Los ciclos de la economía latinoamericana están muy ligados al precio de los minerales: los gráficos asombran

La atención de la opinión pública sobre el precio de las 'commodities' se centra muchas veces en los hidrocarburos, preferentemente el petróleo, por las consecuencias directas sobre los consumidores. Pero aunque en América Latina hay importantes productores de crudo, los minerales constituyen un activo más transversal en la economía de la región, sobre todo en Sudamérica. Así lo demuestran las líneas en buena medida paralelas que siguen la evolución de los minerales no energéticos y el crecimiento del PIB, tanto en momentos de 'boom' como de declive.

ARTÍCULO /  Ignacio Urbasos Arbeloa [Versión en inglés]

La explotación minera es una actividad fundamental para muchas economías latinoamericanas. El sector tiene un enorme peso en las exportaciones y llegada de inversión extranjera, convirtiéndolo en una de las principales fuentes de divisas. Frente a la percepción general de la minería no energética como una industria madura, el sector demuestra seguir siendo atractivo para inversionistas, y capaz de seguir generando empleo y riqueza. La minería latinoamericana recibe el 30% de las inversiones mundiales en el sector,  el cual espera una recuperación en los precios. El impacto de estas fluctuaciones tiene consecuencias directas en las economías del continente, algunas de las cuales dependen enormemente de la explotación y venta de estos recursos. El objetivo de este análisis es el de articular una explicación convincente del grado en el que estas variaciones de precios afectan a los PIB nacionales.

En primer lugar, es importante detallar la evolución cronológica de los precios en los principales minerales explotados en Latinoamérica. La tendencia general de los precios de las materias primas durante las últimas dos décadas ha estado marcada por una enorme volatilidad. El denominado súper ciclo de las commodities [1] dado aproximadamente entre 2003 y 2013, con un retroceso entre 2008 y 2009, se produce al mismo tiempo que la denominada década dorada de América Latina. Esta situación se produjo por un alza sin precedentes de la demanda mundial, gracias a los países emergentes liderados por China, la cual ha transformado el comercio exterior en la región desplazando a EEUU como primer socio de buena parte de estos países.

La evolución en los precios ha seguido un patrón muy similar en la minería no energética, que por norma general sigue las tendencias en precios del resto de las materias primas. Cómo podemos ver en el gráfico 1.1,  la región de América Latina y Caribe ha tenido un crecimiento económico muy similar a la evolución promedio de los precios del oro, la plata, el estaño, el níquel, el plomo y el cobre. Es importante mencionar que la relación entre estas dos variables no es aislada, y debe analizarse en el mencionado contexto de un alza general de los precios de otras materias primas de vital importancia para la región cómo los hidrocarburos o los productos agrícolas. 

El caso de Chile puede ser de enorme utilidad. Chile cuenta con una economía particularmente especializada en la minería no energética, destacando la explotación del cobre, actividad en la cual es líder mundial y que supone el 50% de sus exportaciones. El sector minero en Chile [2] llegó a ser casi el 20% del PIB a mediados de la década del 2000; en 2017 ha supuesto en torno a un 9%. En el gráfico 1.2 vemos como el precio del cobre marca la senda económica del país, coincidiendo las mayores épocas de crecimiento económico chileno con el incremento de los precios del cobre. A pesar de tratarse de una de las economías más desarrolladas de la región [3], con un peso del sector servicios en el PIB del 74%, el país sigue condicionado por la coyuntura de su sector primario y concretamente la minería.

Otro caso interesante es el de Perú, un país cuyas exportaciones cuentan con una buena participación de minerales no energéticos [4], alcanzando en el caso del oro (18%) y el cobre (26%) conjuntamente el 46% de las mismas. De forma similar a Chile la participación de la minería en la economía es del 15% del PIB. De nuevo, podemos apreciar la correlación existente entre los precios de ciertos minerales no energéticos estratégicos y el crecimiento económico.

Esta relación es lógica y responde a varias realidades. Por un lado, el gran valor cuantitativo de las materias primas en las economías latinoamericanas, que concentran sus exportaciones en productos agrícolas, minerales y energéticos. Por otro lado, su importancia cualitativa ya que el sector genera grandes cantidades de empleo (hasta un 9% en Chile), es el objeto de muchas de las principales empresas de la región (5 de las 20 más grandes de Latinoamérica se dedican a la extracción), es la principal fuente de divisas y deja enormes beneficios para las arcas de los Estados, pues se rigen bajo un sistema impositivo particular más gravoso. De igual modo, buena parte del pago de deuda externa es sufragada por medio de estos ingresos, la inestabilidad en los precios podría traer de nuevo los fantasmas de la crisis de deuda de los ochenta, algo que ya es una realidad en el caso de Venezuela.

Si bien los países de América Latina no pueden ser analizados como una unidad heterogénea, en líneas generales la región sí que afronta un reto común: el ser capaz de reducir la dependencia de sus economías a la explotación y exportación de las materias primas. Una actividad que cuenta con elementos problemáticos como su impacto en el medio ambiente, un asunto particularmente complejo en la región por la reticencia de los grupos indígenas, o la calidad y estabilidad del empleo que generan. En cualquier caso, el desarrollo industrial de la región sigue siendo deficiente y cada vez hay más voces que alertan de que la década dorada de 2003-2013 no fue aprovechada para realizar los cambios estructurales necesarios para mitigar esta situación [5].

La existencia de complejas realidades socio-políticas en Latinoamérica ha llevado muchas veces a emplear los beneficios derivados de la extracción en políticas cortoplacista y electorales, una lacra que aumenta la exposición del bienestar social a los vaivenes del sector minero y energético. Si bien las predicciones sobre el precio de las materias primas apuntan a una inminente recuperación [6], no se prevé una situación similar a la dada en torno a 2008 cuando los precios alcanzaron máximos históricos. Esta nueva coyuntura exigirá el máximo a las economías latinoamericanas, que no contarán con una situación de la economía internacional tan favorable.

El deshielo ha provocado el desprendimiento de icebergs que pueden ser un riesgo para la navegación, pero en la Antártida la geopolítica está parcialmente congelada

El aumento de las temperaturas está abriendo el Ártico a las rutas comerciales y a la disputa entre diversos países por el futuro control de las riquezas de su subsuelo. En la Antártida, con temperaturas más bajas y un deshielo más lento, lo que hay bajo el manto blanco no es un océano, sino un continente alejado de las líneas de navegación y de los intereses directos de las grandes potencias. Hay razones para que los principales actores internaciones prefieran seguir dejando en la nevera todo reclamo sobre el Polo Sur.

ARTICULO /  Alona Sainetska [Versión en inglés]

La Antártida es un continente con cordilleras y lagos, rodeado de un océano y con una superficie total de 14 millones de kilómetros cuadrados. Por su ubicación en polos opuestos, la Antártida es frecuentemente comparada con la masa de hielo del Oceano Ártico que es, en cambio, un mar helado rodeado de tierra. En esas partes septentrionales de Eurasia y América, al norte del paralelo del círculo polar ártico, viven alrededor de 4 millones de personas. En contraste, la Antárdida, con su promedio de -49° C de temperatura,  es absolutamente inhabitable y es considerado hoy un santuario natural que concita la atención de numerosos países de la comunidad internacional.

A pesar de no presentar, a simple vista, elementos importantes de conflicto en el conjunto del sistema global,  la soberanía de su territorio nunca ha estado exenta de disputas y reclamaciones territoriales por parte de países como Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Francia, Argentina y Chile. Aunque dejadas luego en suspenso, las reclamaciones de esos países no interferían unas con otras, salvo en el caso de Argentina y Chile, cuyas pretensiones se producían sobre terrenos que presentan mayores concentraciones de camarón antártico o krill y que ya habían sido reclamados total o parcialmente por Inglaterra.

En esta cuestión se produjo una trascendental coincidencia de intereses de los países anteriormente mencionados y también de las superpotencias no reclamantes, como fue el caso de Estados Unidos y la URSS, que mostraron poco deseo de convertir tanto el continente como el espacio marítimo en objeto de enfrentamientos político-militares. Este hecho facilitó mucho las negociaciones sobre el futuro estatus jurídico que tendría “el continente helado”.

El primer intento para establecer un régimen jurídico especial para la Antártida fue de Estados Unidos, en 1948. Sin embargo, esta idea fracasó al enfrentarse con la oposición de los países que deseaban extender su soberanía a territorios de la Antártida. Solo dos años más tarde el continente volvió a suscitar interés en las grandes potencias cuando la URSS anunció que no aceptaría ningún acuerdo sobre la Antártida en el que ella no estuviera representada.

Ante la necesidad de llegar a un consenso, y como fruto de los enormes esfuerzos de la comunidad científica mundial, nació un clima de cooperación y diálogo internacional sobre la Antártida que permitió el libre acceso de científicos de cualquier nacionalidad al continente, así como el intercambio de los resultados de sus investigaciones. Este nuevo contexto propició la firma el 1 de diciembre de 1959 del Tratado sobre la Antártida (TA), que entró en vigor el 23 de junio de 1961. Cualquier posible modificación, por mayoría, se aplazó hasta una conferencia prevista para 30 años después de su puesta en vigencia; cuando llegó 1991 no solo no se aplicaron cambios, sino que se añadieron salvaguardas.

En el TA, los países implicados se comprometían a reconocer  un régimen jurídico especial de la Antártida, dándole un estatus de “terra nullius”. Además, se establecía la desmilitarización del continente antártico, lo que reservaba el espacio helado exclusivamente para fines pacíficos y prohibía el establecimiento de bases militares.

Por otro lado, se proclamaba la congelación de todas las pretensiones de soberanía territorial sobre la Antártida, no pudiendo durante el periodo de vigencia del tratado hacerse nuevas reclamaciones o ampliar las anteriormente hechas.

De la misma manera, se establecía el derecho de nombrar observadores con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos del tratado y se determinaba la celebración de reuniones periódicas de los estados originalmente firmantes del TA, más otros estados a los que se ha concedido carácter consultivo por realizar misiones científicas importantes en la Antártida.

Potencial científico y económico

En el año 1991 se dio un paso más allá en la conservación del gigante helado. Con el objetivo de responder a las cuestiones como el cambio climático y la necesidad de proteger el especial ecosistema que el continente representaba se firmaba en Madrid el llamado Protocolo “complementario” al TA sobre protección del medio ambiente. La condición para su entrada en vigor fue que lo ratificaran todos los miembros consultivos del Tratado Antártico. Prohibía cualquier tipo de explotación de los recursos minerales ajena a los fines científicos. Esta prohibición sólo podía ser levantada por acuerdo unánime y alejaba al continente de posibles rapiñas de sus grandes recursos naturales. La Antártida se convertía así en un lugar único en el mundo para la coexistencia entre hombre y naturaleza.

Sin embargo, las últimas décadas han introducido muchos cambios estratégicos que han originado serias dudas y preocupaciones en cuanto a la eficacia del TA. Su potencial científico y económico, junto con su enorme biodiversidad y riqueza en recursos naturales, han incrementado notablemente la importancia de la Antártida. La mayor interacción e interdependencia de los distintos actores nacionales, internacionales y transnacionales que integran la comunidad mundial ha multiplicado también el deseo de influir y participar, por diferentes vías, en la prosecución de intereses particulares en esta zona del mundo.

Así, junto a proyectos para garantizar las condiciones medioambientales, como la discusión sobre la creación de una gran zona de preservación natural en el mar de Ross, en ocasiones se lanzan polémicas iniciativas para el aprovechamiento de los recursos antárticos, como la sugerida por los Emiratos Árabes para remolcar hasta Oriente Medio icebergs que se desprendan de la masa de hielo antártico, con el fin de combatir la sequía y atender las necesidades de su población (la Antártida contiene el 80% de reservas de agua dulce del planeta).

Esos icebergs, por otra parte, pueden suponer una amenaza para la navegación y el comercio, especialmente si son de gran tamaño, como puede ocurrir con la plataforma de hielo Larsen C, cada vez más próxima a un colapso, lo que dejaría a la deriva un inmenso iceberg de 5.800 kilómetros cuadrados.

Países con diferente peso

Aunque una posible explotación de la Antártida no se contempla a corto o medio plazo y de momento se queda en un terreno hipotético, gracias a las desventajas resultantes de la lejanía del continente y sus duras y desfavorables condiciones, existe el riesgo de un futuro despliegue de actividad económica en la región de la Antártida a nivel mundial. Esto último dependerá de alineamientos internacionales que puedan surgir.

Los alineamientos en relación a la Antártida toman pie de la estructura de administración impuesta por el Tratado, que incluye tres categorías de miembros:

• Los firmantes originarios (Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelandia, Noruega, República Sudafricana, Unión Soviética, Gran Bretaña y Estados Unidos) que participan de pleno derecho en las reuniones consultivas del TA donde se adoptan las decisiones.

• Aquellos Estados que desean adherirse y que, habiendo desarrollado actividades científicas importantes, obtienen el consentimiento para participar en las Reuniones Consultivas (por ejemplo: Polonia, Alemania, India, Brasil, China y Uruguay).

• Los Estados que se adhieren, pero que, al no realizar una actividad científica significativa, no pueden participar en la toma de decisiones (Checoslovaquia, Cuba, Hungría, Bulgaria, Perú, Italia, Nueva Guinea, España, Suecia, Países Bajos, Dinamarca, Rumania y Finlandia).  

Una situación similar  de colisión de intereses  por parte de los actores internacionales se da en el polo opuesto de la Tierra, el Ártico. Sus condiciones climáticas presentan unas temperaturas mucho más cálidas que permiten la descongelación de su sensible capa de hielo. Así pues, el deshielo provocado por el calentamiento global hace cada vez más accesible la riqueza energética del Ártico (se estima que alberga el 13% del petróleo y el 30% del gas natural que queda en el planeta) y, por tanto, recrudece la batalla por los derechos a explotarla por países como Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, Noruega y Rusia. Por otra parte está China, para quien el deshielo tiene múltiples consecuencias positivas, como la apertura de nueva ruta de navegación interoceánicas entre el norte de Europa y Shanghái mucho más corta, o el fácil acceso a la minería en zonas como Groenlandia.  

La abundancia de minerales esenciales en la tecnología, la apertura de nuevas rutas para el transporte marítimo y el hecho de que las tierras situadas en el círculo polar ártico sean habitables, con unas condiciones benévolas y de un acceso cada vez más fácil, hacen muy probable que el Ártico se integre antes en la estructura económica mundial que la Antártida.