En los mayores países de la región, los guardias privados son cuatro veces más que los policías y disponen de diez veces más de armas que en Europa

Los elevados índices de violencia en Latinoamérica y la deficiente presencia de la autoridad de los respectivos Estados en partes del territorio han llevado a la proliferación de empresas privadas de seguridad en toda la región. Su número supera ya las 16.000 compañías, en una industria que involucra a más de 2,4 millones de personas. El sector afronta importantes retos, como legalidad imprecisa en muchos casos, déficit de experiencia, formas incompatibles con los derechos civiles y humanos en ciertos lugares y riesgo de escalada de arsenales.

ARTÍCULO / Martín Biera Muriel

La proliferación de las empresas de seguridad privada en América Latina va ligada a las estadísticas de criminalidad y violencia en la región. Se estima que 19 de cada 20 crímenes violentos que ocurren en el mundo tienen lugar en Latinoamérica, donde se encuentran 17 de las 20 ciudades más violentas del mundo y 4 de los 5 países con mayor violencia.

La situación ha dado lugar a un “crecimiento explosivo” de la privatización de la seguridad en América Latina, como lo califica el informe “Seguridad a la venta” de Diálogo Interamericano. El aumento del número de Empresas de Defensa y Seguridad Privada (EMSP) se ha dado no solo en países con acusados conflictos, como Colombia, donde en los últimos diez años se ha registrado un incremento del 126%, sino también en países de mayor paz social e institucionalidad como Chile, que en cinco años ha visto un incremento del 50%. El total de empresas dedicadas a esta función en Latinoamérica llegaba a 16.174 en 2017, como precisaba entonces el Centro para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas de Ginebra (DCAF).

El sector de las EMSP

El término EMSP incluye tanto las empresas se seguridad al uso en países desarrollados, dedicadas normalmente a labores de custodia de establecimientos o personas físicas, como también empresas de defensa que pueden llegar a sustituir funciones habitualmente reservadas al Estado. Estas últimas se desarrollaron tras el fin de la Guerra Fría y han llegado a ser un actor importante en las relaciones internacionales, con participación en conflictos de baja e incluso alta intensidad.

Esas empresas de defensa actúan en un marco de complicada legalidad, cuya regulación intentó estandarizarse en 2008 con el Documento de Montreaux, una compilación de obligaciones legales y buenas prácticas destinada a garantizar la soberanía de los Estados y a proteger los Derechos Humanos. Si bien el texto se aplica más directamente a situaciones de conflicto armado, también aporta un marco regulatorio para las empresas de seguridad en general, dada la tenue frontera entre un tipo de empresas y otras, especialmente en Latinoamérica, donde la autoridad del Estado no alcanza muchas veces a todo el territorio nacional, algunos conflictos civiles son especialmente virulentos y ciertos usan a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia criminal y el mantenimiento del orden público.

Más guardias que policías

Las más de 16.000 EMSP de América Latina emplean en torno a 2,4 millones de personas. Si bien los guardias de seguridad superan en número a los miembros de la policía en todo el mundo, en muchos países latinoamericanos se produce un especial desequilibrio entre el número de componentes de las fuerzas policiales y el de los agentes privados: en Colombia, Brasil y México la relación es de un policía por cuatro miembros de EMSP; en países de extrema violencia como Honduras y Guatemala la relación incluso llega a ser de uno a siete. También se da el caso de que muchos miembros de la policía recurren al pluriempleo, ejerciendo de policías durante el día y convirtiéndose en agentes de seguridad por la noche en algún vecindario, empresa o edificio.

Las mayores empresas son las que se dedican a la vigilancia y a la escolta de clientes VIP. Las más grandes son de origen europeo y estadounidense y están especializadas en una parte del sector, especialmente en la protección de la propiedad privada. En su mayoría actúan en ciudades o bien en centros de extracción de recursos naturales aislados de las zonas urbanas. En relación a las frecuentes críticas que reciben estas empresas, por supuesta suplantación de funciones propias de la autoridad legalmente constituida, es necesario destacar que el marco jurídico en el que las grandes empresas operan es estricto y se encuentra supervisado.

Carrera de armamento

Se puede argumentar que la competencia entre los operadores ha generado una especie de carrera armamentística en la que cada empresa desea ofrecer servicios más eficaces. A su vez, al haber mayor número de agentes y además con armas más modernas, los criminales tienden igualmente a aumentar su potencia de fuego y sus capacidades para cumplir con sus objetivos, lo que consecuentemente lleva a las empresas a incrementar también el calibre de su armamento, en una espiral difícil de controlar. Las estadísticas muestran que Latinoamérica tiene la relación más alta de armas de fuego por guardia de seguridad del mundo fuera de aquellas áreas afectadas por conflictos. Esa relación es diez veces superior a la que existe sobre armas cortas en Europa.

Esto ha motivado que en el escenario latinoamericano en alguna ocasión se haya criticado a ciertas EMSP por haber contribuido, directa o indirectamente, al tráfico ilegal de armas y al aumento de las bandas armadas generando un círculo vicioso. Por ejemplo, en 2015 noventa personas fueron detenidas en San Francisco (algunas de ellas vinculadas a EMSP) por pertenecer a una red de tráfico de armas vinculada a la Mara Salvatrucha (MS-13). También se ha dado el caso de robo y extravío de armas importadas desde la región, tanto por parte de contratistas individuales de seguridad privada como por los propios militares; estas armas luego ingresan en el mercado negro. Así, más del 40% de las armas ilegales en El Salvador están vinculadas a unas 460 empresas privadas de seguridad, a pesar de la obligación de tener un registro oficial para su identificación.

Retos

La reducción de los altos niveles de inseguridad es uno de los principales retos de muchos países latinoamericanos. Las razones que explican la persistente violencia en sus sociedades son múltiples; entre ellas están la corrupción política y la desigualdad económica. Las clases más ricas pueden considerarse blanco de intentos de robo o secuestro, pero también las clases populares padecen las altas cifras de criminalidad, en su caso sin posibilidad de recurrir a la seguridad privada.

La seguridad privada en América Latina afronta dos importantes retos. Uno es ilegalidad de parte del sector: las empresas de corte ilegal crecen de forma más rápida que en el sector legal; en Brasil, por ejemplo, el número de guardias empleados informalmente supero a los formales. El otro es la falta de entrenamiento o experiencia de cierto volumen de los guardias privados. Atender a la necesidad de mayor regulación legal, y de una regulación más ajustada a las especificidades nacionales, y a la conveniencia de mayor formación ayudará a reducir la zona gris en la que en muchos casos se opera y  las violaciones de Derechos Humanos.

How Russia, China, India and the Gulf Cooperation Council countries react to the new US sanctions against Iran

▲ Presidents Putin and Rouhani during a meeting in Tehran, in September 2018 [Wikipedia]

ANALYSIS / Alfonso Carvajal

As US-Iranian relations continue to deteriorate, the balance of power and regional alliances will be prone to shifting and changing. Iranians will likely feel increasingly more marginalised as time passes and will seek to remedy their state of international isolation. Here, the main factors to look out for will be the nations seeking to achieve great power status, and how they will try to attract Iran towards them while pushing the Islamic Republic further away from the United States.

China and Russia’s response

Russia’s relations with Iran have historically been complicated. While at some points, the two countries have faced each other as rivals in war, other times have seen them enjoy peace and cooperation. Russia has been an important actor in Iranian international relations since at least the Sixteenth Century and will most likely retain its importance in the long run. Since the fall of the USSR, Russian-Iranian relations have improved, as many issues that had caused tensions suddenly disappeared. These issues where mainly caused by their ideological incompatibility, as the USSR’s atheism was looked upon with suspicion by Khomeini, and its support given to Iraq in the Iran-Iraq war.

Recently, both countries have found themselves facing international, mainly US, economic sanctions. This is a factor that is important to acknowledge, and that will shape their future relations. As Russia and Iran struggle to defuse the effects of sanctions, they will seek trade elsewhere. This means that they have found in each other a way to make for their isolation, and their ties are likely to only grow. Militarily, cooperation has already been cemented by years of sanctions in Iran.

Whereas once the Iranian Armed Forces boasted of having the most advanced Western-built fighter jets and other military material in the region, Iran now often uses Russian and Chinese aircraft and military gear, coupled with its own native military industry that was independently developed as a result of its isolation. Iran is also said to cooperate with Russia in certain industrial sectors close to the military such as drones. However, due to the latest international sanctions, Russia is less keen to continue to cooperate on military sales and technology transfers. For this reason, Russia has shown reluctance towards helping the Iranian nuclear program, although it is in favour of reaching a deal with Iran along with the international community.

A cornerstone in Russian-Iranian relations has always been their mutual distrust towards Turkey. In the age of the Ottoman Empire, relations between Persians and Russians would often consist in an alignment against the Ottoman Turks. Nowadays, their relationship also has this component, as Turkey and Iran are increasingly competing in the Middle East to decide who will lead the reconstruction of the region, whilst Russia and Turkey find themselves at odds in the Black Sea, where Russia’s ambition of naval dominance is being challenged.

While it may seem that Russia and Iran should be close allies, there are a series of reasons to explain why cooperation is not likely to see a fully fledged alliance. First of all, there are far too many differences between both regimes, as they have different geopolitical imperatives and ambitions in the Caucasus and the Middle east. The second issue is Israel. As Russia moves further into the Levant, it tries to maintain good relations with Israel, Iran’s archenemy, also called little Satan by Iran’s first supreme leader, Ayatollah Khomeini. As the conflict in Syria dies down in the following years, Russia will be forced to choose between who to support. This is likely to mean a withdrawal of support towards Iran’s position in Syria, as it sees its meddling in the region increasingly unproductive, and would favour its retreat. Iran, however, has said it is there to stay.

Russian-Iranian cooperation has recently been developed in one important country of the region: Afghanistan. As the US seems to lose interest in the Middle East and pivots towards East Asia, Russia and Iran have moved into the war-torn country, as they back different factions aiming to end the decades-long conflict. Russia has previously backed the Taliban, because it wants to ensure that they are a part of the peace negotiations. Iran has backed both the government and the Taliban, as it wants to fight the rising influence of ISIS in Afghanistan, as well as keep good relations with the Taliban to maintain a degree of stability and control over Afghanistan’s west, so that the conflict does not spill over. Although Russia and Iran might have different objectives, they are united in wanting to push the US of the region.

The other geopolitical giant that is slowly encroaching on the region is the People’s Republic of China, albeit with a different stance altogether. Like Russia, China has welcomed business with Iran and currently supports the nuclear deal, the JCPOA, which the US recently left. Chinese-Iranian ties are more solid than the Russian’s, as they don’t have as many overlapping hegemonic ambitions. In a certain way, the relations between these two countries arose as a way to contain the USSR’s expansive influence during the 1970’s after the Sino-Soviet split, and predate the current Iranian regime. Both countries see their relation as part of the past, as great empires of antiquity, the present, and see each other as important partners for future and ongoing projects, such as the One Road One Belt initiative. However, as does Russia, China sometimes tries to play down its support towards Iran so as not to antagonize its relations with the West and the US in particular.

The Chinese have cooperated with the Islamic Republic since its conception in the 80’s, as the Iranian isolation led them towards the few markets they could access. The main theme of this cooperation has been undoubtedly based on hydrocarbons. Iran is one of the most important producers of both crude petroleum and natural gas. China is Iran’s largest trade partner, as 31% of Iran’s exports go to China, whose imports represent 37% of Iran’s in 2017. Military cooperation between these two countries has also been very important, a large part of Iran’s non-indigenous military material is of Chinese origin. The Chinese have historically been the main providers of arms to the Iranian regime, as can be seen by much of the equipment currently used by the IRGC.

Both regimes feel a certain closeness as some parts of their ideologies are similar. Both share an anti-imperialist worldview and are sceptical of Western attitudes, an attitude best perceived among their unelected leaders. They are countries that are emerging from the misery left behind by Western imperialism, according to their own narrative. Both see each other as the heirs of some of the world’s oldest cultures—the Chinese often talk of 20 centuries of cooperation between both states—, and thus feel a historical, civilizational and anti-imperialist connection in this sense. Iranians admire the great leaps that the PRC has taken towards development, and the great successes they have brought to the Chinese people and State. They also value the Chinese mindset of not meddling or criticizing the internal affairs of other States, and treating them all in the same way independent of their government.

On the other hand, the Chinese are happy to work with a Muslim country that doesn’t stir the restive North-Western Xinjiang region, where the majority of China’s Uighur Muslims live. In fact, Iran is seen by the Chinese as an important factor on the stability of Central Asia. More recently, they also see in Iran a key part of the pharaonic One Belt One Road infrastructure project, as Iran sits in the crossroads between East and West. It is understood that Beijing has high expectations of cooperation with Teheran.

However, not all of it is positive. Iranians and Chinese have different ideological foundations. China has shown that it will not be able to form an full-fledged alliance with Iran, as it fears Western backlash. In 2010 China voted a UNSC resolution in favour of sanctions towards Iran. Even though these were largely ignored by China later, Tehran understood the message. As a result of these sanctions, the only nations willing to trade with Iran where Russia and China. The latter became an increasingly important trade partner as a consequence of the lack of Western competition and began to flood the Iranian market with low-quality goods, which was unpopular among the Iranians. Resentment toward China only grew as the Chinese firms that became established in Iran brought their own workers from China and unemployment remained at high levels despite the increased economic activity. As discontent rose, Iranians of all backgrounds saw the negotiations with the West with great expectations. If successful, negotiations could provide a diversification of providers and a counterbalance against Chinese influence.

As negotiations have broken down under the Trump administration, China’s role in Iran is likely to only intensify. While the Europeans fight to save the nuclear deal, Iran is set to count on China as its main trade partner. Chinese firms, although now more vulnerable to pressure from the US than in 2010, still have strong interests in Iran, and are unlikely to leave what will be a competition-free market once most foreign firms are deterred by US sanctions. The Chinese will seek to keep the nuclear provisions of the JCPOA agreement and will cooperate in the development of the Arak Heavy Water Reactor, probably displacing the Russians, which have historically led the Iranian nuclear program. Chinese involvement in the Iranian nuclear industry will likely prevent the development of a bomb, as China does not want to encourage nuclear arms proliferation.

While China moves into South Asia, alarms go off in New Delhi. India sees itself as the dominant power in the region and its traditional enmity towards China is causing a change in its foreign policy. India’s PM, Narendra Modi, is following a policy of “Neighbourhood first” in the face of a growing Chinese presence. China already has expanded its reach to countries like Sri Lanka, where it has secured the port of Hambantota for a 99-year lease. In the latest years, Pakistan, India’s other arch-enemy, has become one of China’s closest partners. The relation between both countries stems from their rivalry towards India, although cooperation has reached new levels. The Chinese- Pakistan Economic Corridor runs from the Chinese city of Kashgar through the entire length of the country of Pakistan and ends in the developing port of Gwadar. The project has caused a rush of much needed capital in the financially unstable Pakistan, with Chinese and Saudi bonds keeping it afloat. In the face of China’s new projects and its New Silk Road, New Delhi sees itself more and more surrounded, and has accused China of scheming to isolate it.

To face China’s new stance, India has taken a more active role. Its prime minister made many State visits to the neighbouring countries in a bid to weaken Chinese influence. In this effort to impose itself on what it sees as its region, India is developing a deep-sea port in the coast of Iran, past the strait of Hormuz in the Indian ocean. Iran will be an important piece in the designs of the Indian political elite.

The development of the deep-sea port of Chabahar is a joint Indian, Iranian and Afghan project to improve the connectivity of the region and has more than one reason of being. It is effectively a port to connect Central Asia, a growing 65-million people market, through a series of rail and road networks which are also part of the project, to the Indian Ocean. Another reason for this port is the development of war-torn Afghanistan, which also serves the purpose of reducing Pakistan’s influence there. Pakistan holds a firm grip in Afghanistan and sees it as its back yard. Pakistan is said to harbour Taliban guerrillas, who use the country to launch attacks against Afghanistan, as it did against the USSR in the 80’s. The most important feature of all for India is that the port would allow it to bypass what is an effective land blockade from Pakistan, and will permit it to reach and trade with Afghanistan. The Chabahar port will essentially compete with the Chinese-built Gwadar port in nearby Pakistan, in the two superpowers’ race for influence and domination of the ocean’s oil-carrying sea lanes.

India’s usual approach is to keep a neutral stance around world conflicts in order to be able to talk and deal with all parties. This is part of its non-commitment policy. For example, India has relations with both Israel and Palestine, or Iran and Saudi Arabia. This means that India is very unlikely to make any serious statement in favour of Iran against the United States if Iranian-US relations were to badly break down, as it might be seen as picking sides by some countries. It does not mean, however, that it will abandon Iran. India has already invested greatly in infrastructure projects and is unlikely to simply withdraw them. Far more importantly, India is one of Iran’s biggest petroleum purchasers, and losing such an important market and provider is not a choice the Indian government is eager to make.

India calls its relationship with Iran a “strategic partnership”, in terms of cooperation in energy and trade activities. The Indian government is likely to take a cautious stance while acting with principles of Realpolitik. They will try to sort out sanctions if they can and will discourage this sort of activity while trying to maintain their interests in the region. As said before, New Delhi will shy away from committing strongly from any project likely to keep its hands tied.

The Syrian War

In 2011, the Middle East and North Africa region was shaken by what would soon be called the Arab Spring. While the citizens of many Arab countries where chanting pro- democratic slogans and protesting outside dictators’ palaces and in the squares of Middle Eastern capitals, outside observers began to say that the once dictatorship- riddled region was about to adopt Western liberal democracy in what would become an era of freedom never paralleled in such countries. What came later could hardly be further from that reality. The region was struck by great waves civil unrest, as one by one, from West to East, the waves of revolution spread. The most authoritarian regimes attacked their own citizens with brutal repression, and what seemed like democratic transitions rapidly turned out to fall back into authoritarianism. Such was the case in Egypt, among others. However, some countries where struck harder than others. The more serious cases became civil wars. Some of the countries that had enjoyed relative long-term stability, like Libya and Syria burst into civil war. Yemen too, was struck by sectarian conflict.

The longest of these conflicts, the Syrian Civil War, is on its 8th year already. For a long time, it has drawn many international and regional actors, turning its countryside into a patchwork of pro-government militias, rebel guerrillas, Islamist extremism, transnational nationalist movements and others. The ruling class, the Al- Assad alawite family, under an authoritarian and secularist regime, has held on to power through every means possible, using foreign support as a crucial part of its survival strategy. To his side, Bashar Al-Assad has drawn the support of Vladimir Putin’s Russian Federation, as well as the Islamic Republic of Iran and its Lebanese ally, Hezbollah. Each of these players has brought their own forces to the battlefield, as Russia has helped give Syria the necessary aerial capabilities it lacked, while Iran provides it with Shia militias, material, volunteers, and the presence of Hezbollah.

The regime faces many groups, who often fight against each other, and have different international backing, if any. For example, the Free Syrian Army is said to be backed by Turkey and is made from Sunni Arab and Turkmen militias. Other groups such as the Islamic State or Al Qaeda affiliated organizations also fight for survival, or to implement their ideal society. Another important group, perhaps the most important one is the YPG, or People’s Protection Unit, largely a Kurdish force, which holds much of Northern Syria, the Kurdish region called Rojava. The YPG and the Syrian government of Al-Assad seem to have come to an understanding and try not to enter into hostilities amongst each other, focusing on the Islamic State, or ISIL. YPG international backing comes mainly from the US, but with President Donald Trump having said that the US will soon leave Syria, their future is uncertain.

With Bashar Al-Assad’s position having become dominant in the Syrian battlefield, it is expected that the conflict will enter a new stage. Israel has shown its growing discomfort in what it sees as Iranian expansionism, and has launched aerial offensives against Iranian positions, permitted by Russia, who currently controls much of Syria’s aerial defences. This might spell the loosening of Al-Assad’s coalition.

As Iranian-backed forces draw closer to the southwest of Syria, Israel becomes more and more nervous. The implication of Israel in the Syrian conflict would most likely be a disaster for all parties involved. If Israel comes to point of fearing for its territorial integrity, or its existence, it has previously shown, in many occasions, that it will not doubt to take action and use all of its military might in the process if needed.

This is why Hezbollah is unlikely to make a serious move towards the Golan Heights. Hezbollah now boasts of the greatest amount of power it has ever had in its domestic scene. It is an influential actor in the Syrian War and at home it has achieved serious political power, forming a coalition with various other Shia and Christian groups. A war with Israel, in which it was identified as the aggressor, would be disastrous to its image as a protector of the Lebanese, as it has always taken a stance of resistance. It would put all of Hezbollah’s political achievements in jeopardy. Whatever the case, Israel boasts of significantly more modern and powerful armed forces, which would force Hezbollah to be on the defensive, thus making an offensive into Israel extremely unlikely. Hezbollah must then try to restrain Iran, although, amongst the myriad of Iranian-backed militias, it has lost leverage in its relations with Iran and the IRGC.

For Bashar Al-Assad, war with Israel might prove an existential threat, as it bears the potential to cause a great deal of damage in Syria, undermining any effort to consolidate power and end the war in his favour. If war with Israel broke out, even if it was just against Iranian-backed objectives, Al-Assad would never be able to obtain the reconstruction funds it so badly needs to rebuild the country. Israel’s powerful and advanced army would without a doubt pose the patchwork of battle-hardened militias a very big challenge. Thus, it is very unlikely for Al-Assad to permit a war might cause his downfall.

Russia, wishing to end the war and keep its military bases and prestige in the process, would no doubt discourage any sort of posturing against Israel from its allies in Syria. Moscow seeks to maintain good relations with Israel and wouldn’t be very upset about an Iranian exit. It is already trying to prevent Iran and Hezbollah from coming too close to the Israeli and Jordanian borders and has opened the Syrian airspace to Israeli aerial attacks towards Iranian targets located in its vicinity. Russia would welcome a quick and impressive end to the war to consolidate its status as a global power and become a power broker in the region.

Reaching a deal with the US to end hostilities in exchange for the recognition of Al-Assad is not outside the realms of possibility, as chances of regime change get slimmer, the US will be forced to recognize that Al-Assad is there to stay. It is necessary to acknowledge that a Russian-US deal will be incomplete, and quite unfruitful. The US is very likely to demand that Iran leave Syria and stops occupying Iraq with is Quds Force. Russia does not possess the leverage to send Iran back home. It would also be unfavourable for Russia as it has chosen to help Assad to regain its status as a great power in the world and has become a major power broker in the Middle East. This means their position relies on their status, which would be compromised, were Iran to openly confront Russia. The Iranians have already said that they would not leave unless Bashar Al-Assad specifically asked them to. Russia could pressure on Al-Assad, but the Iranians are likely to have more leverage, as they have a larger ground force in the region, and where the first to help the Syrian regime.

If the US wants to achieve any sort of meaningful peace negotiations, it must come into dialogue with the Iranians. Any sort of negotiation that does not include Iran would be pointless, as the amount of influence it has acquired in the region these last years makes it a key player. Iran is determined to stay in Syria and the IRGC is committed to force the government to keep its presence abroad.

In any case, the retreat of US troops in Syria would mark a turning point in the war. Currently the US provides air support, has 2,000 ground troops and provides an vital amount of equipment to the YPG Kurdish forces. Its retreat would be a blow to American credibility as an international ally, as it abandons the Kurds in a decisive moment where all tables could turn against them. Turkey has committed forces towards fighting the Kurds, which it sees as a threat to its national integrity, as large numbers of Kurds live inside Turkey and are hostile to it. The main reason for Turkish entry into the Syrian war was to stop the YPG from uniting a long stretch of land along the Turkish

border towards the Mediterranean Sea and to prevent the establishment of a Kurdish state. It is therefore a possibility that, whether through its Syrian proxies, or with its own army, the Turks will ally with Al-Assad against the Kurds, if these two don’t reach an agreement and begin hostilities. This alliance is more than likely, as Turkish animosity towards Kurdish forces will cause them to jump at the occasion, if Al-Assad asks for help. Al-Assad might seek in this way to balance Iranian influence by integrating another player, which would cause tensions between Iran and Turkey to rise, as both countries aspire to obtain regional hegemony, and would give Syria more margin to manoeuvre.

Saudi Arabian soldier from the First Airborne Brigade with a UAE soldier, 2016 [Saudi88hawk-Wikipedia]

Saudi-Iranian rivalry

The struggle for dominance in the region is expected to continue indeterminately. As long as the ideological argument between the Islamic Republic and the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) exists, it will take geopolitical dimensions, as both states seek to ensure their legitimacy in the face of the other. The Iran-Iraq War shaped the Islamic Republic’s sense of geopolitical isolation, giving the more entrenched sectors of its political elite a fierce will to prevent any further isolation as was done in the past. Chemical weapons, often provided by the US were used against it, without any action taken from the international community. Therefore, the Iranian elites believe that Iran will have to stand by itself, and knows it will have few allies.

For the moment, Iran seems to be winning the confrontation. With a the possibility of a consolidated Syria, Iran’s influence would be unparalleled. Iraq, Syria, Lebanon will provide Iran the reach and the potential to expand its influence even in the Mediterranean Sea. The war in Yemen is proving as costly as it is ineffective to Saudi Arabia and its allies, with a minimum cost from Iran. It can be expected that Iran keeps its strong grip over these countries, as its presence has become necessary for the survival of some of these states. It will not be without difficulty, as local forces are likely to reject the imposition of Iranian authority. This has been shown before in the burning of the Iranian consulate in Basra [4], by local Sunni Arabs who resent the degree of influence its neighbour has in their country. The recently struck commercial deals with Iraq during Rouhani’s visit to the country might cause more Iraqis to take a more confrontational stance, as they are seen to benefit Iran more than Iraq. Both counties have pledged to increase their trade up to 20 billion dollars, but it will be hard to determine how they will affect Iraq. With this degree of Iranian involvement, the KSA’s influence diminishes.

The Yemeni war is likely to drag on for years, and if the Saudis are to win, the shall have to keep paying a high toll, which will require strong political will to overcome the adversities. The expense of this war is not only material, it has primarily taken a great diplomatic cost, as it loses credibility to its allies, like the US, which see the ineffectiveness of the Saudi military. At home, their western allies struggle to explain their partnership with a country that has proven too much to handle for certain political groups and the civil society in general, with its lack of human rights considerations and sharia-based laws that seem outdated to Westerners. The cruel Yemeni war further alienates the Saudi Kingdom from them.

The conflict for Middle Eastern hegemony might be about to attract a new player. As Pakistan tries to deal with its ongoing crisis, its new president, Imran Khan, has looked to the Gulf States for funding. The Saudis and the UAE have already pledged many billion dollars. For now, the economic woes make Pakistan an unlikely actor, but there is evidence of a change of direction in Islamabad, as Khan seems to part ways from his predecessor’s foreign policy regarding its western neighbour. Cooperation with Iran has significantly been reduced, especially in terms of security and anti-terrorism, as in March 2019 Baluchi ethno-nationalists once again attacked Iranian positions from the Pakistani border. Tehran seems alarmed by these developments and has explicitly warned Pakistan that an approach towards Saudi Arabia and participation in the so called Middle Eastern Cold War will have severe consequences for Pakistan. It is right in fearing Pakistan, which has shown that it can play the same game as Iran, making use of foreign militias and having an impressive intelligence service, on top of the nuclear bomb. If Iran where to cause conflict in Pakistan, it might find itself in severe disadvantage, as it would be harder to use subversive activities in the predominantly Sunni country. It might also come to odds with China, who will view any menace to its infrastructure projects with great suspicion. Iran would have difficult time finding a serious counterbalance to Pakistan in India, as India would decline to strike a serious alliance due to its many interests in the Gulf States.

Iran, however, still holds many cards it can use if the conflict were to escalate. Bahrain, whose predominantly Shia population contrast to its powerful Sunni ruling family, which will find itself fighting to maintain control in the case of an Iranian- backed coup similar to the one in 1981, or a pro-democracy uprising with significant Shia elements such as the one of 2011. For the latter, had the Gulf states not intervened in Bahrain in support of its ruling family, Bahrain would now likely be part of the Iranian regional system, which would be extremely troublesome for the KSA, given its proximity. It can also be expected for Iran to influence the oppressed Shia Arabs along Saudi Arabia’s Persian Gulf coast. These Shia Arabs lie just above most of KSA’s petrol wells and reserves, and if stirred to open rebellion, and properly armed, would cause immense trouble in the Monarchy.

The other option open to Iran will be to exploit the current Gulf crisis between the KSA and UAE against Qatar, whose blockade has lasted almost two years. Iran will seek to build up stronger ties with Qatar, who has found itself isolated by most Arab nations. Currently, Turkey is the key ally to Qatar in the crisis, and their partnership is seen to have strategic importance by both parties.

Qatar has traditionally had better ties to Iran than most other Gulf states, also due to the fact that they share the South-Pars/North Dome natural gas field, the largest in the world, and rely on cooperation to exploit its resources and wealth. This is largely a product of its independent foreign policy. This means that Iran is likely to use the crisis to drive a wedge between the members of the GCC and take advantage of their disunity in favour of Qatar and in detriment to the KSA. It will be difficult for the Iranians and the Qataris form a significant partnership, since there are still too many obstacles to this. First of all, Qatar is a Sunni Arab state, and it is the main exporter of the Muslim Brotherhood’s ideas, which would not fit Iran’s tendency toward Shia countries. Secondly, a partnership with Iran would make the Gulf Cooperation Council’s crisis permanently irreparable, which is not desired by Qatar. Finally, this would turn Qatar into the main objective of the Saudi-led coalition and would unnecessarily put it in harm’s way.

One key factor could change everything in a highly unlikely scenario, also known as a ‘black swan’. This is the disappearance of ISIS from the Levant, and its relocation to Khorasan, a term used for Central Asia, Northern Iran and Afghanistan. This would change the balance of power in the middle East as it would bring conflict to the very borders of Iran. It would allow for Iran’s enemies to arm this extremely anti-Shia group, following a parallel of the Yemen’s Houthi rebels for Saudi Arabia. These rebels are banking on the opportunity that, following peace in Afghanistan with the Taliban, the Taliban’s followers will become disenchanted by its leadership dealings with the US and would thus join the newly founded group. They would acquire the battle-hardened Taliban troops, which would provide a formidable foe for Iran.

Why Tehran has decided to openly confront US sanctions and how the crisis could develop from now

▲ Persian chess-game [Pixabay]

ANALYSIS / Baltasar Martos

It is now time to suggest a possible future-oriented course of action for Iran in response to the US unilateral exit from the nuclear deal¹. The strategy employed to this end will be that of the red-hat analysis, capitalizing on cultural comprehension and adopting the Iranian regime’s perspective to better understand the way in which it perceives the various threats and opportunities ahead, hence always considering situational factors.

A SWOT analysis will be provided beforehand by way of introduction, focusing just in one of the most important (1) strengths: high proportion of young people; (2) weaknesses: the intrincate political system; (3) opportunities: a closer relationship with leading European countries, and (4) threats: joint pressure by the US, Israel and Saudi Arabia. This will surely enable a more in-depth approach to Iranian views and positions.

A simplified SWOT

1. First and foremost, Iran is home for more than 80 million people, 43% of which are less than 40 years old. This large young population is very much tuned to Western trends and habits of consumption. They embrace technology virtually as much as in any other Western nation. The most striking fact about Iranian youngsters is the amount of university students among them. The country is well known for hosting a highly qualified population and labor force that acquired superior education at any of the numerous universities in the major cities.

2. In second place, Iran owns a very complex, intricate political system that renders the hierarchy of the decision-making process very difficult to understand. Its current institutions are a product of the 1979 Islamic Revolution, which ousted the Shah and reformed the whole previous power network. The political system of the country then turned from an authoritarian Monarchy into a constitutional theocracy with a multipolar power structure. The religious figure of the Supreme Leader or Ayatollah is the ultimate responsible for setting both domestic and foreign policy. The main issue here is that this institution holds views that are deeply rooted in the old days and endeavors to influence the private lives of the citizens. Decisions are self-explanatorily not made according to economic efficiency or political experience, or even less to satisfy population’s demands. Instead they aim to preserve and safeguard the regime and ensure its survival. The primary concern of the ruling political elites is thus to last in power, not to introduce reforms or think prospectively.

3. In the third place, Iran has now the chance to strengthen ties with its traditional powerful trade partners in the European Union, such as France, England or Italy. Provided their opposition vis-à-vis the US reimposition of sanctions, Iran can utilize this opportunity to begin a rapprochement towards them and express its best desire to cooperate under certain established conditions that prove beneficial to both parts.

4. Finally, Iran should not disregard the warnings coming from the White House. The main threat Iran is likely to face is an aggressive diplomatic strategy at the initiative of the US with the aggregated—but separated—efforts of Israel and Saudi Arabia. This would definitely jeopardize Iran’s current position as one of the dominant powers in the region and would force the nation to find an alternative solution.

Red Hat exercise

Tehran’s interpretation of Washington’s 2018 diplomatic shift quite evidently differs from that of the Trump administration². In the words of Ayatollah Khamenei, the ultimate reason for this new move lies in the US’s perverse ambition to progressively weaken and undermine the socio-political structure built after decades of arduous work by the Islamic Revolution. Khamenei claims that Washington’s intention is to overturn a popular, legitimate government in favor of a puppet regime completely subjected to its will.

In their public speeches, the Iranian political elites constantly refer to the US’s boundless ambition to regain total control of the region, oppress civil society and submit individuals to their corrupted dogmas and doctrines, like they did decades ago. They very often evoke the glorious past of their millenary civilization and emphasise that it is precisely its longevity what makes it worthy of the most careful preservation and promotion. Once a major empire, they say, Iran has developed a unique identity different from that of its closest neighbors.

In the Iranian collective mindset, especially that of the most orthodox Shia and the very influential clerics, the nation enjoys the highest dignity for having conquered other territories and peoples but also endured invasions and dominations from enemies and rivals, yet always remaining true and loyal to its ancient traditions and foundations. More recently, Iran owes its independence to the innumerable efforts made by the leaders of the Revolution to free the nation from the clutches of the American imperialism embodied in the Pahlavi dynasty. The country’s civilisational pride is therefore deeply ingrained in the people’s minds and very often put forward in the political discourse. Furthermore, its foreign policy is soaked by a traditional ‘regional fear’, for Iran sees itself as the guardian of true Shi’a values amidst a region dominated by Shi’a-adverse powers with superior military capabilities.

The strong resentment and hatred against the Western world in general, and the demonization of the United States in particular, appear very often in Iranian politics. Such an anti-Western narrative is very often used to cover up the regime’s economic mismanagement over the last decades, instead blaming the West for all the struggles, ills and evils of society. We must remember that, for Iranians—at least for the most religious sector of the society—the Islamic Revolution is a path that leads believers into Paradise and salvation as understood by the Shi’a. The revolution purports to redeem the peoples from the national humiliation suffered during Western dominance in the times of the Shah. Therefore, martyrdom, resistance and endurance are considered three most valuable virtues that will guarantee all kinds of enjoyments to those cultivating them throughout their lifetime.

Iran presumably decided to start a nuclear program based off several historical reasons. On one hand, in face of a strong isolation experienced during the bloody war waged against Irak—an opponent which used chemical weapons against both combatants and civilians alike—Iran began its works with the aim of further intensifying its nuclear technology developments as a means to guard against a future surprise of similar characteristics.

On the other hand we shall recall the Revolution’s need to constantly legitimate itself and maintain its status in front of the international community, thus preserving Iran’s independence from outside influence or external intervention while restoring its former greatness as a center of scientific progress. Moreover, Tehran has long claimed its need to promote a solid nuclear energy plan to ensure energy security at home and satisfy the needs of its huge domestic demand in peaceful civilian, energy and medical terms. The government emphasizes the right to develop, research, produce and use nuclear energy as endowed by Iran’s membership in the Non-Proliferation treaty.

However, the most pressing issue for Iran’s security is undoubtedly the fact that five of the world’s nine nuclear powers are located nearby or directly on its borders. The theocracy claims to have substantial grounds for feeling victim of the foreign arrogance of the outside world, which has allegedly endeavored to restrict Iran’s rights to freely develop its nuclear activities by having it sign the Non-proliferation Treaty, unlike other neigboring nuclear-armed states such as Pakistan, Israel or India. This brings us to the conclusion that, even if the regime vehemently denies any interest in developing nucler weapons and rather uses the need to supply its domestic market with much needed energy resources as an excuse to keep its works running, some evidence found in recent discoveries of covert facilities and nuclear plants can confirm the vital importance for some of the regime leaders to obtain weapons in the short or medium term.

Scenarios ahead

The Persian nation is now standing on a crossroads with three different paths ahead, each one leading to a very different place. We will place them in an order, ranging from the most likely scenario to the least plausible one: (A) prolongation of diplomatic stalemate with minor tensions; (B) quick escalation of tensions and direct military confrontation, and (C) bring back the so-called ‘12 conditions’ to the bargaining table and stick to them. 

A. The most likely: Diplomatic stalemate

On May 8, exactly a year after Donald Trump's announcement of US exit from the JCPOA, President Rouhani announced that Iran would cease to perform parts of its commitments under the nuclear deal, namely the observance of the limit for its stockpile of low-enriched uranium and the compliance with the limit of heavy water reserves. Its statement included a 60-day ultimatum, addressing specifically the European State parties to the treaty and urging them to find a diplomatic solution via economic packages to ease the current oil and banking restrictions. Should they prove unable to fulfill this conditions, Rouhani warned, Iran will continue with its intended pullout from the accord through a ‘multi-phased approach’.

Europeans have recently been employing a rhetoric that has resulted in ambiguous and confusing promises to Iran, mainly due to the innumerable efforts they need to make in order to balance out a strong willingness to save the deal and the fear of a further detachment from an everyday more hostile American partner. On his side, President Rouhani has remained true to his bet on ‘strategic patience’ in the style of the Moderation and Development Party, to which he belongs, during all this time.

Nevertheless, it seems that the patience of the Iranian leadership is coming to an end with each passing day. The political elites have harshly critized its European counterparts for making lots of empty promises throughout this last year without achieving any substantial or practical outcome, specially after the U.S. decision on April 22 to put an end to the waivers on oil imports from third countries in an attempt to ‘bring oil trade to zero’. This will no longer exempt any customer engaging in oil transactions with Iran from the US-led second wave of sanctions. Moreover, Rouhani has called on the Europeans to allow Iran to repatriate its money sitting in European bank accounts, which still remain blocked as part of previous sanctions.

Without disregarding the vital importance of the E3 for Iran’s national economy and the pivotal role they play in the political scenario surrounding the country in the Middle East, it is also true that there are other strategic partners involved in this game whose existence as credible alternatives to the E3 is precisely the cause that pushes the Iranian leadership to discard a complete withdrawal and rather remain adhered to the nuclear accord. At the front of this group of Iranian oil importers are China and India, which will self-evidently ignore the effects of the recent termination of the US waivers and prosecute their purchases to satisfy their huge domestic demand. Although with weaker currencies and perhaps using more rudimentary instruments, both China and India will manage to secure those transactions in an orderly manner and will most likely help other purchasers to do the same. In fact, some voices speak of a possibility of performing oil-swap arrangements via Russia to lock oil prices and protect their finances from the high volatility of global energy prices.

Following this logic, Iran will then go ahead with its ongoing business while persuading and encouraging importers to keep buying Iranian oil despite the inability of European counterparts to meet the aforementioned ultimatum as set by President Rouhani. In paralell to this, Iran will probably threaten the remaining parts and especially the Americans with a further development of its nuclear capacities, but this will only add to a strategy that seeks to prolong the current state of affairs until the next U.S. presidential elections in 2020 take place.

B. The apocalyptic, yet no the least plausible scenario

The most apocalyptic—yet not the least plausible—scenario can be inferred from the most recent moves of US military assets after the government’s official designation of the Iran Revolutionary Guard Corps as a ‘Foreign Terrorist Organization’ on April 8. Fist, on May 6, the Pentagon announced the deployment of the aircraft carrier USS Abraham Lincoln and a bomber task force on the Persian Gulf. Four days later, the Pentagon confirmed that it had sent some warships, the USS Arlington amphibious transport dock and a Patriot missile defense battery to the same region as a deterrent to Iran. Lastly, on May 12, two Saudi oil tankers and four additional Emirati ships off the coast of the Persian Gulf were sabotaged. President Trump blamed Iran for malicious behaviour targeting maritim traffic along the Gulf. More recently, Washington officials have announced a new deployment of some fighter jets and additional troops to the same territory in what they have called a ‘mostly protective measure’. This suddenly heightened tensions might result in the outbreak of renewed hostilities in the coming months.

The American public opinion does not discard a military confrontation in a close future. In fact, a poll conducted in the US between May 17 and May 20 disclosed surprising results³: more than half of the American citizens consider Iran as a ‘worrying’ or even ‘imminent’ threat. Roughly the same percentage assumes their country will go to war against Iran in the coming years. Very few civilians believe that a preemptive attack should be conducted on Iranian military interests, but roughly 80% of them are convinced that the US should respond to an attack from the side of Iranian via airstrikes or even ground troop invasions.

An undeniable fact is that there are differing views inside the White House. The National Security Advisor John Bolton and in some way also the Secretary of State Mike Pompeo have always shown a maximalist approach that seeks to overthrow the mullahs’ regime in Tehran. Apparently none of them would hesitate to enter into a dire military confrontation if the situation so required. Bolton himself had already declared his intentions even before substituting his predecessor in office, Herbert McMaster. On the other hand, President Trump has used his recent meeting with the Japanese Prime Minister Shinzo Abe to affirm the following: ‘Iran has a tremendous economic potential. […] It has a chance to be a great country with the same leadership. We are not looking for a regime change. I just want to make that clear. We are just looking for no nuclear weapons'⁴. This somehow spaces out his view from that of his hawkish aides. In the words of Karim Sadjadpour, a well renowned Iranian-American policy analyst, ‘What Trump articulated in Japan was another reminder that his main problem with the Iranian nuclear deal was that it was signed by Obama. Given Trump’s eagerness for a public summit and deal with Tehran, it is conceivable that Iran’s leaders could sign a more favorable deal with Trump than they did with Obama. But the pride and mistrust of Iran’s supreme leader makes him more inclined to subject his population to another year of sanctions and economic malaise rather than do a deal with Trump’.

C. The unlikely back to the negotiating table

On May 12, 2018, four days after President Trump made public his intention of withdrawal from the JCPOA, Pompeo set out a list of twelve conditions under which Washington would agree to a new agreement with Tehran. Besides addressing the termination of Iran’s participation in different conflicts throughout the Middle East, it explicitly called on Tehran to ‘stop enriching its uranium and plutonium reserves, grant IAEA unrestricted access to all sites throughout the entire country and end proliferation and testing of ballistic missiles’.

It should be noted that Trump never presented explicit and clear evidence that Iran was failing to comply with its obligation. Instead, he merely denounced the treaty as far from being minimally advantageous for American interests, once again reinforcing the idea that the Obama Administration resoundingly failed to negotiate a deal that could benefit both parts. The three European State parties also emphasized that Iranians had remained faithful to their commitment and that had been officially attested by international inspectors supervising the nuclear facilities. That was the main piece of evidence supporting Iran’s thesis of not being in a state of violation of any provision of the deal but instead strictly observing every single aspect as they were agreed upon.

Having all this in mind, there are other aspects we should look at. The war in Syria is slowly coming to an end and Al-Assad owes his victory to the strong and uninterrupted financial and logistic aid from Tehran. There is no doubt that the regime will hold him accountable for all the support provided throughout the conflict and will seek to consolidate positions around the war-torn territory, thus expanding the influences of Shia islamist ideology as promoted by the Supreme Leader and the most prominent clerics. Moreover, not only is Iran-backed Hezbollah movement present in Syria, but also it enjoys a very prominent position inside the Lebanese parliament and holds an enormous influence in the country in general terms.

All this together, in addition to the round success Tehran is enjoying in his efforts to back Houthi rebels as compared to the exorbitant cost Saudi Arabia is paying to counter the rebellion, suffices to conclude that Iran is by no means willing to get back to the conditions advanced by Pompeo in order to renegotiate a new treaty that would thwart all the efforts already made along the way. This would signify an absolute humiliation for the regime. Iran has already come too far and it would now only accept to resume negotiations if it was granted the chance to depart from a dominant diplomatic position.

Representatives from the P5+1 countries in 2015, weeks before reaching the JCPOA, the nuclear agreement [US State Department]

What the EU is doing

Among all the State parties involved in the JCPOA, the E3 are likely to be the most severely affected by the US reinforcement of sanctions given the big stake they have in the region in form of finances and investments in the oil sector, and their unwillingness to go undercover. As a result of this new decision by Washington, companies and banks doing business in Iran could see their access to the American market cut off. Among other collateral effects, the re-imposition of sanctions will cause a negative impact on the region’s trade flows, energy supplies, connectivity, security and stability. Indeed, sanctions present a special conundrum for the European counterparts: either they decide to carry on with their economic activities in Iran or they remain inside the US-led international financial circuit. They need to solve this jigsaw puzzle if they still want to secure their economic interests.

In order to do so, following the US exit, the High Representative of the European Union Federica Mogherini issued a statement bitterly regretting the US retaliation and expressing the EU’s strong commitment to enact an updated blocking statute that would enter into force on August 7. This blocking statute refers to the ‘Council Regulation (EC) No 2271/96 of November 1996 protecting against the effects of the extra-territorial application of legislation adopted by a third country, and actions based thereon or resulting therefrom’⁵. It basically ‘allows EU operators to recover damages arising from US extraterritorial sanctions and nullifies the effect, in the EU, of any foreign court rulings. It also forbids EU persons form complying with those sanctions’⁶. In a nutshell, this statute acts as a shield against trade wars and mitigates the impact of those sanctions on the interests of European companies doing legitimate business with Iran, thus keeping Iran’s oil and investments flowing.

The European Union considers that its Member States’ business decisions should not be determined by any kind of foreign legislation. It would never recognize such legislation applicable to European operators. However, the EU still holds to the commitment of pursuing a continued, full and effective implementation of the treaty as long as Iran also plays its part by refraining from acquiring further equipment to develop a nuclear weapon and enables monitored verification of its uranium-235 enrichment activities. The E3 considers that the agreement is delivering on its goal so far and ensuring the peaceful nature of the nuclear program.

It is hence no surprise that the three European Member States involved in the deal are determined to preserve and implement it, insisting upon the numerous benefits it entails for Iran, the Middle East and the rest of the international community. Acting on behalf of the E3, the EU has recently endeavored to take several measures in order to offset the US withdrawal of the JCPOA⁷.

i) In the first place, they seek to extend the European Investment Bank lending mandates, allowing the bank to decide strictly under the EU budget to what extent and under which conditions it will finance commercial activities in Iran.

ii) Secondly, they also attempt to encourage and promote activities by Small and Medium Enterprises (SMEs) willing to undertake operations in Iran.

iii) Thirdly, they purport to accelerate the activation of the Instrument In Support of Trade Exchanges (INSTEX). This is a ‘Special Purpose Vehicle’ acting as a clearing house or barter arrangement for Iran to conduct trade with European companies outside of the SWIFT mechanism. This mechanism was officially registered by France, Germany and the United Kingdom on January 31, 2019. It works as an alternative payment channel that facilitates legitimate trade and investment between the EU and Iran despite sanctions. It is led by the EU3 and self-evidently euro-denominated. The entity originally focused only on trade in non-sanctionable essential goods, namely medical and humanitarian, and not so much on oil-related transactions so far. It mainly addresses SMEs whose total trade volume is usually small. In principle, it has not been designed to circumvent or bypass US sanctions but rather to fight money laundering and counter the financing of illicit terrorist activities. These last aspects reinforce the European efforts to voice its disagreements on Iran’s declared support for Al-Assad in Syria and the promotion of terrorism region-wide, its multiple human rights abuses and its development of ballistic missiles.

However, in view of the technical complexities resulting in a long delay to set in motion this mechanism as well as the more immediate challenges the Union has to face in the first instance, it is very unlikely that the E.U. finds enough resources and time to effectively give a definite impulse to this apparatus before the deadline of 60 days from May 8 set by Iranians eventually expires.

Evolución de la estrategia espacial estadounidense ante la creciente rivalidad de China y Rusia

La perspectiva de entablar batallas en el espacio, como extensión de guerras que puedan mantenerse en la Tierra, buscando interferir en las capacidades que aportan los satélites, ha llevado a la Administración Trump a promover una división específica de las Fuerzas Armadas estadounidenses dedicada a ese dominio, la US Space Force. Aunque su constitución debe ser aún aprobada por el Congreso, el nuevo componente del Pentágono va a contar ya con su presupuesto.

▲ El vehículo orbital X-37B en operaciones de prueba en 2017, en el Kennedy Space [US Air Force]

ARTÍCULO / Ane Gil

Más de 1.300 satélites activos envuelven el globo a día de hoy, proporcionando comunicaciones a nivel mundial, navegación GPS, pronóstico meteorológico y vigilancia planetaria. La necesidad de protegerlos frente a cualquier ataque, que podría trastocar seriamente la seguridad nacional de los países, se ha convertido en una prioridad de las grandes potencias.

Desde que llegó a la Casa Blanca, Donald Trump ha insistido en su idea de constituir una Fuerza Espacial, dándole el mismo rango que a las cinco ramas ya existentes de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada, Marines, Fuerza Aérea, Guardacostas). Trump firmó el pasado 19 de febrero la directiva para la creación de la US Force Space, cuya aprobación final debe aún darse en el Congreso. Sería la primera rama militar que se crea en Estados Unidos desde 1947, cuando se puso en marcha la Fuerza Aérea. El Pentágono cuenta con que ya esté operativa en 2020.

Como ya adelantó hace casi un año el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, esta nueva Fuerza Espacial contará con sus propias instalaciones, si bien de momento se nutrirá de apoyo y recursos de la Fuerza Aérea. Según Pence, el objetivo de la Fuerza Espacial es hacer frente a las supuestas amenazas de Rusia, China, Corea del Norte e Irán en el espacio. Aunque su fin último es contener específicamente a Rusia y a China, quienes desde hace algunos años ya están elaborando sus propios métodos con los que conquistar el espacio.

Informes estratégicos de la era Obama

La Administración Trump ha llamado a esa especialización militar en el espacio ante la competencia que presentan China y Rusia en ese mismo dominio, la cual durante la Administración Obama aún era embrionaria. No obstante, aunque durante la presidencia de Barack Obama la Casa Blanca puso un menor acento en los desarrollos militares de las capacidades espaciales, también procuró fomentar la presencia estadounidense en el espacio.

En el documento National Space Policy de 2010, en una redacción más bien inclusiva, Estados Unidos defendió el derecho que tienen todas las naciones a explorar el espacio y pidió que todos los países pudieran trabajar juntos para asegurar una actividad espacial responsable y respetuosa, en un marco de cooperación internacional. La política que entonces se fijaba miraba sobre todo a la dimensión comercial y civil del espacio, en la que EEUU aspiraba a fortalecer su liderazgo.

El documento incluía, no obstante, un apartado sobre seguridad. Así, hacía referencia a la necesidad desarrollar y operar sistemas y redes de información que dieran cobertura a la seguridad nacional, facilitando operaciones de defensa e inteligencia tanto en tiempos de paz como en momentos de crisis y conflicto. Además, pedía desarrollar e implementar planes, procedimientos, técnicas y capacidades para asegurar misiones críticas de seguridad nacional, utilizando los activos espaciales y a la vez aprovechando las capacidades no espaciales de países aliados o de empresas privadas.

Lo que ahí se presentaba de un modo más genérico, la Administración Obama lo concretó en un subsiguiente documento estratégico, la National Security Space Strategy de 2011, donde se presentaba el espacio como un ámbito vital para la seguridad nacional estadounidense. El texto advertía que el espacio es algo “crecientemente congestionado, disputado y competitivo”, lo que apremiaba a EEUU a intentar mantener su liderazgo, aunque sin dejar a un lado la colaboración internacional para hacer del espacio un lugar seguro, estable y protegido.

Seguidamente el documento planteaba objetivos y aproximaciones de carácter estratégico. En concreto, EEUU se proponía “proveer capacidades espaciales mejoradas”, con el fin de mejorar la obtención de sistemas, reducir el riesgo de fallos en las misiones, incrementar el éxito en el lanzamiento y la operatividad de los sistemas y formar profesionales de seguridad nacional para respaldar todas esas actividades espaciales.

Otro de los objetivos señalados era “prevenir y disuadir la agresión contra la infraestructura espacial que respalda la seguridad nacional de EEUU”, que como elemento central incluía negar a los adversarios los beneficios significativos de un ataque, fortaleciendo la resistencia de la arquitectura de sus sistemas. No obstante, el documento precisaba que EEUU se guarda el derecho de responder en defensa propia si la disuasión falla.

Precisamente en ese último caso, el texto estratégico requería preparar las propias capacidades para “derrotar ataques y operativos en un entorno degradado”. Indicaba que las capacidades militares y de inteligencia deben estar preparadas para “combatir” y vencer los ataques dirigidos a sus sistemas espaciales e infraestructura de apoyo. 

Rivalidad de China y Rusia en la era Trump

Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos con su lema “America First”, que también ha aplicado en la estrategia espacial, priorizando los intereses de su país en un contexto de mayor rivalidad frente a Pekín y Moscú. Su política en relación al espacio hace hincapié en la interacción dinámica y cooperativa entre los intereses militar, civil y comercial, respectivamente, del Pentágono, la NASA y las empresas privadas interesadas en los vuelos extraatmosféricos. 

El primer documento estratégico sobre seguridad nacional de la era Trump es la National Security Strategy (NSS) de diciembre de 2017. Aunque en el informe apenas se hace referencia al espacio, el texto supone la declaración de “rivales” de China y Rusia, dando pie a EEUU a confrontar los intereses contrarios de esos países, también fuera de la Tierra. La NSS proclama que EEUU debe mantener su “liderazgo y libertad de acción en el espacio”, y alerta del riesgo de que “otros actores” alcancen la capacidad de atacar activos espaciales estadounidenses obteniendo así una “ventaja asimétrica”. “Cualquier dañina interferencia o ataque contra componentes críticos de nuestra arquitectura espacial que directamente afecte a este vital interés de EEUU se encontrará con una deliberada respuesta en el momento, lugar, manera y dominio de nuestra elección”, advierte el documento.

Algunas de esas cuestiones militares obtienen una mayor elaboración en el informe que meses después elaboró el Pentágono. En el documento Space Operations de abril 2018, la cúpula militar constata que varias naciones están obteniendo avances significativos en las capacidades de control espacial ofensivo, con la intención de desafiar el uso del espacio por parte de EEUU y sus aliados, amenazando sus activos espaciales. Por ello, defiende la importancia de las operaciones fuera del ámbito terrestre, las cuales tienen el objetivo de asegurar y defender las capacidades espaciales contra las actividades agresivas de otros.

“El progreso de nuestros adversarios en la tecnología espacial”, indica el informe, “no solo amenaza el entorno espacial y nuestros activos espaciales, sino que también nos puede negar una ventaja si perdemos la superioridad espacial”. Para mitigar esos riesgos y amenazas, EEUU se compromete “la planificación y la realización de operaciones defensivas y ofensivas”.

Las grandes líneas de la política de Trump en relación al espacio quedan recogidas en el documento National Space Strategy de marzo de 2018. Se trata de una política basada en cuatro pilares: reforzar las arquitecturas espaciales; fortalecer las opciones de disuasión y combate; mejorar las capacidades fundacionales, estructuras y procesos, y fomentar ambientes domésticos e internacionales propicios.

Directivas y presupuesto

Además de los aspectos de seguridad ya señalados, la Administración Trump también ha expresado el deseo de “promover el comercio espacial”, para lo que “simplificará y actualizará regulaciones para la actividad comercial en el espacio para fortalecer la competitividad”.

Para supervisión de esas actividades, que abren el negocio espacial a las empresas privadas estadounidenses y al mismo tiempo marcan un horizonte de explotación mineral de asteroides y planetas, Trump revivió en junio de 2017 el Consejo Nacional del Espacio, dependiente de la Casa Blanca, 24 años después de haber sido disuelto. En diciembre de 2017 Trump firmó la Space Police Directive-1, que ordenaba a la NASA enviar astronautas estadounidenses a la Luna una vez más, y en junio de 2018 firmó una directiva sobre la gestión del tráfico en el espacio (Space Policy Directive-3). La cuarta directiva es la firmada en febrero de 2019 para la creación de la Fuerza Espacial.

La nueva política de Trump no ha sido inmune a las críticas, ya que se argumenta que al erigir la Fuerza Espacial como una división más de las Fuerzas Armadas podría debilitar los recursos de las demás divisiones, lo que pondría en riesgo al país ante un posible ataque o emergencia en la Tierra. De hecho, el general James Mattis, secretario de Defensa durante 2017 y 2018, expresó públicamente al principio alguna reticencia, si bien luego comenzó a ejecutar los planes del presidente.

De acuerdo con los datos facilitados a raíz de la reciente presentación de los presupuestos para el próximo año fiscal, la Fuerza Espacial podría contar con una dotación de 830 personas (repartidas entre el Cuartel General, la Agencia de Desarrollo Espacial y el Comando Espacial, instancias que requerirán 300 millones de dólares para su instalación) y un presupuesto de unos 2.000 millones durante los cinco primeros años. Al final de esos cinco años podría a contar con una nómina de 15.000 personas.

El cambio de Gobierno y su visión más estricta han ralentizado la implementación del acuerdo, pero este avanza en su aplicación

La implementación del acuerdo de paz en Colombia se está llevando a cabo con más lentitud de la que preveían quienes lo firmaron hace dos años, pero no ha habido la parálisis o incluso la crisis que vaticinaban quienes se opusieron a la elección de Iván Duque como presidente del país. La última estimación habla de un cumplimiento de lo estipulado en el acuerdo de paz cercano al 70%, si bien ya se está produciendo un incumplimiento en el 30% restante.

▲ El presidente colombiano, Iván Duque, en una acto público [Efraín Herrera-Presidencia]

ARTÍCULO / María Gabriela Fajardo

Iván Duque llegó a la Casa de Nariño –la sede de la presidencia colombiana– con el lema “Paz con Legalidad”, título que sintetizaba su compromiso de aplicar el acuerdo de paz, firmado en noviembre de 2017, pero reduciendo los márgenes de impunidad que a su juicio y el de su partido, el Centro Democrático, existían para los antiguos combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Cuando se cumple un año de su elección como presidente, cabe realizar un análisis de cómo está siendo la implementación del acuerdo de paz.

Cerca del 70% de las disposiciones del acuerdo se han cumplido ya, total o parcialmente, o lo harán en el tiempo fijado, de acuerdo con la estimación del Instituto Kroc, encargado de hacer la estimación oficial de la implementación del proceso de paz. Según su tercer informe, publicado en abril, el 23% de los compromisos se han cumplido completamente, el 35% han alcanzado niveles avanzados de implementación y se espera que el 12% se cumplan del todo en el momento estipulado. Con todo, existe casi un 31% del contenido del acuerdo que no se ha comenzado a ejecutar, cuando debía estar ya en marcha.

Las Naciones Unidas, a las que el acuerdo concede un papel supervisor, han subrayado los esfuerzos realizados por el nuevo Gobierno para activar las distintas instancias previstas en el texto. En su informe al Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU, António Guterres, destacó a finales de 2018 la puesta en marcha de la Comisión de Seguimiento, Promoción y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).

Como ha indicado Raúl Rosende, jefe de gabinete de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el informe de Guterres estimó positivamente que se hubiera “obtenido la aprobación de 20 proyectos colectivos y 29 proyectos individuales de excombatientes en proceso de reincorporación, valorados en 3,7 millones de dólares y que beneficiarán en total a 1.340 excombatientes, incluidas 366 mujeres”. Esos proyectos han contado con la participación de las gobernaciones de Antioquia, Chocó, Cauca, Meta, Santander, Sucre y Valle del Cauca, las cuales han facilitado mesas departamentales de reincorporación para coordinar esfuerzos locales y regionales, involucrando así en mayor medida a la sociedad civil colombiana.

La ONU también ha expresado algunas preocupaciones, compartidas por la sociedad civil colombiana. La principal tiene que ver con la seguridad en algunas de las zonas históricas del conflicto en las que un elevado número de líderes sociales han sido asesinados. Los asesinatos se han concentrado en Antioquia, Cauca, Caquetá, Nariño y Norte de Santander. De esta forma, a lo largo 2018 fueron asesinados al menos 226 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). La Defensoría del Pueblo situó la cifra en 164.

Además, como ha recordado Rosende, en muchas de las comunidades indígenas han tenido lugar asesinatos, amenazas y desplazamiento forzoso. Esto se ha dado en territorios étnicos de los pueblos awá, embera chamí y nasa en Caldas, Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

Junto a los éxitos y las preocupaciones, la ONU también apunta una serie de retos que tiene por delante el posconflicto. Por un lado, está el de garantizar a los excombatientes una necesaria seguridad jurídica, generando confianza y produciendo reales avances en cuestión de reinserción social y política. Otro gran desafío es lograr el funcionamiento autónomo y efectivo de mecanismos clave como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición o Comisión de la Verdad. Además, está también el reto social de atender a las comunidades afectadas por el conflicto, las cuales reclaman seguridad, educación, salud, tierra, infraestructura y alternativas viables contra las economías ilegales.

Aspectos controvertidos

Los asuntos relacionados con la JEP han centrado las mayores controversias de la actuación de Duque. En marzo, el mandatario presentó objeciones formales a la ley que regula la JEP, de la que desea modificar seis puntos de sus 159 artículos. Dos de ellos se refieren a la extradición de excombatientes, algo que ahora no se contempla si colaboran con el sistema de justicia transicional, especialmente en el caso de delitos cometidos tras la firma del acuerdo. Duque también plantea una reforma constitucional que excluya de la JEP los crímenes sexuales contra menores, determine la pérdida de todos los beneficios si hay reincidencia en un delito y transfiera a la justicia ordinaria los casos de conductas ilegales comenzadas antes del acuerdo y que continuaron después. Las objeciones fueron rechazadas en el mes de abril por la Cámara de Representantes y también por el Senado, aunque la validez del resultado en este último quedó en cuestión, alargando así el debate.

Una nueva polémica puede suscitarse cuando en el mes de agosto deba darse fin a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). En ellos o en sus alrededores todavía se encuentran alrededor de 5.000 excombatientes. El Alto Consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, ha manifestado que para ese momento, con la ayuda de la FARC (el partido político que sucedió a la guerrilla) y el Gobierno, los excombatientes deben contar con trabajo, tener claro cuál va a ser su residencia y estar preparados para la reincorporación a la vida civil.

Dentro del proceso de reincorporación, es preocupante la falta de cumplimiento por parte de los cabecillas de las FARC de su compromiso, estipulado en el acuerdo de paz, de permanecer hasta el final en los ETCR con el fin de contribuir con su liderazgo a la buena marcha del proceso. Sin embargo, en los últimos meses, diversos jefes han abandonado esos territorios, entre ellos “el Paisa”, quien además no se ha presentado ante la JEP, por lo que esta ha reclamado su captura.

Tampoco el antiguo cabecilla Iván Márquez está colaborando con el sistema de justicia transicional, retrasando sucesivas veces su comparecencia ante la JEP alegando cuestiones de seguridad. Márquez ha mencionado el asesinato de 85 exguerrilleros desde la firma del acuerdo de paz, y ha acusado al Gobierno de serios incumplimientos.

Está además el caso de Jesús Santrich, quien como Márquez había adquirido un asiento en el Congreso gracias a la implementación del proceso de paz. Santrich se encuentra detenido desde abril de 2018 con base a una circular roja de la Interpol a petición de los Estados Unidos, que le acusa del envío de 10 toneladas de cocaína realizado después de la firma del acuerdo de paz.

Un tema bastante abordado desde el momento de las negociaciones tiene que ver con la erradicación forzada y aspersión de cultivos. El programa de sustitución de cultivos ilícitos empezó a dar resultados en 2018, dando lugar a que miles de familias campesinas acordaran con el Gobierno Nacional sustituir sus cultivos de coca por otros cultivos lícitos. Aunque en algunos departamentos como el Guaviare se dio de manera voluntaria la erradicación de cultivos, eso no fue suficiente para compensar el aumento de siembras en 2016 y 2017. En 2018, cerca de 100.000 familias —responsables de un poco más de 51.000 hectáreas de coca— firmaron acuerdos de sustitución y se espera que este número continúe aumentando a lo largo del 2019. Según el gobierno de Colombia, citando cifras del Departamento de Estado de Estados Unidos, se han sembrado más de 209.000 hectáreas de hoja de coca, una muy cifra superior a la de la época de Pablo Escobar, según cifras presentadas por el presidente Iván Duque el mes pasado ante la Corte Costitucional.

Los beneficios de la paz son indiscutibles y queda mucho por hacer para consolidarla. Es una labor que no puede dejarse solamente en manos del Gobierno, sino que requiere del apoyo de los excombatientes, de sus antiguos cabecillas y de la sociedad civil. El gran reto es acelerar la implementación del acuerdo y disminuir la polarización política, todo en busca de lograr la reconciliación nacional.

Entrevista con el embajador Francisco Pascual de la Parte, autor de “El imperio que regresa. La Guerra de Ucrania 2014-2017” 

▲ Francisco Pascual de la Parte, durante la presentación de su libro [Manuel Castells]

ENTREVISTA / Vitaliy Stepanyuk

Pocos tienen un conocimiento tan directo de las relaciones de Rusia con Ucrania y otros territorios de la antigua URSS como Francisco Pascual de la Parte, quien ha sido ministro-consejero de la Embajada de España en Moscú, embajador en Kazajstán y cónsul general en San Petersburgo, entre otros destinos. Es autor del libro “El imperio que regresa. La Guerra de Ucrania 2014-2017”. Durante su presentación en la Universidad de Navarra, Global Affairs pudo conversar extensamente con el diplomático español sobre la crisis ucraniana y la política exterior rusa.

1. Desde el punto de vista de la geopolítica de la región, ¿quiénes son los principales actores?

Los principales actores en la crisis ucraniana se dividen en dos grupos: los que participan directamente en el conflicto armado y los que no participan en él, pero sí intervienen en la crisis. Los principales actores, obviamente, son el Gobierno ucraniano y los separatistas de las autoproclamadas Repúblicas pro-rusas del Donbass (regiones de Donetsk y Lugansk), respaldados y armados por Rusia.

En un segundo círculo concéntrico, los actores son Ucrania y Rusia, que se ha anexionado Crimea en respuesta al derrocamiento del presidente ucraniano pro-ruso Viktor Yanukovich, y que, como digo, apoya además a los separatistas ucranianos.

En un tercer círculo concéntrico, se sitúa la discrepancia entre Rusia y la Unión Europea (UE), que estima ilegal la anexión de Crimea y la intervención rusa en el Donbass, por lo que ha impuesto sanciones económicas, respondidas por Rusia.

En un cuarto círculo concéntrico tenemos una rivalidad entre Rusia y Estados Unidos, que acusa a Moscú de violar la integridad territorial de Ucrania y menoscabar con ello la seguridad en Europa. Este enfrentamiento tiene consecuencias para todo el planeta, ya que genera desconfianza y hostilidad entre ambas superpotencias que repercute en sus relaciones mutuas, fundamentalmente en los tratados de desarme y en sus posiciones en crisis como las de Siria, Corea del Norte, Venezuela y cualquier parte del mundo.

Por último, tenemos el enfrentamiento entre Rusia y la OTAN, a la que Rusia imputa la iniciativa hostil de haberse extendido hacia el Este, provocando con ello la reacción rusa cuando, teóricamente, tras la caída de la URSS, la OTAN había prometido no llevar a cabo su ampliación.

Todos estos son los actores. Unos participan en el primer círculo concéntrico, otros en el segundo y otros en todos.

2. En relación con la pregunta anterior, ¿cuál es el principal objetivo en esta lucha?

La respuesta a esta pregunta dependerá del actor en el que nos centremos. Obviamente no persiguen lo mismo los líderes de las repúblicas rebeldes que el Gobierno ucraniano o que el Gobierno ruso. En mi opinión, el régimen ruso persigue garantizar su seguridad mediante la recuperación del rango de gran potencia. Al controlar el espacio postsoviético e impulsar la Unión Económica Euroasiática (UEE) incluyendo a Ucrania, Rusia preveía fortalecer su posición internacional. Pero al negarse Ucrania a formar parte de la UEE y preferir una Asociación con la UE de Bruselas, ese plan de Rusia quedó muy dañado. En otras palabras, como decía Brzezinski, antiguo consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Rusia con Ucrania es un imperio, pero sin Ucrania es un estado normal. Pero como no se resigna a ser un Estado normal, no quiere perder el control sobre Ucrania. Rusia estima que sólo así puede garantizar su seguridad.

El fin que persiguen las autoproclamadas Repúblicas de Donetsk y Lugansk no está muy claro, porque ha ido cambiando con el tiempo. Primero era la autonomía, después la independencia, después la anexión a Rusia y después otra vez la autonomía. Varios de los líderes que proclamaban la independencia han desaparecido en extrañas circunstancias, siendo reemplazados por otros líderes.

En este momento el liderazgo de esas repúblicas está enteramente bajo el control de Moscú. Teóricamente, de ello habría que concluir que el fin de la Repúblicas de Donetsk y Lugansk es el mismo que el fin de los líderes rusos. Pero yo no estoy tan seguro, ya que había dirigentes en los gobiernos de esas repúblicas que, al principio, querían otro tipo de Estado. Es decir, no formar parte de Ucrania, pero tampoco de Rusia, aunque dieran primacía a la relación con esta. Una especie de Estado que fuera autónomo tanto de Rusia como de Ucrania, pero dentro del denominado “mundo ruso”: conjunto de pautas culturales, creencias y costumbres que identifican al pueblo ruso, basado en los valores tradicionales de la Rusia de los zares. Algunos de sus líderes más nacional-patriotas propugnaron, tras proclamar la secesión, fidelidad a la ortodoxia, protección a la familia, prohibición de los abortos, el juego, la prostitución, el divorcio… En fin, un gobierno que no hubiera encontrado encaje ni en una Ucrania integrada en la UE, abierta, por tanto, a asimilar la ideología de género y otros valores contrarios al “mundo ruso”, ni en una Rusia como la actual, que ellos consideraban gobernada por excomunistas descreídos y antiguos jefes de los servicios de inteligencia soviéticos. Los primeros dirigentes separatistas rebautizaron a su nuevo Estado como “Novorrossiya”, retomando el nombre de la Ucrania Oriental en la época zarista, cuyos territorios habían sido conquistados por Catalina la Grande a los turcos y a los cosacos ucranianos en el siglo XVIII.

Pero ese plan no pareció convenir a Rusia. En un momento dado, Moscú dejó de apoyar el “proyecto Novorrossiya” y provocó el reemplazo de los dirigentes que lo propugnaban. ¿Por qué? Muchos analistas estiman que el surgimiento de un Estado como Novorrosiya hubiera dado alas a la ya poderosa corriente nacionalista rusa de extrema derecha (propugnada, entre otros, por Alexander Duguin) que acusaba a Putin de traición por no haber invadido sin contemplaciones toda Ucrania, y fomentaría el surgimiento dentro de la misma Rusia de iniciativas análogas en otros territorios de la Federación Rusa donde los elementos tradicionalistas nacional-patrióticos tuvieran apoyo popular. En consecuencia, Rusia pareció optar por mantener esas repúblicas dentro de Ucrania, pero controladas por ella o, en caso extremo, proceder a una anexión de facto. Ambas soluciones le beneficiaban, pues impedían que Ucrania pudiera incorporarse a la OTAN y que tuviera suficiente margen de maniobra como Estado soberano, al tener dentro el caballo de Troya de esas repúblicas, controladas por dirigentes afines al Kremlin. 

El fin que persigue la UE es la estabilidad y prosperidad en su frontera oriental, exportando a las repúblicas ex-soviéticas sus programas de reformas económicas y políticas. Para ello, la UE puso en marcha su programa denominado “Partenariado Oriental” con varias de esas repúblicas. Cuantos más países de la antigua Unión Soviética asimilen los principios de la UE (Derechos Humanos, elecciones transparentes, igualdad ante la ley, ausencia de privilegios de casta, etc.) más segura estará la frontera oriental y más podrá extenderse el mercado europeo hacia esos países, incorporándolos gradualmente. En definitiva, para la UE la finalidad sería la estabilidad de la frontera Este, la extensión a los países de Europa Oriental de los principios que han dado origen a la UE y la expansión a ellos de su área de seguridad y prosperidad. 

Para EEUU, el principal objetivo sería el impedir que la URSS se reconstruya bajo otro nombre y vuelva a ser un factor de inestabilidad para las democracias. EEUU ha visto cómo poco a poco el control o la influencia rusa en antiguas regiones y repúblicas soviéticas ha aumentado y cómo estas han ido siendo recuperadas por Moscú, una tras otra. Primero fue Abjasia, luego Transnistria, luego Osetia del Sur…, amén de la influencia rusa en Bielorrusia, Kazajistán, Tayikistán, Kirguistán y, ahora, Ucrania, tras la anexión de Crimea y el control del Donbass. Algunos analistas observan ese proceso como una reconstrucción del control de Moscú sobre el espacio post-soviético, como ocurría bajo la URSS. Frente a ello, Washington sostiene que cada país tiene derecho a elegir libremente el organismo internacional y el sistema de seguridad colectiva al que quiere pertenecer, por lo que Rusia no tiene derecho de veto sobre la libre opción de un país determinado de Europa Oriental a ser miembro de la OTAN, o dejar de serlo, decisión que deben tomar sus propios ciudadanos, como ocurriría en el caso de Ucrania. En fin, cada parte en esta crisis persigue un objetivo diferente.

3. El conflicto de Ucrania estalló de manera imprevista. Cientos de personas salieron a las calles pidiendo una mejora en las condiciones de vida y el fin de la corrupción. ¿Cómo podríamos explicar el hecho de que el conflicto surgiese tan repentinamente?

En realidad, no se trata de un conflicto aislado, ni surgió por sorpresa, sino que desde la disolución de la URSS, las cancillerías y embajadas occidentales ya recibieron hasta ocho avisos de lo que iba a ocurrir y no supieron interpretar esas advertencias.

El primer aviso se dio en diciembre de 1986, en Kazajistán, con una serie de revueltas populares que ya indicaban lo que iba a ocurrir. Allí tuvieron lugar unos gravísimos disturbios, cuando el presidente de la República Socialista Soviética de Kazajistán, el presidente Kunáyev, dimitió y fue sustituido por un ruso, Gennady Kolbin. En ese momento, jóvenes kazajos salieron a las calles a protestar contra la decisión impuesta por Moscú de nombrar un presidente que no fuera étnicamente kazajo y que no conocía ni el idioma, ni las particularidades del país. Hasta hoy no se sabe el número de muertos que hubo en la represión de las tropas de la KGB, del ejército y de la policía, que fueron enviados urgentemente desde Rusia para aplastar la insurrección.

El segundo aviso consistió en la guerra de 1988 en Nagorno Karabaj (una región montañosa autónoma, poblada por armenios, de religión ortodoxa, enclavada en mitad de la república islámica de Azerbaiyán). Cuando los habitantes y las autoridades de Nagorno Karabaj vieron que la URSS se desintegraba, temieron que en el caos de la desintegración iban a sufrir represión y arreglos de cuentas de la gran mayoría musulmana que les rodeaba. Por consiguiente, el Parlamento de esa región autónoma solicitó la anexión a Rusia. Cuando esto ocurrió, las autoridades de Azerbaiyán enviaron sus tropas para impedir la secesión. Se originó una guerra que aún no ha acabado.

El tercer aviso, ocurrido en 1989, fue la “Masacre de Tiblisi” (Georgia), cuando miles de georgianos salieron a las calles en favor de la independencia de Georgia respecto de la URSS. El ejército soviético envió tropas especiales para reprimir la sublevación, como había ocurrido en Kazajistán. Allí murieron muchos civiles. Esa masacre dio lugar al Síndrome de Tiblisi: ningún alto cargo soviético quiso asumir, desde entonces, la responsabilidad de haber dado la orden de la intervención. A partir de ese momento, el ejército no volvería a intervenir contra el pueblo a no ser que recibiese por escrito una orden con la firma de quien decidía la intervención.

El cuarto aviso data de 1990 con la guerra civil de Transnistria, una franja oriental de mayoría étnica rusa en la república de Moldavia, que es de mayoría étnica rumana. Ocurrió que tras la independencia de Moldavia en 1991, los habitantes de Transnistria temieron quedar oprimidos en el nuevo país, de lengua y tradiciones principalmente rumanas. Por tanto, declararon su propia independencia de Moldavia, iniciando consecuentemente un conflicto que dejaría más de 20.000 muertos.

En todos estos casos y en otros que vendrían después, Rusia apoyó siempre a los secesionistas, puesto que eso era una forma de mantener a las repúblicas que querían separarse de la URSS controladas mediante una minoría dentro de ellas, que impedía su consolidación como soberanas e independientes.

El siguiente aviso consistió en el fallido intento de golpe de Estado en Moscú de agosto de 1991. Aunque fracasó, esa intentona abrió los ojos a otras repúblicas sobre el peligro de involución y regreso a la URSS y, a partir de ese momento, el proceso secesionista se aceleró.

El sexto aviso consistió en el referéndum convocado en Ucrania en diciembre de 1991. Bajo la pregunta “¿Está usted de acuerdo en que Ucrania se separe de la URSS y sea un Estado independiente?”, el 98% de la población ucraniana votó que sí, incluida Crimea.

Junto a estos avisos habían tenido lugar otros indicadores más, como el movimiento separatista en Abjasia (región del noroeste de Georgia), que en 1992 declaró su independencia de Georgia, la cual deseaba independizarse de Rusia por completo. Rusia apoyó a los separatistas también aquí.

El último aviso tuvo lugar en 2007, en Osetia del Sur. Fue tras un intento del gobierno de Georgia para lograr que la región separatista de Osetia del Sur volviese bajo su control empleando para ello su ejército. Rusia, que tenía estacionadas en Osetia Fuerzas para el mantenimiento de la paz desde un conflicto anterior,  intervino en favor de los separatistas, obligando a Georgia a renunciar al control de esa región.

4. Aunque a EEUU el conflicto ucraniano le preocupa, no le inquieta tanto como otros temas. De hecho, EEUU no está actuando y únicamente verbaliza su preocupación. ¿Es posible que no esté ofreciendo una respuesta clara porque piensa que fundamentalmente es un problema europeo?

A EEUU le preocupa por la sencilla razón de que la solución de otras crisis que ocurren en el mundo, fundamentalmente las de Siria, Venezuela y la de Corea del Norte, depende de que haya confianza y buena relación entre Moscú y Washington. Y nunca la habrá si previamente no se resuelve el tema de Ucrania. Lo que está envenenando las relaciones es Ucrania. De hecho, dudo mucho que sin la guerra en Ucrania hubiese habido una intervención rusa en la guerra en Siria como la que ha habido.

Cuando Occidente intenta aislar a Rusia imponiendo sanciones, Rusia tiene que salirse por algún lado. Por ello, para demostrar que no se le puede aislar y que es un protagonista en la escena internacional, Rusia interviene en Siria, en Venezuela o donde puede plantar cara a EEUU. Estaría emitiendo un mensaje parecido a este: “aunque me queráis aislar y reducirme a potencia regional de segundo orden, os puedo demostrar que sin mí no tiene solución ninguna crisis mundial. Es más, si quiero, os provoco otras crisis”.

5. ¿Qué opinan los propios ciudadanos rusos sobre la anexión de la península de Crimea?

La intervención y consiguiente anexión de Crimea por Rusia, dentro del conflicto ucraniano, es el punto que más envenena las relaciones entre Rusia y Occidente, pero también repercute en la opinión pública rusa.

Porque, claro, Rusia tiene un PIB del tamaño del de Italia y está manteniendo intervenciones en el exterior que le cuestan mucho dinero. Sus hospitales están en una condición lastimosa, la enseñanza atraviesa por una gran carencia de medios y disminución de calidad, las pensiones son bajísimas, se ha retrasado la edad de jubilación… Muchos en Rusia están disgustados por que, en estas circunstancias, se dediquen recursos ingentes a subvencionar Crimea. Porque Crimea no se sostiene sola. Antes, cuando estaba en paz y gracias al turismo, sí que podía llegar a sostenerse a sí misma. Pero ahora, ¿quién va a Crimea? ¿quién invierte en Crimea? Todo lo subvenciona el gobierno ruso. Eso estaría al alcance de un país con un PIB gigantesco, pero difícilmente un país que tenga un PIB como el de Italia o España y que dedique, directa o indirectamente, un tercio del PIB a sus fuerzas armadas y de policía. Además de tener que subvencionar Crimea, Rusia tiene que subvencionar Abjasia, Transnistria, Osetia y el Donbass. Por este motivo, hay en Rusia quien ya se pregunta si no fue un error la anexión de Crimea, como, por ejemplo, uno de sus más influyentes diarios, “Vedomosti”.

Por otra parte, una razón importante por la que los dirigentes rusos no ven con buenos ojos discutir sobre este asunto podría ser Chechenia. Según algunos expertos de Derecho Internacional, como la catedrática de Derecho Internacional de la Complutense, Araceli Mangas Martín, todos los argumentos que Rusia esgrime para justificar la secesión de Crimea de Ucrania valdrían para justificar una futura secesión de Chechenia de Rusia. ¿Qué ocurriría, se preguntan algunos analistas, si dentro de 10 o 20 años se formara una mayoría chechena que reclamara la secesión de Rusia en un referéndum invocando el precedente de Crimea? 

El tema de la legitimidad de la anexión de Crimea es un tema tabú en la sociedad rusa, por muchas razones. No se puede hablar de él con tranquilidad. De hecho, el único diputado de la Duma (Parlamento ruso) que votó en contra de la incorporación de Crimea a Rusia ha tenido que exiliarse porque ha sido amenazado. En los programas de televisión los debates sobre la existencia y legitimidad de la anexión de Crimea no suelen permitirse y cuando se tocan tiene que ser siempre desde el punto de vista oficial.

6. ¿Ve usted posible que Rusia acabe abandonando la guerra en Ucrania? Además, ¿podría Crimea volver a formar parte del territorio ucraniano?

Rusia ha dejado muy clara una cosa: no va a permitir jamás que los rebeldes y los separatistas ucranianos de las Repúblicas de Donetsk y Lugansk sean derrotados por el ejército ucraniano. No lo va a permitir. 

La única posibilidad de que Rusia abandonase su intervención militar en Ucrania sería que los secesionistas ganasen su confrontación con el gobierno ucraniano y consolidasen una independencia de este bajo el control indiscutido de Moscú.

Segundo, veo el regreso de Crimea a Ucrania muy difícil, prácticamente imposible. Porque Rusia está convirtiendo Crimea en una inmensa base militar que estima imprescindible frente a una OTAN expansiva. La está dotando de los más modernos sistemas de armamento: radares, cohetes, una moderna flota...

7. Demográficamente, ¿el porcentaje de rusos en Crimea es tan alto como se dice?

Según algunos analistas, el Kremlin juega con las cifras. Unas veces habla de rusos étnicos, otras veces de rusohablantes. Odesa o Jarkiv, por ejemplo, son grandes ciudades ucranianas rusohablantes, pero que están de parte del gobierno de Kiev. ¿Qué entiende Rusia por “ruso”? Dicen las autoridades rusas: “Es que la mayor parte de los habitantes de Crimea votaron legítimamente por la secesión e incorporación a Rusia en referéndum por una mayoría afirmativa en torno al 90%, constituyendo además los rusos la gran mayoría de la población en la península”. Defíname eso. ¿Qué pasa con el 13% de tártaros, qué pasa con el 20% de ucranianos? Y los que Moscú llama rusos en Crimea, ¿qué son exactamente: rusos étnicos, rusohablantes, titulares de pasaporte ruso, rusos por opción, por nacimiento, por matrimonio? ¿Con qué documentación electoral y con qué control de las votaciones se hizo el referéndum? ¿Se contaban como votantes censados las tropas de la base rusa de Sebastopol o no se contaban? ¿Cómo se controlaron las votaciones dentro de los cuarteles militares? En fin, es como decir “españoles” refiriéndonos a cualquier país iberoamericano. En Argentina o Cuba puede haber 700.000 españoles. ¿Aceptamos entonces que en un territorio de Argentina, Cuba o Venezuela, donde la mayoría sean españoles, estos organicen un referéndum por la secesión y su reincorporación a España y les armamos clandestinamente?

La pregunta que nos debería preocupar es: ¿en qué se distingue ciudadanía de nacionalidad? En los países occidentales ciudadanía y nacionalidad son lo mismo. Sin embargo, en Rusia no es así, y aquí vamos al meollo del problema. En los países de la antigua órbita soviética, nacionalidad significa “pertenencia a un grupo étnico”. Mientras que ciudadanía significa “sometimiento al régimen político, jurídico y administrativo de un Estado determinado, con independencia de la etnia a la que se pertenezca”.

En Rusia son cosas completamente diferentes. Tanto es así que en los documentos de identidad de Rusia y de Ucrania, hasta hace poco, figuraba como “nacionalidad” el grupo étnico del titular: judío, tártaro, ruso... Por eso, cuando Rusia se anexionó Crimea, la principal razón que dio el presidente Putin para hacerlo fue que debía proteger a los “rusos” en Ucrania, a “sus” nacionales en Ucrania, frente a la “Junta Fascista” de Kiev que les amenazaba. Para un ruso, puedes cambiar la ciudadanía; en cambio, la nacionalidad no se pierde nunca, y Rusia debe proteger a quienes ostentan la suya.

Todo ello explica que antes de intervenir en una república ex -soviética que se quiere separar de la órbita de Moscú, lo primero que hace Rusia es repartir pasaportes rusos entre ciudadanos de esas repúblicas a los que, a partir de ese momento, considera rusos, y luego, argumenta que los tiene que proteger.

De los ucranianos que vivían en Crimea, muchos la han abandonado. Otros, se han quedado en Crimea, por supuesto, pero sin poder poner en tela de juicio que Crimea pertenece a Rusia, sometiéndose a las autoridades rusas, debiendo, en muchos casos, obtener otra nueva documentación, distinta a la que tenían antes, y  prestando lealtad y sometimiento a otro Estado distinto a aquel en el que vivían hasta hace poco.

8. ¿Podríamos decir que Rusia y Occidente tienen interpretaciones diferentes sobre los principios que han de regir las relaciones internacionales?

Ese principio fundamental para el Kremlin de defender militarmente a los rusos estén donde estén, incluido el territorio de otra república ex-soviética, choca con otros principios básicos para la UE, EEUU y países occidentales: la integridad territorial del Estado, la soberanía del Estado y la igualdad de todos antes la ley... Si tú quieres proteger a los rusos que viven en Ucrania anexionándote Crimea porque tiene mayoría rusa, obviamente estás violando el principio de integridad territorial del Estado. Sin embargo, Rusia piensa que ella sí que ha respetado la integridad territorial de Ucrania, porque la integridad territorial tiene para los dirigentes rusos un significado diferente al nuestro. Para ellos la integridad territorial se refiere al aparato del Estado, pero no al territorio. Rusia da prioridad a otros principios, como es la protección de sus nacionales.

Por todos estos motivos este conflicto es tan peligroso, porque ni Occidente ni Rusia pueden renunciar a principios que consideran básicos. Por eso, cuando hablamos de diálogo de la UE y EEUU con Rusia para solventar este conflicto, estamos pidiendo un diálogo entre dos partes que hablan un lenguaje diferente, porque Rusia atribuye a los conceptos un significado completamente distinto al que les atribuimos nosotros.

9. La política rusa de protección de los rusos étnicos puede recordar mucho, en gran medida, la política de la Alemania nazi de la década de 1930 de intentar unir a todos los alemanes étnicos. ¿Considera que la situación es similar?

No solamente a los años 30, sino también al tiempo de la Primera Guerra Mundial, que estalló porque Serbia quería proteger a los serbios que vivían fuera del territorio de Serbia, los cuales se consideraban oprimidos y maltratados por las autoridades del Imperio Austrohúngaro, cuando este se anexionó Bosnia-Herzegovina. Uno de los que se sentían oprimidos, el estudiante Gavrilo Princip, con auxilio logístico de la policía secreta serbia, mató al heredero del trono de Austria-Hungría durante su visita a Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina. Eso provocó una reacción en cadena y una Guerra Mundial.

En la Segunda Guerra Mundial, Alemania exige que todos los alemanes vivan dentro del mismo Estado. Desgraciadamente, no todos los alemanes vivían en Alemania. Los nazis deciden entonces lograr que todos los alemanes de raza aria, superior, queden en un solo Estado, dirigidos por un solo Führer. Para ello, se anexionan Austria. Las potencias occidentales se quedan perplejas. Resultaba que también había alemanes en Checoslovaquia, que no estaban bien tratados por las autoridades checoslovacas, según los nazis. Entonces, el Führer fuerza a los checoslovacos a cederle los Sudetes. Luego Alemania se anexiona otros territorios y las potencias occidentales ceden. Más tarde, Hitler reclama el corredor polaco y la ciudad alemana de Danzig, territorio también de población alemana, pero situado en Polonia, y es allí cuando, definitivamente, Inglaterra y Francia, que habían ofrecido garantías a Polonia,  reaccionan.

Para algunos analistas occidentales, la situación recuerda mucho a lo que ocurre ahora en la antigua URSS. Primero, Rusia se anexiona una parte de otro país, luego se instala en una parte de otro, con la misma justificación: la de que hay rusos en ellos que hay que proteger. En mi opinión, la situación no es exactamente la misma, pero tiene alarmantes parecidos.

10. La lección de los años 30 es que la política de apaciguamiento no evitó la guerra, sino que simplemente la aplazó e hizo que se combatiese en peores condiciones. Entonces, ¿cuál es la actitud recomendable ante la política rusa?

Existen dos tendencias fundamentales: la primera comprende las tendencias al apaciguamiento y la segunda las tendencias a la firmeza. Entre las tendencias al apaciguamiento encontramos, a su vez, tres corrientes distintas:

–Un primer grupo de expertos llama la atención sobre un hecho fundamental: que Rusia está dispuesta a llegar más lejos que Occidente en el conflicto de Ucrania, porque para Rusia Ucrania es una cuestión vital, mientras que para Occidente no. Habría que llevar a cabo una revisión territorial. Vamos a ceder y vamos a dejar que Rusia se quede con sus rusos, y aquí se acaba el problema. Firmamos un acuerdo, y Rusia tiene su zona de influencia.

–La segunda corriente defiende la idea de convertir Ucrania en un Estado neutral para que Rusia no perciba una amenaza. Ello implicaría que se decida la congelación de la expansión OTAN, que ya no se extendería a ningún país más de la Europa oriental; se otorgue una autonomía muy amplia a las regiones de Ucrania oriental pobladas mayoritariamente por rusos, y se admita que Crimea forma parte de Rusia en compensación a la extensión de la OTAN hacia el Este.

–Según la tercera corriente, Rusia, al anexionarse Crimea y al intervenir en Ucrania oriental, no observó un comportamiento agresivo. Muy al contrario, actuaba en su legítima defensa, y a ningún país se le puede negar la legítima defensa. Decimos eso porque si hubiese triunfado la revolución del Maidán en toda Ucrania, incluida Crimea, y en toda Ucrania se hubiese implantado un régimen proclive a Occidente, hubiera sido cuestión de muy poco tiempo que el nuevo gobierno ucraniano hubiese solicitado el ingreso en la OTAN. Eso hubiera conllevado que las fronteras de la OTAN se hubiesen acercado todavía más a Rusia, poniendo en peligro la seguridad del país. Por tanto, Rusia, al actuar en Ucrania, únicamente lo hace en legítima defensa. Esta tercera corriente propugna la desmilitarización del Donbass, que la seguridad de las fronteras quede garantizada por una fuerza de mantenimiento de la paz bajo el mando de la ONU, y la admisión de Crimea como parte de Rusia, en compensación al hecho de que la OTAN ha incorporado países que antes pertenecían a la URSS.

Como comentamos anteriormente, existe una segunda tendencia que aboga por la firmeza: “No vamos a repetir el error de Múnich de ceder, ceder y ceder, porque si continuamos así, la próxima vez nos encontraremos con que Rusia intenta anexionarse un país báltico”, donde, por cierto, en Estonia y en Letonia tiene importantísimas minorías. La principal corriente de este grupo piensa que no podemos repetir el error de Yalta, de dejar dividir Europa en zonas de influencia y sobre todo de imponer la neutralidad a un país que no la desea. Por otra parte, lo que se estaría haciendo al admitir que Rusia se quedase con todas estas regiones es negarle a Ucrania, precisamente, su derecho a la legítima defensa. 

Otro grupo de esta tendencia sostiene que los partidarios de la estrategia de apaciguamiento no ofrecen ninguna solución a cómo se garantizaría entonces la seguridad de los países de Europa del Este. Además, el hecho de no extender la OTAN y de ser condescendientes con Rusia para evitar provocar a Rusia es un dilema falso, porque Rusia ya hace todo lo que puede por fastidiar a Occidente, todo el límite de provocación ya está superado. Si se quiere conseguir la estabilidad de Europa a base de cerrar los ojos y permitir que Rusia controle las zonas que antes pertenecían a la URSS, existe el riego de que Rusia siga ocupando territorios. ¿Hasta dónde tienen que llegar las fronteras de Rusia para que Rusia se sienta segura?

Además de las dos tendencias anteriores, existe una tercera corriente de pensamiento que llama la atención. Dice que en el caso de la Alemania nazi hay un hecho diferencial respecto de la situación actual: en aquel momento no existían las armas nucleares. En aquel momento, quizás fuera prioritario detener a Hitler a costa de pagar un alto precio, porque de lo contrario las consecuencias habrían sido catastróficas. Era un mal menor frente a un mal mayor. Sin embargo, ahora este dilema no existe, ya que ahora el dilema está entre llegar a un entendimiento con Rusia o una guerra nuclear.

La pregunta que plantea esta tercera posición es: ¿cuál es nuestra prioridad, castigar a Rusia o conseguir la estabilidad en Europa? Si elegimos la primera opción, entonces lo que habría que hacer es armar a Ucrania. Sin embargo, si nuestra prioridad es recuperar la estabilidad en Europa, entonces tenemos que iniciar conversaciones con Rusia. En realidad, a largo plazo, Occidente es mucho más fuerte que Rusia, pero el inconveniente que tiene a largo plazo es que no sabes si en ese periodo de tiempo tan grande estaremos todos muertos. Si Rusia ve que es más débil a largo plazo, obviamente intentará aprovechar la situación mientras todavía es fuerte.

11. Puede existir la interpretación de que lo que ocurrió en Crimea fuese una reacción de legítima defensa por parte de Rusia para evitar que su base naval de Sebastopol se convirtiera en base de la OTAN.  Rusia habría interpretado eso como una amenaza a su seguridad y, por tanto, habría intervenido para proteger su seguridad. Teniendo esto presente, tomemos como ejemplo la crisis de Cuba de 1962. Cuba decidió comprar armamento para colocar cohetes atómicos soviéticos en territorio cubano. Podían hacerlo desde el punto de vista del Derecho Internacional, eran dos países soberanos que podían venderse armas unos a otros. EEUU se sintió atacado ante la posibilidad de que hubiera cohetes en Cuba e intervino en Cuba. ¿No ha ocurrido lo mismo con Crimea y la URSS? En un segundo supuesto, imaginémonos que en México entra un gobierno de corte anti-americano, que se siente muy inseguro hacia EEUU y que decide instalar cohetes nucleares en la frontera de Río Grande. ¿EEUU permitiría en aras del Derecho Internacional de integridad territorial que hubiera baterías de cohetes apuntando a las ciudades de EEUU? ¿Qué piensa usted de esto?

Hay similitudes en esos casos, pero no se pueden comparar. Las diferencias que yo veo son, en primer lugar, que EEUU impuso un bloqueo en Cuba, pero no invadió Cuba, como usted dice, ni se anexionó región de Cuba alguna. Kennedy metió la pata con su invasión de Bahía de los Cochinos, retiró a sus tropas de allí y pidió públicamente perdón por la iniciativa. No me puedo imaginar a un líder ruso pidiendo públicamente perdón por la invasión ilegal por la URSS o por Rusia de un país soberano y sin declaración de guerra: Finlandia en 1939, los Bálticos en 1940, Hungría en 1956, Checoslovaquia en 1968, Afganistán en 1979, Ucrania en 2014….

En segundo lugar, los misiles instalados en Cuba eran armas nucleares ofensivas muy potentes, instaladas clandestinamente, mientras que EEUU no instala armas nucleares ofensivas comparables cerca de Rusia ni lo ha hecho clandestinamente. Moscú estima que los sistemas antimisiles norteamericanos en Polonia y Rumanía pueden convertirse en ofensivos fácilmente, pero tal recelo ruso se solventaría con un eficaz sistema de inspecciones y verificación. Además, los dirigentes rusos saben perfectamente que tales sistemas no constituyen amenaza efectiva alguna frente a su enorme arsenal nuclear. La prueba está en que presumen de él y lo consideran invulnerable, según palabras del propio presidente Putin.

En tercer lugar, lo de México es política ficción. No es imaginable que EEUU invada militarmente México para proteger a las minorías estadounidenses asentadas en ese país, como ha ocurrido con Crimea o el Donbass. Por otro lado, dudo que fuera posible que se instalaran armas nucleares en México con los acuerdos bilaterales y regionales que están vigentes entre EEUU y México y en el marco del tratado de libre comercio entre EEUU, México y Canadá. No olvidemos que, aunque imperfectos, tanto México como EEUU son regímenes democráticos. Sus líderes responden ante sus electores y ante su pueblo, y son elegidos por este. No es el caso de Cuba ni de la URSS, dictaduras comunistas, ni, según algunos autores, de la Rusia actual, régimen autoritario nacionalista. Las democracias no suelen hacer guerras entre ellas.

El único comportamiento de Estados Unidos similar a lo que ocurre en Crimea fue la invasión de la isla caribeña de Granada. Cuando en Granada subió al poder un régimen marxista, EEUU arguyó la necesidad de proteger a los estudiantes estadounidenses que había allí para intervenir, aunque no estaban en peligro.

Otra diferencia es que lo de Ucrania se inscribe en un proceso o tendencia (Kazajistán, Transnistria…), que parece haber estado perfectamente planificado desde 1990, como hemos comentado antes. No es un caso puntual, sorpresivo e improvisado, como fue la reacción de EEUU ante la instalación de misiles en Cuba en 1962.

12. Lo que ha comentado anteriormente sobre la reacción agresiva de Rusia para evitar el largo plazo, recuerda mucho a la estrategia directa de la contención estadounidense durante la Guerra Fría. La respuesta estadounidense era que, precisamente, había que rearmarse y tener una capacidad militar lo suficientemente intimidatoria para que la URSS no se atreviese a actuar agresivamente. Sería esa otra posible conclusión: ¿Hay que rearmarse?

De hecho, lo estamos haciendo. Para mí, el mayor error de Putin ha sido posibilitar que EEUU consiga en 20 días el consenso para un rearme y fortalecimiento de la OTAN que no había conseguido en 20 años. Ahora tienen una OTAN cohesionada y organizada, han conseguido el compromiso a un aumento de los gastos militares por parte de los aliados de la OTAN que antes eran reticentes a hacerlo.

13. Crimea era parte de Rusia hasta que Kruschev se la cedió a Ucrania en 1954. Además, el Imperio Ruso tuvo miles de muertes por recuperar esa península en la Guerra de Crimea. ¿El hecho de que ese territorio pertenezca a Ucrania o a Rusia es algo que podría ser discutible?

En primer lugar, la constatación de que Kruschev regaló Crimea a Ucrania es, según documentados autores, una de las grandes falsedades difundidas por los centros de inteligencia rusos, que ha sido creída por casi todo el mundo en Occidente. Aunque es cierto que la resolución del Presidium del PCUS de 1954 hace que Crimea pase a depender de Ucrania, con motivo del 300 aniversario de la incorporación de Ucrania al Imperio Ruso, este no era el único motivo, ya que Crimea es una zona muy árida, y el suministro de agua, mano de obra, infraestructura… es muchísimo más fácil desde Ucrania que desde Rusia. A efectos prácticos, es mucho más rentable, como se está viendo actualmente, mantener Crimea desde Ucrania que desde Rusia.

En segundo lugar, la región de Taganrog, más rica y más grande que Crimea, que anteriormente pertenecía a Ucrania, se asignó a Rusia. Por eso, algunos analistas piensan que lo que hubo fue una especie de compensación territorial, porque mantener Taganrog desde Ucrania es muy difícil también.

En tercer lugar, el cambio de fronteras administrativas entre las diferentes regiones de la URSS en tiempos de Stalin y de Kruschev era algo habitual y frecuente. Si consideramos anti-constitucional o ilegal la transferencia de Crimea a Ucrania por Kruschev, también hay que considerar ilegales docenas de modificaciones territoriales análogas que se hicieron en esa época en la URSS.

En cuarto lugar, Crimea ha sido parte de Rusia 250 años (Cuba fue española aproximadamente 400 años) y toda Ucrania occidental era Polonia hasta 1939. Luego Polonia tendría igual derecho a reclamar su parte de Ucrania que Rusia a reclamar la suya. Si vamos a justificar la anexión de territorios en base a vínculos históricos sin respetar los tratados internacionales actuales, entonces habría que rehacer todo el mapa mundial y provocaríamos una escalada bélica. Por esta regla de tres, los españoles deberían reclamar mañana mismo Cuba, pues fue un trauma para nosotros perderla, residen allí miles de españoles y fue mucho más tiempo española que Crimea rusa.

En quinto lugar, y más importante, en el Tratado de Amistad y Cooperación entre Rusia y Ucrania de 1997, Rusia reconoció la independencia e integridad territorial de Ucrania, incluida Crimea.

No podemos estar inmersos en un continuo proceso de reivindicaciones históricas. Para evitar eso existen los tratados internacionales que fijan las fronteras e impiden que volvamos a la selva.

14. Hace unos años fuimos testigos de cómo EEUU luchó por la independencia de Kosovo, la cual reconoció. Por tanto, ¿podríamos decir que el caso de Kosovo constituye un precedente que legitima a Rusia a defender la separación de Crimea?

Para muchos analistas, el caso de Kosovo y el caso de Crimea no tienen relación alguna entre ellos. En primer lugar, dicen, EEUU no buscaba anexionarse Kosovo, a diferencia de lo que Rusia hizo con Crimea. En segundo lugar, el reconocimiento de la independencia de Kosovo tuvo lugar después de 10 años de limpieza étnica llevado a cabo por las tropas Serbias en Kosovo contra la población albanesa. El tema se llevó a la ONU y se discutió durante mucho tiempo. Nada parecido ocurrió en Crimea: no había ningún conflicto entre rusos y ucranianos, no se llevó el tema a la ONU, ni siquiera se llevó al Tribunal Internacional de Justicia (Kosovo sí se llevó). Son cosas completamente diferentes. No había habido ningún incidente serio entre etnias en Crimea que justificase la anexión por parte de Rusia. En Kosovo sí los hubo, con miles de muertos.

Esto supone, según muchos autores, otro éxito de la propaganda rusa, que ha conseguido que mucha gente de Occidente considere que son casos similares. Además, habría que ver en qué condiciones se realizó el referéndum en Crimea: no hubo debates en televisión, no hubo diferentes partidos políticos que expusiesen sus posiciones, no hubo observadores internacionales, no hubo un censo fiable, los puntos de votación estaban tomados por el ejército ruso… No sabemos cómo es esa mayoría que votó a favor.

15. ¿Cómo se puede explicar el enorme poder y popularidad de Putin en un país considerado democrático y en el que existen elecciones regulares?

Un asunto que merece la pena comentar es el fracaso de las reformas democráticas en Rusia. Cuando se desintegra el comunismo en la URSS y Rusia opta por la economía de mercado, por la libertad de comercio y por la democracia liberal, espera recibir un modelo civilizado de todo eso. Lo que recibe, en más de una ocasión, son verdaderos gánsters occidentales haciendo negocios, apropiándose de los recursos económicos y culturales de Rusia, y de los cerebros de Rusia… La versión de la economía de mercado que recibe Rusia tras la implantación de la democracia liberal en el país es horrorosa y, a partir de ese momento, las palabras “democracia” y “reformas” quedan totalmente desacreditadas en Rusia. Ellos tienen una idea de reformas y de democracia totalmente nociva y fatal. Eso fue precisamente lo que catapultó al poder a líderes como Vladímir Putin.

Una cosa que no entendimos en Occidente es que, para un ruso, la estabilidad es mucho más importante que la libertad. Sobre todo no entendimos una cosa muy importante, que fue la pasmosa facilidad del tránsito del comunismo al nacionalismo. Fue una ingenuidad pasmosa por parte de los diplomáticos occidentales pensar que los líderes postcomunistas iban a edificar la democracia sobre las ruinas de la URSS y en contra de sus propios intereses.

El tránsito del comunismo al nacionalismo es, en realidad, muy fácil, porque sus elementos básicos son los mismos: primacía del líder sobre las instituciones, del dogma sobre los principios, de la lealtad sobre los méritos, de los slogans sobre el razonamiento, de la propaganda sobre la información, de la historia virtual sobre la real, etc.

16. La población de los países bálticos cuenta con una importante minoría rusa. En esos países se ha estabilizado la situación también porque ha habido un despliegue de la OTAN.¿Ucrania podría entrar en la OTAN y eso estabilizaría la situación o Rusia nunca permitiría que Ucrania entrase en la OTAN?

Hubo un momento en que se le propuso a Rusia unirse a la OTAN. Pero Rusia no quería ser un miembro más de la OTAN, no quería estar sujeta a EEUU, sino que desea tener protagonismo. Por su parte, Ucrania no es igual que los países bálticos. Yo creo que Ucrania no puede, de momento, entrar en la OTAN. Sin embargo, ya hay programas de colaboración entre la OTAN y el gobierno ucraniano. Para mí es consecuencia de la actuación del presidente Putin, porque ¿de qué le sirve ganar Crimea si pierde Ucrania, donde, además, ha hecho surgir un sentimiento anti-ruso? Con esa política, Rusia ha conseguido que la OTAN despierte y se fortalezca (lo que EEUU no había conseguido nunca), y que la mayoría de Ucrania tenga un sentimiento pro-occidental. Todo un balance.

En mi opinión, Rusia hará todo lo posible para evitar que Ucrania entre en la OTAN. No obstante, si Ucrania fuese admitida en la OTAN, Rusia respondería asimétricamente. A mi juicio, el mundo se colocaría al borde de una guerra nuclear.

17. ¿Cree que el asunto de Crimea puede tener una repercusión más amplia, establecer un precedente?

En opinión de muchos analistas, rusos incluidos, lo que Putin ha hecho allí es algo muy peligroso. Porque los argumentos que él da para justificar la secesión de Crimea de Ucrania, valdrían, según esos expertos, para justificar la secesión de otras regiones de Rusia. No ahora, pero sí en el futuro. Rusia tiene cerca de 120 etnias diferentes, imaginémonos que alguna decide aplicarse los argumentos utilizados en al caso de Crimea para justificar su propia secesión.

También hay otra cuestión a tener en cuenta, y es que Rusia se ha presentado como redentora de la humanidad a lo largo de la historia (con la caída de Constantinopla, erigiéndose como la tercera Roma y redentora de lo que quedaba de la civilización, y con la expansión del comunismo tras la Revolución de 1917, con la redención de los oprimidos), y ahora Rusia se presenta de nuevo por tercera vez como redentora de la humanidad. Para Rusia, las pautas morales que ahora en Occidente forman parte ya de los principios básicos de nuestra civilización, son inadmisibles. Ella piensa que nuestra sociedad se está disolviendo y que está totalmente corrompida. Por ejemplo, en Rusia jamás se permitirá la ideología de género y lo consideran como una plaga que está disolviendo la sociedad de Occidente. Esta tendencia que se conoce con el nombre de “mesianismo ruso”, que adopta diferentes formas a lo largo de la historia, es una constante con la que hay que contar. Rusia piensa que no está luchando solamente por Ucrania y por Crimea, sino por toda la civilización.

▲ Black Blade 2016, under the EU’s Helicopter Exercise Programme [European Defence Agency, Fisher Maximilian]

ESSAY / Albert Vidal

The purpose of this paper is to project a potential scenario in the European Union (EU) security and defence field around 2030. The European Commission has already developed a three-legged projection (Mogherini & Katainen, 2017), which presents alternative scenarios, the accomplishment of which will depend on the decisions the European Union and its member states take from now on. Thus, as it makes no sense to describe again the three scenarios, I will be focusing on the most ambitious one: a common security and defence.

To do so, I will begin by briefly depicting where we are today, in terms of EU security and defence. Afterwards, I will introduce the core ideas outlined in the Reflection Paper[1] and develop the 3rd scenario. A variety of issues which include funding, industry capabilities and intelligence, among others, will be tackled. 

EU Security and Defence in 2019

As of 2019, the security and defence policies of the EU are embedded in the Common Security and Defence Policy (CSDP) which, although having the astronomical combined budget[2] of more than $220 billion in 2016 (How much is spent on defence in the EU?, 2018), it is far from being the military superpower it ought to be. It is true that the EU Global Strategy[3] provides some guidelines for the development of EU’s policies, but for now it is just a vision and hasn’t yet had the time to deliver tangible results. The Permanent Structured Cooperation (PESCO), on the other hand, offers the potential to work toward the achievement of those goals.

Meanwhile, we can appreciate a costly fragmentation of resources which is embodied in the multiplicity of weapons systems in the EU (up to 178) compared to the US, which has around 30 (Munich Security Report 2017, 2017). Duplication is quite pricey: since every EU Member State has to acquire a little bit of everything to cover its wide range of military necessities, we end up having repeated and useless systems and a lot of money is consequently wasted. The lack of interoperability[4] between different European armies complicates the deployments even more and brings equipment shortages. This gives a strong explanation to why less than 3% of European troops are actually deployed (Defending Europe Factsheet, 2017). Besides, the inexistence of a large fund for military operations and research in technology has hindered the development of European-made equipment and has also prevented large-scale operations. If the member states want to launch a military mission, they need to resort to different sources of funding, such as the Athena Mechanism, the African Peace Facility, the Instrument Contributing to Stability and Peace and several Trust Funds, which causes confusion and a loss of efficiency. The aforementioned examples are not thought to be exhaustive; they are just some examples of today’s chaos in the field of security and defence in the EU.

How ambitious is the EU?

The ‘Reflection Paper on the Future of European Defence’ presents three scenarios of incremental cooperation among the EU member states, with each projection having its own principles and reach (Mogherini & Katainen, 2017).

Scenario A is characterized by the lowest degree of cooperation, which would remain voluntary and member states wouldn’t be bound to a common security and defence. The EU would only be able to deploy civilian missions and small-scale military operations; and its defence industry would remain largely fragmented.

Scenario B depicts an EU defence policy with stronger financial resources and a greater ability to project its military power. Duplication would be reduced and cooperation with NATO would increase.

Scenario C is by far the most interesting one, where a real common security and defence policy would be developed, and it would effectively balance the contributions and competencies among the member states (Bierman, 2018). Such will be the main object of analysis of the present paper. 

Ten predictions

Being this section my contribution to the conversation, I hope to be creative enough without falling into vagueness and imprecision.

a) In regards to the structure, the CSDP[5] will remain as a part of the Foreign Affairs Configuration within the Council of the EU and will evolve into the communitarian decision-making-style; that is, intergovernmental decision making (which requires consensus) will become democratic (only requires majority). This inflection point will accelerate development of this field, since consensus will no longer be necessary. In regards to the material capabilities, national armies will begin their transition toward a unified European army. Right now, this may seem crazy. But Europe has taken similar steps before in other areas; and even if states have lost their national decision-making power on economic issues, no big disaster has happened.

Although member states are now fearful of transferring defence competences to the Union, I believe this will eventually occur. Many worry because member states will be losing sovereignty and control of their own army, and they will be at the mercy of the EU’s will. The problem is that defence is a very dear issue to states and there will be little progress toward efficiency and interoperability unless the EU takes complete control. Europe needs to continue advancing in its integration project to face increasingly challenging crisis; staying still will be synonymous with collapse.

b) Funding will be unified under a single European defence fund that will have a dual purpose. Firstly, it will be devoted to research and development; secondly, it will finance all kinds of operations and cover its costs, be it civilian or military ones[6] (a similar idea to the European Peace Facility). Existing funds such as the Athena Mechanism or the APF would obviously disappear. Ideally, all EU member states would devote the equivalent of a 0.4% of the GDP to such fund, which would account for more than $75 billion[7].

c) Apart from that, EU member states should spend a minimum of 1.1% of their GDP in defence, which accounted for $206 billion in 2018. A superior body will coordinate the efforts to ensure that duplication doesn’t take place, and that all materials that are produced, acquired and used are interoperable. Thus, member states will have to follow certain guidelines when investing their resources. If we want to avoid having too many radar stations or minesweepers, the superior body will draft a list with the quotas that each unit, vehicle or system will have and will distribute it among the member states. It will probably be the case that only certain countries will be spending on aircraft carriers, but that won’t mean that such carrier belongs to the country that built it. The novelty is that all the equipment and units will be controlled by a unified European Command Center. Defence will be a policy concerning the community of member states.

d) The multiplicity of systems will be drastically reduced and the EU will only produce a small amount of tanks, battleships and aircrafts models. Such specialization and the optimized production will lower the costs of manufacture[8]. This will bring competition among the different actors in the defence industry, which will definitely produce higher quality technology and equipment. The EU could enhance its cooperation with the industries by inviting such companies to the military exercises; so that they can see which gaps do they have and develop innovative ideas.

e) Relations with external actors will change profoundly. As the national external action will be subsumed under the CFSP, the EU will have an even stronger negotiating power when facing foreign threats, such as Russia. Its relationship with NATO will become awkward, since the EU will have its own army capable of performing high-end operations and will be perfectly fitted to deter Russia. At the same time, the EU will be able to pursue a foreign policy that might not suit the interests of the US, so NATO might become a parallel corpus which, although awkwardly separated from the EU, will maintain its ties with it. In some cases, certain countries will find themselves belonging simultaneously to both NATO and the EU CSDP. What will happen is that EU member states may change their membership status to NATO partners.

f) Other improvements will include a readjustment of the training areas and the recruitment processes[9], which will be brought to an EU scale; this will in turn improve the integration among European soldiers, since they will train jointly from the beginning. Language barriers will be broken and cultural differences will be easily overcome.

g) Nuclear weapons will also be crucial to the future of the CSDP: although it may sound naive that France will give its sovereignty over nuclear weapons to the EU, it still is a possibility that we should not ignore[10]. Maybe we could design a special mechanism on the usage of nuclear weapons by the EU, in which France would have a sort of veto. The UK, on its part, will not be included in the CSDP, and its nuclear weapons and conventional capabilities will continue under their sovereignty.

h) An emphasis will be put on cyber security, Artificial Intelligence systems, quantum technology, laser weapons and autonomous weapons. This is too wide of a topic to be developed here, but what is certain is the need to invest extensively in research. Once all funds come together, research labs and facilities should also start collaborating between them, and this should improve the return on investments.

i) A redesigned Battle Group (BG) concept will impact the way the EU understands its security. Since conflicts after the Cold War have tended to be very localized and asymmetric, it makes little sense to have only such big and numerous forces prepared for combat. What I propose is to create smaller high-readiness special operations forces, which can be deployed in less than 3 days, instead of the 15 days that it takes for Battle Groups[11]. Again, smaller units with cyber support and advanced technology will be a lot more efficient, silent and precise. War is evolving, the EU should as well.

j) Africa will change a lot in the coming years. Right now it is the EU’s primary foreign policy concern and it will probably continue to be in 2030. The EU has realized how dangerous another major crisis in Northern Africa might be, because if mixed with the massive population growth and poverty it may provoke colossal migration waves, as we have never seen. To avoid it, the EU should ideally adopt a double-pronged strategy: on the one hand, it should focus on the development of the region. On the other hand, it should address one and for all the chaos present in certain Northern African countries. I am aware of how complex this is, since regional factions, terrorists and liberation groups are often mixed up. Training the police forces through capacity-building missions and strengthening the judicial system and other governmental institutions is a needed step, which should be followed by more development-focused approaches.

Conclusion

I have laid out in this paper where we are today in terms of EU Security and Defence, and I have then further developed the ideas proposed by the 3rd scenario of the Reflection Paper, the most ambitious one. But, what is the utility of projecting such scenario? Well, the EU is facing today multiple challenges that range from terrorism, to migration and a potential internal disintegration. Brexit means that the strongest European army is leaving and the EU now needs to rethink itself. This is a critical point for the future of Europe: crisis means a crucial time in which a decisive change is impending. We need to think extreme during onerous times and consider proposals that would have otherwise remained in the shade.

[David Alandete. Fake News: La nueva arma de destrucción masiva. Editorial Planeta. Barcelona, 2019. 296 págs.]

RESEÑA / Naiara Goñi Pérez

El ámbito de la defensa y seguridad hoy en día no se limita solo al campo militar, sino que habiendo adquirido mayores dimensiones precisa un enfoque global. La ciberseguridad requiere más atención que nunca, pues afecta tanto a las estructuras de defensa como a la población civil (es lo que se conoce como “conflicto híbrido”). Los campos de las ciencias de la información, la comunicación y las ciencias políticas y sociales se ven igualmente afectados; aquí su amenaza se mueve bajo los nombres de fake news, desinformación, verdades emocionales, posverdad…

El libro “Fake News: La nueva arma de destrucción masiva” es una investigación acerca de la dimensión y presencia que ha adquirido la desinformación en los medios de comunicación. Señala el autor en su libro la desprotección a la que están sometidos los periodistas en un tiempo en que se ha perdido el control de la distribución de la información, debido entre otros factores a la proliferación de las redes sociales. La motivación del propio libro surge de una campaña de desprestigio sufrida por el propio el autor, quien desde las páginas de El País, diario del que era directo adjunto, denunció la presencia tanto de actores rusos como de Julian Assange, creador de Wikileaks, en el conflicto catalán.

David Alandete aporta una gran cantidad de fuentes para arropar sus argumentos. Así,  apoya su relato en numerosos ejemplos de noticias falsas, detalla los métodos que se usan para extender la desinformación y referencia estudios que miden la repercusión de estas prácticas en la democracia.

Aunque, como se ha dicho anteriormente, el propósito del libro es documentar el papel de las noticias falsas y la desinformación en torno al referéndum catalán del 1-O. Alandete también aborda otros ejemplos de injerencia, como es el caso del Brexit, las protestas de los chalecos amarillos en Francia, las elecciones alemanas…

Un total de 20 capítulos componen la estructura del libro, con titulares sacados de campañas de desinformación, como “Tanques en las calles de Barcelona” o “Nadie podía esperar que esto pasara en un país tan próspero como Alemania”, que dan idea de la que va a destaparse y desmentirse en las siguientes páginas.

La desinformación busca, a grandes rasgos y en palabras del propio autor, recrear una realidad alternativa en la que las fuentes de información son frecuentemente puntos de vista u opiniones y generalmente están manipuladas. Otro rasgo característico es la ausencia de firma, que hace difícil trazar la veracidad de un contenido particular e imposible exigir responsabilidades a su autor. El objetivo principal tras estas campañas es el de desestabilizar la democracia, y se lleva a cabo “estudiando los temores de cada país, apelando a los problemas más arraigados en cada sociedad y publicando informaciones dudosas o directamente falsas para crear divisiones”. Como principales artífices están los medios que amplifican las noticias (es alarmante el crecimiento en el empleo de bots); que además cuentan como aliado con un factor decisivo señalado desde el principio del libro: “La psicología humana es la razón principal del éxito de la desinformación”.

El interés del trabajo de Alandete radica en el análisis de la situación una vez la maquinaria de desinformación ha actuado. España es un claro ejemplo de la pasividad ante este desafío, pues, tal y como apunta el autor, en el caso del referéndum ilegal celebrado en Cataluña en 2018 “no hubo previsión ni estrategia. La batalla de la comunicación estaba perdida de antemano”. Sin embargo, países como Alemania promovieron la ley contra las noticias falsas antes de las elecciones. Lo cierto es que estas medidas suponen una tensión entre libertad de expresión y las sanciones por desinformación. Para superar esa disyuntiva, conviene establecer medidas preventivas de forma que pueda erradicar el problema sin caer en el sometimiento de la libertad de expresión.

La gran aportación del libro es, sin duda, ilustrar esta “teoría de la desinformación” con ejemplos prácticos y reales de la. En definitiva, su propósito de fundamentar sus argumentos en una investigación objetiva convence al lector de que efectivamente, las fake news son la nueva arma de destrucción masiva, cuyo objetivo es desestabilizar las democracias.

La posibilidad de que el Gobierno de Bolsonaro busque catologar de terrorista al Movimiento Sin Tierra por ocupar fincas a la fuerza reabre una histórica controversia

Cuando en torno a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro Brasil aprobó su primera legislación antiterrorista, la iniciativa fue vista como un ejemplo a seguir por otros países latinoamericanos, hasta entonces poco familiarizados en general con un fenómeno que desde el 11-S tenía preeminencia en muchas otras partes del mundo. Sin embargo, la posiblidad de que, con el impulso político de Jair Bolsonaro, algún movimiento social, como el de los Sin Tierra, pase a ser catalogado como terrorista, viene a reavivar viejos temores de la izquierda brasileña y a acentuar la polarización social.

▲ Bandera del Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)

ARTÍCULO / Túlio Dias de Assis

En el último Festival de Cine de Berlín, el famoso actor y cineasta brasileño Wagner Moura presentó una película un tanto controvertida, “Marighella”. El filme retrata la vida de un personaje de la historia brasileña reciente, amado por unos y odiado por otros: Carlos Marighella, lider de la Ação Libertadora Nacional. Esta organización fue una guerrilla revolucionaria responsable de varios atentados contra del régimen dictatorial militar que entre 1964 y 1985 rigió Brasil. Por ello, la película provocó reacciones muy dispares: para algunos, es la justa exaltación de un auténtico mártir de la lucha antifascista; para otros, una apología del terrorismo de guerrillas armadas. Esta pequeña contienda ideológica acerca de “Marighella”, aunque pueda parecer insignificante, es el reflejo de una antigua herida en la política brasileña que se reabre cada vez que el país debate sobre la necesidad de una legislación antiterrorista.

El concepto de legislación antiterrorista es algo que se ha asentado en muchas partes del mundo, especialmente en Occidente tras el 11-S. Sin embargo, esta noción no es tan común en Latinoamérica, probablemente por la poca frecuencia de ataques de este tipo sufridos por la región. Con todo todo, la falta de atentados no implica que no haya presencia de movimientos de ese género en los países americanos; es más, varios de ellos son conocidos por ser “refugio” de organizaciones de esta índole, como ocurre en la Triple Frontera, la zona de contacto entre las fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay. Lo que sucede en ese área se debe en gran medida a la falta de legislación directa y efectiva contra el terrorismo organizado por parte de los gobiernos nacionales.

En el caso de Brasil, al igual que ocurre en algunos de sus países vecinos, la falta de una legislación antiterrorista se debe al temor histórico por parte de los partidos de izquierda a su posible en contra de movimientos sociales de cierto carácter agresivo. En Brasil, esto se vio ya reflejado en transición política de finales de la década de 1980, cuando hubo una clara protesta por parte del PT (Partido dos Trabalhadores), entonces bajo el mando de Luiz Inácio “Lula” da Silva, en contra de todo intento de introducir el concepto antiterrrorista en la legislación. Curiosamente, la misma Constitución Federal de 1988 menciona la palabra “terrorismo” dos veces: primero, como algo que debe rechazarse en la política exterior brasileña, y segundo, como uno de los crímenes imperdonables contra la Federación. Pese a ello, no prosperó ningún intento de definir dicho crimen, y aunque tras los atentados del 11-S se reanudaron las discusiones acerca de una posible ley, la izquierda laborista –ya durante la presidencia de Lula– siguió justificando su negativa invocando la persecución ejecutada por la Junta Militar de la dictadura. Véase que la misma expresidenta Dilma Rousseff fue encarcelada por formar parte de la VAR-Palmares (Vanguarda Armada Revolucionária Palmares), un grupo revolucionario de extrema izquierda que formaba parte de la oposición armada al régimen.

Amenaza terrorista en los JJOO

Durante los mandatos del PT (2003-2016) no hubo ningún tipo de iniciativa legislativa por parte del Gobierno sobre el tema; además, cualquier otro proyecto que surgiera desde el Legislativo, ya fuera el Senado o la Cámara de los Diputados, se veía bloqueado por el Ejecutivo. A menudo el Gobierno también justificaba su posición aludiendo una supuesta “neutralidad”, escudándose en el deseo de no involucrarse en conflictos externos. Esta actitud llevaría a que varios prófugos acusados de participar o colaborar en atentados en otros países se refugiaran en Brasil. Sin embargo, a mediados de 2015, al acercarse al inicio de los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro, se valoró el riesgo de un posible atentado ante un evento de tamaña relevancia. Esto, junto a la presión de la derecha en el Congreso (téngase en cuenta que Rousseff ganó las elecciones de 2014 con un margen muy estrecho, de menos del 1%), llevó a que el Gobierno petista pidiera al parlamento que redactara una definión concisa de terrorismo y de otros crímenes relacionados, como los relativos a la financiación. Finalmente, la primera ley antiterrorista brasileña fue firmada por Rousseff en marzo de 2016. Si bien esta es la versión “oficial” de ese proceso, no son pocos los que defienden que la razón real para la implantación de la ley fuera la presión ejercida por el FATF (Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales, creada por el G8), dado que esta entidad había amenazado con incluir a Brasil en la lista de países no cooperantes contra el terrorismo.

La ley antiterrorista brasileña tuvo su eficacia, pues sirvió de marco legal para la llamada Operação Hardware. Mediante esta operación la Policía Federal Brasileña logró arrestar a varios sospechosos de una rama del DAESH operativa en Brasil, los cuales planeaban realizar un atentado durante los JJOO de Río. El juez federal Marcos Josegrei da Silva condenó a ocho sospechosos por afiliación a un grupo terrorista islámico, en la primera sentencia de este tipo en la historia de Brasil. La decisión del juez fue bastante controvertida en su momento, en gran medida debido a la poca familiaridad de la sociedad brasileña con este tipo de riesgos. Por ello, muchos brasileños, incluida parte de la prensa, criticaron la “desproporcionalidad” con la que se les trataba a los acusados.

Impulso Bolsonarista

Desde entonces Brasil viene a ser considerado como una especie de ejemplo entre los país sudamericanos en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, no parece que el status quo mantenido durante el final de la administración Rousseff y el corto mandato de Temer vaya a quedar intacto por mucho tiempo. Esto se debe al ardiente debate suscitado por la derecha bolsonarista, que aboga para que sean clasificadas como terrorismo las actividades delictivas de varios grupos de extrema izquierda, especialmente el MST (Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). El MST es el mayor movimiento social agrario, de talante marxista, y es conocido a nivel nacional por sus ocupaciones de aquellas tierras que el grupo considera “inútiles o malaprovechadas” a fín de que “se les de un mejor uso”. La ineficacia del Estado a la hora de detener las invasiones de propiedad privada llevadas a cabo por el MST ha sido denunciada de modo recurrente en el Congreso, especialmente durante los años de gobierno del PT, sin mayores consecuencias. Sin embargo, ahora que la derecha tiene un mayor peso, el debate ha vuelto a cobrar vida y no son pocos los diputados que han mencionado ya su intención de procurar denominar al Movimiento Sin Tierra como organización terrorista. El propio Bolsonaro ha sido un férreo defensor de proscribir al MST.

Asímismo, a la vez que el actual ministro de Justicia, Sergio Moro, anuncia la posibilidad de la creación de un sistema de inteligencia antiterrorista, siguiendo el modelo de su homólogo estadounidense, y el Congreso debate la expansión de la actual lista de orrganizaciones terroristas para incluir grupos como Hezbolá, otros políticos brasileños han decidido poner en marcha en el Senado una propuesta de legislación para criminalizar las acciones del MST. En caso de ser aprobada, esta iniciativa vendría a hacer realidad el temor que la izquierda ha invocado todos estos años. Al fin y al cabo, esta no es que sea la mejor manera de cumplir la promesa de “gobernar para todos”. Es más, una medida tan desproporcionada para este tipo de actividades no haría más que aumentar la ya intensa polarización política hoy presente en la sociedad brasileña: más bien sería lo equivalente a echar sal a una vieja herida, una que parecía estar ya a punto de cicatrizar.

The illicit money outflows to foreign safe havens is another negative impact suffered by countries of origin

The people smuggling networks, as any other organized crime groups that operate across different countries, are very sophisticated, not only in their operational structure but also in the organization of their finances. Fighting against money laundering internationally and against the outflow of the illicit profits from the countries of origin should ameliorate the severe burden that people smuggling means for a lot of African nations.

▲ A rescue of refugees in the Mediterranean Sea [Spain's Navy]

ARTICLE / Pablo Arbuniés

According to the UNHCR, the United Nations Refugee Agency, 116,000 migrants crossed the Mediterranean from North Africa to Europe in 2018 and more than 2,200 died in the process. The majority of these migrants are believed to have used smuggling services. This flow of irregular migrants moves around 4 billion euros yearly worldwide and has a crucial impact on African economies.

People smuggling is possible due to the constant interaction and cooperation of many specialized networks. These networks are part of different Organized Crime Groups (OCGs) across many different countries, constituting an even bigger highly-organized network. The global smuggling network provides a wide range of different “services” including other illegal features such as document fraud, and involves a certain degree of infiltration in both sending and host societies (1).

Separation of tasks is extremely important for the survival of the business, as a well-organized network is less vulnerable to criminal investigations, and if the investigations succeed, only small units of the network are exposed. The migration process can be divided into three main stages: mobilization, requirements en route and integration into the destination countries. Each stage is managed by one or more specialized networks that can be independent actors or part of a bigger network.

The process of mobilization involves the recruitment of the migrants in their countries of origin. At this point, it is important to remark that recruiters will only deal with “clients” of their same nationality. After the recruitment, the smugglers ensure them a safe passage to the meeting points located in Khartoum (Sudan) and Agadez (Niger). These cities, respectively located in the south-eastern and south-western entries of the Sahara, serve as focal communication points and are home to some networks’ headquarters. From here, another part of the network takes charge of the migrants and safeguards their journey to Libya often crossing the Sahara on foot. Once in Libya the migrants go under the custody of a third network that takes them to the coast of either Tripoli or Benghazi with the paid protection of the local militias, and once in the coast they can finally embark on one of the overcrowded boats that hopefully will take them to the closest European islands, often being Lampedusa and Malta the destination.

This journey is very expensive for the migrants, as they have to pay the different smugglers in each step. However, the exact prices are hard to estimate due to the scarce reliable sources on the subject and the heterogeneity of the networks involved. Moreover, not only is it expensive, it is also extremely dangerous, with a vast number of fatalities all along this odyssey. Only in 2016, a record number 4,720 migrants died in the Mediterranean Sea according to the International Organization for Migration (IOM), and the number of deaths in the Sahara is impossible to estimate. However, the variety of offers can provide much safer—and thus much more expensive—options such as embarking on a plane with false documentation, which grants the clients a non-existing risk of dying during the journey and a much lower risk of being caught and deported.

As we can see, people smuggling networks offer a wide range of services and prices in order to suit best the demands and financial capabilities of their potential clients, just like any other successful business in the world, involving different forms of interaction and cooperation. Indeed, these networks operate as cartels with centralized systems of management and planning. Another critical part of the business is the gathering of information, mainly about border patrols, changing routes and armed militias that could be a threat or potential co-workers, but also on asylum procedures. This information gathering is tasked to a core group of individuals that manage the constant flows of information and have access to well organized and centralized communication systems.

To deal with the overwhelming amounts of money involved in the process, these networks need a highly organized financial branch, able to deal with the payments and also to launder the money obtained and reinvest it on other legal or illegal activities.

Money laundering and impact in the local economies

International smuggling of migrants is said to move around 4 billion euros yearly all around the world. According to Frontex, most of this money is used to fund other illegal activities such as drugs trafficking or buying weapons to reinforce the network’s power. But also, a big amount of money is laundered in order to be invested in legal activities or to be transferred to tax havens.

The money moved by these networks which carry illegal activities is classified as Illicit Financial Flows (IFFs), which we can define as illegal movements of money or capital from one country to another, or those in which the funds have been illegally obtained, transferred or utilized. IFFs are considered very harmful for developing economies such as the ones we can find in Africa, because usually they involve international monetary aids leaving the country for tax havens instead of being utilized according to their intended ends.

In order to launder the money, the most complex networks have what we could consider to be accountancy branches, just like any other OCGs around the world. These accountancy branches seek to place the money outside the countries of origin or operation in order to avoid scrutiny and look for stable economies with predictable financial systems and weak anti-money laundering policies. There they can diversify their investment portfolios and spread the risk without a major threat of being caught by Financial Intelligence Units (FUIs). OCGs seek to invest in products that move extremely quickly in the market such as food products, which makes tracking the money even harder.

An interesting case of money laundering takes place in Europe involving the Pink Panthers, a Serbian band of thieves formed during the Yugoslavian war and now extended as a method, which only reinvested their benefits in their cities of origin back in Serbia. These investments proved to be very beneficial to local economies and helped the country fight the devastating effect of the war. In the same way, IFFs originated by people smugglers could in some way be beneficial for the receiving countries, but in reality only a small part of the network’s income is reinvested in Africa, and overall, the continent losses a big amount of money in favour of tax havens and funding other illicit activities. In addition, we shall not forget that the source of these funds are illegal activities involving violence and connected to other illicit activities.

In conclusion, it is crucial for the development of the continent to efficiently tackle not only money laundering but also all kinds of IFFs such as tax evasion, international bribery and the recovery of stolen assets.  This is an indispensable step in order to have the financial stability required for a sustainable economic development. Moreover, repatriation on flight capital should be prioritized, as it would help a higher sustainable growth without depending on external borrowing and development funds.

The case of Nigeria

We must take into consideration that Nigeria had often been referred in the past as the most corrupt country in the world, and it has serious problems involving money laundering and capital flight. In addition, effectively tackling money laundering could potentially cut the finances of the terrorist group Boko Haram, which operates in the north of the country.  These financial characteristics added to the inefficiency of the Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU) and its dependence from the government, made Nigeria a very suitable country for money laundering.

In 2017, the Egmont Group, a body of 159 national Financial Intelligence Units focused on money laundering and terrorist financing, suspended Nigeria from its membership due to the lack of a legal framework and its dependence from Nigeria’s state Economic and Financial Crimes Commission.

However, in the past months the Nigerian government, headed by Muhammadu Buhari, has been an example on how to tackle money laundering and deal with the institutional problems that it involves. In March 2018, the parliament passed a new law that aims to tackle money laundering and funding for terrorism by allowing its financial technology unit to operate independently from the control of the state, thus eliminating the unnecessary bureaucracy that used to slow down the investigations. More precisely, this law makes the NFIU an independent body able to share information and to cooperate with its counterparts in other states.

The international community showed its conformity with the new legislation and the NFIU was readmitted in the Egmont Group in July. Whether these policies will fulfil their potential or not, only time can tell.

(1) Salt, J. and Stein, J. (1997). Migration as a Business: The Case of Trafficking.