de la electricidad caribeña. Por un lado, las islas han suplantado economías históricamente agrícolas por otras regidas por el turismo, lo que les obliga no solo a satisfacer las necesidades de sus ciudadanos sino a contar con el costo fijo de una industria con altos niveles de consumo eléctrico. Por otro, la producción no cuenta con estructuras de generación diversificadas. Exceptuando Trinidad y Tobago, Suriname y Belize, las islas se abastencen de petróleo como única capacidad de producción instalada; además, el 87% de las energías primarias (básicamente crudo) son importadas. Estamos ante un problema de alto consumo y otro de dependencia petrolera.

Ante esta situación, y dadas las exigencias que plantea la seguridad energética, entendida como la protección física de las infraestructuras y también el esfuerzo por garantizar la continuidad del suministro, Petrocaribe se convirtió en una clara opción para los intereses antillanos. Los generosos créditos de financiamiento –desde un 5% hasta un 70% por un periodo de 25 años– contribuyeron a la extensión del programa. Durante los primeros 10 años de existencia de Petrocaribe, de acuerdo con datos del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), Venezuela cubrió en promedio el 32% de la demanda energética de los Estados participantes; República Dominicana, Jamaica, Nicaragua y Haití recibieron el 87% de los suministros. El acuerdo también supuso inversiones en las refinerías de las islas, que elevaron su capacidad de procesamiento: hasta 135.000 barriles diarios de crudo entre la cubana Camilo Cienfuegos (65.000), la refinería próxima a la capital de Jamaica (36.000) y la refinería Dominicana de Petróleo (34.000).

La alianza alivió para esos países el alza del precio del crudo, pero la región quedaba en manos de la volatilidad de los precios del mercado y en las del principal abastecedor. Un informe del FMI de noviembre de 2017 estima que los movimientos del precio real del crudo afectan en un 7% al crecimiento del PIB en el Caribe, con amplias variaciones según los países: un 15% en Dominica, un 9% en Jamaica y menos de un 1% en Guyana. A su vez, la continua caída productiva de Venezuela, que comenzó a destinar menos barriles a Petrocaribe, dejó a la zona predispuesta a nuevos planteamientos que redujeran su exposición a los choques del mercado.

Iniciativa de Seguridad Energética para el Caribe

Esta expectativa fue abordada en un nuevo marco de seguridad energética que buscaba incrementar la independencia y reducir la vulnerabilidad por medio de la diversificación. Aprovechando la abrupta caída de los precios del crudo de 2014, lo que relajaba los costes energéticos para las islas y les daba mayor margen de maniobra, Washington lanzó la Iniciativa de Seguridad Energética para el Caribe (CESI). El programa se ha concentrado en apoyar a los países en la diversificación de la generación eléctrica, atendiendo a su importante potencial de energías renovables. Así, a través de CESI se han destinado 2 millones de dólares en apoyo técnico a C-SERMS (Caribbean Sustainable Energy Roadmap and Strategy), una hoja de ruta desarrollada por la división de política energética de CARICOM. En esta se habían armonizado ya las metas de los 15 Estados miembro en materia de eficiencia energética, así como de implementación de energías renovables: dos estrategias que buscaban solventar los problemas expuestos previamente.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que para la aplicación de la hoja de ruta C-SERMS el sector energético caribeño requeriría de una inversión del 7% del PIB regional entre 2018 y 2023. Los países con sectores financieros más sólidos tendrían capacidad de financiar los proyectos sin alterar la sostenibilidad de la deuda, siendo estos proyectos autofinanciados durante un periodo de 20 años.

En el marco de la iniciativa estadounidense, la eficiencia energética fue materializada en el programa CHEER (Caribbean Hotel Energy Efficiency and Renewables program) que ha brindado asistencia técnica a la industria hotelera, principal fuente de consumo. Pero en este campo el FMI apremia a que se implementen políticas públicas más amplias, para una mayor reducción de la importación de crudo y un incremento del PIB a largo plazo.

En la implementación de energías renovables, la Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC) de Estados Unidos ha promovido infraestructuras con financiación público-privada. Entre otros proyectos, financió la construcción de una planta de energía eólica de 36 MW y una de energía solar 20 MW, ambas inauguradas en 2016 en Jamaica. Estos proyectos también tienen influencias macroeconómicas en la reducción de la dependencia del crudo; en el caso de Jamaica, no obstante, la dependencia ha sido disminuida principalmente por la ampliación de la capacidad de recepción de gas natural, lo que ha permitido a ese país una reducción del 97% al 80% de dependencia de petróleo importado (de hecho, ya no importa crudo venezolano). Desde 2016, la empresa New Fortress Energy ha estado trabajando en la entrega de gas natural licuado a la planta Bogue de Jamaica.

Desde su lanzamiento, la OPIC ha financiado hasta 120 millones de dólares en acuerdos energéticos. A eso se añaden los promovidos por el fondo CEFF-CCA, también del Gobierno de Estados Unidos, que proporcionó 20 millones de dólares no reembolsables para proyectos en fases iniciales; en 2015 comenzó el proyecto “Energía Limpia en el Caribe”, de una duración de cinco años y con especial incidencia en Jamaica.

Recortes de Venezuela... y de Trump

La iniciativa estadounidense para la diversificación energética del Caribe tuvo su respuesta por parte de Venezuela. En 2015, Petrocaribe celebró una cumbre especial donde cuadruplicó el fondo ALBA Caribe, elevándolo de 50 millones de dólares a 200 millones, destinados a financiar proyectos principalmente sociales, en la línea de lo que Javier Corrales y Michael Penfold han denominado “social power diplomacy”. No obstante, la grave crisis económica de Venezuela y las reducidas finanzas de su petrolera nacional, PDVSA, han obligado al Gobierno de Nicolás Maduro a recortar la diplomacia petrolera venezolana.

Por su parte, la llegada de la Administración Trump ha supuesto una disminución significativa de la inversión destinada a CESI. En el marco de un recorte generalizado a programas de ayuda en el extranjero, Washington redujo a 4,3 millones de dólares el monto destinado a potenciar nuevas fuentes de energía en el Caribe.

Estados Unidos, en cualquier caso, no es el único en tratar de ocupar el espacio energético que antes llenaba Venezuela. En 2015 se inauguró en Barbados el Centro de Energías Renovables y Energías Eficientes, promovido por UNID (United Nations Industrial Development Organization) con el respaldo de fondos austriacos y alemanes. Además Rusia realizó el año pasado envíos de combustible a Cuba, supliendo suministros que Venezuela no había podido cubrir.

[Admiral James Stavridis, Sea Power. The History and Geopolitics of the World's Oceans. Penguin Press. New York City, 2017. 363 páginas]

RESEÑA / Iñigo Bronte Barea [Versión en inglés]

En la era de la globalización y su sociedad de la comunicación, donde todo está más cerca y las distancias parecen desvanecerse, la masa de agua entre los continentes no ha perdido el valor estratégico que siempre ha tenido. Históricamente los mares han sido tanto cauce para el desarrollo humano como instrumentos de dominio geopolítico. No es coincidencia que las grandes potencias mundiales de los últimos 200 años hayan sido a su vez grandes potencias navales. La disputa por el espacio marítimo la seguimos viviendo en el momento actual y nada sugiere que la geopolítica de los mares vaya a dejar de ser crucial en el futuro.

Poco han variado esos principios sobre la importancia de las potencias marítimas desde que fueran expuestos a finales del siglo XIX por Alfred T. Mahan. De su vigencia habla hoy Sea Power. The History and Geopolitics of the World's Oceans, del almirante James G. Stavridis, retirado en 2013 después de haber dirigido el Comando Sur de Estados Unidos, el Mando Europeo estadounidense y la jefatura suprema de la OTAN.

El libro es fruto precisamente de tempranas lecturas de Mahan y de una dilatada carrera de casi cuatro décadas recorriendo los mares y océanos con la marina estadounidense. Al iniciar cada explicación sobre los distintos espacios marinos, Stavridis relata su breve experiencia en dicho mar u océano, para luego seguir con la historia, y el desarrollo que han tenido, hasta llegar a su contexto actual. Finalmente hay una proyección sobre el futuro próximo que tendrá el mundo desde la perspectiva de la geopolítica marina.

Pacífico: la emergencia de China

El Almirante J. G. Stavridis comienza su viaje por el Océano Pacífico, al que categoriza como “la madre de todos los océanos” debido a su inmensidad, ya que, él solo, es más grande que toda la superficie terrestre del planeta combinada. Otro punto reseñable es que en su inmensidad no hay ninguna masa terrestre considerable, aunque sí que hay islas de todo tipo, con muy diversas culturas. Por eso el mar domina la geografía del Pacífico como no lo hace en ningún otro lugar del planeta.

El gran dominador de este espacio marino es Australia, que se encuentra muy pendiente de lo que pueda pasar políticamente en los archipiélagos de islas de sus cercanías. Fueron sin embargo los europeos quienes exploraron bien el Pacífico (Magallanes fue el primero, hacia 1500) e intentaron conectarlo con su mundo de manera no meramente transitoria y comercial, sino estable y duradera.

Estados Unidos comenzó a estar presente en el Pacífico desde la adquisición de California (1840), pero no fue hasta la anexión de Hawái (1898) que el inmenso país se vio catapultado definitivamente hacia el Pacífico. La primera vez que este océano emergió como zona de guerra total fue en 1941 cuando Pearl Harbour fue masacrado por los japoneses.

Con el retorno de la paz, el reavivamiento japonés y la emergencia de China, Taiwán, Corea, Singapur y Hong Kong hicieron que el comercio transpacífico sobrepasara por primera vez al Atlántico en la década de 1980, y esta tendencia todavía continúa. Esto es así porque la región del Pacífico contiene a las mayores potencias mundiales en sus costas.

En el área geopolítica una gran carrera armamentística se está llevando a cabo en el Pacífico, con Corea del Norte como gran foco de tensión e incertidumbre a nivel mundial.

Atlántico: del Canal de Panamá a la OTAN

En cuanto al Océano Atlántico, Stavridis se refiere a él como la cuna de la civilización, ya que se incluye al Mediterráneo entre sus territorios, y más si cabe todavía si lo consideramos como el nexo entre las gentes de toda América y África con Europa. Posee dos grandes mares de suma importancia histórica como son el Caribe y el Mediterráneo.

Sin duda alguna la figura histórica de este océano es la de Cristóbal Colón, ya que con su llegada a América (Bahamas 1492) inició un nuevo periodo histórico que acabó con prácticamente todo el continente americano colonizado por las potencias europeas en los siglos posteriores. Mientras que Portugal y España se concentraron en el Caribe y Suramérica, los británicos y los franceses lo hicieron en Norteamérica.

Durante la Primera Guerra Mundial el Atlántico se convirtió en una zona de tránsito esencial para el desarrollo de la guerra, ya que, a través de él Estados Unidos llevó a sus tropas, materiales de guerra y mercancías a Europa durante el conflicto. Fue aquí cuando se empezó a gestar la idea de una comunidad de los países atlánticos que acabaría desembocando en la creación de la OTAN.

En cuanto al Caribe, el autor lo considera como una región instalada en el pasado. Su colonización estuvo caracterizada por la llegada de esclavos para explotar los recursos naturales de la región con fines de interés económico para los españoles. A su vez este proceso estuvo caracterizado por el deseo de convertir a la población indígena al cristianismo.

El Canal de Panamá supone un motor para la economía de la región, pero en América Central también se navega por las costas de los países con las tasas de violencia más elevadas del planeta. El almirante Stavridis considera a la costa caribeña como una especie de Salvaje Oeste que en algunos lugares ha evolucionado poco desde los tiempos de los piratas, y en los que actualmente actúan los cárteles de la droga con total impunidad.

Desde la década de 1820, con la Doctrina Monroe, Estados Unidos llevó a cabo una serie de intervenciones a través de su marina para reforzar la estabilidad regional y dejar a los europeos fuera de lugares tales como Haití, República Dominicana y Centroamérica. En el siglo XX la política estuvo dominada por caudillos, y pronto llegaron con ellos el comunismo y la Guerra Fría al Caribe, teniendo como zona cero a Cuba.

Índico y Ártico: de la incógnita al riesgo

El Océano Índico tiene menos historia y geopolítica que los otros dos grandes océanos. A pesar de esto, sus mares tributarios han ganado importancia geopolítica en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial con el aumento de la navegación global y la exportación de petróleo de la región del Golfo. El Índico podría considerarse hoy en día como una región para ejercer poder inteligente en lugar de poder duro. Mientras la trata de esclavos y la piratería han disminuido casi hasta desaparecer en casi todas partes, todavía están presente en lugares del Océano Índico. Es una región en la que los países de todo el mundo podrían colaborar juntos para luchar contra estos problemas comunes.

La historia del Océano Índico no inspira confianza acerca del potencial de gobernanza pacífica en los años venideros. Una clave importante para desbloquear el potencial de la región sería resolver los conflictos existentes entre India y Pakistán (un conflicto con el riesgo de uso de armas nucleares) y la división chií-suní en el Golfo Pérsico, asuntos que la convierten en una región muy volátil. Debido a las tensiones de los países del Golfo, la región es hoy una especie de guerra fría entre los suníes, liderada por Arabia Saudita, y los chiíes, liderados por Irán, y entre estos dos lados, se encuentra en el centro Estados Unidos, con su Quinta Flota.

Por último, el Ártico es actualmente toda una incógnita. Stavridis considera que es a la vez una promesa y un peligro. A lo largo de los siglos, todos los océanos y mares han sido lugar de épicas batallas y de descubrimientos, pero hay una excepción: el Océano Ártico.

Parece claro que esa excepcionalidad está llegando a su fin. El Ártico es una frontera marítima emergente con actividad humana en aumento, bloques de hielo que se derriten rápidamente y, recursos de hidrocarburos de gran importancia que comienzan a estar al alcance. Sin embargo, existen grandes riesgos que condicionarán peligrosamente la explotación de esta región, como son las condiciones climatológicas, una gobernabilidad confusa debido a la confluencia de cinco países fronterizos (Rusia, Noruega, Canadá, Estados Unidos y Dinamarca), y una competición geopolítica entre la OTAN y Rusia, cuyas relaciones se están deteriorando en los últimos años.